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Varios detenidos y secuestro de drogas en 50 allanamientos en toda la provincia

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Fueron llevados a cabo por equipos tácticos y personal de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones y las fuerzas federales tras varios meses de investigación. El ministro Pullaro visitó el territorio para supervisar los operativos.

Luego de avances significativos en las investigaciones llevadas adelante por personal de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPyCA) y la Policía de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, se realizaron 50 allanamientos en las localidades de Casilda, Chabás, Firmat y Sastre, en el norte santafesino. Las tareas arrojaron como resultado múltiples detenidos, secuestro de estupefacientes de origen sintético y vegetal, y armas de fuego incautadas en los distintos domicilios.

Los operativos se llevaron adelante este sábado, desde las primeras horas de la mañana, en coordinación con las fuerzas federales de Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria y contaron con la participación de alrededor de 700 efectivos: por parte de la policía de la provincia, tomaron parte agentes de las diferentes brigadas operativas y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, la Policía de Acción Táctica (PAT) y el Grupo de Operaciones Especiales de las diferentes unidades regionales involucradas.

EN FIRMAT
La investigación llevó aproximadamente dos años de tareas investigativas y fue coordinada con la justicia federal y provincial, a cargo del jefe de inteligencia de la zona sur de la DGPyCA, Alejandro Druetta. Como resultado, se allanaron 23 domicilios y se logró desbaratar una red que comercializaba drogas en la ciudad y que respondía a una banda con algunos integrantes presos en la cárcel de Devoto, provincia de Buenos Aires. En esa localidad, se detuvo a 12 personas involucradas en la causa, y se secuestraron estupefacientes y elementos de interés.

“Este es un trabajo que se realizó en forma coordinada con la justicia federal y que significó el fin exitoso de una investigación que permitió desbaratar una red de venta de estupefacientes en Firmat. Destaco el trabajo que realizaron las fuerzas federales desde muy temprano junto a la brigada de la Dirección provincial. Es muy importante coordinar esfuerzos para lograr el éxito de estos procedimientos y esto refuerza el trabajo que comenzamos desde el inicio de la gestión con la ministra (de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich y su equipo de trabajo”, destacó el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien supervisó en persona los allanamientos.

CASILDA
En esa ciudad se realizaron 10 allanamientos producto de una investigación que comenzó después del fallecimiento de un menor de 15 años tras consumir ácido lisérgico (LSD) en una plaza. En total, 12 personas fueron detenidas, siete hombres y cinco mujeres, y se secuestraron dosis de LSD, pastillas de éxtasis, bochas de cocina, marihuana fraccionada, frascos de Popper, un revolver calibre 22, lámparas de calentamiento para cultivo y entradas de diferentes fiestas electrónicas.

En estos allanamientos –concretados en domicilios ubicados en Cerrito al 2500, Lavalle al 1700, Bolívar al 1400, Bogado al 2000, Mitre al 700, Remedios de Escalada al 2500 y al 3600, Mendoza al 1300- participaron 150 efectivos de la DGPyCA, la TOE y grupos de apoyo táctico de la Policía, con un despliegue de 40 vehículos y la colaboración de 20 testigos.

En relación a estas tareas, Pullaro sostuvo: “Se comenzó una investigación a raíz de la preocupación que tenía la comunidad y las autoridades políticas sobre lo que estaba sucediendo en la región. Concluye así una parte de la investigación; decimos una parte porque tiene muchas aristas y son mucho más extensas las investigaciones que tienen que llevarse adelante”.

Asimismo, el ministro destacó que “podemos decir que se llevan adelante diez allanamientos con importantes secuestros en todos los lugares que se allanaron. Con elementos probatorios, se han encontrado sustancias psicoactivas, tanto sintéticas como vegetales, preparadas para la venta. Se secuestraron celulares y dinero en efectivo”.

“Lo llamativo aquí, lamentablemente, es que se encontró droga sintética, lo que marca un consumo social de clases medias y altas, y en eso tenemos que trabajar nosotros desde el aspecto policial. Esto insta a que el Estado trabaje mancomunadamente, nosotros desde el aspecto investigativo, preventivo y represivo, ingresando y juntando los elementos probatorios para que estas personas puedan terminar presas”, indicó el funcionario provincial.

Por su parte, el subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Rolando Galfrascoli, sostuvo sobre los allanamientos: “Con los resultados de estos múltiples procedimientos estamos cumpliendo una vez más con la premisa que nos ha dado el gobernador, Miguel Lifschitz, de llevar el control, la prevención y la investigación de nuestras brigadas a toda la provincia”.

SASTRE
En otro de los allanamientos concretados en la localidad de Sastre, la investigación se inició en marzo pasado y derivó en siete allanamientos en viviendas ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, además del arresto de los principales investigados -todos hombres mayores de edad y algunos de ellos con antecedentes- se secuestró material estupefaciente (mayoritariamente fraccionado para la venta), varios celulares, dinero en efectivo, un utilitario y una moto. También se incautó en uno de los domicilios un arma de fuego con su cargador y proyectiles, entre otros elementos de interés para la causa.

Esta investigación estuvo a cargo de la Brigada Operativa Departamental XVIII (departamento San Martín) y participaron 70 policías de la DGPyCA, de la TOE y grupos de apoyo táctico de las unidades regionales y de la PAT. El despliegue incluyó 20 vehículos policiales y la colaboración de 14 testigos. Todo estuvo supervisado por el subjefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, subdirector de Policía Fernando Escobar.

SANTA FE SEGURA
La actuación policial se realiza en el marco del Plan de Acción Santa Fe Segura, una iniciativa impulsada por el gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad, que apunta a la prevención, represión y disuasión del delito. La lucha contra el narcotráfico -ya sea en dimensiones más amplias como en la venta al menudeo- es una prioridad de la gestión del ministro Pullaro y del gobernador Lifschitz.

En ese contexto, además de los allanamientos que se realizan junto con la justicia federal, se vienen implementando acciones de control y chequeo de personas y motos en distintas urbes de la provincia.

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El Gobierno detectó abusos en usuarios de Tarifa Social: consumos de hasta 7000 kw y facturas por $ 17 millones

La Provincia profundiza la fiscalización de la Tarifa Social de la EPE, tras detectar consumos desproporcionados que derivaron en subsidios millonarios afrontados por el Estado provincial. Se dieron de baja a 1.506 usuarios.

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El Gobierno de Santa Fe detectó abusos y consumos desmedidos en usuarios inscriptos en el registro de Tarifa Social. En total, dieron de baja a 1.506 usuarios que tuvieron consumos por encima de los 2.000 kw, cuando el consumo promedio de un hogar en la provincia ronda los 700 u 800 kw. Los casos más graves que informó la Provincia son 21 usuarios que consumieron hasta 7.000 kw, generaron facturas de más de 17 millones de pesos, y abonaron menos de 3 millones, teniendo que cubrir el Estado los 14 millones restantes. “Es inadmisible que se continúe este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la Empresa Provincial de la Energía y a quienes realmente lo necesitan”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Los controles recientes sobre la Tarifa Social revelaron consumos muy por encima del promedio: se detectaron 258 usuarios que superaron los 3.000 kilovatios y cuatro casos en Rosario que excedieron los 6.000. En los 82 casos de mayor consumo, el Estado provincial debió cubrir más de 52 millones de pesos en subsidios, mientras que los usuarios abonaron apenas seis millones. 
La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro dispuso un esquema de control más estricto sobre la firma pública, con auditorías permanentes y medidas de modernización que alcanzan tanto el seguimiento de consumos como la organización interna de la empresa. El objetivo es ordenar la administración, garantizar transparencia en el uso de los recursos y en este caso, asegurar que la Tarifa Social se aplique de manera justa, evitando abusos y desvíos.
“Estos números muestran que algunos sectores están desvirtuando el espíritu del beneficio. Vamos a redoblar los controles y aplicar todas las medidas necesarias para que la Tarifa Social vuelva a ser lo que debe: un apoyo para los hogares vulnerables, no un subsidio encubierto para consumos excesivos”, señaló la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez.

Rosario

La ciudad de Rosario concentró 78 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que demandaron un subsidio estatal de 21.315.668 pesos. Allí se destaca el caso de un usuario del barrio Belgrano que consumió 7.020 kilovatios y cuya factura fue cubierta en 521.442 pesos por el Estado.
En septiembre se identificaron 21 contribuyentes que, con consumos entre 2.500 y 7.000 kilovatios, generaron facturas por 17.114.592 pesos. Los usuarios abonaron apenas 2.889.765, mientras que el Estado provincial debió cubrir 14.224.827.

Funes

El caso de Funes expone con claridad el desvío del beneficio. Un usuario con Tarifa Social consumió 3.897 kilovatios y generó una factura de 880.367 pesos. De ese total, solo pagó 19.673, mientras que el Estado cubrió 860.693. En el mismo complejo, dos familiares que también accedían al beneficio consumieron en conjunto 10.011 kilovatios, con facturas por 2.272.143 pesos. Los usuarios abonaron apenas 77.183 y el Ejecutivo provincial debió cubrir 2.194.959.

Santa Fe y Rincón

En la capital provincial y en Rincón se registraron 50 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que implicaron un subsidio estatal de 23.135.594 pesos. Entre ellos, una vivienda en barrio Residencial, sobre calle 1 de Mayo, consumió 2.840 kilovatios y generó una factura de 654.195 pesos, de la cual el Estado cubrió 198.094. Otro caso en barrio Centenario mostró un consumo de 3.482 kilovatios, con una factura de 779.439 pesos, de la cual el usuario pagó apenas 19.713 y el resto quedó a cargo del Estado.

Próximos pasos

Rodríguez recordó que en los últimos días se avanzó con la compra de 75 mil telemedidores para avanzar en el monitoreo en tiempo real de los consumos de los usuarios y así poder ser más precisos a la hora de destinar los recursos. “Acá se ve que el robo de energía es una cuestión transversal y no de un sector particular. Tenemos que ser conscientes de que el robo de unos pocos afecta al consumo de todos”. El propósito es que la Tarifa Social se mantenga como un instrumento de equidad, garantizando un consumo responsable y evitando que los recursos provinciales se desvíen hacia prácticas que no reflejen la necesidad real de los hogares vulnerables.

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La Defensoría del Pueblo comienza a atender con horario de verano

Desde el lunes 15 de diciembre y hasta el 30 de enero la institución atenderá al público de 8 a 14 horas.

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La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informa que a partir del lunes 15 de diciembre comenzará a atender en su horario de verano. Será de 8 a 14 horas, hasta el 30 de enero de 2025.

Este horario también comprende a la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, el Centro de Asistencia a la Víctima y el Centro de Mediación que funcionan dentro de la Defensoría del Pueblo.

La información de contacto de las sedes y oficinas de la Defensoría del Pueblo puede consultarse en www.defensoriasantafe.gob.ar y en las redes sociales de la institución (@defensoriaSF).

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Seguridad: 817 nuevos agentes se suman a la Policía para toda la Provincia

Son 420 mujeres y 397 varones que completaron 28 materias académicas y operativas. Durante el acto de egreso, realizado en el estadio cubierto Ángel Malvicino, las autoridades destacaron el objetivo de consolidar una fuerza policial cada vez más profesionalizada y con mayor presencia territorial.

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El Gobierno de Santa Fe encabezó este viernes el acto de egreso de 817 auxiliares en seguridad correspondientes a la promoción 2024-2025 de la Escuela de Policía del Instituto de Seguridad Pública (Isep). La ceremonia se desarrolló en el estadio cubierto “Ángel Malvicino” del Club Atlético Unión, en la ciudad de Santa Fe, y marcó el cierre de una etapa clave en la formación de nuevos integrantes de la Policía provincial, que comenzarán a incorporarse al patrullaje en distintos puntos del territorio.

Los egresados forman parte de los 1.100 cadetes que ingresaron al Isep en dos instancias -febrero y mayo de 2024- y realizaron su cursado en las sedes de Recreo y Rosario. La cohorte está integrada por 420 mujeres y 397 varones, quienes completaron un plan de estudios compuesto por 28 materias académicas y operativas, orientadas a una formación integral para el desempeño en tareas de seguridad pública.

Desde este año, la carrera se dicta bajo un régimen de internado. Tras tres años de servicio como suboficiales de Policía, los agentes podrán acceder al tercer año de formación y obtener el título de Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana, en el marco de un esquema de capacitación continua.

Durante el acto, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, subrayó que los nuevos egresados “son el resultado del esfuerzo y del compromiso que el Gobierno provincial sostiene para que cada vez más mujeres y hombres se pongan al servicio de la ciudadanía y cuiden a los santafesinos”. En ese sentido, remarcó que el objetivo central es “contar con una fuerza de seguridad más profesionalizada y preparada, acorde a las demandas de una sociedad cada vez más compleja, diversa y exigente”.

En la misma línea, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, expresó su “orgullo y satisfacción” por el ingreso de nuevos efectivos a la Policía de Santa Fe. Destacó que se trata de jóvenes que inician su carrera “con nuevas herramientas, objetivos y lineamientos”, y afirmó que este proceso “consolida un modelo de seguridad que tiene como base la capacitación, la formación y la educación”.

La actividad contó además con la presencia de la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; la diputada nacional Gisela Scaglia; el fiscal regional Jorge Nessier; el secretario de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo; el jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado; el subjefe Daniel Filcher; el director general del Isep, Mario Goyenechea; además de intendentes y presidentes comunales.

El valor de la vocación

Al dirigirse a los egresados, Scaglia afirmó que eligieron “una vocación que habla de servicio, honor y cuidado del otro”, y recordó que, en momentos críticos, la Policía de Santa Fe “arriesgó todo para devolver la paz y la seguridad a la provincia”, un compromiso que señaló como ejemplo para los nuevos agentes.

Por su parte, el jefe de Policía, Luis Maldonado, instó a los flamantes auxiliares a guiar su labor por tres principios fundamentales: la legalidad, el profesionalismo y el trabajo en equipo. Asimismo, los exhortó a mantener siempre un trato respetuoso con la sociedad.

El director del Isep, Mario Goyenechea, sostuvo que con este egreso “comienza la misión más trascendente en la vida de los cadetes: servir y proteger a la comunidad santafesina”, y destacó la conducción y la visión estratégica del Gobierno provincial para fortalecer y modernizar de manera sostenida la formación policial.

En representación de los egresados, Julio Vivas señaló que el uniforme “no solo representa una insignia, sino meses de sacrificio, crecimiento y hermandad”, y aseguró que la escuela “no solo enseñó tácticas y leyes, sino que forjó el carácter”, preparando a los nuevos agentes para ejercer la autoridad “con amabilidad, respeto y ejemplo hacia los ciudadanos”.

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