Una iniciativa del senador Enrico, que se encuentra en estudio en la Cámara alta, busca desbaratar kioscos de drogas.

La Cámara de Senadores provincia tiene en estudio un proyecto que apunta a atacar los kioscos de venta de drogas con la intervención de jueces y fiscales provinciales asumiendo causas que hoy son exclusivas del fuero federal.

El proyecto, presentado por el legislador por el departamento General López, Lisandro Enrico, busca que la Justicia ordinaria actúe sin esperar órdenes del fuero federal para intervenir.

«No escapa a la vista de todos cómo se masificó la venta de droga en los llamados kioscos. En todas las localidades y sectores de las ciudades, desde locales que se presentan como simples comercios o en casas comunes, los lugares de comercialización se multiplicaron en toda la provincia y la gente pide que hagamos algo», dijo el legislador.

El autor del proyecto sostuvo que para el Estado es difícil desbaratar esos kioscos por un impedimento legal, por el que la Justicia ordinaria no puede intervenir: «Uno de los delitos más comunes y esparcido territorialmente, en vez de ser investigado por la Justicia provincial, debe esperar por la federal, que no tiene ni la extensión ni los recursos para poder abordarlo», afirmó.

Para el senador, la conexión con otros delitos —mayormente de competencia jurisdiccional de las provincias—, hace que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la policía cuenten con información valiosa surgida de investigar delitos comunes (robo, hurto, encubrimiento o tenencia de armas). Esto lleva a la necesidad de contar con una nueva «herramienta» procesal.

«Facultar a los órganos fiscales y a la policía local en la persecución de delitos relacionados con el narcomenudeo indudablemente hace que donde la Justicia federal no llega, sí lo haga la Justicia local», aclaró.

En la Argentina, la legislación en materia de delitos con drogas y narcotráfico está regulada por la ley 23.737 «de estupefacientes» de 1989. Enrico justificó: «No escapa a nadie cuánto crecieron los delitos vinculados con drogas desde que se aprobó esa ley. Es evidente que en estos últimos 30 años la situación de la narcocriminalidad aumentó y se transformó, pero el sistema legal sigue siendo el mismo. Es decir, la realidad cambió muchísimo y la ley no».

Justicia santafesina. Enrico aseguró que resulta casi insostenible que un delito difundido y desplegado en todos los territorios provinciales siga siendo competencia de la Justicia federal, «que interviene en ciertos delitos, que por razones determinadas son consideradas de interés nacional. El resto, es decir toda la materia penal, es competencia de la Justicia ordinaria o sea de los jueces y fiscales de las diferentes provincias. Sin embargo el paso del tiempo hizo que lamentablemente el delito de drogas no quede sólo reducido a las fronteras sino que progresivamente eche sus raíces en todo el país desde los grandes centros urbanos hasta los poblados más pequeños y crecieran en incontables lugares la venta de drogas a la vista del público», detalló.

El senador remarcó que «esto demuestra que el problema de drogas excede a una cuestión de fronteras y que la Justicia federal (con mucho menos magistrados y funcionarios que las justicias provinciales) no puede dar una respuesta adecuada al drama delictual actual» ya que la lejanía, el menor conocimiento del territorio, la falta de recursos policiales y la carencia de mecanismos de investigación provoca que el delito crezca sin límite judicial.

Santa Fe es una provincia con unos tres millones 300 mil habitantes en sus 361 localidades. Y sólo siete jueces y seis fiscales federales tienen que investigar todas las causas de droga de Santa Fe, mientras que el sistema provincial tiene 112 fiscales y 42 jueces que podrían asumir competencias de venta de drogas que se dan en sus propias jurisdicciones.

«A la venta de droga hay que enfrentarla con todas las herramientas posibles, Santa Fe no puede despreciar cerca de 200 jueces y fiscales que pueden ayudar a desbaratar la venta de droga multiplicada en todo el territorio tan sólo por no asumir una competencia legal que hoy resulta imprescindible. Por todo ello esta ley postula la posibilidad que desde Rufino hasta Las Toscas haya fiscales y jueces que puedan investigar todos los kioscos de venta de droga que hoy crecen sin límite. La distancia y el tiempo en estos casos juegan a favor de los autores de estos delitos y en contra de la sociedad santafesina», resumió Enrico.

Fuente: lacapital.com.ar