Se rechazó un pedido para que uno de los integrantes de la asociación ilícita que cometió las denominadas megaestafas inmobiliarias en el departamento General López acceda a la prisión domiciliaria. Se trata de Raúl Alberto Jaime, de 67 años, quien en 2022 fue condenado a 10 años de prisión, pena que el año pasado fue confirmada en segunda instancia.
La audiencia en la que se decidió que Jaime continúe cumpliendo la pena de forma efectiva se llevó adelante ayer de manera remota en los tribunales de Venado Tuerto. El tribunal estuvo integrado por los jueces Leandro Martín (presidente), Mariana Vidal y Aldo Baravalle.
En tanto, la fiscal que representó al MPA y se opuso al requerimiento de la Defensa es Mayra Vuletic. Por su parte, el actual Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial, Matías Merlo, estuvo a cargo de la investigación que permitió llegar a la condena.

Fianza
Vuletic indicó que «en febrero pasado, se determinó que Jaime podía obtener la prisión domiciliaria si presentaba una fianza por un monto mínimo de 142.250 dólares». Según explicó, «en ese momento, el condenado había ofrecido tres vehículos que no llegaban a cubrir el valor estipulado».
«Tiempo después, la Defensa pidió una nueva audiencia que es la que se concretó ayer», expuso la fiscal. «Ante el tribunal, el hombre de 67 años presentó la casa en la que reside su pareja y siete vehículos que, por diferentes motivos, no eran aptos para ser tomados como garantía para cambiar la modalidad de detención», afirmó.
En relación al inmueble, la fiscal señaló que «no es válido como caución porque está afectado como bien de familia, por lo que la ley lo protege de prendas o embargos». Al respecto, puntualizó que «aunque la Defensa pretendió que el tribunal dispusiera al Registro General de la Propiedad la liberación del régimen que tiene la vivienda, no se hizo lugar a ello».
«Desde el MPA, argumentamos que los jueces penales no tienen competencia para desafectar un bien de familia», manifestó Vuletic. «La gestión debe ser realizada ante la Justicia Civil por la parte interesada», planteó.
Por otro lado, en relación a los vehículos, sostuvo que «la Defensa sólo presentó títulos automotores a nombre de personas allegadas a Jaime». En tal sentido, remarcó que «faltaban los informes de dominio, que son los documentos en los que figura si las unidades cuentan o no con otros gravámenes».
«Con todo, finalmente nos opusimos al ofrecimiento de bienes como fianza porque, en conjunto, tienen un valor menor al monto mínimo establecido», subrayó.

Estafas
La funcionaria del MPA aseveró que “la organización criminal de la que Jaime formó parte operó de forma permanente y estable durante años», y aclaró que «él era gestor y, entre los integrantes, había abogados, escribanos y personas con conocimientos contables”.
“El objetivo de la asociación ilícita era la realización de diversas maniobras fraudulentas para apoderarse de inmuebles ubicados en el sur provincial, cuyos dueños eran ancianos o ya habían fallecido”, apuntó Vuletic.
“Para llevar a cabo las estafas, el grupo delictivo confeccionaba los instrumentos jurídicos que necesitaba para transferir los inmuebles a nombre de otras personas, sin que los verdaderos propietarios brindaran su consentimiento”, resaltó.

Nueva acusación
A Jaime se le impusieron 10 años de prisión y el pago de una multa de 1.170.000 pesos como autor de los delitos de asociación ilícita (en calidad de miembro), falsedad ideológica, falsedad ideológica de documento público, estafa, uso de documento público falso y tentativa de estafa. Tales conductas fueron investigadas en 11 legajos penales.
A su vez, el gestor inmobiliario está acusado por otras 31 maniobras fraudulentas cometidas con la misma modalidad delictiva que se abordaron en una segunda investigación. En ese marco, se solicitará que deba cumplir tres años más de prisión efectiva. La acusación fue presentada por el MPA a principios de este mes y aún no se fijó la fecha para la audiencia preliminar.

Fuente: Oficina de Prensa y Difusión MPA