Según fuentes vinculadas al Ministerio de Trabajo de Santa Fe, provincia donde, entre otras, opera la compañía, hasta el momento la firma habría avanzado con la desvinculación de aproximadamente 45 empleados mediante la firma de acuerdos mutuos.

Tras el anuncio, la Asociación de Supervisores y Técnicos de la Industria Aceitera y de Biodiésel de la República Argentina (Asiabra) solicitó una reunión con el Ministerio de Trabajo de la provincia. Se llevaron a cabo dos audiencias en las que, según indicaron fuentes vinculadas a la cartera provincial, el gremio “buscó que la empresa revise la decisión, pero desde la compañía habrían planteado que se trata de una medida tomada a nivel global y que no se va a poder revertir”. Indicaron que, a pesar de los esfuerzos en estas reuniones, no se lograron avances y los expedientes por el caso fueron cerrados. En paralelo, detallaron, la firma habría avanzado en la delegación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en Rosario con la firma de desvinculaciones de común acuerdo, es decir, no serían despidos. Según trascendió, hasta la fecha se concretaron unas 45 desvinculaciones, y estarían pendientes tres más. “Son mandos medios, supervisores y cargos jerárquicos. Algunos incluso están fuera de convenio”, detallaron.

Cargill tiene presencia en la Argentina con un equipo de aproximadamente 3000 personas distribuidas en establecimientos industriales, terminales portuarias, acopios y oficinas comerciales en más de 60 localidades de ocho provincias. En un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión como parte de un plan para fortalecer su competitividad y adaptarse a las nuevas demandas del mercado. La firma explicó que se trata de una estrategia de readecuación de recursos, con el objetivo de alinearlos a largo plazo con los desafíos del sector.

“Por casi 160 años, Cargill ha sido un conector clave del sistema alimentario global. A principios de este año, definimos una estrategia a largo plazo que continúa con ese legado, mientras mantenemos los valores y las fortalezas esenciales que han definido nuestro éxito desde el principio. Al mirar hacia el futuro, hemos trazado un plan claro para evolucionar y fortalecer nuestro portafolio, aprovechando las tendencias prometedoras que tenemos por delante, maximizando nuestra competitividad y, sobre todo, continuando con nuestro compromiso de cumplir con nuestros clientes”, señaló la compañía.

Cargill también explicó que la readecuación de talento y recursos es necesaria para alinear la empresa con su estrategia global, aunque reconoció que esta difícil decisión implica una reducción de su fuerza laboral global en un 5%. Esto representaría aproximadamente 8000 empleos de un total cercano a los 160.000 trabajadores en todo el mundo. “Nos apoyaremos en nuestro valor fundamental de poner a las personas en primer lugar mientras brindamos apoyo a nuestros colegas durante esta transición”, añadió la firma.

Cabe destacar que esta decisión se tomó en un contexto complejo para el sector agroindustrial, que enfrenta precios internacionales de granos que han tocado mínimos históricos, especialmente en el caso del maíz y la soja, que alcanzaron sus niveles más bajos en cuatro años.

LA NACION consultó a la empresa sobre el posible impacto de esta decisión en la Argentina, pero la compañía se negó a dar detalles adicionales. Entre las actividades que la empresa desarrolla en el país se destacan: la originación, procesamiento y comercialización de cereales y oleaginosas; la producción y comercialización de harinas proteicas, aceites vegetales y biodiésel; la molienda húmeda de maíz y la comercialización de ingredientes para la industria de alimentos. También se dedica a la producción y comercialización de alimentos y nutrientes para nutrición.

Fuente: Diario La Nación 

Esto ocurrió tras la publicación de la Resolución N° 273/2023 por parte de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), el 16 de noviembre de 2023. A su vez, el pasado 24 de septiembre se publicó la Resolución 326/24 de la CNTA que estableció un marco de categorías laborales, condiciones de trabajo y salarios mínimos para los trabajadores de esta actividad, garantizando un entorno más seguro y justo en un sector en crecimiento.

El presidente del RENATRE, Adrián Luna Vázquez, destacó que: “El Cáñamo Industrial como actividad rural abre una oportunidad para que los empleadores del sector registren a sus trabajadores, fortaleciendo el acceso a derechos y beneficios”. Esta normativa, que se incorpora a la Ley N° 27.669, que regula la investigación y producción del Cáñamo Industrial y el Cannabis para usos Medicinales, es clave para la formalización de esta industria emergente.

Además, José Voytenco, director del RENATRE, subrayó que “esta medida es trascendental porque pone de manifiesto que, donde haya una actividad emergente, el RENATRE estará presente para formalizar la situación laboral de los trabajadores y contribuir al crecimiento de esta industria, respetando tanto las condiciones salariales como los derechos de seguridad social en el ámbito rural».

La incorporación de este sector al ámbito del RENATRE fortalece la seguridad social de los trabajadores rurales, quienes, a partir de ahora, podrán acceder a beneficios como la Libreta de Trabajo Rural, la Prestación por Desempleo y diversas capacitaciones. Esta medida establece categorías laborales que van desde operarios generales hasta personal técnico especializado, con pautas claras sobre la jornada laboral, descansos y remuneración mínima acorde al trabajo realizado.

Esta regulación no solo beneficia a los trabajadores, sino que también impulsa el desarrollo de un sector agrícola sostenible. El RENATRE, a través de esta iniciativa, reafirma su compromiso con el trabajo digno en el sector rural, contribuyendo al crecimiento de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal en Argentina, dentro de un marco legal y protegido.

Ansiedad porque, más allá de medidas que le dieron un giro de 180 grados a la actividad, los productores aguardan el prometido fin de los derechos de exportación para todos los productos. “Las retenciones sí podrán ser eliminadas y ese es mi compromiso”, dijo el jefe de Estado en el acto inaugural de la última Exposición Rural de Palermo. Precisamente, eso es lo que se espera en el agro en algún momento. Milei lo había mencionado también en la campaña electoral.

Lo hecho hasta el momento por el Gobierno es abundante. Desde la Secretaría de Agricultura detallaron, ante una consulta de LA NACION, lo siguiente: la eliminación de los volúmenes de equilibrio que afecta la venta al exterior de trigo y maíz; la remoción definitiva, tras su caída el 31 de diciembre pasado, de la prohibición para exportar siete cortes populares de carne vacuna; la liberación, tras 22 años, del precio de la yerba que reciben los productores, medida que ha generado malestar no obstante en el sector y un conflicto por estos días en Misiones por los bajos valores cobrados; la derogación de 160 normativas por parte del Senasa y 63 de la Secretaría de Agricultura; la simplificación, mediante una resolución del Senasa, que acepta equivalencias de otros países para sustancias activas de fitosanitarios; la reducción de aranceles a la importación de equipos de riego y sus principales componentes y la baja de aranceles para la importación de fertilizantes y herbicidas. En el Gobierno también consignan, entre otras medidas, la autorización para la vacuna bivalente en la aftosa [en lugar de exclusivamente tetravalentes], paso que, sin embargo, según pudo saber este medio, todavía en términos técnicos llevará un tiempo más. En materia ganadera se impulsó como cambio histórico la trazabilidad individual electrónica para que desde el 1° de marzo próximo se avance con un chipeo que deje atrás el actual sistema analógico. Al 1° de julio de 2026 todo el rodeo deberá tener la trazabilidad electrónica. Todo ese primer proceso lo pagará el Estado con un crédito del Banco Mundial. Luego lo deberán solventar los productores.

Por otra parte, las autoridades bajaron de cinco a dos las declaraciones juradas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y también avanzaron con la eliminación definitiva de las retenciones a la carne porcina, a los lácteos y hubo rebajas para la carne aviar y bovina, además de la quita total para el producto que viene de categorías de vacas A, B, C, D y E.

En la agenda de los productores sigue estando, no obstante, el reclamo para que se quiten todas las retenciones. Para recordar, apenas asumió, con la primera versión de la Ley Bases el gobierno de Milei impulsaba una suba de los derechos de exportación, algo que frenó la presión del agro. En cuando a mercados, desde Agricultura destacaron que se alcanzaron más de 60 aperturas o reaperturas para productos.

“Se cumple un año de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, un hecho que marcó un quiebre en la política argentina con su promesa de cambios profundos y un mensaje contundente contra la corrupción, el despilfarro estatal y las restricciones a las libertades individuales. Desde CRA hemos seguido de cerca este proceso, analizando las políticas aplicadas y sus efectos en el sector agropecuario, la economía y el interior productivo”, señaló Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Añadió: “Seguiremos afirmando que las retenciones siguen siendo una de las principales cargas que asfixian al sector agropecuario y frenan su potencial de desarrollo. Desde CRA hemos manifestado nuestro enérgico rechazo a este impuesto injusto y distorsivo. Si bien valoramos la eliminación de retenciones en sectores como la lechería y algunas medidas relacionadas con la cadena de la carne, consideramos que aún falta avanzar hacia su eliminación total y definitiva para todos los productos agropecuarios”.

En opinión de Castagnani, una medida que generó preocupación es la obligatoriedad del chipeo del rodeo vacuno. “Consideramos que esta exigencia implica un costo adicional para los productores, especialmente los pequeños y medianos, y no soluciona los problemas estructurales que enfrenta la cadena cárnica. Desde CRA rechazamos esta imposición y solicitamos soluciones que no perjudiquen al productor”, dijo. “Reconocemos que ha habido avances en algunos aspectos, como la simplificación de trámites y la implementación de incentivos puntuales para la producción lechera y algunas economías regionales; faltan medidas estructurales. Necesitamos una política más integral que contemple a todas las cadenas productivas y promueva el desarrollo de las economías regionales”, señaló Castagnani. “Las promesas de reforma tributaria integral no se han cumplido en este primer año, y la presión fiscal sigue siendo insostenible. No puede haber desarrollo sin un esquema fiscal que deje de castigar al campo y a quienes invierten en generar riqueza”, apuntó.

Para Castagnani, el Gobierno “asumió con la promesa de impulsar un país verdaderamente federal, pero las economías regionales siguen enfrentando desafíos históricos como el costo logístico, la falta de infraestructura y el acceso al crédito”. “Solicitamos al Gobierno que abandone las medidas que asfixian al campo, como las retenciones y el chipeo obligatorio, y profundice las iniciativas que permitan liberar el potencial productivo del agro argentino”, señaló.

Más voces

Para Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), tras el primer año de Milei en el poder “hay varios temas que aún están pendientes”.

Apuntó: “Principalmente pensar y diagramar una política para el sector que sea a mediano y largo plazo, que otorgue previsibilidad al productor al momento de definir sus estrategias productivas y que generen arraigo y desarrollo. Básicamente podemos ver algunas señales como ser que a fin de año se elimine el impuesto PAIS y repercuta en la baja de precios a los insumos y algunas bajas de DEX [derechos de exportación] en carnes”.

Andrea Sarnari: “Con urgencia el sector necesita la reducción en la alta carga fiscal; las retenciones en las exportaciones, principalmente de trigo, soja y maíz siguen siendo un gran problema a la hora de pensarse como productores competitivos y con proyección”FAA

Según dijo, “con urgencia el sector necesita la reducción en la alta carga fiscal; las retenciones en las exportaciones, principalmente de trigo, soja y maíz siguen siendo un gran problema a la hora de pensarse como productores competitivos y con proyección”.

“Hemos aportado 22 años de manera ininterrumpida con derechos de exportación, es hora que nos saquen semejante carga distorsiva”, pidió Sarnari. Para la presidenta de FAA, otros aspectos pendientes y que deben ser políticas a mediano y largo plazo son “la oferta de créditos accesibles y pensados en los ciclos productivos y la necesidad de obra pública en materia de rutas, caminos y trenes”. Señaló que esto es clave no solo para sacar la producción sino para mejorar las condiciones de vida de quienes producen en el interior.

En este marco, para Ernesto Ambrosetti, economista, si bien los logros alcanzados por el Gobierno son muy loables desde el punto de vista macroeconómico, el negocio agropecuario se ve fuertemente afectado por la “agobiante carga tributaria”, especialmente, dijo, por los derechos de exportación que “sesgan la capacidad de inversión y con ella una mayor productividad”.

“En el corto plazo reducir y/o eliminar los mismos es un promesa que debe ser cumplida, estableciendo un cronograma de reducción hasta su eliminación. Esta medida dinamizará la economía, generará nuevos empleos y otorgará más divisas al país”, expresó.

Añadió: “El negocio agropecuario requiere también de profundas mejoras en la infraestructura de transporte, impulsar una política intermodal que brinde eficiencia, eficacia y economía, aumentando la competencia entre el ferrocarril, el transporte por carretera y la hidrovía. Por otra parte profundizar la desregulación y una mayor apertura económica inteligente reducirá los costos de producción y comercialización, mejorando el acceso a tecnología de punta que nos brindará mayor productividad”.

En opinión de Ambrosetti, el nuevo posicionamiento del país en el concierto mundial de naciones reposicionará a la Argentina como proveedor de alimentos y energías renovables al mundo, pero es fundamental la reducción de la presión impositiva y la mejora de infraestructura y minimizar riesgos.

El economista analizó que, como la política cambiaria tiende a igualar al dólar de exportación al valor del dólar oficial, es relevante que la mejora de competitividad venga por la disminución de la carga tributaria, la mejora de infraestructura, una mayor desregulación y la apertura económica.

Para Teo Zorraquín, consultor, entre los aspectos positivos del primer año del gobierno de Milei haber empezado a ordenar la macroeconomía es un “valor”.

“La baja de la inflación, la baja del riesgo país, el superávit financiero, es lo que ordenó, lo que despejó la neblina en la Argentina y lo que permite que ahora todos nos veamos las caras y empecemos a jugar en una cancha más despejada. No libre de riesgos, pero más despejada. Otro punto a favor es que no hay ninguna restricción respecto a conseguir insumos, que el año pasado era una amenaza conseguir una cubierta, una herbicida, etc”, señaló.

Según Zorraquín, con la baja del riesgo país empezó a aparecer financiamiento bancario y comercial. “Todavía a tasas que no son demasiado adecuadas, pero apareció el financiamiento y los bancos llaman para ofrecer crédito cuando antes había que salir a pedirlo”, comparó.

Teo Zorraquin: “La baja de la inflación, la baja del riesgo país, el superávit financiero, es lo que ordenó, lo que despejó la neblina en la Argentina y lo que permite que ahora todos nos veamos las caras y empecemos a jugar en una cancha más despejada. No libre de riesgos, pero más despejada»

Respecto de las retenciones, para el consultor, el hecho de no haber tocado los derechos de exportación en los granos es “claramente el debe”. Esto siendo que hay una combinación de bajos precios internacionales con márgenes que “hoy están muy acotados”.

Para el experto, si bien el Gobierno dice que no hay un atraso cambiario, si esto se mide como los costos de lo que se expresa en pesos, sí hay un impacto. “Salarios en dólares, labores en dólares, fletes en dólares, empiezan a generar un desequilibrio que en principio el Gobierno dice que lo va a compensar con baja de impuestos; eso está en el debe; está todavía en las cosas que se deben”, concluyó.

Fuente: Diario La Nación