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La Procuración General de la Nación convalidó un pedido de muerte digna

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Convulsiona a Neuquén el caso de Marcelo Diez, que ahora tiene 50 años y sufrió un accidente a los 30, que le ocasionó traumatismo encéfalo craneano severo, politraumatismos graves y epilepsia.

Un pedido de muerte digna realizado por la familia de un paciente en estado vegetativo irreversible desde hace veinte años llegó a la Corte Suprema de Justicia y ayer obtuvo un dictamen positivo de la Procuración General de la Nación.

En su dictamen, la procuradora general Alejandra Gils Carbó resaltó el fallo del tribunal superior de Neuquén, donde originalmente se tramitó el pedido, ya que la petición se encuentra comprendida en la ley 26.742 del año 2012 y por lo tanto el pedido no requiere de autorización judicial.

Marcelo Diez sufrió un accidente en su moto el 23 de octubre de 1994, cuando tenía 30 años, que le ocasionó «un traumatismo encéfalo craneano severo, politraumatismos graves y epilepsia post-traumática» por lo que debió ser sometido a «diversas intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos» hasta que, al año siguiente «se le diagnosticó estado vegetativo persistente».

Gils Carbó sostuvo en el dictamen que la decisión sobre «el retiro, cese y abstención de todas las medidas de soporte vital que lo mantienen con vida en forma artificial pertenecen a su zona de reserva, garantizada por el derecho a la autonomía personal», por lo que «se encuentra libre de las injerencias del Estado y de terceros».

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén había convalidado la pretensión de las hermanas del paciente, Adriana y Andrea Diez, para que se ordene la «supresión de la hidratación y la alimentación enteral, así como de todas las medidas terapéuticas que lo mantienen con vida en forma artificial».

Recurso en contra. El Defensor General del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Ricardo Cancela interpuso un recurso extraordinario en contra de la medida ante la Corte Suprema de Justicia que dio intervención a la Procuraduría General.

Gils Carbó detalló que de las constancias de la causa surge que desde 1994 no hubo progresos en la salud de Marcelo Diez «que continúa sin mostrar signos de conciencia de sí mismo o del mundo exterior, lo que caracteriza al estado vegetativo» y basó su afirmación en las pericias de los forenses y resultados de resonancia nuclear magnética que señalan que «el daño cerebral es irreversible».

Ante ese cuadro las hermanas pidieron «el retiro, cese y abstención de todas las medidas de soporte vital que lo mantienen con vida en forma artificial: tanto los tratamientos terapéuticos que se le proveen ante sus complicaciones de salud como la alimentación e hidratación enteral» y ante la negativa de los médicos efectuaron el planteo judicial.

La Procuradora destacó que la ley 26.742, sancionada en 2012 «recepta el derecho del paciente a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de voluntad».

Esa ley «respeta y garantiza que en determinadas circunstancias las decisiones sobre la aceptación o el rechazo de ciertos tratamientos médicos o biológicos están reservadas al propio individuo y se encuentran libres de la injerencia del Estado o de terceros», sostuvo Gils Carbó.

En esa línea enfatizó que «la norma no efectúa un juicio moral, ético o religioso sobre cómo deben afrontar los individuos los asuntos vinculados a la enfermedad y, eventualmente, la muerte; sino que reconoce que los individuos tienen un derecho a decidir por sí mismos esas cuestiones a partir de sus propias y profundas convicciones».

Marcelo Diez, que ahora tiene 50 años, permanece internado en el centro asistencial Lucha Neuquina Contra el Cáncer (Luncec) de la ciudad de Neuquén cuyos directivos se oponen a la aplicación de la muerte digna al paciente.

Fuente: La Capital

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Nacionales

Encontraron en Chaco al joven que intentó matar a su novia a puñaladas

Agustín Ramos fue atrapado en Machagai. Un oficial lo convenció para que se entregue.

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Agustín Ramos, el joven de San Francisco Solano que intentó matar a puñaladas a su novia y escapó, fue encontrado en Chaco. La acción policial de un oficial fue clave para convencerlo y que se entregara.

El joven fue atrapado en la ciudad de Machagai, a raíz de en una investigación de la DDI Lomas de Zamora y la policía del Chaco. 

El fin de semana pasado, Ramos agredió a su novia mientras miraban una película junto a su bebé de 17 meses.

De un momento a otro, se subió encima de su mujer y comenzó a pegarle trompadas e intentar ahorcarla.

En medio de la agresión tomó un cuchillo casero e intentó apuñalarla, pero terminó cortándole la cara tanto a ella como a su hija. “Nuestro lugar seguro se convirtió en una pesadilla”, expuso la víctima.

Kiara Maqueira, de 22, utilizó las redes sociales para darle visibilidad al caso y lograr dar con el paradero del agresor.

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Bullrich busca acuerdos en el Senado para aprobar la reforma laboral

El oficialismo tiene los plazos muy acotados para alcanzar acuerdos y evitar la embestida opositora del peronismo.

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En una carrera contra el reloj, La Libertad Avanza busca alcanzar acuerdos en el Senado con los bloques dialoguistas para aprobar la reforma laboral en la última semana de diciembre, mientras el peronismo explora recursos para boicotear el proyecto del Gobierno.
Los tiempos son muy acotados para el Gobierno ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó recién para el martes a las 11 a los presidentes de bloques para acordar el armado de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, con lo cual el debate podría comenzar el miércoles.
El primer desafío que tendrá la jefa de LLA será conseguir mayoría con propios y aliados en las dos comisiones para emitir dictamen y convencer a los bloques dialoguistas de la UCR, PRO y provinciales de acortar la lista de invitados, ya que el peronismo quiere que expongan un centenar de dirigentes de los distintos sectores sociales para extender el debate de la reforma laboral.
El esquema diseñado por el oficialismo implica comenzar el debate en un plenario de comisiones de la reforma laboral los días miércoles, jueves y viernes -si es necesario- para emitir dictamen y así poder tratarlo entre el viernes 26 y el martes 30, junto al Presupuesto 2026.
Para ello tendrá que acotar la lista de invitados a menos de la mitad para terminar el jueves o viernes la ronda de consultas y firmar los dictámenes, aunque deberá tener enhebrado el acuerdo con los bloques dialoguistas.
Pero para avanzar con esa rapidez, Bullrich deberá tener asegurados los tres votos del PRO, 10 de la UCR y, por lo menos, tres legisladores de bloques provinciales.

Cómo viene la negociación

El principal problema es que muchos de los aliados son gobernadores de origen peronista que no van a querer enfrentarse a la CGT, como los casos de los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
La expectativa apunta a contar con el respaldo del mandatario del Chubut, Ignacio Torres, y de Neuquén, Rolando Figueroa, quienes tienen una senadora cada uno.
Desde el oficialismo ya saben que no contarán  con el respaldo del ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora y del mandatario Raúl Jalil, que se mantienen dentro del bloque peronista.
En forma paralela, el peronismo, que tiene 28 legisladores entre sus respectivos subbloques, busca siete senadores para tumbar la ley laboral, y para ello perseguirá acuerdos con legisladores de gobernadores del PJ, que serán aquellos a los que también intenta convencer el oficialismo de acompañar esta iniciativa.
Las reuniones de comisión se harán en medio de las protestas de la CGT y las CTA, que convocaron una marcha para el jueves a las 15 en Plaza de Mayo para rechazar de plano la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

Límites a los gremios

La reforma no solo contempla cambios en los convenios sino también en el sistema de cobro de las cuotas sindicales, que es el principal mecanismo de financiamiento de los gremios, ya que establece que las empresas solo podrán retener aportes si hay un consenso expreso de los trabajadores.
“Los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie la conformidad expresa del trabajador y el acuerdo entre las partes”, dice el proyecto.
A su vez, se deberá contar con una resolución de la Secretaría de Trabajo, según se establece en el artículo 137 del proyecto.
Además, fija que cualquiera de las partes del contrato de trabajo podrá dejar sin efecto el acuerdo previo comunicándolo a la otra, con 30 días de anticipación por cualquier medio fehaciente. También establece graves sanciones a los bloques de empresas cuando se tome una empresa o se impida el ingreso a esa firma.
En ese sentido, el  proyecto establece que serán consideradas “infracciones muy graves provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento».

“Verificadas dichas acciones como medidas de acción directa sindical, la entidad responsable será pasible de la aplicación de las sanciones que establezca la Reglamentación, una vez cumplimentado el procedimiento que disponga al efecto la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran corresponder”, dice l texto.

Sobre las asambleas se dispone que la asociación sindical deberá “contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea tanto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y, en caso de que se realice dentro del establecimiento ,deberá requerir autorización respecto del lugar”

“Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma».

A través de esta  iniciativa también “se limita a diez (10) horas el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal”.

Otro punto que no solo afectará a gremios sino a las cámaras de empresas, ya que fija que «los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales.

«Las vigentes, cualquiera sea el convenio colectivo, tampoco resultan obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos”, agrega el proyecto.

Estos puntos junto a la caída de la ultraactividad, los cambios en indemnizaciones y vacaciones, son los temas que mas rechazan los gremios, y por eso impulsan un plan de lucha que va mas allá de la marcha del 18 de diciembre a Plaza de Mayo.

Fuente: telefenoticias.com.ar

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Canasta básica: una familia necesitó $1.257.329 en noviembre para no ser pobre

El INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país.

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La Canasta Básica Total (CBT), que determina el umbral de pobreza, subió 3,6% en noviembre, según el INDEC. De este modo, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.257.329 para no ser considerada pobre. En los últimos 12 meses, la CBT acumuló un aumento de 25,5%, mientras que en lo que va del año avanzó 22,7%. La variación mensual superó la inflación general de noviembre, que fue de 2,5%.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece la línea de indigencia, aumentó 4,1% en el mismo período. El incremento se ubicó por encima tanto del índice general como de la suba de alimentos, que fue de 2,8%.

En cuanto a los ingresos necesarios para no caer bajo la línea de pobreza en noviembre, el INDEC informó:

  • Una persona necesitó $406.903.
  • Un hogar de tres integrantes requirió $1.000.980.
  • Una familia de cuatro personas necesitó $1.257.329.
  • Un hogar de cinco integrantes requirió $1.332.433.

Para superar la línea de indigencia, los ingresos mínimos fueron:

  • $183.289 para una persona.
  • $450.892 para tres integrantes.
  • $566.364 para un hogar de cuatro personas.
  • $595.691 para cinco integrantes.

Fuente: telefenoticias.com.ar

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