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El Campo

La presión fiscal es uno de los motivos que encarecen el precio de productos básicos para la población

Mientras en nuestro país los precios de los alimentos crecen casi a diario, en el mundo el índice de precios de los alimentos durante los últimos 12 meses, según la FAO, han caído más del 20%, manifestándose principalmente en cereales, aceites, lácteos y carne.

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El relato de la guerra ha quedado atrás. Como a lo largo de casi un siglo la Argentina siempre va en sentido contrario al mundo, a pesar de que producimos calorías para más de 400 millones de habitantes, casi 10 veces de los requerimientos calóricos de nuestra población. La desconfianza, la falta de previsibilidad, el aumento de la presión fiscal y las políticas cortoplacistas implementadas atentan contra el bienestar de la población.

La presión fiscal asfixiante es uno de los motivos que encarecen la alimentación de los argentinos. Mientras otros países redujeron impuestos y se insertaron en un mundo más competitivo, nuestra política ha sido de cerrarse y aumentar la presión fiscal.

En el valor del precio del pan, en cada kilo que adquirimos más de 250 gramos corresponden a impuestos, nacionales, provinciales y tasas municipales. En el caso de la carne es aún peor, ya que casi alcanza los 300 gramos por kilo. Esta incidencia la podemos extrapolar al resto de los alimentos y es como tener sentado a la mesa de nuestra familia un integrante adicional que alimentamos.

Deberían reducirse los impuestos que recaen sobre las cadenas alimenticias en un 50%. En los nacionales como el IVA, los provinciales como Ingresos Brutos y tasas municipales que encarecen los productos alimenticios. De esta manera, se otorgaría mayor accesibilidad de los alimentos básicos a la población y sería un buen inicio para combatir la inflación.

A lo largo de la historia nos consta que el control de precios o programas diversos como Precios Justos no han dado los resultados esperados. Pero una reducción de la presión impositiva en todos los niveles gubernamentales podría impulsar una baja de los precios al consumidor y una mayor inversión. Un aumento de oferta ayudará a reducir la inflación que enfrentamos.

Con el nivel de pobreza e indigencia alcanzados, urge reducir el nivel inflacionario y, si bien este depende de diversos factores, como la emisión monetaria, falta de competencia e inversión, entre otros, la reducción de la presión fiscal sobre la cadena agroalimentaria sería un primer paso para comenzar con cambios estructurales que brinden previsibilidad y certidumbre.

Cadena del trigo

Con respecto a la cadena de trigo, en breve comenzarán las labores para la siembra, siempre y cuando los diversos perfiles edafológicos se encuentren cargados de la humedad suficiente para obtener la capacidad de campo óptima, con el objetivo de lograr una implantación aceptable, esperando que el desarrollo y madurez del cultivo reciba las precipitaciones necesarias.

La intención de siembra de los productores es alta a pesar de la elevada volatilidad de los precios y, si el clima acompaña, se podría aspirar a los 6 millones de hectáreas. La intención es alta y los recursos bajos al transitar la peor sequía de la historia. Con el agravante de medidas que encarecen y limitan las importaciones de los insumos estratégicos, como fue la eliminación de la eximición a los grandes importadores del impuesto a las ganancias e IVA, cuyo mayor costo se traslada a los fertilizantes, agroquímicos y tecnología de alta precisión.

La distribución regional del trigo es relevante tanto para abastecer a los molinos ubicados cercanos a las zonas productivas, como para lograr los diversos tipos del cereal, el trigo blando, medio, duro y candeal, debido a que con cada uno se producen distintos productos como las galletitas, tortas, fideos japoneses y chinos; harina, pan de molde y fideos.

La presión fiscal es agobiante. Recordemos que cada 100 pesos que genera el productor de trigo, la participación del Estado supera el 78%, además el valor del trigo se multiplica por 7.3 desde que sale del campo hasta que se convierte en pan y llega a la góndola.

Según FADA, de la totalidad de impuestos que aporta la cadena, el 78,7% son nacionales, 18,8% provinciales y 2,5% municipales. En particular el impuesto a Ganancias e IVA concentran el 70% de los impuestos pagados por la cadena.

Los productores trigueros, si el clima lo permite, invertirán más de 3300 millones de dólares en los insumos estratégicos para sembrar, fertilizar y proteger sus cultivos, minimizando los riesgos a través de seguros agrícolas. Esto con la esperanza de cosechar más de 18 millones de toneladas, lo que brindaría un saldo exportable considerable para obtener las tan ansiadas divisas.

Estamos en el momento adecuado para pensar en una reducción de los derechos de exportación en por lo menos un 25% para el trigo como un puntapié inicial hacia la eliminación progresiva de los mismos en los próximos años.

Esta señal podrá impulsar una mayor productividad con todos los beneficios que implica, como potenciar el efecto multiplicador de la economía, crear trabajo en todos los eslabones de la cadena triguera, compensándose el costo fiscal de la medida.

Es prioritario comenzar a transitar hacia un crecimiento sostenido. Para lograrlo se requieren medidas de largo plazo, con políticas de Estado que brinden previsibilidad y certidumbre. Es momento de comenzar a reposicionar a nuestro país como abastecedor confiable de alimentos y energía renovable a un mundo cada vez más exigente.

El autor es consultor en agronegocios

Fuente: Ernesto Ambrosetti – Diario La Nación

El Campo

Advierten sobre una fuerte caída en el país del uso de la siembra directa

En Aapresid los técnicos dijeron que esto podría comprometer la sustentabilidad de los suelos; “por diferentes razones, en distintos lugares, en algunos casos bajó al 50%”, dijeron

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En el primer día del XXXIII Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que se desarrolla en el predio de La Rural hasta el próximo viernes, referentes técnicos y productores advirtieron sobre un fenómeno que preocupa: en distintas regiones del país el uso de la siembra directa se redujo drásticamente, con casos donde la caída llega al 50% de la superficie trabajada.

“Por diferentes razones, en distintos lugares, en algunos casos bajó al 50% el uso de la siembra directa. Datos del INTA Reconquista hablan de que menos del 20% de los lotes tienen siembra directa de seis o más años. Ese es un dato muy duro que nos atraviesa hoy”, alertó Guillermo Marrón, director del Instituto de Ingeniería Rural del INTA, luego de moderar el panel “Cuando la siembra directa se interrumpe: decisiones de impacto”.

El técnico señaló que uno de los factores que explica este retroceso es el uso de maquinaria de mayor ancho y la presión de los contratistas por cubrir más hectáreas por hora. “Eso hace que, al momento de sacar la cosecha, el tránsito genere alteraciones en el suelo. Sabemos cómo remediarlo, pero las condiciones socioeconómicas empujan a facturar y sacar la producción”, dijo a LA NACION.

Marrón aclaró que no se trata de un abandono masivo del sistema, sino de “labranza ocasional” que interrumpe procesos previos de siembra directa y obliga a recomenzar. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias: “Hay encharcamientos, deformación por huelleo y compactación. En San Justo se inundan los pueblos, en el sudoeste bonaerense los campos se vuelan y en Balcarce se encharcan por falta de infiltración”.

Para dimensionar la importancia del recurso, graficó: “Si uno divide al mundo como una manzana en 27 gajos, solo uno alimenta a la humanidad. Y no es todo el gajo, es solo la capa arable, la cáscara. Aapresid quiere que tomemos conciencia de eso”.

En la zona centro-norte de Santa Fe, el ingeniero agrónomo Navier Picco, asesor y miembro de la Regional Videla de Aapresid, presentó los resultados de una encuesta: “El 60% de los productores y técnicos contestaron que la superficie bajo labranza está en torno al 50%. Hacia el norte aumenta, hacia el sur disminuye”.

Las causas principales que surgieron de los relevamientos, tanto en 2023 como en 2025, fueron “la dificultad para controlar malezas, la compactación del suelo y el costo de los tratamientos químicos”.

Picco resaltó un dato preocupante: “Entre el desconocimiento del efecto negativo de la labranza y el desconocimiento de la siembra directa, hay un 40% que eligió esas opciones. Hay un gran problema de desconocimiento, tanto de productores como de agrónomos y técnicos”.

“El problema no es la labranza en sí ni la siembra directa, sino dónde y cómo se hace. Lo que vemos hoy es labranza sin diagnóstico: porque el vecino lo hizo, porque quedó lindo, porque hay que amortizar el tractor. Eso nos hace retroceder 30 o 40 años”, planteó.

Desde el sur bonaerense, Martín Dumrauff, asesor de la Regional Bahía Blanca de Aapresid, también compartió que en un relevamiento interno detectaron casos donde “hasta el 80% de la superficie” en los alrededores estaba bajo algún tipo de labranza. “Tal vez no toda es convencional, pero sí hay altos porcentajes de intervenciones puntuales y esporádicas por problemas como compactaciones superficiales o malezas resistentes como el raigrás”, explicó.

Para Dumrauff, estas prácticas responden a la búsqueda de soluciones rápidas, pero tienen impacto en la sustentabilidad: “Me parece que está en juego y hay que ponerse a trabajar en eso”.

Hugo González, otro de los disertantes, asesor y coordinador de la Regional Mar del Plata de Aapresid, relevó que, según la percepción de sus socios, “la superficie labrada es de más del 20% en la mayoría de los casos”. Al verificar en campo, el porcentaje fue algo menor, pero igualmente significativo.

En su zona, la papa es uno de los cultivos que más altera el suelo, pero no es el único factor. “También influye la salida de la ganadería, las malezas resistentes y los lotes periurbanos donde no se pueden aplicar agroquímicos”, señaló.

González destacó que la mayoría de los encuestados no realiza diagnóstico previo ni seguimiento de las intervenciones. “Lo ideal es tener un diagnóstico y un seguimiento, como en la salud. En nuestras regionales es un tema que nos preocupa”, sostuvo.

Marrón, por su parte, insistió en que todavía se está a tiempo de revertir la tendencia: “Somos conscientes de que los procesos son reversibles, pero hay que actuar ahora. No podemos perder la capa de suelo fértil que nos alimenta”.

La coincidencia entre los expositores fue clara: el retroceso de la siembra directa no responde a una única causa, sino a una combinación de presiones económicas, problemas técnicos y desconocimiento. Y el riesgo, subrayaron, es comprometer la sustentabilidad de los sistemas productivos en el mediano plazo.

Fuente: Diario La Nación

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El Campo

RENATRE Santa Fe Sur recibió a la cónsul de Bolivia en Argentina

El delegado provincial del RENATRE Santa Fe Sur, Andrés Alasia, recibió en julio en Rosario a la Cónsul de Bolivia en Argentina, Sabina Orellana Cruz, con el objetivo de articular gestiones institucionales y de acercar al organismo a las autoridades para abordar problemáticas referidas a los trabajadores migrantes de nuestro país vecino en el ámbito del trabajo rural.

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“Recorrimos diversos temas de gran importancia, en materia de normativa vigente, control de documentación, derechos y obligaciones en el trabajo rural, competencia desleal, trabajo infantil, trata de personas con fines de explotación laboral y se logró coordinar acciones tendientes a la regularización registral y laboral en conjunto a la colectividad”, explicó Alasia. 

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El Campo

RENATRE y la provincia de Santa Fe coordinaron acciones contra la explotación laboral rural

El delegado provincial del RENATRE, Santa Fe Sur, Andrés Alasia, mantuvo una reunión de trabajo con miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, en la sede de Gobierno en Rosario.

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Durante el encuentro se trataron temas vinculados a los casos donde el punto focal interviene donde se detectan indicios de explotación laboral rural, con el objetivo de mejorar la coordinación de las acciones, contemplando las dificultades propias de esta problemática, sobre todo en el ámbito rural.

“El fortalecimiento de la articulación institucional permite profundizar y afianzar mecanismos de restitución de derechos”, afirmó Alasia.

Del encuentro participaron Fabricio Trossero, Director General de Promoción y Protección de DD.HH; Laura Moya, Coordinadora de Programas y Proyectos; y Bárbara Silva, abogada del Programa Provincial de Lucha Contra la Trata, protección y asistencia a las víctimas y su Familia.

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