La Procuración del Tesoro Nacional inició una investigación interna y prepara una posible purga de funcionarios tras detectar presuntas filtraciones vinculadas al juicio internacional por la expropiación de YPF. Así lo confirmaron este miércoles fuentes oficiales, que aseguraron que despedirán a quienes sean individualizados como responsables de la filtración.

La investigación está siendo liderada por Santiago Castro Videla, el actual segundo procurador del Tesoro, designado en febrero tras la salida sorpresiva de Rodolfo Barra. «Se está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones en el caso YPF», señalaron desde la Casa Rosada.

Según reveló La Nación, una de las hipótesis que maneja el Gobierno es que esos datos hayan sido filtrados a Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio a los Eskenazi y que reclama el 51% de las acciones de YPF en el juicio que se desarrolla en Nueva York.

Desde el oficialismo aseguran que la información filtrada era confidencial y de uso interno, y que su difusión representó una grave irregularidad en el contexto del litigio. La causa por la expropiación de YPF se reactivó en las últimas semanas, luego de que la jueza Loretta Preska ordenara a la Argentina transferir la mitad del paquete accionario de la petrolera a Burford y Eton Capital.

Frente a esa decisión, el Gobierno presentó una apelación y logró, al menos de forma momentánea, una suspensión administrativa de la orden judicial. A su vez, desde el Ejecutivo niegan tajantemente cualquier negociación en curso con los fondos demandantes.

Mientras tanto, la administración de Javier Milei avanza con una reestructuración de las áreas legales del Estado. Según fuentes oficiales, se prevén cambios en la jefatura de abogados del Estado, un área que en el anterior gobierno kirchnerista estuvo encabezada por Carlos Zannini.

Fuente: La Nación.

En el marco del reclamo por la deuda que Nación tiene con la Provincia de Santa Fe debido a la suspensión de la remisión de los fondos para compensar el déficit de la Caja previsional, este martes se llevó a cabo una nueva audiencia de conciliación ante la Corte. En ella, Nación realizó una primera oferta, que Santa Fe rechazó. 

En ese sentido, el gobernador Maximiliano Pullaro había adelantado que Nación ofreció “un monto similar al de Córdoba, le dijimos que no. Nosotros entendemos que es insuficiente en base al impacto que tiene la Provincia de Santa Fe y a los impuestos que le transferimos a Nación para sostener Ansés. Nosotros tenemos una Caja mucho más ordenada porque el año pasado hicimos las reformas que no hizo nadie en la República Argentina”.

“Que Nación pague lo que tiene que pagar. Nosotros no vamos a resignar un sólo centavo de la Provincia de Santa Fe”, sostuvo el mandatario. El gobernador destacó que Santa Fe tiene “buena relación con el gobierno nacional”, pero “no cedemos los recursos de los santafesinos y defendemos a la Provincia”. “Si no nos hacen un mejor ofrecimiento, tendrá que resolver la Corte una medida de resolución inmediata porque el flujo no nos lo pueden cortar”, anticipó Pullaro. “Después -añadió- discutiremos el stock, que no es poco. Nos deben muchos recursos y queremos que esos recursos vengan.

No somos cerrados ni inflexibles y entendemos el momento que vive nuestro país. Pero no aceptamos ni un centavo menos de lo que entendemos que deberían pagar. Y en función de ponernos de acuerdo en el monto, veremos cómo llegan esos recursos”, finalizó el gobernador. 

Defender los derechos de la Provincia

En tanto, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, quien participó de la audiencia junto al fiscal de Estado, Domingo Rondina, detalló que “Santa Fe interpuso dos acciones judiciales: una acción de fondo para reclamar el stock de la deuda y otra acción cautelar para que Nación restablezca las transferencias que interrumpió desde que asumió el presidente Javier Milei”. 

“Hoy -puntualizó- se llevó a cabo la segunda audiencia que convocó la Corte intentando una conciliación de la acción cautelar”. Nación allí ofreció “una suma que nosotros consideramos que no responde a los derechos que legítimamente le corresponden a la Provincia de Santa Fe”, sintetizó Boasso. 

“Propusieron empezar a recomponer con 2.000 millones de pesos por mes durante seis meses. Nos pareció irrisorio el monto atento a la deuda que tienen con nosotros, que asciende a casi 2 billones de pesos”, detalló. 

“Cuando dijimos que no, subieron a 5.000 millones de pesos por mes, que es la misma oferta que le realizaron a Córdoba”. describió el funcionario del Ministerio de Trabajo, Seguridad y Empleo de la provincia. En ese punto, Boasso recordó que “el gobernador Pullaro ya había anticipado que no iba aceptar el mismo monto que se le ofreció a Córdoba y por el cual se suscribió un convenio con esa provincia”. Y concluyó: “Por lo tanto, hoy firmamos un acta manifestando que no hubo acuerdo. La Provincia de Santa Fe considera que no se corresponde con los legítimos derechos de los cuales somos acreedores y vamos a seguir las acciones en curso”.

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