El juez Fabián Lorenzini, a cargo desde febrero de 2020 del concurso de la cerealera Vicentin y que en el último tiempo condujo un proceso de cramdown de la firma, resolvió este jueves otorgarle a Grassi SA, dedicada al corretaje de granos y una empresa rosarina con más de un siglo en el rubro, el control de la agroexportadora. En una sentencia de 52 páginas, el magistrado fijó las condiciones que deberá seguir este nuevo dueño. Es el último paso en un proceso de casi seis años por el que atravesó la compañía que fue top five del negocio. Podría, no obstante, presentarse alguna apelación, según fuentes al tanto del expediente, de parte de quienes impugnaron en su momento a Grassi.

En su definición, además de rechazar diversas impugnaciones, Lorenzini estableció “homologar el acuerdo concordatario ofrecido por Grassi SA en el marco del presente proceso de salvataje, disponiendo la transferencia total de las acciones de la sociedad concursada Vicentin SAIC a la sociedad oferente, previo levantamiento de la inhibición concursal, al solo efecto de su realización”.

Además dispuso “establecer la ejecución inmediata del acuerdo ofrecido a los acreedores, a cuyos fines la sociedad oferente Grassi SA deberá presentar dentro de los 3 (TRES) días posteriores a la notificación de esta sentencia ministerio legis, un cronograma detallado estableciendo las fechas de cumplimiento de los pagos, y demás cuestiones relacionadas con la ejecución del acuerdo, en todos sus términos, sin perjuicio de las condiciones establecidas para los acreedores que no hubieran optado por alguna propuesta en particular».

Vicentin, cuyo origen se remonta a los años 20 en Avellaneda, Santa Fe, con un negocio de acopio y ramos generales de integrantes de la familia homónima, cayó en default en diciembre de 2019 tras denunciar un “estrés financiero”. En ese momento estaba en el top five de la exportación de granos. Tras ese cimbronazo, en febrero de 2020 se presentó formalmente a concurso de acreedores, que recayó en el juez Lorenzini. La caída sobrevino con un pasivo superior a una cifra impactante y el mayor de la historia en este proceso: más de US$1500 millones.

Lo que pasó después de ese default fue una montaña rusa para la cerealera: en junio de 2020, en plena pandemia, el gobierno de Alberto Fernández ordenó expropiar la empresa, reclamando en el medio una acreencia de US$300 millones del Banco Nación. La avanzada de Fernández, que había designado incluso como fugaces interventores a Gabriel Delgado y Luciano Zarich, fue frenada por movilizaciones que se registraron en distintos lugares del país en contra de lo que se consideró un atropello a la propiedad privada. En el interin, ejecutivos de la cerealera quedaron bajo investigación de otras esferas judiciales por su manejo de la empresa.

Un punto no menor en todo este tiempo es que la cerealera recurrió a contratos a fasón para terceros como una forma de seguir activa y pagar los sueldos de más de 1000 empleados tanto de establecimientos ubicados en el sur como en el norte de Santa Fe.

Para tratar de salir a flote y hacer una oferta a los acreedores, Vicentin sumó en su momento como interesados estratégicos a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Bunge-Viterra. Presentó un plan de pago de las acreencias que, no obstante, Lorenzini rechazó. El caso estuvo en diversas cámaras hasta que la misma Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino, rechazó la homologación y devolvió el caso al juez. Este, que ya había ordenado un cramdown, proceso para que se presente cualquier tercero interesado, retomó el control y siguió con el cramdown.

Este último paso fue una disputa fuerte por el voto de los acreedores entre Grassi SA y la dupla Molinos Agro-Louis Dreyfus Company. Grassi, que fue la primera en llegar con una oferta de mayoría de cápitas [66%] y capital [85%], indicó en un comunicado tras la sentencia de Lorenzini: “Nuestro grupo empresario, de más de 137 años de trayectoria en el agro argentino, ha quedado formalmente confirmado y asume la conducción de la empresa”. La firma pasaría a llamarse la Nueva Vicentin Argentina.

Agregó: “Encaramos este desafío con una profunda convicción, con gran entusiasmo y con una absoluta confianza en nuestra experiencia, en la capacidad de nuestra gente y de todos los valiosos recursos humanos que hoy conserva Vicentin, y en la envergadura y capacidad de los socios comerciales que nos han acompañado para consolidar este plan de trabajo y que nos acompañarán en la gestión que comienza. Estamos comprometidos para liderar esta etapa de la Nueva Vicentin, con transparencia, profesionalismo y con una visión de largo plazo».

La cara visible hoy de Grassi es Mariano Grassi, que está al frente de la corredora de granos. El corredor de granos es una figura que interviene en el negocio entre productores y, por ejemplo, exportadores. En el caso de Grassi, es líder del negocio en soja. La compañía intermedia unos cinco millones de toneladas.

La situación de la cerealera Vicentin se había tornado alarmante en el último tiempo mientras se dilataba la definición. En agosto pasado, por ejemplo, se conoció que enfrentaba un patrimonio negativo de US$1000 millones.

En este marco, el juez dispuso la creación de un comité de control que estará formado por el Banco Nación y la Asociación de Cooperativas Argentinas. La Sindicatura, por su parte, deberá elaborar un listado de 10 acreedores, señaló el magistrado, en condiciones de ser elegidos para integrar el comité.

Fuente: Diario La Nacion

Tras un año intenso, en el que el gobierno de Javier Milei buscó avanzar con despidos y una transformación estructural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), lo que derivó en protestas gremiales, presentaciones judiciales y una medida cautelar que frenó parcialmente los cambios impulsados por las autoridades, se conoció la cantidad de tierras que buscará prescindir del organismo. En el argumento que plantea el Ejecutivo es que “insistir en un modelo de hace 70 años no solo es más costoso”, sino más lento e ineficiente. Este jueves y viernes se llevarán adelante reuniones con el Consejo Directivo, además, el próximo lunes habrá un encuentro con los integrantes de la Mesa de Enlace.

Antes de que termine el año, los representantes del Gobierno, estos son Nicolás Bronzovich, presidente, y Carlos Alberto Vera, vicepresidente, pondrán sobre la mesa una medida de alto impacto patrimonial. Se trata de la “desafectación” de 33.836 hectáreas que, según una auditoría oficial, se encuentran actualmente “en desuso”. Según se detalló en un documento al que tuvo acceso LA NACION, los campos en cuestión han sido “debidamente analizados y se encuentran sin utilidad para fines de experimentación, además de reunir las condiciones dominiales necesarias para proceder a su desafectación”.

Con el argumento de que el INTA ha sufrido “altos niveles de ineficiencia” y una “mala administración de los recursos públicos”, el documento detalló que se han detectado aproximadamente 42.000 hectáreas, que se encuentran actualmente en “desuso”, sin destino a actividades de experimentación ni de producción.

Es de ese total que el Ejecutivo propone avanzar sobre las casi 34.000 hectáreas que “ya cuentan con las condiciones dominiales necesarias para su desafectación” y que han sido analizadas junto a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Además se instruirá al Director General de Administración para que continúe relevando otros bienes muebles e inmuebles innecesarios para las funciones sustantivas del organismo.

En ese sentido se menciona que las 33.836 hectáreas a desafectar, las cuales están distribuidas en siete establecimientos de distintas provincias, el lote más grande corresponde a un campo en Chubut, seguido de importantes extensiones en La Rioja y Santiago del Estero.

En el caso de Chubut, figura el Campo Río Mayo (EEA Chubut): es la mayor extensión que se sacará, con 9850 hectáreas. El predio está ubicado sobre la ruta nacional 40. En el caso de La Rioja, (EEA Chamical) se trata de 8402 hectáreas ubicadas en el paraje Los Cerrillos, sobre la ruta nacional 79. El documento lo describe como un campo para explotación ganadera.

Mientras que en Santiago del Estero, en Ing. Agr. Francisco Cantos son 7476 hectáreas pertenecientes a la Estación Experimental de Santiago del Estero. Señalaron que el predio cuenta con canales de riego y aptitud para horticultura y ganadería. Por otra parte, en el Chaco se detalla el Campo Gral. Obligado (EEA Colonia Benítez): una superficie aproximada de 3440 hectáreas en la localidad de General Donovan.

En otra línea, observaron que en Río Negro, en Reserva Forestal Loma del Medio (EEA Bariloche) se desafectarán 2413 hectáreas en la zona de El Bolsón. El informe indicó que se trata de una reserva forestal con extracción maderera y explotación turística. En el caso de Misiones, en el campo Manuel Belgrano (EEA Montecarlo), son 2240 hectáreas ubicadas en San Antonio, sobre la ruta nacional 101.

Y en La Pampa, en General Pico, en la (EEA Anguil Covas), el predio más pequeño de la lista figura con 15 hectáreas a desafectar. Adicionalmente el documento también precisó un octavo inmueble: el Campo Rufino Mir (EEA Pergamino) en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, este predio de 162 hectáreas aún presenta diferencias en los registros con la AABE, por lo que su situación sigue “en estudio”. En todos los casos, la AABE será el encargado de administrar y eventualmente vender o disponer los bienes.

El informe también puso como ejemplo que a los gastos fijos que el INTA debe afrontar en concepto de servicios y mantenimiento de las 293 Agencias de Extensión Rural en todo el país hay que añadirle el costo de alquiler del 12% de ellas. De las cuales, el 65% funcionan con menos de cuatro personas, y de ese porcentaje, el 18% operan como oficinas privadas de una sola persona, quienes cobran como jefes de agencia sin tener personal a cargo.

Estaciones Experimentales

Además de la venta de tierras, el plan oficial contempla una “evaluación y racionalización” drástica de las Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA), que actualmente suman 52 en todo el país. La propuesta de máxima es reducir esa estructura a menos de la mitad, estableciendo como criterio general “mantener una Estación Experimental por cada una de las 23 provincias”, bajo el argumento de adecuar la organización a las necesidades reales de investigación e innovación.

La letra chica del documento indica que será el Consejo Directivo quien defina cuáles de las actuales sedes continuarán operativas y qué perfil productivo asumirán. Si bien la regla es una por provincia, el texto deja una puerta abierta a la flexibilidad, permitiendo determinar “la permanencia de dos EEA en aquellas jurisdicciones que por sus particularidades productivas o ambientales así lo justifiquen”. El objetivo numérico final se estima en “a definir 23” estaciones.

Un caso que parece ya sentenciado es el de la estación ubicada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El documento incluyó explícitamente en el punteo la decisión de “Derogar Estación Experimental AMBA”, y señaló que esta medida ya cuenta con el visto bueno administrativo al haber sido “Aprobado por Acta N° 600”. Esta reestructuración se ampara en una interpretación de la Ley 13.254, que busca un sistema “coherente, eficiente y alineado con las líneas estratégicas”.

Fuente: Diario La Nación

Desesperados, empezaron a contactarse con las autoridades para buscar una solución a la crisis de seguridad rural.

Alertaron que el campo se convirtió en una “zona liberada”, con mínima presencia policial. Apuntaron a la inacción de municipios, la provincia y la Justicia.

Luis Emilio Orquín, delegado de la Sociedad Rural de la Quinta Región y miembro de la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract, sostuvo que “no solamente se roba hacienda en pie, sino que se faena en el campo o se cortan partes, por ejemplo, las extremidades y se llevan eso nada más. En otros casos dejan solo la cabeza”.

Según Orquín, la logística de los delincuentes varía desde camionetas hasta bicicletas y aprovechan las horas de descanso de los productores para actuar con total impunidad. “Cortan los alambres y se meten a los campos. Eso te habla de la desidia de los gobiernos municipales, provinciales, de la Justicia que mira para otro lado y la policía, con más razón”, sentenció.

La comercialización de lo robado es, según Orquín, uno de los puntos más polémicos del problema, ya que tienen un sistema de “delivery de carne robada” que se promociona en las redes sociales y a precios bajos, sin controles sanitarios. “Es uno de los temas más sencillos de controlar a través de bromatología de las municipalidades, pero se ha hecho tan habitual y tan buen negocio que sigue creciendo», explicó. Para el productor, esta situación compromete seriamente la seguridad de los trabajadores rurales y sus bienes, en un contexto donde los funcionarios han hecho “la vista gorda”.

El productor propone medidas básicas como cámaras y puestos móviles en las entradas y salidas de los pueblos, ya que patrullar toda la provincia es imposible, pero controlar la venta en carnicerías y casas particulares sí es viable.

Daniel Casella, presidente de la Sociedad Rural de Río V, coincidió que la inseguridad rural ha escalado estrepitosamente en los últimos tres meses. En este contexto, el dirigente se quejó de que la burocracia del sistema desalienta a los productores a denunciar: “Es un trámite muy engorroso; tienen a los productores esperando mucho tiempo en las comisarías, y las denuncias electrónicas muchas veces terminan en vía muerta, sin movimiento real en los juzgados”.

La propuesta de las entidades es concreta: la creación de una fiscalía agropecuaria específica que entienda la dinámica del delito rural y agilice los procesos. Casella señaló que, aunque existe la patrulla rural, las extensiones de terreno son inabarcables para los escasos recursos actuales.

No obstante, contó que la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, se comprometió a incorporar 20 nuevos móviles en marzo próximo. Estos refuerzos serían vitales para patrullar los caminos y controlar no solo el robo de hacienda, sino también el tránsito de fitosanitarios y la faena clandestina en zonas calientes.

Un relevamiento a ojo que hicieron contabilizó más de 30 productores afectados directamente por las faenas. Solo el fin de semana faenaron cuatro animales en una propiedad al sur de la provincia, y tres yeguas en otra al mismo tiempo. La situación en los límites provinciales, como con Córdoba, es igual de crítica.

Casella contó que esperan una respuesta de parte del gobernador Claudio Poggi a quien le pidieron una audiencia para tratar este problema. Insistió en que la única salida es el trabajo mancomunado: “Es vital coordinar una mesa entre el Ministerio de Seguridad, Producción, la Justicia y las rurales para aceitar los mecanismos”. Mientras aguardan esa definición, la ministra derivó la gestión operativa a comisarios e inspectores locales.

Ariel Ayello, un productor agrícola, contó que en su caso le han robado agroquímicos y parte de la infraestructura del campo: “Alquilé todo, ya no tengo hacienda, pero igual me han robado cereal, pantallas de boyero y agroquímicos”. Para Ayello, “no hay una política de Estado provincial para prevenir. No hay infraestructura, ni móviles, ni comunicación, ni personal idóneo. En resumidas cuentas, al Ejecutivo provincial no le preocupa el tema”.

Ignacio Roca (55), vicepresidente de la Sociedad Rural de Río V en Villa Mercedes, vivió el drama en carne propia en su campo sobre la exruta 7. “Me robaron cuatro animales en menos de tres meses. Es un problema totalmente descontrolado”, denunció. Roca detalló que en su último episodio le faenaron dos vacas, lo que representó una pérdida de 2,8 millones de pesos, acumulando $5 millones en lo que va del año. “En los últimos tres meses faenaron más de 20 animales cerca de Villa Mercedes, incluyendo caballos, novillos y vacas”, agregó.

A pesar de las reuniones de alto nivel, las soluciones no llegan. “Dicen que detienen a los delincuentes, pero los largan al día siguiente. Hemos tenido casos a lo largo y ancho de la provincia, incluso en Justo Daract y el problema es generalizado”, aseguró. Roca, tercera generación de productores, dijo que, si bien siempre existió el abigeato, la situación actual es desoladora. “Cuando ves el campo con el alambre roto y los animales faenados te da una sensación de desazón. Uno invierte, trata de producir y te encontrás con estas cosas que te desalientan”, analizó.

Desde el gobierno provincial relativizaron el problema y aseguraron que no se registra un aumento real de denuncias. Según indicaron a LA NACION, las estadísticas oficiales muestran que las denuncias se mantienen en niveles similares a los de los últimos diez años. En ese marco, señalaron que la ministra de Seguridad recibió personalmente a representantes de la Sociedad Rural de Río Quinto y que también mantuvo contactos con autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), en la zona de Córdoba.

Si bien remarcaron que respetan las declaraciones de los dirigentes rurales, insistieron en que, desde el punto de vista estadístico, no se observa un crecimiento en las denuncias ni en los hechos delictivos.

Fuente: Diario La Nación