El viernes por la tarde se terminó una jornada extensa de audiencias imputativas (9 en total) con motivo de las denuncias denominadas políticas.

En la jornada se comenzó a las 8,30 con el ex secretario de Hacienda Jorge Acuña; luego el ex intendente municipal y actual concejal Roberto Gustavo Dehesa; el ex secretario de obras y servicios públicos Fabio Batán; el ex jefe de gabinete Renzo Calcante y el director de contaduría Hugo Rasetto; ello con motivo de la denuncia que efectuará la actual gestión municipal por la emisión y pago de certificados de obra por la sala de faena de pequeños animales y que en parte no se encontrarían físicamente realizadas dichas obras.

Además en el transcurso de la mañana se realizó audiencia imputativa para el Sr. Intendente Municipal Abel Natalio Lattanzi y para su señora esposa Marisol Raspo por la denuncia efectuada por el concejo Deliberante de Rufino por la presentación en la licitación por piedra dolomítica por la suma de 4.000.000 pesos de la empresa familiar de transporte de propiedad de la señora Raspo.

Por último se recibió en horas de la tarde noche audiencia imputativa a dos empleados jerárquicos del área contaduría de la Municipalidad a quienes se les adjudicó no haber denunciado debidamente como lo ordena la ley orgánica de municipalidades y la ordenanza de contabilidad un pago indebido. A lo último con la presencia de todas las partes se revisaron la documentación original secuestrada en poder de Fiscalía para determinar la faltante de otra documentación esencial para la investigación por la sala de faena la cual ya fue intimada la municipalidad en su condicion de denunciante y querellante a la presentacion por parte de Fiscalía.

Los delitos atribuidos por la sala de faena de pequeños animales son fraude a la administración y malversación de caudales públicos e incumplimiento de funcionario público; y por la licitación de la piedra dolomítica negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor y participe necesario respectivamente. Y para los 2 empleados municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública.