Los precios internacionales de los aceites vegetales registraron un crecimiento sustancial en el último mes de la mano de restricciones de oferta en naciones clave junto con un aumento de la demanda.

Ante las tensiones existentes en Medio Oriente, muchas naciones asiáticas están asegurando el aprovisionamiento de aceites vegetales con el propósito de sostener la producción de biodiésel y garantizar la autonomía energética.

Por otra parte, el conflicto en Medio Oriente incrementa el riesgo logístico de las exportaciones de aceites del Mar Negro que deben atravesar el Canal de Suez, lo que genera incertidumbre de abastecimiento, además de aumentar los costos de fletes por la suba del valor de los seguros.

Para intentar regular las exportaciones, además de aumentar la recaudación en un contexto de precios elevados, a partir del presente mes de noviembre el gobierno ruso aplicó retenciones a las exportaciones de aceite de girasol a razón de 2891 rublos por tonelada sobre un precio FOB indicativo de 897 u$s/tonelada. Desde junio de 2023 el producto estaba libre de derechos de exportación.

Frente a las dificultades para originar aceite de girasol en el Mar Negro, Argentina es uno de los pocos proveedores alternativos que pueden asegurar abastecimiento al ubicarse en una zona del mundo libre de conflictos bélicos. EE.UU., por su parte, no tiene mayor interés en el cultivo y de hecho todo indica que allí va camino a transformarse en una curiosidad.

En tanto, en la plaza interna el interés por captar mercado aumenta semana tras semana con la revalorización del peso argentino, lo que implica que la facturación en moneda dura (dólares) aumenta para tornar mucho más competitivo ese negocio para la industria aceitera argentina.

En ese marco, ya se realizan operaciones de forwards de girasol 2024/25 con valores en un rango de 400 a 420 u$s/tonelada (base + diferencial), una cifra sustancialmente mayor a la registrada el inicio de la campaña comercial del girasol de la nueva cosecha.

Fuente: Bichos de Campo

El delegado provincial del RENATRE Santa Fe Sur, Andrés Alasia, expuso temas como las funciones del RENATRE, el uso de la Libreta de Trabajo Rural, prestaciones por desempleo, fiscalizaciones y capacitaciones. Además, se informó acerca de las modalidades de contratación y los derechos y obligaciones que rigen en el ámbito laboral del sector.

Por otro lado, con el objetivo de promover prácticas laborales, seguras y sostenibles, la delegación Santa Fe Sur, junto al apoyo del delegado de Uatre, Rubén Gómez, y al Colegio de Higiene y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó una jornada de capacitación sobre Higiene y Seguridad en Plantas de Almacenamiento, destinada empleadores y trabajadores rurales de la sede de Uatre de San José de la Esquina.  

Se abordaron temas como elementos de protección personal específicos para plantas de almacenamiento de granos, trabajo en altura, seguridad en espacios confinados, y manipulación de fitosanitarios.

El RENATRE, en el marco de los programas de formación y capacitación, continúa con el objetivo de implementar acciones concretas que le permitan al trabajador rural contar con más herramientas para resguardar su salud, mejorar su inserción laboral y la producción.

Se puso fin a resoluciones que trababan el comercio de carnes desde el kichnerismo hasta otras que habían creado una unidad de vinculación académica y otra de transversalización de perspectiva de género, por ejemplo.

Entre otras se derogó la resolución conjunta 3 del exMinisterio de Desarrollo Productivo y el exMinisterio de Agricultura. Esa resolución había creado la obligación para que las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos tuvieran una registración previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC). Fue una forma que escogió el gobierno del expresidente Alberto Fernández para controlar y cuotificar las ventas al exterior con el argumento de que no subieran los precios internos.

También se puso punto final a la resolución conjunta Nº 1 del 31 de enero de 2022 del exMinisterio de de Desarrollo Productivo y la excartera de Agricultura que había dado el marco para un fideicomiso aceitero para que las empresas vendan al mercado interno a un precio más barato el aceite.

El Gobierno también derogó la resolución 458 del 29 de diciembre de 2016 del entonces Ministerio de Agroindustria que había creado el Programa Nacional de Promoción de Certificados Oficiales de Calidad en Alimentos Argentinos Sumar Valor para incentivar las mejoras competitivas de las micro, pequeñas y medianas empresas productoras y/o elaboradoras de “Alimentos y/o Bebidas de Calidad Certificada o Reconocida” y de “Alimentos y/o Bebidas con Potencialidad de contar con algún Certificado Oficial de Calidad”.

También quedó sin efecto un acuerdo por el cual se distribuía más de 9400 toneladas de lácteos para vender a Venezuela. En tanto, se removió una resolución que había reasignado en 2020 un cupo de carne del Fondo de Libre disponibilidad para quienes no cumplieron con la cuota Hilton de carne a la Unión Europea.

Además se terminó con una resolución que había establecido el modelo de Constancia de Inscripción y Declaración Jurada para el Transporte Interjurisdiccional de Trabajadores relacionados a actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

El Gobierno, además, derogó la resolución 216 del 11 de octubre de 2020 del exMinisterio de Agricultura. Esa norma había creado la “Iniciativa doscientos millones (200.000.000) de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres”.

Por otra parte, se eliminó la resolución 228 de 2020 de Agricultura que había creado la Unidad de Transversalización de Perspectiva de Género. Su objetivo era “conformar una instancia de gestión que permita el tratamiento de dicha temática desde diversos ámbitos a los fines de promover la igualdad de géneros”.

Además, se quitó la resolución 13 del 21 de enero de 2022 que en su momento repartió 18.871,345 toneladas para vender a Estados Unidos, destacando beneficiarios y quienes quedaron afuera.

Por otra parte, se removió una norma que había creado una Unidad de Vinculación Académica de articulación de Agricultura con el Ministerio de Educación, las instituciones universitarias y las escuelas agrarias, agropecuarias, agrotécnicas y/o agroindustriales del país. Además, se quitó una norma que promovía una cosecha de 25 millones de toneladas de trigo.

El gobierno de Milei, además, sacó una resolución que había creado en enero de 2023 el Programa Lanar para compensar a productores ovinos de la Patagonia. Además, se terminó una resolución que durante el paso de Sergio Massa en Economía funcionaba para compensar al sector aviar por el dólar soja que implicó mayores costos de alimentación.

Fuente: Diario La Nación