Los procedimientos tuvieron lugar en Venado Tuerto, Rosario y Armstrong. Funcionarios provinciales detectaron irregularidades en la venta de inmuebles por casi 200 millones de pesos.

En el marco de dos denuncias presentadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, tras detectar irregularidades en la venta de inmuebles en el sur provincial por un valor cercano a los 200 millones de pesos, este miércoles se realizaron 14 allanamientos en las localidades de Venado Tuerto, Rosario y Armstrong.

El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, brindó una conferencia de prensa junto a los fiscales, Juan Pablo Lavini y Matías Merlo, en la cual expresó que “los allanamientos son un paso muy importante que dio el Ministerio Público de la Acusación (MPA) demostrando la clara voluntad de avanzar contra los delitos de guante blanco, al igual que el gobierno provincial, quien en todo momento tomó la decisión política de colaborar con la Fiscalía poniendo a disposición toda la información y las pruebas para que este tipo de delitos no queden impunes”.

El procedimiento utilizado para apropiarse de los inmuebles fue similar al de la causa denominada megaestafa inmobiliaria. “A través de un documento apócrifo, en el cual el dueño original de la propiedad autorizaba a un tercero a venderla, se hacía la transacción. En esta ocasión, empleados del Registro de la Propiedad detectaron algunas irregularidades en torno a los documentos presentados y, por eso, no dudamos en denunciar este hecho y ahora es el MPA quien avanzó en la investigación y realizó estos allanamientos”, añadió.

Seguidamente, Figueroa Escauriza señaló que “el gobernador Miguel Lifschitz nos ha encomendado la tarea de resguardar la seguridad jurídica de los inmuebles de todos los santafesinos y eso es lo que hacemos”. Y luego, destacó que “desde que comenzó la gestión varias veces denunciamos este tipo de maniobras, y colaboramos con las investigaciones llevadas adelante por el MPA, donde por ejemplo, una de ellas fue la transacción de un campo en Villa Amelia que formó parte de la megaestafa inmobiliaria y fue muy difundida en los medios”.

De igual forma, el funcionario provincial destacó “el proceso de modernización y digitalización que llevamos adelante en el área, lo que nos permitió poder conseguir rápidamente la información y proceder a realizar las investigaciones administrativas que nos corresponden como funcionarios públicos, de las que surgieron varios maniobras similares, vinculadas con distintas propiedades, todas en el sur de la provincia”.

Los allanamientos se realizaron en cuatro escribanías, un estudio jurídico y domicilios particulares. Doce en Venado Tuerto, uno en Rosario y otro en Armstrong, a pedido de la Fiscalía Regional 3, que lleva adelante la investigación. El fiscal Juan Pablo Lavini confirmó que los operativos realizados en la ciudad de Venado Tuerto, arrojaron resultados positivos con lo cual se podría avanzar en la causa.

LA CAUSA
A finales de agosto de este año, el Registro General de la Propiedad detectó operaciones inmobiliarias concretadas con documentos apócrifos con el presunto objetivo de quedarse con tres lotes de terreno de campo ubicados en las localidades de San Eduardo, Maggiolo y Venado Tuerto, por un total de 454 hectáreas, y seis inmuebles ubicados en Venado Tuerto, todas localidades del departamento General López.

En el caso de la transacción de los campos de 55, 112 y 287 hectáreas respectivamente, se ingresó al Registro de la Propiedad una escritura de transferencia de dominio de los tres lotes, donde se cita un poder de venta que se habría otorgado en el año 2001, autorizado por un escribano en la provincia de Buenos Aires, donde la titular registral lo había otorgado a favor de una persona para que venda en nombre de ella los tres inmuebles.

“Ese poder, fue incorporado por un escribano del sur provincial en la escritura de transferencia de dominio, la cual ingresó al Registro de la Propiedad y allí se comprobó que era un poder apócrifo, porque en el año 2001 el escribano de Buenos Aires no podría haberlo otorgado, debido a que dejó de ser escribano en 1998 y no contaba más con su registro. Sin embargo, la venta de los inmuebles se intentó realizar igual”, especificó Figueroa Escauriza.

Al detectar esto, el Registro de la Propiedad solicitó que se inspeccione los protocolos del escribano de la provincia de Santa Fe para ver si tenía los respaldos necesarios para poder hacer la transferencia inmobiliaria y se comprobó que faltaba uno de los elementos fundamentales, que es el boleto de compraventa, por lo que se decidió recolectar toda la información del caso y presentarla en la Justicia.

Con respecto al caso de los seis inmuebles, “el procedimiento fue mucho más complejo y se abordó íntegramente desde el Registro de la Propiedad, al detectar el ingreso de pedidos de transferencia de los mismos inmuebles, realizados por dos escribanos distintos, con dos compradores distintos, pero ambos con terceros que venden a través de un poder apócrifo de los dueños originales”, concluyó el secretario de Gestión Pública.