En la actualidad hay una disminución de la cantidad de pediatras en relación al crecimiento de la población. No es un problema en Santa Fe solamente sino en toda la Argentina; la falta de guardias activas, la conglomeración en sanatorios y hospitales y la dificultad de encontrar profesionales médicos es una realidad que se acrecentó estos últimos años y crece con el correr del tiempo.

En este contexto, analizando el estado de situación provincial de los médicos y médicas especialistas pediatras, su regulación jurídica, su actual reconocimiento y remuneración, es allí donde nos encontramos con la siguiente situación. Concursos que quedan desiertos, cargos que quedan vacantes, profesionales que hoy no eligen esta especialidad por lo poco atractivo que resulta y el poco reconocimiento que recibe, falta de un mayor incentivo por parte del estado y el sector privado.

Las causas son varias. En primer lugar, está la cuestión académica. La cantidad de años que debe estudiar una persona para llegar a ser pediatra representa hoy una desventaja a la hora de que elijan esta especialidad. Así, hoy un médico que recién se recibe, luego de haber cursado durante 6 años su carrera universitaria, y habiendo obtenido en tal sentido el título de médico generalista, debe hacer cuatro años más bajo la estructura de residencia médica para poder así obtener la especialización en pediatría, la cual cuenta con una carga horaria semanal de aproximadamente 60 horas y a la cual debe sumarse la carga horaria de las actividades de Guardias Activas. Ello viene siendo reclamado por distintas voces como relaciones laborales encubiertas y precarizadas, ya que son jóvenes que trabajan de manera sobre exigida, a los cuales no se les reconocen las horas extras o realizadas en horas consideradas insalubres, y en su generalidad (al menos los que están en la parte privada) no se encuentran ni siquiera inscriptos en relaciones laborales, sino que deben inscribirse como monotributistas y facturan para los distintos sanatorios privados.

Por otra parte se debe abordar con más franqueza el incentivo profesional y la remuneración de un pediatra. Desde luego que la base de la elección de una especialidad la marca la vocación y el apego al servicio, pero si la baja remuneración es notoria respecto de otras nuevas especialidades es de esperar que sean cada vez menos los médicos que elijan la pediatría frente a otras especialidades o prácticas más rentables. Y en esto, sí hay un camino que el diseño de las políticas públicas nacionales debe seguir y buscar para promover la cantidad de pediatras y neonatólogos y su reconocimiento, no solo del sector público sino especialmente de parte de los sanatorios, obras sociales y empresas prepagas de salud.

Párrafo aparte merece la cuestión de la responsabilidad, ya que surge de lo investigado hasta el momento que hoy los médicos ejercen su labor con miedo, miedo a ser cuestionados, miedo a ser demandados, a no cumplir con los mínimos estándares, todo lo cual nos lleva a preguntarnos si realmente nuestros estándares legales actuales responden a la situación sanitaria, de infraestructura y social que tenemos en nuestro país. Como mínimo estos profesionales merecen que abramos el estudio y el debate de qué es lo que les estamos exigiendo que cumplan.

Por último, en lo que respecta a la cuestión científica y de las obras sociales, no solamente está el retraso que estas últimas tienen en el pago de los bonos y órdenes de consulta a los profesionales (algunas pagan hasta con tres meses de retraso), sino las bajas sumas que abonan y sin tener en cuenta ningún tipo de antigüedad ni especialización o capacitación en los médicos, lleva a que estos no encuentren ningún incentivo en capacitarse, ya que es el mismo bono el que se abona a un médico recién recibido que a un pediatra con 30 años de antigüedad.
Todo lo aquí expuesto, se presenta como una oportunidad a la vez que una necesidad para que comencemos a debatir estos temas, convocando a todos los actores involucrados a fin de poner en valor la tarea que realizan estos profesionales.

Como mínimo debemos plantearnos el desafío de que estas profesiones intensivas perciban un reconocimiento económico debido a su especialidad, siempre con el eje puesto en que lo que estamos debatiendo es, ni más ni más ni menos, que el trabajo de quienes cuidan la salud de nuestros niños y niñas que son nuestras futuras generaciones, todo en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que los gobiernos tienen la obligación legal de proteger a todos los niños y niñas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los cuales nuestro país suscribe.

Lisandro Enrico, Senador Provincial.