El presidente de la Convención Nacional Radical, Gastón Manes, justificó la sanción a los cuatro diputados nacionales que respaldaron el veto total del presidente Javier Milei a la ley de aumento jubilatorio que había sancionado al Congreso.

«Creemos que fue la medida correcta. Hubo mucha indignación en el seno del partido este movimiento extraño de estos diputados», explicó.

Y, en ese sentido, amplió: «No se trata de diferentes miradas, el bloque vota dividido desde el principio del gobierno de Milei. El tema es el cambio (de voto) de un proyecto que había presentado el radicalismo».

«Sospecho que De Loredo estaba al tanto de la situación y casi de acuerdo, sino no se comprende», señaló además Manes al apuntar al jefe de la bancada de la UCR.

La sanción

La Mesa Directiva de la Convención Nacional de la UCR resolvió ayer suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro diputados nacionales que representando al radicalismo cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.

Las primera informaciones indicaron que el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, intentaba contenerlos dentro del bloque.

“Hay que sumar diputados, no podemos darnos el lujo de perderlos”, señalaron las fuentes consultadas de la conducción partidaria sobre Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quienes tendrán su ficha de afiliación suspendida mientras dure el proceso de investigación que desde ahora llevará adelante un tribunal de ética partidario.

En realidad fueron cinco los diputados del bloque que votaron a favor del Gobierno y en contra del proyecto que había impulsado la UCR junto a otros bloques, pero Federico Tournier queda al margen de la sanción ya que es un extrapartidario.

El correntino se sumó a la bancada que lidera Rodrigo de Loredo por su vínculo con el gobernador Gustavo Valdés, pero pertenece a otro partido político.

Hay otros dos diputados cuyos casos también serán elevados al Tribunal de Ética para ser investigados: se trata de la santacruceña Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini, quienes se ausentaron al momento de la votación luego de argumentar a favor de la postura del Gobierno durante el debate.

En el caso de ellos dos, no fueron suspendidos preventivamente del partido como los anteriores cuatro que marcaron su voto en contra del proyecto del radicalismo, sirviendo a los intereses del Gobierno.

La medida disciplinaria contra Campero, Arjol, Picat y Cervi se aprobó por 10 votos contra 2 en la mesa directiva de la convención nacional, que es encabezada por Gastón Manes y Hernán Rossi.

Solamente votaron en contra de la sanción los representantes de Mendoza (responde al gobernador Alfredo Cornejo) y Misiones.

Más allá de este castigo contra los cuatro radicales “violetas” que cambiaron su voto, De Loredo agotará los medios para que no peguen el portazo del bloque.

Según la agencia NA, Campero ya está con un pie afuera, ya que es el que más lejos llegó al exponer sus diferencias con el bloque, mientras que los otros cuatro (incluyendo a Tournier) están evaluando qué hacer.

“No puede ser que una minoría ruidosa del AMBA, que tiene una impronta de colaboración con el kirchnerismo, tome este tipo de decisiones que va a contramano de lo que piensa la gran mayoría del partido”, cuestionó un influyente diputado de la UCR con Noticias Argentinas

“El radicalismo del interior tiene cinco gobernaciones. ¿El sector de Manes qué gobierna? ¿Y Evolución? Solamente la Universidad de Buenos Aires. Parece que la centralidad de la agenda para ellos es la cuestión universitaria. Ese tema tiene que estar, pero no es el único. Somos el radicalismo, no un centro de estudiantes”, estalló.

La resolución firmada por la Convención Nacional señala: “al tratarse el veto presidencial, cuatro Diputados Nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro Bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido».

«Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”, se agrega.

Al hacerse eco de esta decisión partidaria, la diputada nacional de la UCR, Pamela Verasay, despotricó contra Martín Lousteau, quien preside el Comité Nacional de la UCR y apoya la suspensión de los cuatro diputados radicales.

“Presidir la Unión Cívica Radical debería tratarse de escuchar la voluntad de la sociedad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensamiento disfrazado de verdad absoluta”, disparó la mendocina.

El Tribunal de Ética de la UCR está integrado por Alicia Tate de la provincia de Santa Fe, Juan Pedro Tunessi de Buenos Aires y Ricardo Barrios Arrechea de Misiones, quienes tendrán en sus manos la decisión definitiva.

Otro caso polémico que fue pasado por alto es el del entrerriano Pedro Galimberti, quien sospechosamente renunció a su bancada de diputado nacional días antes de la sesión en la que iba a votarse la insistencia de la ley jubilatoria.

Resulta que el gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio, quien hasta hace poco era su rival político, le ofreció un cargo para integrar la Comisión Mixta Técnica de la represa de Salto Grande, por el que cobrará mensualmente en dólares una suma que multiplica la dieta que percibía como legislador nacional.

Así fue que no solamente el bando que intentaba juntar los dos tercios para anular el veto de Javier Milei perdió un voto significativo sino que además le anotó un voto al bando que buscaba blindar el veto, ya que al comienzo de la sesión juró como su reemplazante fue la macrista Nancy Ballejos.

Galimberti bien podría haber renunciado a su cargo de diputado luego de la sesión, habiendo ayudado a la oposición a voltear el veto a la mejora a jubilados, pero decidió adelantar su salida.

La presunción de un sector de la oposición es que en el medio hubo una transacción non sancta para que el Gobierno se compre un voto en una batalla crucial para el objetivo del equilibrio fiscal.

Fuente: telefenoticias.com.ar

El Ministerio de Salud reportó 10 nuevos casos de viruela del mono durante la última semana, siete de los cuales pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo al Boletín Epidemiológico, otros dos contagios se registraron en el territorio bonaerense y otro en Santa Fe, lo que da un total de 42 infecciones (41 hombres y una mujer) de la variante mpox en lo que va de 2024.

Tras el alerta emitido en la semana epidemiológica 33 (SE), aumentó la sensibilidad en el sistema de vigilancia al llegar a 180 notificaciones de casos sospechosos en las dos semanas posteriores (77% del total de notificaciones registradas durante el año hasta el momento), lo que permitió la detección de 29 de las 42 infecciones confirmadas.

Hasta el momento, en 17 de los casos confirmados se realizó identificación de clado en el Instituto Malbrán y todos correspondieron al clado II.

El informe sostiene que el promedio de edad es de 34 años, con un mínimo de 20 y un máximo de 49.

Las poblaciones más afectadas siguen siendo los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (70% de 27 casos que cuentan con datos para las variables epidemiológicas) y el principal factor de riesgo resulta el antecedente de relaciones sexuales con parejas nuevas múltiples y ocasionales.

De los 19 casos que cuentan con el dato referido a la condición de VIH, 14 registran coinfección con este virus.

Por su parte, en el 100% de los contagios que cuentan con datos sobre signos y síntomas se reportó la presencia de exantemas en diferentes localizaciones (incluyendo genitales, perianales, manos, rostro y torso), seguidos en frecuencia por fiebre y mialgias.

Fuente: telefenoticias.com.ar

El Gobierno oficializó hoy la declaración de “servicio esencial” a la actividad aérea, que había sido anunciada el viernes de la semana pasada, el mismo día en que los gremios aeronáuticos cumplían un paro por 24 horas.

Ante la oficialización de la medida, los gremios advirtieron que se presentarán ante la Justicia para revertir la situación y anticiparon que el conflicto que mantienen con Aerolíneas Argentinas en particular y el Gobierno en general, “se va a agravar”.

La medida se dispuso con la publicación en el Boletín Oficial a través dos decretos, 825 y 831 y establece que “conforme a las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) resulta legítimo requerir un servicio mínimo en aquellos que son de importancia trascendental para el país y/o en huelgas en sectores de alta importancia que por su duración o magnitud pueden producir daños irreversibles, poner en peligro la salud o la seguridad pública, o generar consecuencias graves para el país”.

Los decretos llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía).

En los considerandos se indica que “la interrupción del servicio público esencial de aeronáutica civil aerocomercial puede generar consecuencias graves” para el país, “amenazar la seguridad o salud de la población, afectar el suministro de insumos esenciales y dificultar la conectividad y el comercio local e internacional”. Advierten que “la afectación del referido servicio repercute en toda la cadena de valor del transporte aéreo y en las múltiples industrias que dependen de manera directa e indirecta de este medio de transporte de personas y mercancías para su normal desarrollo”.

Y sostiene que “con el fin de evitar daños y perjuicios a los usuarios y a los consumidores que sufren las consecuencias de los conflictos colectivos, así como a las actividades económicas que utilizan el servicio aerocomercial para su correcto funcionamiento, resulta necesario instrumentar un régimen de prestaciones mínimas que permitan garantizar un equilibrio en el goce de las libertades involucradas”.

La norma obliga a las partes a que, dentro de las 24 horas de notificada la comunicación “deberán ponerse de acuerdo sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto y las modalidades de su ejecución, señalando concreta y detalladamente la forma en que se ejecutarán las prestaciones, incluyendo la designación del personal involucrado”.

“Si una vez agotado dicho término el acuerdo no fuere posible o los servicios mínimos informados resultaren insuficientes, la determinación de las materias enumeradas precedentemente será efectivizada en el término de 48 horas por la Autoridad de Aplicación, que notificará e intimará a las partes a su cumplimiento”, continúa señalando los considerandos.

Y agrega que “en este supuesto se deberá tener en cuenta para la determinación de los servicios mínimos un porcentaje que en ningún caso podrá resultar inferior al 50% respecto de la actividad o prestación normal y regular de los servicios, con una escala gradual sobre la base de la duración y extensión acumulada del período de huelga y del conflicto colectivo de trabajo, garantizando la conectividad en las rutas que contaren con un solo servicio”.

Advierte que “cuando no hubiere acuerdo entre las partes o los servicios mínimos informados resultaren insuficientes, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar el asesoramiento, con carácter no vinculante, de la Comisión de Garantías prevista en el artículo 24 de la Ley N° 25.877, con el fin de determinar la modalidad y características en la ejecución de los servicios mínimos necesarios”.

La medida es rechazada por los gremios aeronáuticos, en particular por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), cuyo titular, Pablo Biró, sostuvo que irán a la Justicia contra la declaración como servicio esencial al sector aerocomercial.

“Es una medida ilegítima, ilegal, vamos a recurrir a Justicia local, a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El derecho de huelga es fundamental, solo puede estar regulado cuando estén en peligro bienes superiores, como la vida o la salud”, dijo Biró en Radio Mitre.

El sindicalista sostuvo que “el conflicto se va a agravar. Dicen que hacemos paros salvajes y encubiertos, pero es figura no existe. Un paro es un derecho de huelga, fundamental, único medio legítimo para defender nuestros intereses, en reclamo de aumentos salariales”, aseveró.

Fuente: telefenoticias.com.ar