Lo que se tratará en tablas precisamente no serán medidas sobre penas y delitos (esas son leyes nacionales), sino más bien, el funcionamiento del juicio, las etapas, la prisión preventiva, el desempeño de jueces y fiscales en los distintos procedimientos judiciales.

Desde el 2012, el legislador nacido en Venado Tuerto viene impulsando un proyecto de modificación a esa ley, porque tiene un criterio y un enfoque corrector basado en las garantías del imputado, que muchas veces es generador de impunidad.

En este sentido, Lisandro Enrico manifestó: “La modificación de leyes penales es una materia pendiente y mi postura es concretarla. Hay necesidad urgente de la sociedad al respecto. Los ciudadanos solicitan, piden y claman una legislación con normas claras de cumplimientos y sanciones a los delincuentes que agreden, perjudican, roban, matan”.

Durante el comienzo del 2017, el gobernador pidió ejecutar la reforma. A esa solicitud, los senadores le adicionaron modificaciones existentes en el proyecto inicial de Enrico. Luego, los diputados aprobaron este proyecto de ley, aunque con varios recortes.

Se prevé que en días de Abril, el Senado tratará la última versión de la reforma que plantearon los diputados. De obtenerse una votación positiva quedará confirmada la renovación procesal penal, que si bien no será idéntica a la primera propuesta de reforma de Lisandro Enrico, sí contará con múltiples cambios impulsados por el legislador en los últimos 5 años.

Tras un tiempo de estancamiento, la reforma avanzó.

Durante 2012 y 2015 Enrico insistió con un proyecto de reformas. Obtuvo aprobación en Cámara de Senadores, pero en Diputados no prosperó. Quizás porque había mayoría del Frente Para La Victoria. Ahora, con más legisladores representantes del Frente Progresista hubo debate de las modificaciones expuestas por el senador venadense, aunque con muchísimas variables. Más que cambios, podría considerárselos recortes amplios de gran parte de la reforma.

Sin embargo, Enrico cree que de acuerdo al estancamiento que padecía el proyecto, el hecho de ser tratado en la cámara baja fue dar un paso hacia adelante: “Si bien, no se adoptaron varias cuestiones planteadas desde el Senado, la Cámara de Diputados admitió varias propuestas. Nos encaminamos a una primera “gran reforma” al Código Procesal Penal”.

Además, la máxima autoridad del departamento General López puntualizó: “Quienes estamos al frente de esta reforma tenemos una postura más defensiva de las víctimas y rigurosa con los delincuentes. Lamentablemente, algunos diputados fortalecen el nudo “garantista” que nos no permite avanzar con el tipo de reforma que en estos tiempos necesita la sociedad y quisiéramos concretar”.

“Sé que no es la reforma ideal, es la reforma posible, con una salvedad; esta vez políticamente el gobernador (Miguel Lifschitz) intervino con la presentación de un pedido de reforma, antes el ejecutivo prefería no participar del tema. Aún restan artículos que transformar, pero en mi rol de autor e impulsor de esta transformación legislativa, creo que es un paso importante la decisión de Diputados de abrirse a ciertas modificaciones para que se conviertan pronto en ley”, expresó el senador Lisandro Enrico.

¿En qué se basa la reforma legislativa que impulsa Enrico?

Más de 40 artículos del Código Procesal Penal adoptarán nuevas implementaciones si se aprueba el proyecto que derivó la Cámara de Diputados al Senado. Estas medidas pretenden sustituir varios aspectos de la Ley Procesal Penal vigente, en pos de favorecer la defensa de las víctimas. A partir de ello, la justicia será más estricta con quienes están siendo investigados por delitos, poseen prisión preventiva o allanamientos.
Las modificaciones más sobresalientes apuntan a:
*Priorizar los derechos de las víctimas.
*Mayores controles para aceptar los juicios abreviados.
*Profundizar en los allanamientos el secuestro de armas vinculadas al delito.
*Mayores medidas de protección a las víctimas que se someta al reconocimiento de delincuentes
*Extensión de los plazos de detención (se pasará a 4 días para efectuar la audiencia imputativa).
*Otorgamiento de más facultades en el juicio al querellante.
*Reducción de la prisión preventiva a casos puntuales.