INFORME DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN DE SANTA FE.

Es en el marco de la investigación penal por el robo de autopartes ocurrido el 10 de octubre de 2014 en Rufino. Está previsto que cuatro de los cinco imputados firmen el acuerdo en el que se establece que deberán realizar trabajos comunitarios en cuatro instituciones rufinenses. El fiscal del MPA que investiga el caso es Mauricio Clavero.

Cuatro de los cinco imputados en la causa en la que se investiga el robo de autopartes ocurrido el 10 de octubre del año pasado se presentarán hoy viernes a las 10:00 ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Lorena Garini. Será en el marco de una audiencia de probation que se realizará en Rufino. El caso es investigado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mauricio Clavero.

Los cuatro hombres mayores de edad que comparecerán ante la magistrada son Walter Pérez; Juan Ignacio Mendiluce; Cristian Alfredo Alborno; y Fabricio Marcelo Bazán, quienes serían empleados del quinto imputado y principal sospechoso en la causa.

El robo de las autopartes que investiga el fiscal Clavero ocurrió mientras varios vehículos secuestrados y a disposición de la Justicia Penal eran trasladados desde la Comisaría 3° de Rufino al depósito de la Unidad Regional VIII de la Policía provincial en Santa Emilia. El traslado era realizado por un particular e importante empresario de Rufino, luego de que dicho servicio de acarreo fuera contratado por un concejal rufinense.

Trabajos comunitarios

El documento que se prevé rubricar hoy viernes establece que los cuatro hombres se comprometerán a realizar trabajos comunitarios en instituciones deportivas de Rufino y a aportar dinero a dichas instituciones. Específicamente, el acuerdo establece que las tareas serán no remuneradas y a razón de dos horas semanales –fuera del horario de sus trabajos– en el Club Social y en el Club Sportivo Ben Hur; y en la ONG Che Pibe; que vienen desarrollando en conjunto tareas de contención y sostenimiento social en el barrio «El trompezón» de Rufino. Además, en julio de este año, Mendiluce, Bazán y Albornoz aportarán 2.500 pesos cada uno, y Pérez 4.000 pesos, a las instituciones en las que cada uno de ellos realicen tareas.

Los cuatro imputados también se comprometerán a fijar lugar de residencia en la ciudad de Rufino; a presentarse una vez por mes ante la autoridad que se designe; y a abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.

Además, Pérez resignará la propiedad de un neumático que le fue secuestrado, que pasará a pertenecer al Estado provincial, mientras que Mendiluce, Bazán y Albornoz abonarán una reparación simbólica de 1.000 pesos que será entrega a la administración pública provincial.

Satisfacción

«A este acuerdo fue posible llegar luego de una ardua investigación. Hay cerca de un centenar de evidencias colectadas por personal de la Policía de Investigaciones, además de las pruebas de ADN, informes de la AFIP y periciales», enumeró el fiscal. El funcionario judicial también hizo hincapié en que «el nuevo sistema procesal penal nos permite este tipo de alternativas, a partir de las cuales, a sólo cinco meses de ocurrido el delito, podemos darle una respuesta a la sociedad de la investigación que se viene llevando a cabo, y que continúa su curso para determinar la responsabilidad penal de otros posibles partícipes y/o autores».

Clavero también destacó «la importancia de llegar a un acuerdo en este caso puntual porque –según manifestó– se debió realizar un esfuerzo extra para poder encontrar las evidencias porque se trata de una organización delictiva que involucra a personas con poder económico».

«Todo lo actuado es conocido por el Fiscal Regional de la Tercera Circuncripción Judicial, Alejandro Sinopoli, quien viene siguiendo de cerca la investigación», añadió Clavero.

Acerca de la probation

«La probation o suspensión del juicio a prueba es uno de los métodos de reeducación del delincuente. Se trata de un plan de conducta en libertad», definió Clavero, y agregó: «Es un respuesta que da el Derecho Penal adaptada a las circunstancias que rodean al hecho, a las condiciones personales del imputado y a la posibilidad que brinde la comunidad o el sistema social».

El fiscal sostuvo que «con este tipo de salidas alternativas se busca brindar una respuesta inmediata y rápida a la sociedad frente a una conducta delictiva. Se posibilita al imputado ofrecer como reparación del daño la realización de trabajos comunitarios en instituciones de bien público, y aportar alimentos, materiales de construcción, equipamiento a reparticiones públicas o a instituciones de bien público como clubes, ONG, asociaciones civiles, entre otras».

«La probation tiene consecuencias legales importantes», advirtió Clavero. «Por ejemplo, durante ocho años no se puede acceder a una medida similar, y ante el incumplimiento de alguna de las medidas de conducta dispuestas o la comisión de nuevo delito, no se extingue la acción penal y continúa el proceso en la etapa de juicio, lo que –según el caso– podría permitir una condena de ejecución efectiva tal como establece el artículo 76 del Código Penal».

Fuente: Oficina de Prensa y Difusión MPA