Maximiliano Peñaflor había recibido una sentencia a 30 años por siete secuestros, pero fue beneficiado con la libertad condicional y organizó la «banda del FAL»

El arsenal en manos de la banda de Maximiliano Peñaflor. Foto: Archivo La Nación

En agosto de 2008, el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín condenó a Maximiliano «Pachu» Peñaflor a 30 años de prisión por considerarlo responsable de, al menos, siete secuestros extorsivos. Según consta en su prontuario policial, la condena se agotaba en 2034. En ese documento también se dispuso que podía pedir la libertad condicional en julio de 2024.

Sin embargo, el 29 de abril pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro concedió el beneficio de la libertad condicional a uno de los secuestradores más peligrosos de la historia criminal argentina. Por una alquimia judicial ese tribunal liberó a Peñaflor, condenado por los secuestros de Antonio Echarri y Cristian Ramaro, entre otros hechos delictivos.

Hasta que fue detenido, en junio de 2004, Peñaflor apareció involucrado en 18 causas penales, por secuestros extorsivos, asaltos contra transportes de caudales y bancos. Después que fue liberado por el mencionado tribunal de San Isidro, fue acusado por tres fiscales, de Florencio Varela, Morón y Tigre, de asesinar al dueño de una distribuidora de golosinas y cigarrillos de Florencio Varela, asaltar tres bancos y cometer cinco secuestros.

Durante los 11 meses que pasaron entre fue beneficiado por la libertad condicional y el momento en que fue detenido, la fiscal de Florencio Varela, Mariela Dongiovanni, le adjudicó ser el presunto jefe de la banda que el 30 de enero pasado mató al empresario Aldo Venturini, durante una emboscada en la que le robaron $ 6.000.000 que el comerciante llevaba a un banco. En el asalto, los delincuentes dispararon 140 balazos de FAL contra los automóviles en los que viajaban la víctima y los dos policías que lo custodiaban.
Según consta en los documentos a los que LA NACION accedió, Peñaflor salió de la Unidad N° 7 del Servicio Penitenciario, en Chaco, el 29 de abril pasado. Unas horas antes, uno de los jueces de la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro había enviado el denominado oficio de libertad, en el expediente N° 24909/2015 que se inició cuando Peñaflor presentó la solicitud para se considere su acceso al beneficio.

Juicio político

El caso Peñaflor constituyó el segundo episodio en dos meses de un delincuente peligroso que recibió la libertad condicional. Mientras gozaba de ese beneficio, cometió un asesinato. Uno de esos hechos escandalosos fue el caso de Sebastián José Luis Wagner, que tenía una condena a 9 años de prisión por violar a dos mujeres y el juez de Ejecución Penal, Carlos Alfredo Rossi, lo benefició con la libertad condicional, a pesar de los informes negativos del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Siete meses después de recibir ese beneficio, según la Justicia, Wagner atacó y asesinó a la joven estudiante Micaela García, en Gualeguay.

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A raíz de este homicidio, durante la última semana, en el Congreso se llegó a un acuerdo para sancionar una ley para modificar la norma 24.660 con el objetivo de que no sean beneficiados con salidas anticipadas los condenados por delitos contra la integridad sexual y secuestro seguido de homicidio.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, expuso ante los legisladores y remarcó la necesidad de reformar la ley.

«No se puede dilatar más la sanción de esta ley que prohíbe que les otorguen las salidas anticipadas a los acusados de delitos graves si no se dicta esta norma se va a permitir que se sigan poniendo asesinos en las calles», expresó Bullrich, quien anticipó que pedirá que se revise la resolución del Tribunal de San Isidro que otorgó la libertad condicional a Peñaflor.

La funcionaria indicó que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad en el cálculo de la pena, que se agotaba en 2034, pedirá el juicio político para los magistrados que concedieron la libertad condicional a un condenado como Peñaflor que tenía 18 causas penales, una condena a 30 años de prisión, calificado como de alta peligrosidad por el Servicio Penitenciario Federal, conducta muy buena, pero concepto malo.

Cuando salió de la cárcel, Peñaflor comenzó a trabajar en el armado de la denominada «banda del FAL» que fue desbaratada el 3 de abril pasado a partir de una investigación encarada por el fiscal de Tigre, Mariano Magaz, que lo acusó por su presunta responsabilidad en el asalto a un banco de esa ciudad, el fiscal federal de Morón Sebastián Basso y su colega Santiago Marquevich de la Unidad Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese).