Dentro de una tarea conjunta con la comuna local, por intermedio del 7º Distrito Santa Fe se consolidaron banquinas y el ingreso a calles de la localidad con material resultante de fresado aportado por el organismo nacional.

Los trabajos integrados produjeron momentáneas reducciones de carril y paso a velocidad reducida, en tanto maquinaria de Zavalla realizó el perfilado y compactación del fresado colocado a la vera de la calzada de RN 33.

Las acciones integradas del 7º Distrito Santa Fe con Estados locales se han concretado en otras rutas nacionales con mejoras ejecutadas por ejemplo en Timbúes (RN 11), Santo Tomé (RN 11), Villa Eloísa (RN 178), Las Rosas (RN 178), entre otros.

Arreglo Banquinas: Zavalla (RN 33)

Vialidad Nacional solicita a los conductores reducir la velocidad en el lugar y respetar la señalización preventiva.

La Legislatura de la provincia de Santa Fe fue escenario el viernes 20 de marzo de la tercera sesión del Parlamento Federal del Clima, un espacio que reunió a legisladores de todo el país para debatir políticas ambientales y coordinar iniciativas de alcance federal. El encuentro se realizó por impulso de la diputada provincial Sofía Galnares, presidenta de la Comisión de Ambiente, con el acompañamiento del presidente del Senado, Felipe Michlig, y de la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.

La jornada contó con la participación de autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella; además de legisladores de distintas provincias y representantes del Parlamento Federal del Clima. También se desarrolló el panel “institucionalidad ambiental en Argentina”, coordinado por Galnares junto al diputado salteño Gastón Galíndez y moderado por Diego Sueiras (Fundación Nueva Generación Argentina).

En ese ámbito expusieron Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Daniela Gomel, coordinadora de Política Ambiental de la Fundación Vida Silvestre Argentina; y Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), quienes abordaron los desafíos de la agenda ambiental, la transición energética y el rol de la sociedad civil.

Asimismo, dijo presente Chris Meniw reconocido experto argentino en tecnología, educación e innovación, considerado uno de los Top 10 Tech Speakers de Latinoamérica.

El nuevo escenario global y el impacto en la producción

Durante su intervención en la sesión plenaria, Galnares puso el foco en el contexto internacional y en cómo las nuevas reglas del comercio están atravesadas por la agenda ambiental. En ese sentido, afirmó que “las regulaciones ambientales dejaron de ser un agregado decorativo y se convirtieron en instrumentos efectivos de política comercial”.

La legisladora advirtió sobre el impacto que tendrá la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, al señalar que “el acceso al mercado europeo ya no depende solo de la competitividad en precios, sino del cumplimiento estricto de estándares de sustentabilidad, lo que obliga a repensar los procesos productivos y la trazabilidad jurídica en Argentina y en Santa Fe”.

En esa línea, remarcó que sectores clave de la economía nacional podrían verse afectados si no se garantiza la trazabilidad ambiental, y planteó que el desafío también abre oportunidades.

“Santa Fe reúne condiciones productivas, tecnológicas y comerciales para expandir exportaciones con valor agregado y tiene exactamente lo que Europa está demandando, solo nos resta adaptarnos a las cláusulas ambientales espejo: El reglamento contra la deforestación y el Mecanismo de ajuste en frontera por Carbono”, sostuvo.

Un digesto ambiental para ordenar y competir

Entre las propuestas centrales del Parlamento, Galnares destacó el impulso de un Digesto Federal Ambiental basado en inteligencia artificial, pensado para ordenar el complejo entramado normativo existente en el país. “Hoy existen más de 15.000 normas ambientales distribuidas entre Nación, provincias y municipios sin un sistema que permita su interoperabilidad”, explicó.

En ese marco, señaló que esta herramienta permitiría reducir costos regulatorios, facilitar el cumplimiento de estándares internacionales y mejorar la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes. “No se trata solo de digitalizar leyes, sino de construir una infraestructura jurídica que permita organizar y analizar la normativa ambiental en todo el país”, afirmó.

Además, remarcó que este tipo de iniciativas no solo impactan en el sector productivo, sino también en la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas más eficientes, en un escenario donde la agenda ambiental se vincula con el desarrollo económico.

“Esta tercera sesión del Parlamento puede convertirse en una oportunidad histórica para que Argentina desarrolle herramientas que integren sostenibilidad ambiental, seguridad jurídica y competitividad económica”, resumió la diputada provincial Sofía Galnares.

Fue lanzado en 2025 y permite agilizar el inicio de causas en la Justicia a partir de un llamado telefónico y “abordar delitos que muchas veces no se denunciaban”, destacó la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, al evaluar el impacto del sistema en el acceso a la justicia. Amenazas, robos y estafas, al tope de la demanda.

En el primer año de implementación del Centro de Denuncias 911 (CD911), el Gobierno de la Provincia de Santa Fe destacó la consolidación de una herramienta que amplía el acceso a la justicia y mejora la respuesta estatal frente al delito. El sistema, impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, incorporó la toma de denuncias telefónicas como mecanismo ágil y cercano para la ciudadanía. EL CD911 se integró a la Central de Emergencias 911, pero se ocupa de recibir denuncias en las que no están en peligro ni la vida ni los bienes de quien llama ni de terceros.

En ese sentido, el servicio CD911 tiene como misión principal recepcionar la mayor cantidad de denuncias vinculadas a hechos de robo, casos de tentativa, amenazas simples, estafas (como “cuento del tío”, transferencias de dinero mediante whatsapp, con tarjetas de crédito y/o débito), impedimento de contacto, contravenciones al Código de Convivencia, incumplimiento de mandato judicial, lesiones leves, entre otros.

El sistema está operativo actualmente en Rosario y ciudad de Santa Fe, y desde su puesta en marcha, el 19 de marzo de 2025, el CD911 registró 9.231 llamados. De ese total, 6.665 derivaron en denuncias formales y 2.566 en instancias de orientación. Rosario concentró la mayor cantidad de intervenciones, con 6.150 llamados -de los cuales 4.598 se transformaron en denuncias-, seguida por la ciudad de Santa Fe, con 3.081 comunicaciones y 2.067 denuncias efectivas.

La atención está a cargo de abogados, en el marco de los convenios con los Colegios de Abogados de la 1era (Santa Fe) y 2da (Rosario) Circunscripción. La persona denunciante recibe su certificado digital vía correo electrónico, y su denuncia se comunica al Ministerio Público de la Acusación vía SIUC (Sistema de Información Único Criminal).

Principales denuncias y cómo funciona

Entre los delitos más reportados se encuentran amenazas, robos y estafas, lo que evidencia la capacidad del sistema para visibilizar hechos que anteriormente no ingresaban al circuito judicial. En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, subrayó que la herramienta “permite abordar delitos que muchas veces no se denunciaban” y remarcó su aporte tanto en la atención a las víctimas como en el fortalecimiento de las investigaciones penales.

El dispositivo funciona con atención profesional a cargo de abogados, quienes garantizan la validez jurídica de cada denuncia y su inmediata derivación al Ministerio Público de la Acusación.

Con una implementación progresiva en todo el territorio provincial, el CD911 se posiciona como un canal accesible para denunciar sin necesidad de traslado y como una fuente estratégica de información para optimizar la prevención del delito.