La vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, hicieron entrega de las primeras 28 pistolas Taser a policías para que comiencen a portarlas durante sus tareas de patrullaje en la ciudad de Santa Fe. Estas armas de baja letalidad fueron adquiridas por el Gobierno Provincial y, previo a esta entrega, se realizaron cursos de capacitación y entrenamiento a personal de la fuerza policial.

El acto se realizó en la plazoleta Fragata Sarmiento, en el microcentro de la ciudad capital, y del mismo participaron también el intendente Juan Pablo Poletti; la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el jefe de la Policía de la Provincia, Luis Maldonado; y la jefa de la Unidad Regional I (URI), Margarita Romero, entre otros.

“Llegó el día que podemos entregar las Taser para que ya estén en la calle”, dijo Scaglia, quien señaló que “es un día muy importante en la seguridad de la provincia, porque con la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro estamos cambiando un paradigma que tiene que ver con las armas que porta nuestra Policía, cómo cuidamos a nuestra fuerza y cómo le damos más herramientas para que a su tarea la lleve adelante con menores riesgos”; y recordó que “este camino empezó hace 20 meses cuando nos propusimos defender a la Policía, equiparla, darle condiciones y el respaldo político para que pudiera hacer su tarea, porque para nosotros la seguridad es irrenunciable”. En ese sentido, aseguró que “trazamos un camino del cual nunca se va a volver atrás: Santa Fe tiene el modelo de seguridad que va a mirar la Argentina, y es una Policía en la calle, que previene, persigue a los delincuentes, y trabaja codo a codo para que podamos vivir todos los días en paz y sentirnos seguros y tranquilos”.

Inversión en equipamiento

Las armas entregadas hoy fueron adquiridas por licitación: unas 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna. Las Taser inmovilizan a un agresor mediante una descarga eléctrica sin provocar lesiones graves, mientras que las Byrna, que funcionan con dióxido de carbono, disparan proyectiles cinéticos de polímeros que pueden contener sustancias irritantes. Estas tecnologías ofrecen una opción intermedia entre las armas letales y la contención física, y forman parte de la estrategia provincial para reforzar la seguridad. Instructores especializados brindaron cursos a capacitadores para entrenar a policías de todo el territorio santafesino. La licitación incluyó, además, la compra de 200 cámaras corporales (bodycam) y 600 cartuchos adicionales. 

Cuidar al ciudadano y al policía

Mientras, Cococcioni afirmó en su discurso que “estamos dotando a nuestra policía de mejores herramientas para cumplir el protocolo de uso progresivo de la fuerza pública. Pero también estamos cuidando a cada uno de los policías y de los ciudadanos”, y explicó al respecto que “la tarea policial a veces puede terminar en un daño físico, pero también en un daño jurídico por ejercer la fuerza, con una imputación penal o una demanda, y esto les da otra herramienta, es otro paso más hasta llegar al uso de la fuerza letal como último recurso”.

Esta compra “implicó una inversión total de 1.900 millones de pesos, y es la decisión del gobierno de no escatimar un solo recurso en la seguridad de la gente”, indicó el ministro, quien detalló que “esta es una prueba piloto que vamos a iniciar con 100 armas Taser en Santa Fe, en Rosario, y en algunos puntos focales de la provincia”.

Una herramienta para cuidar a los vecinos

Luego, el intendente Poletti agradeció “en nombre de todos los santafesinos al Gobierno por esta decisión política y económica de una inversión sabiendo que los impuestos tienen que volver en lo que los santafesinos necesitan, y esta es una herramienta más que se le da a la policía para cuidar a nuestros vecinos”. Finalmente, la jefa de la URI explicó que a las Taser “vamos a utilizarlas en aquellas zonas donde hay mucho tránsito de personas -como la peatonal y zonas comerciales- ante situaciones de crisis”.

De la actividad tomaron parte además el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres; la secretaria Privada y Legal y Técnica, Blanca Diakaki; el subjefe de la Policía de la Provincia, Daniel Filchel; el subjefe de la URI, Julio Schwind; los subsecretarios ministeriales de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni; de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz; y de programas Estratégicos, Juan Manuel Musuruana; entre otros.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) informó que varios pasaportes emitidos en los últimos meses presentan fallos que dificultan su lectura en los equipos electrónicos de los aeropuertos. Ante esta situación, desde la Provincia se informaron los pasos a seguir para los ciudadanos afectados.

El director provincial del Registro Civil, Sergio Duarte, señaló que “el Renaper ha instruido un plan de contingencia que pone a disposición de la población un asistente a través de WhatsApp (1151261789). Al enviar un mensaje con el número de pasaporte, automáticamente se recibe la respuesta sobre si requiere revisión”.

Añadió que, en caso de que el documento deba ser revisado y el ciudadano tenga un viaje en los próximos siete días, “tendrá que presentarse en los centros integrales de documentación de los aeropuertos: en el caso de Santa Fe, en Fisherton, Rosario. Si el pasaporte necesita ser repuesto, el trámite -que puede demorar entre dos y seis horas- se realiza en el momento y sin costo alguno”.

Duarte también explicó que quienes no tengan que viajar en un lapso menor a siete días podrán iniciar el trámite en cualquier centro de documentación del Renaper o en las oficinas del Registro Civil. En esos casos, el plazo de entrega del nuevo documento no superará los diez días hábiles.

Disposición del Renaper

Miles de pasaportes emitidos por Nación a través del Renaper presentan fallas que impiden su lectura en los puestos de control migratorio en países de América, Europa y Oceanía. El Gobierno nacional atribuyó el problema a un error en la tinta utilizada para la impresión de los documentos.

Los inconvenientes derivaron en un operativo de revisión y reemplazo de pasaportes en consulados y aeropuertos. En Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Australia y España se solicitó a los ciudadanos la devolución de documentos emitidos recientemente para su análisis o reposición.

El sistema de salud pública de Santa Fe reclama a obras sociales y empresas de medicina prepaga una deuda de 6.102 millones de pesos. El monto corresponde a prestaciones brindadas en hospitales y centros de salud públicos a personas con cobertura, que no recibieron respuesta de sus financiadores primarios.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, subrayó que “debemos distinguir entre un Estado que actúa, se hace cargo y garantiza la atención sanitaria a todos los ciudadanos, y un Estado bobo, que no reclama el recupero de los costos a quienes debieron cubrir esas prestaciones con los aportes de afiliados y empleadores y no lo hicieron”.

El PAMI concentra una quinta parte de la deuda, con 1.161 millones de pesos. Sumado a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores, la Obra Social del Personal de la Industria del Caucho, la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y la Obra Social del Personal de la Construcción (Ospecon), representan en conjunto la mitad del monto total: 3.048 millones.

Por su parte, la secretaria de Hacienda de la Provincia, Belén Etchevarría, destacó la importancia de la recuperación de esos fondos: “Se trata de recursos que debió cubrir un privado y terminó afrontando el Estado provincial. Deben ser devueltos para que el sistema público pueda mejorar o ampliar los servicios que brinda”.

Reclamos en marcha

A partir de los datos personales solicitados a quienes se atienden en un hospital o centro de salud público, las áreas administrativas de cada efector identifican si el paciente posee obra social o prepaga. En caso afirmativo, son esas dependencias las que inician el reclamo correspondiente para que la cobertura devuelva al Estado provincial los costos de la atención brindada.

El Gobierno Provincial insistió en que este mecanismo no afecta la gratuidad de la atención sanitaria, ya que el ciudadano es atendido en todos los casos. El reclamo se dirige exclusivamente a las entidades financiadoras, que son las responsables legales de cubrir las prestaciones de sus afiliados.Obras sociales y prepagas adeudan más de 6.000 millones de pesos a hospitales públicos de Santa Fe

La deuda corresponde a prestaciones brindadas a santafesinos con cobertura, pero atendidos en efectores estatales. El PAMI y cuatro obras sociales concentran la mitad del monto total, con más de 3.000 millones.

El sistema de salud pública de Santa Fe reclama a obras sociales y empresas de medicina prepaga una deuda de 6.102 millones de pesos. El monto corresponde a prestaciones brindadas en hospitales y centros de salud públicos a personas con cobertura, que no recibieron respuesta de sus financiadores primarios.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, subrayó que “debemos distinguir entre un Estado que actúa, se hace cargo y garantiza la atención sanitaria a todos los ciudadanos, y un Estado bobo, que no reclama el recupero de los costos a quienes debieron cubrir esas prestaciones con los aportes de afiliados y empleadores y no lo hicieron”.

El PAMI concentra una quinta parte de la deuda, con 1.161 millones de pesos. Sumado a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores, la Obra Social del Personal de la Industria del Caucho, la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y la Obra Social del Personal de la Construcción (Ospecon), representan en conjunto la mitad del monto total: 3.048 millones.

Por su parte, la secretaria de Hacienda de la Provincia, Belén Etchevarría, destacó la importancia de la recuperación de esos fondos: “Se trata de recursos que debió cubrir un privado y terminó afrontando el Estado provincial. Deben ser devueltos para que el sistema público pueda mejorar o ampliar los servicios que brinda”.

Reclamos en marcha

A partir de los datos personales solicitados a quienes se atienden en un hospital o centro de salud público, las áreas administrativas de cada efector identifican si el paciente posee obra social o prepaga. En caso afirmativo, son esas dependencias las que inician el reclamo correspondiente para que la cobertura devuelva al Estado provincial los costos de la atención brindada.

El Gobierno Provincial insistió en que este mecanismo no afecta la gratuidad de la atención sanitaria, ya que el ciudadano es atendido en todos los casos. El reclamo se dirige exclusivamente a las entidades financiadoras, que son las responsables legales de cubrir las prestaciones de sus afiliados.