Según trascendió, Parrilli presentó la iniciativa luego de un encuentro con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Según el artículo 6 de la ley 21.453, para la liquidación de las retenciones, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, por ejemplo, se aplican los regímenes tributarios, de alícuotas, aranceles y base imponible, como el precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente, “vigentes a la fecha de cierre de cada venta”. En la normativa también se consigna que “el valor FOB de las operaciones de venta debidamente declaradas será aceptado a todos sus efectos siempre que se corresponda con el régimen de valores establecidos previamente por la autoridad competente”.

En cambio, la propuesta de Parrilli, que es para modificar el artículo 6, dice lo siguiente: “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías a que se refiere la presente ley, serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, o a la fecha de efectivo embarque de la citada exportación, el que resulte mayor”.

Según fuentes consultadas del sector exportador, de prosperar ese proyecto sería “un desastre” para la actividad. “Si eso pasa, te tomarán el mayor valor del FOB para el pago de los derechos de exportación”, indicó una fuente que hizo este ejemplo, que no toma el precio real de hoy, sino solo una ilustración: “El trigo octubre vale 100 dólares. Declaramos hoy y pagamos 12% de derechos de exportación. Pero si al llegar octubre el trigo vale 300, ese proyecto de ley te dice pagame la diferencia”.
“No se podrían hacer más negocios de cereales a futuro porque nadie sabría cómo va a estar en el momento del embarque. Sería una aberración que sacaría liquidez al mercado y se acabarían los mercados de futuros. El productor se quedaría sin precio”, apuntó la fuente consultada.

En sus fundamentos, Parrilli sostiene: “Se propone aquí que el precio que se considere a los efectos fiscales sea el vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, o cuando la exportación efectivamente se produce; entre ambos, se regirá por el mayor precio”. Y agrega: “Asimismo, se propone también que todas las operaciones que, transitoriamente, a la fecha de entrada en vigencia de la ley se encuentre pendientes de perfeccionar la exportación, se realice bajo los lineamientos de esta nueva disposición y por ello se faculta al Ministerio de Economía para que tome los recaudos al respecto. Este planteo normativo que proponer la determinación de los tributos sobre el monto mayor obedece a la necesidad de dotar al Estado Nacional de una normativa más efectiva y acorde, en definitiva, a los precios a los cuales terminan concertándose estas operaciones”.

El senador kirchnerista hace una velada crítica al funcionamiento del sector de la exportación y habla de un perjuicio. “El presente proyecto se origina, no solamente porque pretende derogar una parte de la normativa establecida por el Gobierno de Facto durante la última dictadura cívico – militar de Videla, sino que también porque pretende evitar el grave perjuicio que genera la normativa vigente a la recaudación tributaria y a las reservas de divisas que tanto necesita nuestro país. Respecto de este perjuicio, hemos tomado conocimiento a través de distintos relevamientos económicos, que genera para el erario público, que luego desarrollaremos, ascendió este año debido al conflicto bélico, a los 200 millones de dólares”. 

Más críticas

Para Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), el proyecto que presentó Parrilli no tiene chances de que prospere porque implicaría un cambio muy negativo del comercio de granos.
“Siempre tiene que preverse hacia adelante y esto cambiaría estas condiciones y podría generar una disrupción en el comercio de granos y tampoco beneficiaría al Estado, así que entiendo que es solo un proyecto más, de todos los que se presentan”, dijo a LA NACION.

El directivo señaló que quien presentó esta iniciativa desconoce cómo funciona el comercio de granos. “Lo que cambia es la condición de registro de pagos de Derechos de Exportación (DEX), tomando no la fecha de registro del embarque, sino la fecha de embarque en sí y el precio FOB de ese momento. Es un cambio muy importante pero es desconocer cómo funciona el comercio de granos, donde se programan las compras y las ventas a nivel mundial, con muchos meses de anticipación. También los contratos se hacen mucho tiempo antes a precios de posiciones futuras y no al día del momento del embarque, que es solo una cuestión logística de carga y no de contrato. Cambiar esta situación genera una enorme inestabilidad en el mercado de granos. ¿Cuánto valdría la soja y el maíz? Nadie lo podría saber y proyectar”, explicó.

Ante una consulta, Carlos Pouiller, analista de la consultora AZ-Group, dijo: “El proyecto del senador Parrilli tiene un solo artículo que generaría modificaciones en la ley de granos y luego desarrolla una serie de fundamentos para apoyarlas que están teñidos de ideología”. Señaló que el proyecto transita un camino equivocado porque pretende que se paguen los derechos de exportación “al momento de inscripción de la venta o al momento de embarque, el que resulte mayor”. “Esperar al momento del embarque puede demorar varios meses desde el cierre de la venta, lo que impediría determinar el resultado económico del negocio que encarará el exportador, por lo cual es una alternativa inviable”, precisó.

En los fundamentos de su proyecto Parrilli habla de una “trampa” en el tecnicismo de la ley actual. Al respecto, reflexiona: “En la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), los operadores difieren el momento en que se pacta la venta, de aquel en que efectivamente se concreta (es decir, se embarca) la exportación. Entre uno y otro evento puede pasar un año, pero el Estado cobra el derecho de exportación según los precios vigentes al día de la declaración. Y las grandes multinacionales del rubro aprovechan ese colchón temporal para quedarse con la parte del león en la puja extractiva”. Y añade: “Cabe señalar que el hecho de que, en definitiva, la empresa exportadora pague un derecho de exportación efectivo proporcionalmente menor al establecido, no redunda para nada en un mayor precio pagado al productor: una operación y la otra se independizan y de esa manera, queda una ganancia extraordinaria y especial en la empresa exportadora, producto de separar las fechas de la declaración de venta de aquella de la efectiva exportación”.

Con la colaboración de Mariana Reinke

Fuente: Fernando Bertello – Diario La Nación