Los responsables del casino allanado el fin de semana pasado en Rufino negaron que se trate de una sala de juego clandestina, aseguraron que el lugar funcionaba por un amparo judicial, y adelantaron que demandarán a la provincia por los daños ocasionados al comercio.

Los responsables del casino allanado el fin de semana pasado en Rufino negaron que se trate de una sala de juego clandestina, aseguraron que el lugar funcionaba por un amparo judicial, y adelantaron que demandarán a la provincia por los daños ocasionados al comercio.

El fin de semana pasado se llevó a cabo un amplio operativo comandado por la Tropa de Operaciones Especiales que arrojó como resultado la demora de 19 personas, el secuestro de 34 computadoras y 11 mil pesos en efectivo tras el desbaratamiento de un presunto casino clandestino que funcionaba en el Círculo Italiano de Rufino y cuyo titular es Domingo Castegiano.

El allanamiento fue dispuesto por el juzgado de faltas de Rufino a cargo de Lorena Garini. El procedimiento fue en el marco de la investigación por maniobras de apuestas ilegales con un software en las computadoras y en el caso de resultar ganadores se les abonaba en el momento el premio.

El abogado defensor del comercio , Luis Rossini, sostuvo que la sala de entretenimiento «está autorizada, entre otras cosas, por un amparo judicial. Es completamente falso y evidentemente estamos ante un grosero error. Allí no se abona en premios a los ganadores, prueba de ello es que sólo secuestraron 11 mil pesos», advirtió.

En diálogo con La Capital, el profesional afirmó que si se tratara de un casino clandestino los montos hallados hubieran sido sustancialmente mayores. «Esto de por sí sólo habla a los claras de que no se juega por dinero. Mi cliente demandará al Estado provincial por los daños ocasionados en su legítimo comercio», remarcó Rossini.

Luego añadió que «además la ley de falta es inconstitucional y haremos el planteo correspondiente; sólo como adelanto les digo no puede, quien lleva adelante la investigación y ordena los allanamientos, hacer de fiscal y juez a la vez como lo está haciendo la jueza Lorena Garini». Para el profesional, la prueba principal por la que ordena el allanamiento es «nula y está viciada. Esta causa se cae a pedazos», vaticinó.

Abogado y conserje. Por su parte, el abogado del Círculo Italiano y conserje del lugar, David Rosso, dijo que «estuve presente en el allanamiento y me hizo acordar a la época de la dictadura ya que no me permitían el ingreso a las instalaciones donde funcionaban las máquinas».

Rosso aseguró que «el titular de las máquinas me aseguró que no se pagan premios en efectivo y al firmar el contrato de alquiler exhibió un amparo donde se autorizaba su funcionamiento. El daño que se le hizo al club es muy grande», exclamó.

Fuente: Carlos Walter Barbarich / La Capital