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Rechazaron un pedido de prisión domiciliaria para un integrante de la asociación ilícita que cometió las megaestafas inmobiliarias en el departamento General López

Se trata de Raúl Alberto Jaime, quien está condenado a 10 años de prisión. Ofreció como fianza bienes que no alcanzaban a cubrir el monto mínimo necesario como garantía para cambiar la modalidad de detención. La audiencia en la que se decidió que continúe cumpliendo la pena de forma efectiva se realizó ayer de manera remota en los tribunales de Venado Tuerto. La fiscal que representó al MPA y se opuso al requerimiento de la Defensa es Mayra Vuletic.

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Se rechazó un pedido para que uno de los integrantes de la asociación ilícita que cometió las denominadas megaestafas inmobiliarias en el departamento General López acceda a la prisión domiciliaria. Se trata de Raúl Alberto Jaime, de 67 años, quien en 2022 fue condenado a 10 años de prisión, pena que el año pasado fue confirmada en segunda instancia.
La audiencia en la que se decidió que Jaime continúe cumpliendo la pena de forma efectiva se llevó adelante ayer de manera remota en los tribunales de Venado Tuerto. El tribunal estuvo integrado por los jueces Leandro Martín (presidente), Mariana Vidal y Aldo Baravalle.
En tanto, la fiscal que representó al MPA y se opuso al requerimiento de la Defensa es Mayra Vuletic. Por su parte, el actual Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial, Matías Merlo, estuvo a cargo de la investigación que permitió llegar a la condena.

Fianza
Vuletic indicó que «en febrero pasado, se determinó que Jaime podía obtener la prisión domiciliaria si presentaba una fianza por un monto mínimo de 142.250 dólares». Según explicó, «en ese momento, el condenado había ofrecido tres vehículos que no llegaban a cubrir el valor estipulado».
«Tiempo después, la Defensa pidió una nueva audiencia que es la que se concretó ayer», expuso la fiscal. «Ante el tribunal, el hombre de 67 años presentó la casa en la que reside su pareja y siete vehículos que, por diferentes motivos, no eran aptos para ser tomados como garantía para cambiar la modalidad de detención», afirmó.
En relación al inmueble, la fiscal señaló que «no es válido como caución porque está afectado como bien de familia, por lo que la ley lo protege de prendas o embargos». Al respecto, puntualizó que «aunque la Defensa pretendió que el tribunal dispusiera al Registro General de la Propiedad la liberación del régimen que tiene la vivienda, no se hizo lugar a ello».
«Desde el MPA, argumentamos que los jueces penales no tienen competencia para desafectar un bien de familia», manifestó Vuletic. «La gestión debe ser realizada ante la Justicia Civil por la parte interesada», planteó.
Por otro lado, en relación a los vehículos, sostuvo que «la Defensa sólo presentó títulos automotores a nombre de personas allegadas a Jaime». En tal sentido, remarcó que «faltaban los informes de dominio, que son los documentos en los que figura si las unidades cuentan o no con otros gravámenes».
«Con todo, finalmente nos opusimos al ofrecimiento de bienes como fianza porque, en conjunto, tienen un valor menor al monto mínimo establecido», subrayó.

Estafas
La funcionaria del MPA aseveró que “la organización criminal de la que Jaime formó parte operó de forma permanente y estable durante años», y aclaró que «él era gestor y, entre los integrantes, había abogados, escribanos y personas con conocimientos contables”.
“El objetivo de la asociación ilícita era la realización de diversas maniobras fraudulentas para apoderarse de inmuebles ubicados en el sur provincial, cuyos dueños eran ancianos o ya habían fallecido”, apuntó Vuletic.
“Para llevar a cabo las estafas, el grupo delictivo confeccionaba los instrumentos jurídicos que necesitaba para transferir los inmuebles a nombre de otras personas, sin que los verdaderos propietarios brindaran su consentimiento”, resaltó.

Nueva acusación
A Jaime se le impusieron 10 años de prisión y el pago de una multa de 1.170.000 pesos como autor de los delitos de asociación ilícita (en calidad de miembro), falsedad ideológica, falsedad ideológica de documento público, estafa, uso de documento público falso y tentativa de estafa. Tales conductas fueron investigadas en 11 legajos penales.
A su vez, el gestor inmobiliario está acusado por otras 31 maniobras fraudulentas cometidas con la misma modalidad delictiva que se abordaron en una segunda investigación. En ese marco, se solicitará que deba cumplir tres años más de prisión efectiva. La acusación fue presentada por el MPA a principios de este mes y aún no se fijó la fecha para la audiencia preliminar.

Fuente: Oficina de Prensa y Difusión MPA

Regionales

Di Gregorio: “Denunciar tiene efecto y es un alivio para los vecinos”

La senadora provincial Leticia Di Gregorio se refirió al derribo del búnker número 100 en la provincia de Santa Fe, concretado este lunes en Venado Tuerto, y puso en valor el trabajo sostenido de denuncias con nombre y apellido que se vienen realizando en distintos puntos del sur santafesino, con respuestas concretas por parte del Estado.

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La legisladora destacó el rol de la Ley de Microtráfico, aprobada y sancionada oportunamente en el Senado provincial, como una herramienta clave para acelerar investigaciones y permitir una respuesta más rápida de la Justicia. “Desde que asumimos la gestión hemos repetido este tipo de denuncias en distintas localidades de la región”, agregó.

Di Gregorio subrayó además que estos hechos refuerzan la decisión de seguir denunciando, ya que “ver que la provincia y la Justicia responden bien da motivos para continuar por este camino”, y remarcó que el derrumbe del inmueble es una respuesta directa a las presentaciones realizadas ante los organismos correspondientes.

En relación al caso puntual de Venado Tuerto, explicó que la denuncia fue realizada de manera conjunta con el intendente Leonel Chiarella y que la actuación judicial fue inmediata, con una investigación que avanzó con rapidez y derivó en el derribo del búnker. La senadora señaló que este tipo de medidas no solo representan un golpe al narcotráfico, sino también un alivio concreto para los vecinos del barrio afectado.

En ese marco, destacó el valor de la información que aportan los vecinos, muchas veces de manera indirecta, cuando se acercan a transmitir su preocupación por la existencia de puntos de venta de droga, y sostuvo que “cuando ven que las denuncias tienen efecto, eso también incentiva a que más vecinos se animen a ser parte”.

Asimismo, agradeció la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, quien se hizo presente en Venado Tuerto, y sostuvo que su participación “marca el acompañamiento del Gobierno de la provincia y la decisión de seguir trabajando en el mismo sentido que venimos planteando, fortaleciendo las denuncias y avanzando con hechos concretos para terminar con el narcotráfico”.

Finalmente, Di Gregorio afirmó que “estos hechos están a la vista y son una respuesta clara a todas las denuncias que venimos haciendo, porque detrás de cada intervención hay vecinos que necesitan vivir más tranquilos y un Estado que tiene que estar presente”.

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Regionales

Microtráfico: la Provincia derrumbó el búnker N° 100 de venta de drogas

A dos años de la implementación de la Ley de Microtráfico, la inactivación del punto de venta de estupefacientes se realizó este lunes por la mañana en la ciudad de Venado Tuerto. “Para nosotros esto es una prioridad, porque alrededor de estos puntos de venta se potencian otros delitos y empeora la calidad de vida de la gente”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que estuvo acompañado por el intendente Leonel Chiarella.

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El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, efectivizó este lunes el derribo del búnker N°100 desde que se implementó, hace dos años, la Ley de Microtráfico. Este punto de venta de estupefacientes se encontraba en calle Pavón 568 de la ciudad de Venado Tuerto (departamento General López). Estos procedimientos significan un golpe a las bandas narcocriminales, así como una reducción ostensible de los niveles de circulación de violencia altamente lesiva y la pacificación de los barrios, llevando tranquilidad a los vecinos.

Al derrumbe asistió el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien estuvo acompañado por el intendente local, Leonel Chiarella; la senadora departamental, Leticia Di Gregorio; el diputado provincial Leonardo Calaianov; y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Franco Carbone e Iván Raposo, entre otros.

“Ayer se cumplieron 2 años de vigencia de la Ley de Microtráfico, una herramienta que nos ha dado una respuesta frente a una situación que asolaba a muchísimas localidades”, recordó Cococcioni, quien aseguró que esta norma “nos está permitiendo dar una respuesta inmediata, efectiva, y trabajar en coordinación con la fiscalía”.

Ley clave

Sobre la problemática, el funcionario provincial insistió en que esta ley es “fundamental en la política de seguridad, porque donde hay venta barrial de estupefacientes, hay uso de armas, hay personas con antecedentes, hay comisión de otros delitos, hay robos, hay robo para comprar estupefacientes, hay promoción de la prostitución. Alrededor de cada punto de venta de droga se potencia la probabilidad de comisión de otros delitos y empeora la calidad de vida de la gente”, y por eso “cada búnker derribado es un poco más de tranquilidad que devolvemos a los santafesinos, y es un pedazo de nuestro territorio que vuelve a controlar nuestra policía y no está en manos de los delincuentes”.

En ese sentido, el ministro aseveró que “nosotros hemos enfocado como prioridad el microtráfico, porque acá no estamos hablando solamente del tráfico de droga, sino de los otros delitos que genera y que en algunos lugares generaba muchísima violencia”; y recordó al respecto que “la semana pasada se presentó la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico a nivel provincial, que va a tomar el tema y coordinarlo en toda la provincia con cada una de las fiscalías regionales”, concluyó.

Inactivación de búnkeres

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024. El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial. El trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.

Lo que la provincia necesitaba

Durante la conferencia de prensa, el intendente local mencionó que el derribo “es un mensaje muy fuerte e importante en la lucha que llevamos adelante contra el narcotráfico. Esto era lo que la provincia necesitaba”. Asimismo, agradeció “al ministro y el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro en este trabajo que se viene haciendo para combatir al narcotráfico”, gracias a lo cual “hoy hay delincuentes que están presos, como David Arreche y Alejandra Tiseyra, junto a su banda de ocho personas”, recordó.

Luego, Chiarella dijo que en Venado Tuerto se desactivaron “3 o 4 búnkeres y ya hemos denunciado varios más en diferentes puntos de la de la ciudad, y estamos esperando la resolución judicial para seguir con los derrumbes”.

Mientras, Di Gregorio expresó su satisfacción porque “en diciembre de 2023 aprobamos la Ley de Microtráfico y gracias al excelente trabajo de la Justicia y de los fiscales, hoy vemos estos resultados que implican mucho para la paz social. Por eso hoy festejamos este derrumbe, porque es un símbolo de lo que queremos para la sociedad: paz y que puedan vivir tranquilos”.

Finalmente, Franco Carbone, a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, reconoció que con la Ley de Microtráfico “tenemos otros tiempos distintos a lo que siempre fue una investigación de narcotráfico, y ahora en poco tiempo podemos allanar, imputar a las personas, dejarlos presos y sobre todo esto tan importante, que es la inactivación de los puntos de venta y lo que significa y representa esto para un barrio”.

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Balance 2025: Leticia Di Gregorio y un año de gestión, formación y acompañamiento institucional

La senadora provincial Leticia Di Gregorio realizó un balance positivo de su trabajo durante 2025, un año atravesado por la presencia permanente en el departamento General López, la gestión ante organismos provinciales y una agenda amplia que incluyó producción, formación, ambiente, bienestar animal y acompañamiento institucional.

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“Fue un año muy intenso, con mucho territorio, mucha escucha y respuestas concretas”, resaltó la legisladora.

En ese marco, Di Gregorio detalló que a lo largo del año realizó unas 245 recorridas por localidades del departamento, entendidas como visitas puntuales, a las que se sumaron 28 viajes a Rosario y Santa Fe por gestiones y sesiones legislativas. En total, fueron alrededor de 273 visitas a distintos puntos del sur santafesino. “Hay días en los que se visitan una o dos localidades, pero lo importante es estar, volver y sostener el vínculo”, explicó.

Continuidad

Uno de los ejes destacados fue el trabajo en el Vivero Departamental, donde en 2025 se puso en funcionamiento el invernáculo para fortalecer la producción durante el invierno. De hecho, desde el inicio del vivero en 2023 ya se entregaron más de 5000 ejemplares, y solo este año fueron más de 1100. Al respecto, la senadora provincial señaló que “invertir en infraestructura como el invernáculo nos permite producir todo el año y acompañar a escuelas, instituciones y espacios públicos con más árboles y plantas”.

La formación en oficios volvió a ser otro punto central de la gestión. Durante 2025 se dictaron cinco cursos junto a la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López: soldador, peluquería femenina, reparación de heladeras, reparación de pequeños electrodomésticos y jardinería, con más de 500 egresados. “La capacitación abre puertas y genera oportunidades reales de trabajo, por eso sostenemos estos cursos año tras año”, expresó Di Gregorio.

En materia de bienestar animal, se concretaron 412 esterilizaciones a través del quirófano móvil, mientras que en el plano institucional se gestionaron más de 180 trámites ante el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC), facilitando la regularización de clubes y asociaciones civiles.

También se destacó la participación de 36 participantes que permitió obtener la bandera departamental, además de la presentación del programa “Tu Casa, Tuya” para avanzar en la titularización dominial de viviendas.

Además, la senadora valoró la instalación de los juegos inclusivos del programa “Jugando Juntos – Que nadie se quede afuera”, el cual busca que al menos un espacio público de las localidades del Departamento cuenten con juegos inclusivos.

Proactividad

El balance anual incluyó además gestiones vinculadas al estado de las rutas nacionales que atraviesan el departamento y la realización de denuncias por venta de droga, efectuadas con información precisa, nombre y apellido de los delincuentes. “Cada gestión, cada denuncia y cada recorrida tienen sentido si mejoran la vida cotidiana de los vecinos, y ese fue el norte de todo el trabajo durante 2025”, valoró la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

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