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El Campo

La nueva versión de la ley ómnibus sigue sin convencer a las pymes de biocombustibles

Entre los cambios que introdujo el Poder Ejecutivo al proyecto de ley ómnibus hay algunos relacionados con los biocombustibles. El oficialismo asegura que “se tomó gran parte de las preocupaciones expresadas por todos los sectores intervinientes”, pero siguen las observaciones y la disconformidad, en particular de las pymes.

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Entre las modificaciones figura que, antes del régimen de libre competencia, se fijó un plazo de 18 años para que las mezclas con combustibles fósiles sean producidas en el país, utilizando materias primas nacionales. También se establecieron porcentajes obligatorios en volumen para biodiésel (progresivos en aumento hasta el 2026) y bioetanol, junto con ciertas pautas para la participación de las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos.

En ese punto, se incluyó que a partir del 15% y no antes de tres años de la entrada en vigencia, se propondrá al Congreso aumentos progresivos de porcentaje de mezcla o corte obligatorio hasta alcanzar un porcentaje entre el 18 y el 27%.

Además, se prevé un “régimen único de licitaciones transparentes, de acceso público para la determinación de volúmenes y precios en el abastecimiento de biocombustibles”. Desde el Ejecutivo indican que “se previeron ciertas cláusulas que tienden a asegurar múltiples proveedores y equilibrar la participación de empresas grandes y pymes”.

Por otra parte, se asegura un volumen de bioetanol de caña hasta 2030 en base a lo entregado en los últimos años; con la posibilidad de pueden tener más volumen si por precio les corresponde en la licitación. También se puso un tope de import parity en el precio de adjudicación de las licitaciones de biocombustibles. Los biocombustibles siguen exceptuados del impuesto a los combustibles líquidos y al carbono.

La norma promueve un aumento del corte de biodiésel del actual 7,5% al 12,5 % y en bioetanol sostiene el actual 12% y permite que en dos años, Energía lo lleve al 15%. El consultor Claudio Molina advierte que el corte de 7,5% “no se cumple; alcanza al 5% y, lamentablemente, Energía no aplica multas a los refinadores de petróleo, principalmente a YPF, que en los últimos tres años cortó al 3,3%”.

Cláusulas

Desde la Cepreb, Federico Martelli indicó a LA NACION que, a criterio de la cámara, las nuevas modificaciones dejan al proyecto “peor” que hace una semana. “Se retrocedió porque establece que ningún jugador podrá tener una cuota superior al 14% del mercado; hay seis empresas integradas grandes, número que terminará dominando todo”, dijo, en referencia a las empresas del complejo oleaginoso.

Señaló que, cuando se habla de “cláusulas o mecanismos” para proteger a las Pymes “pareciera que quedara liberado a la reglamentación y no queremos que sea así”. En el país hay 27 empresas de esta categoría que producen biodiésel y que vienen planteando su oposición a los cambios impulsados por el presidente Javier Milei.

“Tenemos seis años de promoción por delante y estas modificaciones dejan abiertas las puertas a juicios contra el Estado . Violan los derechos adquiridos y lo hace un sector que propone seguridad jurídica. Esto es exactamente a la inversa”, dijo Martelli.

La Secretaría de Energía deberá enviar un proyecto de ley al Congreso para aumentar las mezclas de biocombustibles, dejando en ese caso abierta la posibilidad de que por ley se implemente flex fuel. Para Molina eso “cambia radicalmente” la versión anterior, donde el pase a flex fuel y a contenidos de biodiésel mayores al 15% era directo.

Analiza que para las licitaciones de biodiésel se propone un régimen de licitaciones con dos segmentos, el de grandes integradas (exportadoras) y el resto, asignándose a cada segmento, cantidades que surgen de cálculos matemáticos para igualar el uso de capacidad instalada “de manera de ser ecuánime para todos”. De esas licitaciones resultarán los respectivos precios.

Para el bioetanol también se propone un régimen de licitaciones, pero previamente se asegura hasta 2030 al bioetanol de caña, que en la formación de oferta, como mínimo se abastezca el promedio de las entregas 2021 – 2023, período signado por problemas de sequía y otros, que disminuyeron esa oferta. “No está muy claro cómo se ejecutarán las licitaciones en los dos segmentos, dada esa restricción”, sostiene Molina.

Respecto al tope de los precios de biodiesel y bioetanol por las paridades de importación, Molina advierte que no se aclara si son las de la nafta y gasoil, o de los propios biocombustibles, respectivamente.

Se permite el ingreso al abastecimiento de biodiésel a las grandes integradas y también a las petroleras, cuando los cortes superen al 15% y, en bioetanol, el 18%. Se limita la participación de las petroleras y plantas elaboradoras de biocombustibles, en distintos términos porcentuales del mercado, según el caso.

“El proyecto baja las buenas expectativas que había generado en la mayoría de los productores de biocombustibles, la versión dos -puntualiza Molina-. Sigue sin convencer a las pymes; no es muy generoso en materia de aumento de cortes, ya que obliga a que en no menos de tres años, en tal caso lo trate de nuevo el Congreso”.

Fuente: Diario La Nación 

El Campo

El girasol argentino todavía tiene margen para crecer

Un estudio mostró que las brechas de rendimiento oscilan entre el 34% y el 40% a nivel país.

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Aunque el girasol es uno de los cultivos claves del sector agrícola nacional -gracias a su poder de adaptación a diversas regiones, y a su aporte en materia de estabilidad y diversificación ante los desafíos comerciales y del ambiente-, sus rindes están curiosamente lejos de su potencial.

Un estudio interinstitucional realizado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), el INTA, ASAGIR y otras entidades, determinó que la diferencia entre lo cosechado y lo que se podría obtener, es decir la brecha de rendimiento, oscila entre el 34% y el 40% a nivel país. El dato ciertamente llama la atención, en medio de una campaña que se encamina a tender rindes históricos.

“El cultivo de girasol es estratégico, y aunque los rendimientos son buenos, todavía hay margen para aumentarlos. A ese incremento de kilos por hectárea lo llamamos brecha de rendimiento”, dijo Ignacio Rodríguez, primer autor del estudio y profesional del Grupo Don Mario, al medio Sobre La Tierra.

“En el trabajo, primero definimos el rendimiento potencial en base a modelos de simulación, a ensayos comparativos de rendimiento y a los rindes de los productores más eficientes del CREA. Después, comparamos esos rendimientos con los registros de producción del Ministerio de Agricultura. Además, lo hicimos para todas las zonas girasoleras”, añadió a continuación.

Por su parte, Pablo Cipriotti, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, detalló que “las diferencias regionales variaron desde 25% en el sudeste bonaerense hasta 50% en el norte”.

De acuerdo con el trabajo publicado en la revista Field Crops Research, entre las principales causas de este fenómeno se encuentran la baja fertilización fosforada (P) y nitrogenada (N), el uso de labranza convencional y la adopción de genotipos de bajo potencial de rendimiento.

Cipiotti ejemplificó indicando que “en el norte, las mayores mermas en los rindes ocurren por emplear labranzas convencionales, mientras que en el sudeste de Buenos Aires se deben, sobre todo, a la poca fertilización con P y N”.

Según se indicó, para este estudio se aplicó el modelo CROPGRO, que de acuerdo con Rodríguez “simula el desempeño del cultivo en distintos suelos, climas y prácticas agronómicas. Incluso, considera el alto costo energético de producir aceite, lo cual es crucial en girasol”.

Entre numerosos parámetros ajustados, el equipo priorizó dos aspectos: la capacidad de generar hojas y de profundizar las raíces hasta 3 metros en ciclos de crecimiento cortos. “Quedamos muy satisfechos con los resultados que brindó el modelo”, comentó.

Para analizar los rendimientos, el equipo de investigación recurrió también al Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada (ReTAA), elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Fuente: Bichos de Campo 

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El Campo

Malestar en el campo luego de varias declaraciones de Federico Sturzenegger

Desde Federación Agraria Argentina (FAA), Carbap y la Sociedad Rural de San Antonio de Areco le respondieron al ministro de Desregulación y Transformación del Estado luego que se refiriera a la mano de obra en el sector, las retenciones y el INTA

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Después de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refiriera al INTA, la generación de empleo en el campo y las retenciones en términos que causaron malestar, desde el sector agropecuario le respondieron.

Vale recordar que el funcionario afirmó la semana pasada en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) que el sector no generaba suficiente mano de obra. ”El campo no es muy mano de obra intensiva, por lo menos la agricultura extensiva de la pampa [por la región pampeana]“, disparó el ministro.

Ayer, en tanto, deslizó que el estancamiento en la producción de soja en la Argentina no se debe a los derechos de exportación (DEX), sino a la falta de reconocimiento de la producción intelectual que llevó a que se invirtiera menos en el país en mejoramiento genético. En el 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) indicó: “Me piden bajar las retenciones, pero Brasil pasó de 50 millones de toneladas de soja a 150 millones y nosotros nos quedamos estancados en 45 millones. Entonces, me parece que es mucho más interesante preguntarse por qué Brasil triplicó la producción. Y no son las retenciones necesariamente”, deslizó.

También apuntó sobre el INTA: “¿Ustedes sabían que el INTA gasta $400.000 millones, tiene 6000 personas, tiene 3000 vehículos y no se sabe muy bien qué es lo que hacen? Bueno, en todas esas cosas hay que poner una lupa y empezar a hacer el trabajo”.

En ese contexto, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que las retenciones son un mal impuesto, regresivo, distorsivo y de uso discrecional por parte del Estado. “Nada de lo que se ha aportado durante más de 22 años volvió, ni al productor, ni al sector para desarrollo, ni en infraestructura, ni en tecnología. Los países vecinos le han dado a sus productores previsibilidad en sus condiciones de producción y comercialización de soja, la promueven, no la castigan con retenciones”, comparó.

Uno de los temas en los que hizo énfasis sobre el estancamiento productivo el ministro fue la propiedad intelectual en semillas. Sarnari precisó que, en materia de semillas, Brasil también está adherido al convenio internacional Upov 78 y tiene el mismo régimen que la Argentina. “El problema de la industria semillera también hay que mirarlo con una mirada amplia, ¿qué condiciones tiene la industria en la Argentina? Cualquier industria tiene mejores condiciones afuera que en la Argentina, no es nuevo, es un problema estructural, de costos, de carga impositiva, no es un problema de propiedad intelectual que nosotros también tenemos legislación que la protege», afirmó.

Sobre el INTA señaló: “Preocupa mucho que los pasillos empiecen a hablar de una reestructuración que no estaba en la agenda y que es darle al Ministerio de Economía el manejo de los recursos del instituto. Casi 70 años han demostrado que la gobernanza autónoma del INTA dio excelentes resultados, y el manejo de los recursos también le da autonomía de la política y puesta al servicio del sector. Es necesario que siga siendo autónomo porque garantiza la visión estratégica más allá de las administraciones de turno. Todo este tiempo vinimos defendiendo la institucionalidad del INTA y fortalecer el trabajo del Consejo Directivo, si le quitan esa función vamos directo al debilitamiento y a la pérdida de autonomía, sería muy malo para los productores», afirmó.

En ese contexto, Martín Vivanco, de la Sociedad Rural de San Antonio de Areco, agregó que los dichos del ministro fueron una opinión desafortunada. “En el fondo trasunta que lo único que les importa son los saldos exportables. No les importa cómo les va a los ciudadanos de su propio país, ni cuál es la rentabilidad del productor agropecuario, ni cómo es la vida rural en el interior. Y, tal vez, también trasunte algunos intereses de la industria semillera. Porque decir que Brasil, gracias a la tecnología, superó cierta cantidad de hectáreas o toneladas, lo único que hace es confirmar esta lectura: lo único que les interesa es saber cuántas toneladas va a tener el país para vender. Y por medio de quién se logra eso no les importa nada. Si lo hacen productores genuinos, si lo hacen empresas enormes dedicadas al agro, con o sin arraigo en la sociedad o en el interior, o si lo hacen empresas fantasmas, da lo mismo», planteó.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también fustigó las declaraciones del funcionario. Afirmó que la falta de crecimiento en la producción agropecuaria argentina no se debe a la falta de capacidad o voluntad de los productores, sino al sistema impositivo.

“Lamentamos profundamente sus dichos, en los que afirmó que el sector agropecuario no genera suficiente mano de obra y que el estancamiento en la producción de soja no se debe a los derechos de exportación. Estas afirmaciones desconocen la realidad del campo argentino y del interior productivo. A lo largo de los años, mediante los DEX, distintos gobiernos han detraído y continúan -o, como ha calificado el propio presidente Milei, robado- más de 200.000 millones de dólares al sector agropecuario”, dimensionaron.

Compararon que esto representa aproximadamente el 30% del PBI nacional. “Los DEX han sido un freno sistemático al crecimiento, a la inversión y a la generación de empleo genuino en el interior del país. Por lo tanto, si la producción no crece, no es por falta de capacidad o voluntad del productor agropecuario, sino por el peso de un sistema impositivo distorsivo, confiscatorio y persistente. Desconocemos si estas declaraciones surgen de una mala información o de una desinformación deliberada”, afirmó.

Fuente: Diario La Nación

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El Campo

Los exportadores argentinos de poroto de soja están muy activos gracias a la aspiradora china

La nueva coyuntura internacional –más allá de la tregua comercial por 90 días anunciada este lunes por EE.UU. y China– está promoviendo una reconfiguración de la demanda de soja en el mercado argentino.

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En las últimas jornadas no es la industria aceitera, sino la exportación, la que está liderando las registraciones de Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE) de productos del complejo sojero, cuando lo habitual es la situación inversa.

La razón detrás de ese fenómeno es la necesidad por parte del gobierno chino de aprovisionarse de grandes volúmenes de poroto de soja para poder negociar con EE.UU. desde una posición más sólida.

Para los productores argentinos se trata de una buena noticia porque la competencia entre exportadores e industria contribuye a sostener los precios en pleno período de cosecha, donde los compradores tienen más oferentes de mercadería de los que necesitan.

El pasado viernes la capacidad teórica de pago de la Soja Rosario en el mercado disponible fue de 273,4 u$s/tonelada en el caso de la exportación y de 277,1 u$s/tonelada en lo que respecta a la industria, según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ese día, el valor promedio negociado por la Soja Rosario Norte, según la plataforma Sio Granos, fue de 308.727 $/tonelada, equivalente a 273,9 u$s/tonelada.

Hasta el momento, para el presente mes de mayo los exportadores declararon DJVE de poroto por 1,55 millones de toneladas, mientras que la industria registró ventas de harina de soja por 1,64 millones.

Sin embargo, para el próximo mes de junio los exportadores de poroto llevan la delantera con DJVE de poroto por 900.370 toneladas, al tiempo que la industria inscribió embarques de harina por 215.120 toneladas.

Fuente: Bichos de Campo

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