El Ministerio de Educación de Santa Fe comunicó a las instituciones educativas un conjunto de pautas para regular el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas. La medida establece límites claros para la utilización de dispositivos digitales personales durante la jornada escolar y busca fortalecer los entornos de aprendizaje, priorizando la atención en clase y el bienestar de los estudiantes.

El documento establece que el uso recreativo de dispositivos digitales personales dentro del aula quedará prohibido para todos los estudiantes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. 
La normativa se enmarca en el Programa de Educación Digital que impulsa la provincia y apunta a equilibrar el acceso a la tecnología con la necesidad de preservar espacios pedagógicos adecuados para el desarrollo cognitivo, social y emocional de niñas, niños y adolescentes.

Uso responsable

El gobernador Maximiliano Pullaro dijo, en la presentación del programa, que aplicar esta medida respecto a los celulares significa “ser transformadores”, porque “el fortalecimiento del sistema educativo es trascendental para la sociedad que queremos construir, con los chicos en las aulas aprendiendo y construyendo ciudadanía digital, llevando adelante políticas de fondo que nos van a trascender”, aseguró. 

El ministro de Educación, José Goity, manifestó que restringir el uso de celular es “un desafío” para el sistema educativo porque “las escuelas están atravesadas por esta problemática” y en ese contexto “tenemos que formar a los niños y niñas para un uso seguro y responsable de los dispositivos dentro de la alfabetización digital”. 

El médico psiquiatra y psicoterapeuta, Lucas Raspall, dijo que el plan es “saber usar de manera segura, responsable, ética y creativa un celular”, para lo cual se busca “capacitar a docentes y llevar al aula material didáctico sobre el uso de dispositivos, llegando a todas las escuelas de la provincia”. 

Aplicación según el nivel educativo

En nivel inicial y primario el uso de celulares personales no estará permitido dentro de las instituciones educativas durante todo el horario escolar, incluyendo tiempo de clases y recreos. No obstante, la medida no impide el trabajo pedagógico con tecnología cuando sea necesario utilizar herramientas digitales. Las familias podrán decidir si los estudiantes llevan o no teléfonos a la escuela, pero no podrán utilizarlos durante la jornada.

En nivel secundario los celulares podrán utilizarse únicamente cuando formen parte de una actividad pedagógica previamente planificada y autorizada por el equipo directivo dentro de un proyecto institucional. Fuera de esos casos, las escuelas deberán establecer normas claras de guardado y uso dentro de los acuerdos de convivencia institucional. Entre las alternativas se incluye mantener los dispositivos guardados durante las clases o promover recreos libres de pantallas.

Acuerdos de convivencia y participación de las familias

Las instituciones educativas deberán incorporar estas pautas dentro de sus acuerdos de convivencia, definiendo reglas sobre el uso, el guardado de los dispositivos, los canales de comunicación con las familias y las responsabilidades ante eventuales pérdidas o daños. 

Ante incumplimientos, las intervenciones deberán seguir el principio de gradualidad previsto en el régimen de convivencia escolar, priorizando instancias formativas, de reflexión y reparación antes que medidas punitivas. 
El Ministerio propone a las familias que participen en instancias de diálogo con las escuelas y firmen una carta compromiso al inicio del ciclo lectivo para acompañar el uso responsable de la tecnología por parte de los estudiantes.

Excepciones y fundamentos de la medida

La normativa contempla excepciones para casos específicos, como estudiantes que necesiten utilizar dispositivos para el monitoreo de su salud o garantizar condiciones de accesibilidad vinculadas a determinadas discapacidades. 

El Ministerio fundamenta la medida en estudios nacionales e internacionales que advierten sobre los efectos del uso intensivo de dispositivos digitales en edades tempranas, incluyendo dispersión de la atención y la concentración y riesgos vinculados a problemáticas como el ciberacoso o el grooming.

El Gobierno de Santa Fe presentó este martes en Expoagro -la exposición que se realiza hasta el 13 de marzo en el autódromo de San Nicolás- un amplio esquema de financiamiento productivo destinado a impulsar inversiones y ampliar la capacidad de las empresas. El paquete crediticio alcanza los $ 197.000 millones y reúne más de 20 líneas de crédito con tasas bonificadas por la Provincia.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de la banca privada al programa de financiamiento, que hasta ahora estaba integrado exclusivamente por bancos públicos. De esta manera, entidades privadas se suman a los tradicionales créditos ofrecidos por los bancos Nación, Santa Fe y Municipal de Rosario.

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el alcance del programa y el rol de la Provincia en la promoción de inversiones. “Venimos nuevamente a jugar de local en esta gran feria del campo argentino. Por primera vez tenemos ocho bancos ofreciendo líneas de crédito que suman casi $ 197.000 millones, con tasas a las que la provincia les bonifica 10 puntos”, afirmó.

Créditos de la banca pública

Entre las entidades estatales, el Banco Municipal de Rosario pone a disposición $ 25.000 millones para MiPyMEs de distintos sectores económicos. El esquema incluye líneas para descuento de documentos, capital de trabajo, inversión productiva, turismo regional y eficiencia energética, con plazos de hasta 36 meses y períodos de gracia de hasta un año. En la mayoría de los casos la provincia bonifica 10 puntos porcentuales de la tasa anual, y en algunas líneas específicas -como turismo y eficiencia energética- la bonificación alcanza los 20 puntos.

El Banco de Santa Fe, por su parte, ofrece financiamiento por $ 73.000 millones destinado tanto a MiPyMEs como a productores agropecuarios. Las líneas incluyen capital de trabajo, inversión productiva, leasing sustentable, riego, maquinaria agrícola, equipamiento tecnológico y herramientas para el sector agroindustrial.

En el caso de la maquinaria agrícola, el banco dispone de dos líneas de $ 10.000 millones cada una: una para equipos de origen nacional y otra destinada específicamente a maquinaria fabricada en Santa Fe. Los créditos pueden alcanzar hasta $ 1.000 millones por empresa, con plazos de hasta 36 meses y una bonificación provincial de 10 puntos.

El Banco Nación completa la oferta de la banca pública con $ 60.000 millones a través de su línea de Inversión Productiva, destinada a MiPyMEs de todos los sectores económicos. Los préstamos pueden alcanzar hasta $ 300 millones por empresa, con plazos de hasta 36 meses y una bonificación provincial de tres puntos porcentuales.

Incorporación de la banca privada

La principal novedad de este año es la participación de entidades financieras privadas, que se suman al esquema de financiamiento productivo.

El Banco Credicoop dispone de $ 6.000 millones para MiPyMEs, distribuidos entre capital de trabajo e inversión productiva, con bonificación provincial de 10 puntos y plazos de hasta 36 meses.

El Banco Coinag ofrece un esquema similar con otros $ 6.000 millones para capital de trabajo e inversión, también con una bonificación de 10 puntos en la tasa.

En tanto, los bancos Comafi y Bica ponen a disposición líneas por $ 2.000 millones cada uno, igualmente destinadas a capital de trabajo e inversión productiva para pequeñas y medianas empresas.

En todos los casos, los interesados pueden iniciar los trámites directamente en las sucursales de las entidades financieras participantes.

Financiamiento del CFI y programas sectoriales

El esquema se completa con herramientas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que destinará $ 22.000 millones a proyectos productivos en la provincia. Los fondos se distribuirán en tres líneas: una para inversiones en tecnología y mejora de procesos productivos; otra orientada a proyectos liderados por mujeres y a iniciativas vinculadas con el uso eficiente del agua y la energía; y una tercera destinada a programas provinciales con impacto económico, social y ambiental.

Además, la provincia articula financiamiento específico a través de Agencias y Asociaciones para el Desarrollo, con programas sectoriales que movilizan más de $ 3.200 millones. Estos créditos están dirigidos a sectores productivos estratégicos como horticultura, frutilla, arroz, industria textil y sistemas de videovigilancia.

Las tasas de estos programas se fijan al momento del otorgamiento del crédito y equivalen aproximadamente a la mitad de la tasa activa del Banco Nación más dos puntos. Los préstamos promedian el 20 % anual, con plazos de hasta 36 meses y seis meses de gracia.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este martes los datos actualizados sobre hechos violentos contra mujeres por razones de género correspondientes al período 2024-2025. El informe muestra que durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres en el territorio provincial, la cifra más baja de los últimos catorce años.

El trabajo fue elaborado de manera conjunta por el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Un fenómeno que comienza a visibilizarse

Durante la presentación en la ciudad de Santa Fe, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la reducción de los niveles generales de violencia permitió observar con mayor claridad la dimensión específica de la violencia de género.

Según indicó, desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro se adoptaron políticas orientadas a reducir los hechos de violencia armada en la provincia. “Esa disminución en los indicadores de homicidios y lesiones con armas de fuego también permitió evidenciar con mayor precisión la problemática de la violencia de género dentro del conjunto de hechos violentos”, señaló el funcionario.

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, consideró que los datos reflejan una tendencia alentadora, aunque remarcó que el desafío sigue siendo fortalecer la prevención y la atención a las víctimas.

La funcionaria destacó que actualmente funciona una guardia permanente las 24 horas durante todo el año, que articula las incidencias recibidas a través de las líneas 911 y 144, además del trabajo coordinado con gobiernos locales y organizaciones sociales. Ese esquema, sostuvo, permite obtener información inmediata y activar los dispositivos de intervención adecuados en cada caso.

En la misma línea, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, subrayó que el informe no solo constituye un registro estadístico sino también una herramienta de gestión. “Nos permite orientar mejor las decisiones públicas, reforzar los dispositivos territoriales y profundizar la articulación entre instituciones para sostener una política pública que acompañe y proteja a las mujeres de la provincia”, afirmó.

Perfil de las víctimas y características de los hechos

La fiscal de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA, Carla Cerliani, detalló que durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres en Santa Fe. De ese total, 18 tuvieron motivaciones vinculadas a razones de género: 16 fueron femicidios y dos transfemicidios.

El informe también muestra una concentración territorial de los casos. El 60 % de los hechos ocurrió en el departamento Rosario y el 40 % en el departamento La Capital.

Las víctimas, en su mayoría, tenían entre 20 y 40 años. En cuanto a los medios utilizados, las armas de fuego continúan siendo el recurso más frecuente, por encima de armas blancas o agresiones físicas.

Cerliani explicó además que, en la mayoría de los casos, existía algún tipo de vínculo entre la víctima y el agresor, y que los hechos se produjeron principalmente en domicilios particulares. “La gran mayoría de los femicidios presentan una relación previa entre víctima y victimario”, indicó.

Menor violencia general, menor violencia contra mujeres

La fiscal también señaló que, en comparación con años anteriores, los períodos 2024 y 2025 muestran una reducción en la cantidad de muertes violentas de mujeres. Según explicó, existe una relación directa entre los niveles generales de violencia social y el impacto que estos contextos tienen sobre mujeres y niñas.

En años de mayor violencia criminal en la provincia -especialmente vinculados a la criminalidad organizada- algunas mujeres resultaron víctimas en hechos ocurridos en espacios públicos y sin vínculo previo con los agresores. En esos casos, explicó la fiscal, las motivaciones de género coexistían con dinámicas propias del delito organizado.

El análisis comparativo permitió observar que en aquellos períodos predominaban hechos cometidos fuera del ámbito doméstico, con autores no identificados o sin relación directa con las víctimas. Cerliani subrayó finalmente que la producción y difusión de estos datos resulta clave para mejorar las estrategias de investigación y persecución penal. De la presentación también participó la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes.