El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo que lidera Gustavo Puccini, presentó una nueva etapa del programa Acuerdo Santa Fe, orientada en esta oportunidad a la compra de muebles fabricados en la provincia. Esta iniciativa tiene por objetivo dinamizar el consumo, fortalecer el comercio local y acompañar a la industria y a los consumidores santafesinos.

La presentación se realizó esta semana en Cañada de Gómez, uno de los principales polos productivos del rubro, y continuará hoy en Esperanza, el 18 en Rosario y el 22 en la ciudad de Santa Fe.

Desde la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, su titular Gustavo Rezzoaglio explicó que “Acuerdo Santa Fe es una política pensada para establecer precios de referencia, generar planes de financiamiento y diseñar estrategias de comercialización que fortalezcan el entramado comercial y productivo santafesino”. 

“El sector del mueble tiene un enorme potencial productivo y un fuerte anclaje territorial. Con este acuerdo buscamos acercar herramientas concretas tanto a los comercios como a los consumidores”, agregó.

Esta nueva línea del programa ya tiene adheridas más de 30 mueblerías que aportan descuentos que alcanzan hasta el 30 % -puede ser más en algunos casos-, mientras que las entidades financieras asociadas (Billetera Santa Fe, Banco Santa Fe, Banco Municipal de Rosario, Banco Macro y Banco Nación) suman herramientas de financiación con cuotas sin interés o con tasas muy accesibles. Los comercios adheridos son de las localidades de Arroyo Seco, Cañada Gómez, Carcarañá, Carlos Pellegrini, El Trébol, Esperanza, Funes, Rosario, San Jorge, San Lorenzo, Santa Fe, Villa Constitución y Venado Tuerto. Las mueblerías que forman parte del programa y los beneficios que ofrecen pueden consultarse en https://www.santafe.gob.ar/acuerdosantafe.  

Acuerdo público-privado

Esta nueva etapa se inscribe en la evolución del programa Acuerdo Santa Fe, impulsado por el Gobierno Provincial como una herramienta para alcanzar precios convenientes en distintos rubros, a partir de una mesa de diálogo entre el sector público y privado. Las distintas etapas del programa tuvieron como principal objetivo fortalecer a las pymes santafesinas y promover las compras locales, consolidándose como una política pública de alto impacto territorial.

En ese sentido, Rezzoaglio sostuvo que “este acuerdo no solo beneficia a los consumidores, sino que fortalece el circuito económico provincial, generando oportunidades para la industria, el comercio y el sistema financiero”. Y agregó: “Acuerdo Santa Fe es una política en permanente construcción, que se adapta a los distintos sectores productivos y comerciales de la provincia”.

Más oferta

Para la consolidación de esta propuesta, la Secretaría de Comercio Interior convocó a las entidades financieras a sumarse a la iniciativa, tomando como referencia experiencias previas del programa en otros rubros. El objetivo es que las empresas dedicadas a la producción, comercialización y reventa de muebles puedan ofrecer en sus comercios opciones de pago en cuotas y descuentos, ampliando el acceso del público a productos del sector.

Acompañaron la presentación el senador por el Departamento Iriondo, Hugo Rasetto; el intendente de Cañada de Gómez, Matías Chale; el director provincial de Centros Comerciales Abiertos, Alejandro Pastore y el director provincial de Industria y Nuevas Economías, Gonzalo Cristini. También Maximiliano Ferraro de Adeessa (Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino) y dirigentes de la Cámara del Mueble de Cañada de Gómez. 

Qué es Acuerdo Santa Fe

Acuerdo Santa Fe es un programa del Ministerio de Desarrollo Productivo que tiene el objetivo de fomentar el consumo local y fortalecer el entramado comercial e industrial santafesino. Actualmente cuenta con propuestas en diversos rubros (alimentos, materiales para la construcción, de artículos escolares, entre otros) y continúa ampliándose a nuevos sectores estratégicos de la economía provincial.

La iniciativa incluye la deducción del sueldo de nuevos trabajadores del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el descuento del gasto en energía eléctrica y un esquema de alivio fiscal que reduce la carga tributaria de los comercios pequeños y medianos, entre otros beneficios.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este miércoles la Ley Tributaria 2026 ante representantes del sector privado, en un encuentro de trabajo que permitió exponer los objetivos y alcances de una iniciativa clave para el futuro económico y productivo del territorio santafesino. La actividad fue encabezada por los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo.

Desde el sector privado se valoró que es “un proyecto de Ley Tributaria que incorpora una serie de beneficios a un amplio sector de la producción en la provincia”, y que “avanza en el sentido correcto de reducir la presión fiscal en un momento de mucha dificultad”. 

La reunión se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Puerto de Santa Fe y estuvo orientada a detallar los principales lineamientos del proyecto, que contempla beneficios fiscales para créditos productivos y de vivienda, alivio impositivo para sectores estratégicos y ajustes moderados en el Impuesto Inmobiliario. El eje central es brindar previsibilidad, dinamizar la actividad económica y fortalecer la inversión y la generación de empleo en toda la provincia.

Durante el intercambio, funcionarios y empresarios analizaron el impacto de la propuesta, que fue valorada por los representantes del sector productivo por su enfoque gradual, la reducción de la presión fiscal en un contexto complejo y la necesidad de sostener, al mismo tiempo, los recursos del Estado provincial para garantizar políticas públicas.

Una ley posible desde un Estado ordenado y eficiente
“Esta ley tiene un impacto fiscal sobre la provincia, porque son recursos que van a terminar volviendo a la matriz productiva y a cada hogar”, remarcó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien además señaló que la metodología de presentación se replicará “en el resto del territorio y a lo largo del año, porque queremos que cada punto de esta Ley Tributaria llegue a los comercios, emprendedores, industrias y pymes, para evacuar dudas y conformar mesas de trabajo y consulta”.

En ese sentido, recordó que los sectores industrial, comercial y hotelero podrán descontar hasta un 30 % del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir del importe abonado por el consumo de energía eléctrica. Puccini subrayó que la iniciativa mejora las condiciones de los últimos ejercicios fiscales y destacó que es posible avanzar en este sentido “porque hay un Estado, como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, ordenado, eficiente y que cuida los recursos”.

A continuación, el ministro de Economía, Pablo Olivares, puso el acento en el trabajo conjunto con los actores productivos y en la necesidad de que los beneficios previstos se traduzcan en un alivio concreto para la actividad. En ese marco, explicó que la propuesta no solo pone a disposición herramientas tributarias, sino que busca garantizar su utilización efectiva por parte de las empresas.

Olivares detalló que las principales medidas incluyen la posibilidad de descontar del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el sueldo bruto de cada nuevo trabajador, la deducción del gasto en energía eléctrica abonado a la EPE y un esquema combinado de beneficios que permitirá que los comercios pequeños y medianos, con facturación anual de hasta 180 millones de pesos, reduzcan prácticamente a la mitad su carga tributaria.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, destacó que la iniciativa incorpora incentivos inéditos para la generación de empleo formal. Señaló que, a partir de enero, las empresas que tributan Ingresos Brutos podrán descontar hasta 1.500.000 pesos del sueldo bruto por cada nuevo empleado, una medida diseñada en conjunto con las instituciones productivas y pensada como una fuerte apuesta a la creación de puestos de trabajo, complementada con una política activa de obra pública provincial.

En tanto, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Javier Martín, valoró que se llegó a “un proyecto de Ley Tributaria que incorpora una serie de beneficios a un amplio sector de la producción en la provincia” lo que consideró “es avanzar en el sentido correcto de reducir la presión fiscal en un momento de dificultad económica, y es un ejemplo porque la Provincia también necesita recursos”.

De la presentación participaron además el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio; la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard; el subsecretario de Comercio, Matías Schmuth; y el administrador del Ente Portuario de Santa Fe, Leandro González.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe implementó durante 2025 el sistema de juicio por jurados establecido por la ley Nº 14.253, que habilita la intervención ciudadana en causas de especial gravedad, como homicidio calificado, robo seguido de muerte, abuso sexual seguido de muerte y enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y delincuentes. La puesta en marcha de este mecanismo significó un avance sustancial hacia un modelo de justicia más participativo y transparente.

El primer juicio por jurados se realizó en junio, en los Tribunales de San Cristóbal, pertenecientes a la Circunscripción Judicial N.º 5. Se trató de un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio, en el que intervinieron 12 jurados titulares y dos suplentes, todos ciudadanos seleccionados por sorteo del padrón electoral.

Al evaluar la experiencia, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, destacó que “este año, a partir de una iniciativa parlamentaria y luego de un largo camino institucional, se logró implementar el juicio por jurados para delitos graves, algo que no había sido posible hasta ahora en la provincia”. El funcionario subrayó además una particularidad del modelo santafesino: “Se adoptó un criterio distinto al de otras provincias, ya que el veredicto de culpabilidad requiere diez votos sobre doce, sin exigir unanimidad, lo que reduce el riesgo de que el juicio fracase por falta de acuerdo”.

Hasta el momento, se realizaron cuatro juicios en tres jurisdicciones distintas. “Comenzamos en la Circunscripción Nº 5, con un juicio en San Cristóbal; continuamos en la ciudad de Santa Fe, por un homicidio calificado en ocasión de robo; luego en San Javier, por el homicidio de una jubilada; y el último fue en Reconquista, por un caso de femicidio”, precisó Mascheroni. Para completar el esquema previsto, resta que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fije las audiencias correspondientes a la tercera circunscripción, Venado Tuerto, y a la segunda, Rosario.

Trabajo articulado entre poderes del Estado

La implementación del juicio por jurados requirió un intenso trabajo preparatorio y coordinado entre distintos organismos. Participaron la Secretaría Electoral y el Poder Judicial, entre otros actores, para definir los criterios de conformación del padrón inicial, denominado “nube”, del cual se sortean los jurados para cada proceso.

Ese padrón está integrado por hombres y mujeres en condiciones de paridad, respetando la proporcionalidad del padrón electoral de cada una de las cinco circunscripciones judiciales. Incluye a personas de entre 18 y 75 años que no sean abogados ni profesionales del derecho, que no registren deudas alimentarias, condenas penales ni situaciones de quiebra, y que no integren fuerzas de seguridad, fuerzas armadas ni cargos jerárquicos del Estado en ninguno de los tres poderes.

Mascheroni recordó que la ley delimita de manera precisa las figuras penales alcanzadas por este sistema. “Son solo cuatro delitos, los más graves. En el futuro podrá discutirse una eventual ampliación, como ocurrió en otras provincias, pero hoy la prioridad es consolidar la experiencia y mejorar su funcionamiento”, señaló.

Agenda de reformas judiciales

El secretario de Justicia también se refirió a los desafíos pendientes del sistema judicial provincial. “Aún resta avanzar en la discusión de un nuevo código penal, más moderno, que incorpore experiencias de otras jurisdicciones y permita un trámite más ágil de los procesos, superando un esquema que sigue siendo predominantemente escriturario”, afirmó.
En ese marco, destacó los avances en mediación, digitalización y, especialmente, en la problemática de la litigiosidad laboral. Recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro asumió un compromiso público para abordar esta cuestión y que recientemente se firmó un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Ese acuerdo permitirá la designación de peritos médicos judiciales y la puesta en marcha definitiva del observatorio de comisiones médicas, con el objetivo de reducir la conflictividad vinculada a accidentes de trabajo y enfermedades laborales. “Están dadas las condiciones para comenzar a abordar este problema de manera estructural, con herramientas institucionales y reformas legislativas en curso”, concluyó Mascheroni.