Un total de 98 ciudadanos bolivianos, entre ellos algunos niños, fueron rescatados de un predio hortícola que funcionaba en un terreno de la ciudad de Corrientes, donde estaban sometidos a trabajo esclavo, informaron fuentes oficiales que confirmaron la detención de cuatro personas durante el operativo.

El allanamiento se realizó el miércoles por la tarde en un predio hortícola de 200 hectáreas, ubicado en el barrio Santa Catalina de propiedad municipal y usurpado por los explotadores del terreno.

Allí se encontraron «98 ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre hombres, mujeres y niños, 30 de ellos en situación de irregularidad migratoria, que vivían en el predio en condiciones infrahumanas y sometidos a trabajo esclavo», aseguró a Télam Carlos Odena, jefe de la Delegación Corrientes-Chaco de la Dirección Nacional de Migraciones.

En este marco, precisó que «19 de los rescatados son menores de 16 años», y aclaró que «alguna gente tiene problemas de salud, como escoriaciones y dificultades respiratorias por las condiciones en que vivían».

El operativo, realizado por organismos y fuerzas nacionales y la comuna correntina, concluyó con la detención de tres hombres y una mujer, integrantes de la misma familia, «dos hermanos, la mujer de uno de ellos y un sobrino», aclaró el funcionario.

Asimismo, precisó que los detenidos «ya declararon» y que la causa que abrió la justicia es por delito de Trata de personas.

El allanamiento se realizó por orden del Juzgado Federal de 1ra Instancia Nº2 de Corrientes en el marco de la investigación, originada por la Dirección de Migraciones y la Policía Federal.

Odena destacó que las personas que fueron detenidas «estaban encargadas de la explotación, la comercialización e incluso de captar a los trabajadores en Bolivia, porque detectamos que los contratos laborales se firmaban en Tarija».

En este sentido, dijo que «esto habla de una red más grande porque los ingresos al país no estaban registrados en ningún lado».

El funcionario de Migraciones aseguró que «lo importante acá es terminar con la explotación de trabajo esclavo», enfatizó tras plantear que detrás de esta situación «hay un trasfondo social y no queremos perjudicar a estos trabajadores, por eso vamos a garantizar su continuidad laboral».

«Al romperse la línea de comercialización de estos productos, esta gente queda desamparada, y por eso se resolvió que desde mañana el municipio va a trabajar con ellos para garantizar la línea de comercialización, por lo cual van a seguir trabajando allí hasta que se puedan trasladar a otros terrenos, regularicen su situación y formen cooperativas», explicó.

En este marco, planteó que sobre las personas que no tienen regularizada su situación, «se labraron actas de intimación para que la regularicen, y así poder trabajar en otras condiciones, en tanto el resto tiene registrado el ingreso a la Argentina e incluso algunos tienen la radicación en el país o la tienen en trámite».

Con respecto a la situación sanitaria de estas familias, aclaró que «la secretaría de Salud y un equipo de psicólogos se van a hacer cargo desde mañana de atenderlos y contenerlos».

En tanto, dijo que «a los empleadores se les aplica una fuerte multa por cada uno de los trabajadores en condiciones de irregularidad migratoria, y esas multas según la Ley Migratoria es de 70 salarios mínimos por cada migrante, es decir cerca de 150 mil pesos por cada uno».

No obstante, aclaró que «esto es lo que está tipificado en la ley, pero no es lo central».

Por su parte, el delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, Justo Zapponi, precisó que las personas detenidas tendrán además de las causas que les impute la justicia, sanciones económicas.

«Por cada trabajador no registrado, a los empleadores les cabe una multa de aproximadamente ocho mil pesos, que se incrementa sobre la base de la cantidad de trabajadores con los que desarrollaban la explotación», dijo el funcionario a Télam.

Por otra parte, tanto el juzgado interviniente como la AFIP, secuestraron teléfonos celulares, documentaciones, camionetas y otros vehículos para profundizar la investigación.

En el operativo participaron la Dirección Nacional de Migraciones en forma conjunta con la Policía Federal Argentina, la Delegación Regional Corrientes del Ministerio de Trabajo de la Nación, la Dirección Federal de Ingresos Públicos Delegaciones Corrientes y Chaco, el Programa de Protección, Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

Fuente: Télam