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Lifschitz inauguró en Santo Tomé, el predio de la Agencia de Bienes Decomisados

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Se trata de un espacio con depósito cerrado de 5 mil metros cuadrados, al cual se derivan los bienes secuestrados por la Justicia Penal para su conservación y disposición.

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró este martes en Santo Tomé, el predio de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Se trata de un espacio con depósito cerrado de 5 mil metros cuadrados, al cual se derivan los bienes secuestrados por la Justicia Penal para su conservación y disposición. Allí se concentran todos los efectos incautados en el centro norte de la provincia, tal como se hace en el sur santafesino, en la localidad de Alvear.

«Este es un nuevo paso adelante que damos en materia de Justicia, de reparación del daño que producen las organizaciones delictivas en la sociedad en general y en las víctimas directas en particular», dijo el gobernador.

«Estas instalaciones serán útiles para preservar adecuadamente los bienes decomisados a organizaciones delictivas, para que mantengan su valor y posteriormente, en subastas públicas y transparentes, podamos recuperar en parte el valor de lo secuestrado. Al devolverlos a la sociedad, a las propias víctimas, a instituciones de bien público u organismos que realizan tareas de servicio social, generamos un concepto avanzado de justicia restaurativa: ya no solamente lo que nos exigen los ciudadanos, que es detener y sancionar penalmente a los responsables de delitos, encarcelarlos y que cumplan su pena, sino resarcir a las víctimas y a la sociedad en su conjunto del daño producido por los delincuentes y organizaciones delictivas».

«Este paso adelante que damos es trascendente, muy importante. Y Lo hicimos de la manera correcta. Primero con los instrumentos jurídicos que nos den solidez para llevar adelante los procedimientos, en este caso a través de una ley sancionada de manera unánime por la Legislatura y, por otro lado, un proyecto bien planteado y ejecutado que permite tener resultados», dijo el gobernador.

«Vamos a seguir avanzando, porque la lucha contra el delito y la violencia es multidimencional. Por supuesto que a veces rinde más anunciar medidas efectistas, de corto plazo, porque eso genera un impacto mediático, pero eso no cambia la realidad, eso se consigue con políticas de fondo, estructurales, de largo plazo, con políticas de Estado, con acciones efectivas y eso es lo que estamos haciendo en la provincia», concluyó Lifschitz.

POLÍTICA PÚBLICA
El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, recordó que “hace tiempo, por orden y pedido del gobernador Lifschitz, avanzamos en el desmantelamiento de las principales organizaciones criminales que teníamos en la provincia. Trabajamos fuertemente en investigaciones colaborando con el Ministerio Público de la Acusación y con los fiscales federales para que aquellos delincuentes que se creían con impunidad en Santa Fe hoy estén bajo las rejas”.

En ese sentido, el ministro indicó que “entendimos que no solo teníamos que meterlos presos, teníamos que ir tras sus bienes como una política pública de la provincia de Santa Fe y así llegamos a la Agencia, a la primera subasta; así llegamos al primer depósito y ahora con el segundo depósito y otra subasta. El mensaje político es muy claro: vamos a ir contra las organizaciones criminales, vamos a detener a los delincuentes y les vamos a sacar sus bienes para que pierdan capacidad económica y logística”.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, aseguró que “hay dos maneras de hacer política y dos maneras de hacer gestión: están los que dicen que van a hacer y hacen como que hacen, y están los que hacen y es importante saberlos diferenciar. Cuando se habla de seguridad hay que tener en cuenta que desde que empezó la gestión del Frente Progresista hay cinco veces más fiscales generales, tres veces más jueces penales, una policía muchísimo más organizada con más allanamientos y detención de jefes de organizaciones criminales”.

“Lo que vemos hoy es un modo de hacer política. Lo que estamos viendo acá es una gestión pública y concreta que se puede hacer porque hay una decisión política del gobernador de hacerlo y no solo del Frente Progresista sino de todos los partidos, en un trabajo de consenso político”, concluyó.

DECISIÓN POLÍTICA DE AVANZAR
El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, aseveró que “para nosotros no es una inauguración más. Este galpón nos muestra el camino para llevar adelante la lucha contra el crimen organizado”.

Tal como lo relató, “en la provincia de Santa Fe fuimos ejemplo a nivel país: lo que se está debatiendo a nivel nacional, luego de un gran consenso político de todas las fuerzas de ambas Cámaras legislativas y el Mensaje que envió el gobernador, logramos sancionarlo como Ley. Pero luego tuvimos que implementarlo y ahí empezamos a planificar con Fiscalía, con el Ministerio de Seguridad y así llegamos a la inauguración de este predio”.

Figueroa Escauriza recordó que “a medida que pensar en la implementación de estas políticas públicas contra el crimen organizado empezamos a sentir la resistencia de sectores políticos y abogados de criminales que nos quisieron frenar pero la decisión política fue seguir avanzando”.

Por su parte, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, aseguró que “desde el Poder Judicial, la puesta en funcionamiento de este galpón para el cuidado de los vehículos significa un hecho importante desde el diseño de políticas”.

“Es muy importante empezar a pensar en términos del diseño de políticas y esto es muy útil porque nos sirve para que los vehículos secuestrado sean debidamente administrados para ser subastados en condiciones adecuadas. Quienes trabajamos desde hace tiempo en el sistema penal sabemos que la mayoría de los vehículos quedaban deteriorados por el paso del tiempo y se perdía su valor”, destacó.

Por último calificó como “sobresaliente empezar a pensar en una línea y estructuras que esperemos, sean perdurables. Como ciudadano de la provincia de Santa Fe estoy sumamente satisfecho de que esto se pueda instrumentar adecuadamente”, dijo Baclini.

PRESENTES
Estuvieron también, el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; el fiscal de Estado, Pablo Saccone; el senador departamental Miguel González; los diputados provinciales Clara García, Jorge Henn, Julio Garibaldi, María Victoria Tejeda y Fabián Palo Oliver; la intendente de Santo Tomé, Daniela Qüesta; el asesor de Gabinete, Juan Carlos Zabalza; los secretarios de Derechos Humanos, Marcelo Trucco, de Coordinación de Gabinete y de Articulación con el Poder Judicial, Pablo Cococioni; y de Seguridad Comunitaria, Ángel Ruani; y el subsecretario de Registros, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, Hernán Matich, entre otras autoridades.

APRAD
El organismo fue creado por ley a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo y comenzó a funcionar, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, en 2018.

De este modo, Santa Fe es pionera a nivel nacional en cuanto a la disposición, reutilización y venta de bienes muebles e inmuebles provenientes del delito que ya lleva recaudados $ 4.045.000 solo por el remate de vehículos incautados a bandas criminales. A esto se agrega la compactación de desarmaderos ilegales, la donación de piezas a escuelas técnicas y la recuperación de propiedades valuadas en dos millones de pesos.

Lo novedoso de esta política pública, sin precedentes en la Argentina, es que los fondos obtenidos son destinados a fines sociales, culturales y deportivos en beneficio de toda la comunidad.

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Detectan certificados de salud apócrifos y sancionan a empleados públicos

Actualmente, se tramitan los sumarios correspondientes y, en algunos casos, los empleados implicados ya no forman parte de la administración pública.

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La Secretaría de Función Pública, en coordinación con la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores, detectó la presentación de certificados de salud apócrifos. La falsedad de los documentos fue constatada por los propios profesionales médicos que figuraban como emisores. Actualmente, se tramitan los sumarios correspondientes y, en algunos casos, los empleados implicados ya no forman parte de la administración pública.

Hasta el momento, la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores identificó 11 casos, en el marco de un trabajo conjunto con la Secretaría de Función Pública. Los agentes involucrados pertenecen al Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, y al Iapos. En este último organismo, la empleada denunciada presentó su renuncia tras conocerse la irregularidad.

El procedimiento de detección comienza con los controles habituales que realiza la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores. Allí, se cita a los médicos consignados en los certificados para verificar su autenticidad. Una vez confirmada la falsedad, la Secretaría de Función Pública instruye a las asesorías jurídicas de cada dependencia a iniciar los sumarios correspondientes.

“Estas medidas son producto de los controles que desde el Estado se están realizando para reducir el ausentismo”, resaltó la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario.

La funcionaria destacó además que se está trabajando en la transformación de los controles que, procurando el resguardo de la salud de los trabajadores, permita brindar un servicio eficiente a la comunidad sin sobrecargar aquellos sectores de la administración pública que se vean afectados por un elevado porcentaje de ausentismo.

Estatuto General del Personal de la Administración Pública

La Ley 8529 -Estatuto General del Personal de la Administración Pública- establece los derechos, deberes y prohibiciones de los empleados estatales. De acuerdo con el artículo 50, las sanciones pueden ser apercibimiento, suspensión, cesantía o exoneración, según la gravedad de la falta y su reiteración.

En el caso del Ministerio de Obras Públicas, el sumario ya determinó la suspensión del agente que presentó el certificado falso. Los demás expedientes continúan en trámite en cada organismo.

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Microtráfico: derribaron el cuarto búnker de drogas en Frontera

Fue este jueves en calle 96, entre calles 9 y 11. En el lugar, en el que no vivía ninguna familia, era utilizado exclusivamente para la venta y consumo de estupefacientes y estaba relacionado a homicidios recientes. La medida se enmarca en las acciones del Gobierno Provincial para desactivar puntos de narcomenudeo en barrios vulnerables.

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El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisó este jueves el derribo de un puesto de venta de estupefacientes en calle 96, entre calle 9 y 11, en la ciudad de Frontera. En el lugar no vivía ninguna familia sino que era utilizado exclusivamente para la venta y consumo de estupefacientes.

La medida fue dispuesta por la Justicia en el marco de una causa por microtráfico priorizada por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, que encabeza Franco Carbone; y solicitada por el fiscal Carlos Vottero, quienes estuvieron presentes en el lugar junto a la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; y al subsecretario de Análisis Criminal de la provincia, Sebastián Montenotte, entre otros funcionarios.

Política de Estado

Al respecto, Montenotte destacó que este operativo “es el cuarto derribo en la ciudad de Frontera, en el marco de una política de Estado que tiene que ver con el trabajo mancomunado, entre el MPA, el Ministerio de Seguridad, la PDI y las fuerzas de seguridad; y que contó con acompañamiento Legislativo” cuando se sancionó la ley de Microtráfico en la provincia, que prevé “la desafectación de los inmuebles que se usan como puntos de venta de estupefacientes”.

En cuanto al domicilio derribado, explicó que “en una audiencia que se llevó adelante el miércoles, a cargo de la fiscal Fabiana Bertero, se pidió destruir este inmueble donde se comercializaban drogas”. Este punto de venta fue allanado cuatro veces y ha generado no solo delitos de comercialización de estupefacientes, sino también varios homicidios. “Además, no tenía condiciones de habitabilidad y las veces que estuvimos presentes haciendo el reconocimiento previo, vimos que había sido usado como lugar para venta”, concluyó Montenotte.

Narcomenudeo

La inactivación de estos puntos de venta forma parte de las medidas contempladas en la Ley de Microtráfico, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial. Esta normativa establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos vinculados al “narcomenudeo”, que antes eran competencia exclusiva de la Justicia Federal.

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Vialidad Nacional realiza bacheos de transitabilidad sobre RN 33 entre Zavalla y Casilda

Vialidad Nacional, con personal y equipos del 7º Distrito Santa Fe, ejecuta esta semana trabajos de transitabilidad en la Ruta Nacional 33, entre Zavalla, Pujato y Casilda.

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Los procedimientos de bacheo preventivo incluyen el fresado de los desprendimientos y deformaciones de la calzada, el riego con emulsión asfáltica y la colocación de concreto asfáltico caliente para su compactación. Durante las intervenciones se produce la reducción de un carril, con paso alternado de a una mano por vez. Colabora en el ordenamiento de la circulación la comuna de Pujato.

El mantenimiento sobre RN 33 se integra a similares tareas en ejecución sobre RN 178, también concretadas con personal y equipos de Vialidad Nacional.

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