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Tenía que cumplir una condena hasta 2034, salió antes y mató a un empresario

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Maximiliano Peñaflor había recibido una sentencia a 30 años por siete secuestros, pero fue beneficiado con la libertad condicional y organizó la «banda del FAL»

El arsenal en manos de la banda de Maximiliano Peñaflor. Foto: Archivo La Nación

En agosto de 2008, el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín condenó a Maximiliano «Pachu» Peñaflor a 30 años de prisión por considerarlo responsable de, al menos, siete secuestros extorsivos. Según consta en su prontuario policial, la condena se agotaba en 2034. En ese documento también se dispuso que podía pedir la libertad condicional en julio de 2024.

Sin embargo, el 29 de abril pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro concedió el beneficio de la libertad condicional a uno de los secuestradores más peligrosos de la historia criminal argentina. Por una alquimia judicial ese tribunal liberó a Peñaflor, condenado por los secuestros de Antonio Echarri y Cristian Ramaro, entre otros hechos delictivos.

Hasta que fue detenido, en junio de 2004, Peñaflor apareció involucrado en 18 causas penales, por secuestros extorsivos, asaltos contra transportes de caudales y bancos. Después que fue liberado por el mencionado tribunal de San Isidro, fue acusado por tres fiscales, de Florencio Varela, Morón y Tigre, de asesinar al dueño de una distribuidora de golosinas y cigarrillos de Florencio Varela, asaltar tres bancos y cometer cinco secuestros.

Durante los 11 meses que pasaron entre fue beneficiado por la libertad condicional y el momento en que fue detenido, la fiscal de Florencio Varela, Mariela Dongiovanni, le adjudicó ser el presunto jefe de la banda que el 30 de enero pasado mató al empresario Aldo Venturini, durante una emboscada en la que le robaron $ 6.000.000 que el comerciante llevaba a un banco. En el asalto, los delincuentes dispararon 140 balazos de FAL contra los automóviles en los que viajaban la víctima y los dos policías que lo custodiaban.
Según consta en los documentos a los que LA NACION accedió, Peñaflor salió de la Unidad N° 7 del Servicio Penitenciario, en Chaco, el 29 de abril pasado. Unas horas antes, uno de los jueces de la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro había enviado el denominado oficio de libertad, en el expediente N° 24909/2015 que se inició cuando Peñaflor presentó la solicitud para se considere su acceso al beneficio.

Juicio político

El caso Peñaflor constituyó el segundo episodio en dos meses de un delincuente peligroso que recibió la libertad condicional. Mientras gozaba de ese beneficio, cometió un asesinato. Uno de esos hechos escandalosos fue el caso de Sebastián José Luis Wagner, que tenía una condena a 9 años de prisión por violar a dos mujeres y el juez de Ejecución Penal, Carlos Alfredo Rossi, lo benefició con la libertad condicional, a pesar de los informes negativos del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Siete meses después de recibir ese beneficio, según la Justicia, Wagner atacó y asesinó a la joven estudiante Micaela García, en Gualeguay.

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A raíz de este homicidio, durante la última semana, en el Congreso se llegó a un acuerdo para sancionar una ley para modificar la norma 24.660 con el objetivo de que no sean beneficiados con salidas anticipadas los condenados por delitos contra la integridad sexual y secuestro seguido de homicidio.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, expuso ante los legisladores y remarcó la necesidad de reformar la ley.

«No se puede dilatar más la sanción de esta ley que prohíbe que les otorguen las salidas anticipadas a los acusados de delitos graves si no se dicta esta norma se va a permitir que se sigan poniendo asesinos en las calles», expresó Bullrich, quien anticipó que pedirá que se revise la resolución del Tribunal de San Isidro que otorgó la libertad condicional a Peñaflor.

La funcionaria indicó que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad en el cálculo de la pena, que se agotaba en 2034, pedirá el juicio político para los magistrados que concedieron la libertad condicional a un condenado como Peñaflor que tenía 18 causas penales, una condena a 30 años de prisión, calificado como de alta peligrosidad por el Servicio Penitenciario Federal, conducta muy buena, pero concepto malo.

Cuando salió de la cárcel, Peñaflor comenzó a trabajar en el armado de la denominada «banda del FAL» que fue desbaratada el 3 de abril pasado a partir de una investigación encarada por el fiscal de Tigre, Mariano Magaz, que lo acusó por su presunta responsabilidad en el asalto a un banco de esa ciudad, el fiscal federal de Morón Sebastián Basso y su colega Santiago Marquevich de la Unidad Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese).

Nacionales

Iniciaron el proceso de privatización de Corredores Viales: 3400 kilómetros de rutas nacionales

Todos los procedimientos objeto de esta medida serán llevados a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR.

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El Gobierno nacional anunció el inicio del proceso de privatización de la empresa Corredores Viales S.A, que administra unos 3400 kilómetros de rutas nacionales.

Lo hizo a través de la Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economìa publicada hoy en el Boletín Oficial.

La empresa, ahora en manos del Estado, administra los siguientes tramos:

I RN 34 y RN 9 (Santa Fe–Santiago del Estero) 327,11 km

II RN 188 (Pergamino–Empalme RN 7) 90,01 km

III RN 12 y RN 16 (Empalme RN 123–Posadas) 464,85 km

IV RN 8, RN 36 y A005 (Pilar–Villa Mercedes) 665,96 km

V RN 19 y RN 34 (Santo Tomé–Río Primero) 280,20 km

VI RN 9, RN 193, RN 34, A008 y A012 214,52 km

VII RN 3, RN 226 y RN 205 (Ezeiza–Cañuelas) 245,26 km

VIII RN 7 (Luján–Límite Córdoba/San Luis) 590,74 km

IX Acceso Ricchieri & Ezeiza–Cañuelas 13,86 km

X RN 5 (Pascual Simone–Santa Rosa, La Pampa) 538,65 km

El decreto 97/2025 autorizó la privatización total de Corredores Viales SA. La modalidad aprobada para esta privatización incluye la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de los Tramos I a V, Tramo VI y Tramos VII a X, asignados a Corredores Viales SA.

La propuesta de privatización no prevé el otorgamiento de preferencias ni la aplicabilidad de un programa de propiedad participada.

Para la implementación de este proceso, se han instruido diversas acciones a entidades específicas:

A la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía se le ha encomendado:

• Realizar el inventario de los bienes que la empresa debe reintegrar al Ministerio de Economía.

• Elaborar el documento de extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión, que procederá una vez perfeccionados los nuevos contratos.

• Proponer la conformación de los tramos de la red vial nacional, pudiendo excluir o incluir nuevos tramos según resulte oportuno para su concesión.

• Efectuar un relevamiento del estado actual de los tramos a concesionar y de las obras de infraestructura, con facultad para requerir la rescisión de contratos no prioritarios.

• La elaboración y tramitación de la documentación licitatoria, técnica y contractual respectiva, con intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” deberá:

• Coordinar las medidas necesarias para la concesión de los tramos de la red vial nacional en un plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigencia de la resolución.

• Posteriormente, proceder a la disolución y liquidación de Corredores Viales SA.

• Solicitar a un organismo del Sector Público Nacional la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación de la concesión de obra pública por peaje.

• Requerir a Corredores Viales SA y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la confección del inventario de bienes que constituyen el patrimonio de la empresa.

• Solicitar la tasación de los bienes de Corredores Viales SA al Tribunal de Tasaciones de la Nación o a un organismo del Sector Público Nacional, de forma previa a su disolución y liquidación.

Todos los procedimientos objeto de esta medida serán llevados a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR, según lo dispuesto por el decreto 416/2025.

Fuente: Telefe Noticias

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Nacionales

En septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 1,90 por ciento

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en septiembre del 1,90 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de julio publicado por el INDEC.

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Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que la suma total que percibirán será de 390.277,17 pesos (320.277,17 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono)En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 390.277,17pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 326.221,74 pesos (256.221,74 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 294.194,02 pesos (224.194,02 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono). 

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 115.088 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 374.745 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 57.549 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

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Nacionales

Un femicidio cada 36 horas: hubo 164 en lo que va del 2025

El 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa y el 10% tenía alguna medida judicial de protección. El número fue dado a conocer por el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”.

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En lo que va del 2025 hubo 164 femicidios, informó el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, lo que demuestra un número alarmante debido a que cada 36 horas en la Argentina hay un crimen de esta índole.

El informe abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto y los datos fueron obtenidos tras el análisis de medios de comunicación de todo el país, motivo por el cual el número podría ser aún mayor.

En el país ya hubo 164 femicidios en lo que va del año, de los cuales 15 ocurrieron en agosto. A su vez, otra cifra que pone en jaque la situación actual es que hubo 264 intentos de asesinato de víctimas que sufrieron violencia de género.

En este sentido, cada 36 horas en la Argentina ocurre un femicidio y el 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa y el 10% tenía alguna medida judicial de protección.

Dicho informe también destaca que 14 agresores pertenecían a las fuerzas de seguridad. Se suma también que el 42% de los atacantes eran pareja de la víctima, el 29% ex novio, y luego le sigue algún familiar.

Las provincias con más femicidios, según cantidad de habitantes, son Chaco, Salta, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Mendoza.

Respecto a las formas en las que fueron asesinadas, el documento explaya: el 24,4% con arma de fuego, el 22% con arma blanca, 19,5% asfixia, 14,6% sin datos, 13,4% a golpes y el 6,1% quemadas. Acerca de los hijos de víctimas, hasta este domingo 31 de agosto, 133 niños perdieron a sus madres por la violencia.

“Denunciamos, una vez más, el vaciamiento del Estado que impulsa esta gestión. La eliminación sistemática de programas destinados a garantizar derechos y a brindar protección a las víctimas de violencia de género no sólo desmantela las políticas de cuidado, sino que agrava mes a mes la situación de miles de mujeres y diversidades”, expresa el comunicado.

Si sufriste o conoces a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita las 24 hs., los 365 días, a través de un llamado al 144 y descargando la aplicación.

Fuente: Telefe Noticias

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