Un pedido de acceso a la información pública reveló el complejo entramado administrativo, técnico y regulatorio que rodeó el intento de habilitar una nueva vacuna contra la fiebre aftosa en la Argentina. Los recursos administrativos cruzados entre empresas del sector, obligaron al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a ordenar y exponer documentación interna vinculada al proceso de registro de la vacuna Ourovac Aftosa BIV, presentada en el país por la firma Tecnovax SA y elaborada en Brasil por el laboratorio Ourofino Saúde Animal.

El intento de incorporar una nueva vacuna contra la fiebre aftosa al sistema sanitario argentino derivó, durante 2024 y 2025, en un extenso conflicto que expuso tensiones regulatorias, intereses empresariales y el rol de la autoridad sanitaria. Bajo el expediente CAF 000096/2026 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7- Secretaría Nº 14 se registró una solicitud de amparo judicial para que un juez solicitara al organismo sanitario la documentación pertinente, para reconstruir el recorrido administrativo y técnico de una vacuna contra la fiebre aftosa. El pedido de acceso a la información fue tras un planteo de Biogénesis Bagó.

El eje del conflicto se remonta a finales del 2024 cuando Tecnovax presentó un registro fuera de término, en idioma no habilitado -portugués-, y con un material cuya importación estaba inhabilitada. En diciembre de ese año, intentó ingresar la vacuna por Ezeiza, donde se negó una intervención oficial, que quedó constatada por un acta con fecha del 6 de diciembre, y mencionada en un descargo del apoderado legal de Tecnovax a una sanción por haber “infringido normativa del organismo por haber ingresado 150 frascos sin la autorización correspondiente”.

En enero de 2025, el Senasa resolvió frenar los ensayos del lote piloto de la vacuna, por no contar con los requisitos. Un mes después, el Senasa rechazó la continuidad de pruebas sobre la Ourovac (serie 0001/23), importada por Tecnovax desde Brasil, tras detectar que el producto no cumplía con la estabilidad térmica exigida por la normativa argentina. Durante los controles técnicos realizados entre diciembre de 2024 y enero de 2025 el laboratorio constató la ruptura total de la emulsión a 37°C, lo que inhabilitó el lote para avanzar en su proceso de registro y continuar la etapa de prueba. La prueba de potencia no fue aprobada.

La medida se apoyó en informes técnicos y en comunicaciones del Ministerio de Agricultura y Pecuaria (MAPA) de Brasil que indicaban que la planta elaboradora no se encontraba operativa, a pesar de conservar habilitaciones formales, según se desprende de los archivos. Para el organismo argentino, ese dato resultaba determinante: la normativa exige que los lotes sometidos a ensayo sean representativos de una producción real, verificable y auditable.

De la documentación se desprende que se sumaron otros elementos técnicos, como faltante de documentación en el proceso de trámite, demoras atribuibles a la empresa solicitante y el rechazo de un ensayo de estabilidad de la emulsión.

Además, el apoderado de Tecnovax, Mariano Bourdieu, mantenía intercambio por correo electrónico con Presidencia del Senasa, entonces a cargo de Pablo Cortese. El 23 de noviembre de 2024 envió una nota con el pedido de autorización de importación del lote de vacuna, de muestra para los controles, quedando “a la espera del permiso de importación”. El 22 de noviembre de ese año, Bourdieu “agradeció” a Cortese la autorización.

“El correo de Presidencia lo maneja la secretaria, quien es la que deriva al técnico de cada área el pedido correspondiente. A Bourdieu no lo conozco. Nunca hablé con él. Y al dueño de Tecnovax (Diego La Torre) lo vi solo tres veces en mi vida. Nosotros trabajamos con los técnicos para revisar la documentación que enviaban y verificar todos los procesos, pero ni siquiera pasaron el primer paso de traer la documentación en regla”, respondió Cortese a una consulta de LA NACION.

Tras idas y vueltas, Tecnovax presentó un recurso de reconsideración, en el que acusó al Senasa de haber actuado de manera arbitraria, sin motivación suficiente y con un uso ilegítimo de facultades discrecionales. La empresa argumentó que los lotes habían sido producidos cuando la planta brasileña estaba en funcionamiento y que la normativa no exige expresamente que el establecimiento esté activo al momento de realizar las pruebas de eficacia.

Además, sostuvo que la suspensión de los ensayos afectaba la competencia y, de manera indirecta, «favorecía la concentración del mercado» en manos de los laboratorios como Biogénesis Bagó y CDV, que participan de las campañas de vacunación.

El Senasa rechazó el planteo con un extenso desarrollo técnico y jurídico. En su resolución, el organismo afirmó que la autorización para importar el lote piloto había sido excepcional y condicional, y que desde el inicio se dejó en claro que la continuidad del trámite quedaba “ad referéndum del cumplimiento de todos los requisitos normativos, técnicos y sanitarios”.

No obstante, a lo largo del 2025, el Senasa introdujo tres modificaciones normativas impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger, llegando incluso a incorporar el criterio de “equivalencia” previsto en la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de habilitar el ingreso del producto proveniente de Brasil. Todo esto, para permitir un nuevo jugador al mercado.

Aun así, dos informes técnicos del Senasa emitidos en febrero y agosto de 2025 concluyeron que la vacuna impulsada por Tecnovax presentaba problemas de inestabilidad e ineficacia, y que no reunía las condiciones necesarias para su registro, aún con un régimen excepcional.

Así, el Senasa formuló imputaciones por infracciones, aunque a febrero de 2026 los recursos administrativos y eventuales sanciones continuarán sin resolución.

“La firma no tenía un derecho adquirido, sino una expectativa sujeta a controles”, concluyó el organismo, al tiempo que remarcó que el funcionamiento efectivo de la planta elaboradora es un requisito indispensable para garantizar la trazabilidad, la bioseguridad y la representatividad de los lotes ensayados. En rigor, la suspensión de los ensayos se mantuvo y el proceso de registro de la vacuna quedó condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria.

LA NACION se contactó con La Torre, quien respondió que todos los lotes ingresados a control oficial cumplieron con toda la normativa emitida por OMSA [Organización Mundial de la Salud Animal] para la producción y control de calidad de vacunas al punto de haber sido, esos mismos lotes, extensamente utilizados en todos los países de la región con excelentes resultados. “Esos mismos lotes ayudaron a erradicar la aftosa de la región y Brasil contribuyendo significativamente al acceso a nuevos y mejores mercados para la carne de esos países. Es entendible que la autoridad regulatoria, que hasta ahora solo tuvo que controlar dos marcas, presente algunas dudas u objeciones que entendemos fueron ampliamente respondidas por Tecnovax“, señalaron.

Por último, dijo que son optimistas en que lograrán aprobar la nueva vacuna, que va a contribuir a que los productores ganaderos, muchos de los cuales ya eligieron a Tecnovax para otras soluciones, cuenten con nuevas alternativas más económicas, pero igualmente seguras. “Tecnovax es una empresa argentina que tiene una vasta y reconocida trayectoria en el sector desde donde exportamos miles de millones de dosis a los cinco continentes”, dijo.

Fuente: Belkis Martínez – Diario La Nación

Es conocido que una proporción muy importante de los suelos agrícolas argentinos presenta importantes grados de deterioro físico y químico. Frente a esa realidad, que pide cambios a gritos, van apareciendo propuestas superadoras. Hoy en el país el 75% de los campos están alquilados con contratos de duración anual.

Pelayo Agronomía SA arrienda 73.000 hectáreas en las que desarrolla cultivos de soja, maíz, girasol, trigo y maní. Para enfrentar el deterioro que genera la agricultura llevada a cabo con contratos anuales, propone extender el horizonte temporal y monitorear permanentemente las condiciones del suelo para mantener o elevar la fertilidad. El control se concreta con empresas que certifican la evolución edáfica mediante indicadores objetivos.

Es una empresa familiar con 38 años de trayectoria en General Pico y su zona de influencia, que emplea de manera directa a 150 personas. Sus principales actividades comprenden la distribución de insumos agropecuarios en el oeste de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, producción de granos en campos arrendados, acopio y comercialización de granos y la multiplicación de semillas de soja y trigo a partir de variedades del semillero Don Mario. En este último rubro, la empresa produce aproximadamente 400.000 bolsas anuales, generadas en los campos alquilados y en convenios con terceros. La semilla original provista por Don Mario es multiplicada, procesada y embolsada en la planta propia de la empresa, y el 75% de las bolsas se comercializa directamente a productores. En los últimos años, la firma también ha incursionado en la actividad ganadera y en la producción de maní.

Problemas con solución

Germán Gabriel Guastella, gerente general de Pelayo Agronomía SA, explica que la empresa siembra desde hace 35 años en campos alquilados y hoy gerencia 73.000 hectáreas distribuidas en cuatro núcleos productivos: nordeste de La Pampa, oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de San Luis. Los principales cultivos son maíz, soja, girasol, con menor superficie de trigo y maní, sembrados y cosechados con contratistas. En el equipo de la firma también están, entre otros, Manuel Pelayo, gerente comercial; Lucas Minetti, responsable del área de sustentabilidad y Agustín Balduzzi, responsable de campo.

En los últimos años, la fuerte competencia por tierras en arrendamiento provocó que los valores de los alquileres se duplicaran y prevalecieran los contratos anuales en quintales fijos, que generalmente provocan un deterioro de los suelos. Frente a esa realidad, la empresa decidió comenzar a dialogar con los propietarios de los campos, no solo para discutir el valor del alquiler, sino también el planteo productivo por desarrollar proponiendo prácticas agronómicas distintas a las posibles bajo contratos de corta duración. De este modo, se buscó trabajar con dueños interesados en un sistema sustentable respaldado por datos objetivos.

“El formato de los contratos de alquiler agrícola más empleado -a quintales fijos y renovación anual- generalmente no permite aplicar un paquete de tecnología que mantenga o mejore la fertilidad de los suelos”, afirma Lucas Minetti, responsable del área de sustentabilidad de la empresa, que se enfoca en la evolución de los suelos en los campos arrendados.

Según Minetti, “en los últimos años comenzaron a detectarse problemas en los rendimientos de los cultivos en los campos en alquiler, principalmente asociados al sistema de contratación”.

Ante esta situación, Pelayo Agronomía decidió buscar una solución y se vinculó con la certificadora AGSUS, que cuenta con un programa específico para monitorear la “salud” del suelo, desarrollado junto con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y otras instituciones. “Es un programa de certificación de manejo sustentable del suelo y secuestro de carbono, basado en mediciones a campo y análisis de laboratorio, que genera un coeficiente numérico que mide parámetros del suelo – porosidad, desarrollo radical, etc.- anualmente y cuantifica el secuestro de carbono cada cinco años”, se explaya. La certificadora trabaja sobre la ambientación integral del campo, no sobre lotes individuales, y asigna un puntaje a cada establecimiento. Actualmente, aproximadamente el 20% de los campos arrendados por la empresa se encuentra trabajando bajo este sistema.

Certificar la cadena

Dentro de los campos certificados, el cultivo de girasol cumple un rol destacado. El principal comprador es la firma Gente de La Pampa SA, que desde hace años adquiere la producción para fabricar aceite. En un momento decidió dar un paso más y manifestó su intención de vender aceite de girasol a industrias alimenticias que exigen certificaciones de prácticas industriales, sociales y ambientales. A partir de ese propósito, se avanzó con otra certificación de procesos -ISCC Plus- para la producción de girasol asegurando el cumplimiento de estrictas normas sociales y ambientales, lo que dio como resultado un producto diferenciado. En ese proceso, los fabricantes de aceite sumaron a PepsiCo, una de las empresas compradoras del aceite para alinearse, todos, con una forma distinta de hacer negocios, no exclusivamente orientada a lo “verde”, sino considerando la evolución de las demandas de los consumidores.

Propuestas

Las certificaciones implican mediciones periódicas y la elaboración de informes que son remitidos a los propietarios de los campos, con datos objetivos y avalados técnicamente, lo que permite transparentar el manejo realizado y dar sustentabilidad a los planteos productivos. De esta manera, “los dueños de los campos pueden seguir de cerca la evolución de sus tierras”, asegura Guastella.

La empresa aspira crecer más allá del 20% de campos certificados y avanzar hacia contratos con horizontes temporales superiores a los 12 meses. La propuesta incluye el monitoreo permanente de indicadores de calidad de suelo y, a partir de ese esquema, la posterior negociación del valor del alquiler.

El argumento central es que, si bien la tierra no se amortiza, puede deteriorarse en sus cualidades cuando es manejada de manera inadecuada. Por ello, proponen contratos de mayor plazo, con un horizonte móvil de al menos dos años. Por ejemplo, se plantean contratos a tres años que se renuevan anualmente, de modo que al planificar cada campaña se agregue un año adicional al acuerdo.

En campos mixtos, con lomas y bajos, la empresa impulsa propuestas integrales destinando las mejores áreas a la agricultura y orientando las cañadas y medias lomas a la actividad ganadera. También aceptan esquemas de participación económica del propietario en el negocio agrícola, como el aporte de insumos o labores, así como los acuerdos basados en tablas de reparto según rindes y precios, pero estas opciones han perdido vigencia en los últimos años con el telón de fondo de sequías y bajos precios.

En síntesis, Pelayo Agronomía apuntó a conformar un grupo de propietarios que comparten una propuesta de arrendamientos con buenas prácticas agronómicas y plazos superiores a 12 meses, con el objetivo de desarrollar negocios sustentables y de beneficio mutuo.

Para presentar esta forma de trabajo, la empresa organizó una jornada en la que expuso el esquema de certificación junto con los otros integrantes de la cadena, con una recorrida por un campo certificado en Catriló. El encuentro contó con una amplia participación de productores, propietarios de campos, autoridades, contratistas, semilleros y medios de comunicación.

Fuente: Diario La Nación

Hasta la fecha, la Argentina mantenía un cupo de 20.000 toneladas, por lo que a partir de ahora podrán ubicarse 100.000 toneladas por año, lo que podría sumar hasta US$800 millones adicionales en exportaciones. Vale recordar que el año pasado la Argentina exportó 44.300 toneladas, entre cuota y fuera de ella, que representaron US$341,5 millones, según datos del Consorcio ABC.

Con la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco que se realizó este jueves en Washington entre ambos países, también se conoció que se eliminarán aranceles para 1675 productos argentinos, provenientes de diversos sectores productivos. Según las estimaciones oficiales, esta medida permitirá recuperar exportaciones por un valor de 1013 millones de dólares.

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que la apertura comercial ha sido siempre un pedido del sector agropecuario, porque es la herramienta que permite aumentar exportaciones, generar más actividad y aprovechar el potencial productivo que tiene el país. “Integrarnos al comercio internacional con reglas claras es clave para el desarrollo. Avanzar en el comercio de carne es especialmente importante para la Argentina. Producimos la mejor carne del mundo y contamos con un sistema productivo reconocido a nivel internacional”, señaló.

Recordó que todo acuerdo que facilite el acceso a mercados como el de Estados Unidos es una oportunidad para fortalecer la cadena ganadera y sumar valor a nuestras exportaciones. “Esperamos que este acuerdo tenga un impacto positivo y concreto en las economías regionales, que son fundamentales para el desarrollo federal del país y para el arraigo en el interior productivo. Desde CRA vamos a estudiar en profundidad la letra chica del entendimiento, analizando punto por punto sus alcances, para evaluar oportunidades y eventuales desafíos para cada actividad”, agregó.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) analizaron el alcance de la medida. Gustavo Idígoras, presidente de la entidad, observó que este “no es un acuerdo de promoción de exportaciones, no es un acuerdo de comercio, es un acuerdo de inversión. De inversión y de reglas, que supuestamente la Argentina adoptará a los efectos de poder facilitar las inversiones americanas en Argentina”.

Respecto a los componentes específicos de intercambio de bienes, el dirigente aclaró que el alcance inmediato es acotado: “En materia de comercio tiene solo tres productos: básicamente una cuota de carne vacuna y después tubos con costura y sin costura, en la parte siderúrgica”.

Subrayó que, si bien la medida sobre la carne bovina “es importante”, el escenario para el resto del agro presenta desafíos ante la actual política exterior de Washington. “El agro argentino es exportador, por lo que no tendremos novedades de acceso al mercado americano frente a la política de la administración Trump”, dijo.

Desde el sector aseguraron que se continuará la gestión con las autoridades nacionales para profundizar los lazos comerciales: “Trabajaremos con el equipo negociador argentino para lograr a futuro beneficios exportadores reales”, resumió Idígoras.

A finales del mes pasado, el gobierno argentino repartió la cuota de las 20.000 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos. Del total distribuido, 19.000 toneladas fueron asignadas a la categoría Industria (frigoríficos), mientras que las 1000 toneladas restantes se repartieron entre los denominados Proyectos Conjuntos (asociaciones de productores y exportadores), según destacó la normativa firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), dijo que, en principio, al aumentar el cupo de carne que se puede exportar por parte de la Argentina siempre es relevante. “Por supuesto que es una buena noticia poder sacar al mundo los productos que hacemos, y tener mayor cantidad de mercados. Luego estaremos atentos a lo que suceda con la letra fina de ese acuerdo porque no lo conocemos, porque entendemos puede tener otros temas que seguramente tocarán al sector agropecuario o que tendrán incidencia en el sector”, acotó.

También recordó que, tal como estaba previsto en el marco general, el acuerdo podría incluir disposiciones vinculadas a la propiedad intelectual que impactan en la producción, el valor y el desarrollo de las semillas. “Por eso vamos a estar atentos y esperar a conocer la letra chica”, señaló.

Además, advirtió que aún no se conocen cuáles serán los aranceles que la Argentina eliminará para el ingreso de la mercadería estadounidense ni el impacto que esas podrían tener medidas sobre el sector.

El consorcio ABC felicitó al Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei y a los equipos negociadores del Ministerio de Economía y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto quienes tras dos años de intenso trabajo han conseguido una mejora significativa para el acceso de nuestras carnes bovinas al mercado de los Estados Unidos.

En esa línea, recordaron las exportaciones realizadas durante 2025, que duplicaron los valores históricos. “El volumen sujeto a preferencia arancelaria fue superado holgadamente por nuestras empresas exportadoras por lo que la ampliación de dicho contingente es una buena noticia para una industria que se encuentra frente a un contexto sumamente difícil debido a la reducción de la oferta ganadera, afectada por décadas de políticas adversas», apuntaron.

Antes de finalizar mencionaron que gracias a este acuerdo las empresas pondrán las fábricas a producir con el objetivo de lograr el cumplimiento de las 100.000 toneladas otorgadas por los Estados Unidos con aranceles preferenciales, que permitirán generar ingreso de divisas superiores a los 700 millones de dólares durante el año 2026.

Fuente: Diario La Nación