El nuevo acuerdo “equivale al triple del monto actualizado que recibía mensualmente la provincia durante el gobierno de Alberto Fernández”, indicó la funcionaria, acompañada por el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso. En paralelo, se abre un período de negociación por el stock adeudado entre 2022 y 2025, pero Provincia “no renuncia al reclamo ante Nación”, se destacó.

El Gobierno de Santa Fe informó que junto a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanzó en un convenio para el envío de $ 10 mil millones mensuales, a partir del mes de mayo y por el término de un año, destinados a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

“El convenio lo firmará el gobernador Maximiliano Pullaro junto a autoridades de Anses este martes en la ciudad autónoma de Buenos Aires”, anunciaron la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de la ciudad capital.

Las negociaciones apuntan a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente por Nación a raíz de uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente Javier Milei a fines de marzo de 2024. Así, la transferencia, según anunciaron las autoridades provinciales, se hará en concepto de anticipo de capital correspondiente y resultante a la auditoría del ejercicio 2026, mientras que, en relación a los ejercicios entre 2020 y 2025 los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y auditorías con plena colaboración de Anses y el Gobierno de Santa Fe. “Por lo de 2020 y 2023 se negociará el saldo armonizado, y en relación a 2024 y 2025 se recibirá como pago a cuenta”, detalló Coudannes.

Montos que triplican cifras antes recibidas

Los $ 10 mil millones que se recibirán duplican la oferta que la Nación realizó el año pasado en una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema y también equivalen al triple del monto actualizado que se recibía mensualmente durante el gobierno del presidente Alberto Fernández. “En este convenio se plasma que los juicios que venimos transitando con Nación, vinculados a la deuda, se suspenderán de manera transitoria en el marco de las negociaciones y acuerdos que contempla dicho convenio, por un plazo de 180 días”, destacó la funcionaria, quien a su vez, remarcó que la Provincia “no renuncia al reclamo ante Nación”.

Al mismo tiempo, Coudannes realizó una analogía para entender que $ 10 mil millones por mes significan “lo que el Ministerio de Obras Públicas presupuestó para reparar la ruta A012 o lo que la EPE licitó en 2025 para más de 300 transformadores y la mejora del tendido eléctrico en la provincia”. En el mismo sentido, la funcionaria valoró los esfuerzos por “salvar la Caja” y que “se hayan encaminado las negociaciones necesarias para alcanzar este acuerdo porque hay un gobierno provincial que fija reglas, busca el orden”.

En defensa de los santafesinos

Boasso, en tanto, aseguró que el convenio es “otro acto más en defensa de los intereses de los santafesinos, salvando un sistema previsional que es modelo en el país porque tiene las mejores jubilaciones y pensiones”.

El secretario de Seguridad Social recordó que la obligación nacional de financiar el déficit de la Caja nació con los pactos federales de la década del 90, cuando la mayoría de las provincias transfirió sus regímenes jubilatorios a la Nación, pero hubo trece que no lo hicieron, entre ellas Santa Fe.

En 2016, con la llamada ley de reparación histórica sancionada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, las provincias lograron introducir artículos para reafirmar esta obligación, de la misma forma que lo hicieron en distintos presupuestos nacionales. Lo que debe hacer Nación por este marco normativo es transferir antes del día 20 de cada mes, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas.

Sin embargo, Boasso aseguró que “en la última etapa del gobierno del presidente Alberto Fernández se dejó de hacer las transferencias y así se acumuló una deuda hiper millonaria, que estimamos puede alcanzar los 1,5 a 2 billones de pesos”. Es por eso que desde el Gobierno Provincial buscan que se inicie un proceso de negociación para recuperar esos recursos que Santa Fe dejó de percibir, mientras reactiva el flujo en este convenio por un año.

El uso de vehículos híbridos y eléctricos cada vez es más común en la provincia y eso se debe, en parte, a que están exentos del pago de patente durante cinco años. En 2025, Santa Fe registró 1750 autos de este tipo, un 250% más que en 2022. Este beneficio está incluido en la Ley N° 13.781 de Promoción a la Industrialización de Vehículos Eléctricos y de Energías Alternativas, sancionada en 2018. “Es un proceso que iniciamos en 2016, hace diez años, cuando la movilidad eléctrica era apenas una tendencia incipiente, y en Santa Fe tuvimos la visión estratégica de fomentar su desarrollo. Hoy vemos resultados concretos de aquella decisión”, afirmó Joaquín Blanco, diputado provincial y autor de la ley.

El crecimiento del sector muestra una tendencia exponencial: en 2022, la inscripción de estos vehículos fue de 622 y para 2026 se proyecta superar las tres mil unidades. Rosario encabeza este proceso, con 648 autos inscriptos sólo en los tres primeros meses de este año, cifra que supera ampliamente la de 2024, cuando hubo 524, y que seguramente supere la de 2025, cuando hubo 869.

“La curva ascendente no responde solo al mercado, sino a una política pública sostenida que generó confianza. Cuando el Estado da señales claras y las mantiene en el tiempo, los ciudadanos responden”, sostuvo el legislador.

Blanco remarcó la importancia de sostener políticas públicas que impulsen el desarrollo tecnológico y promoviendo el ahorro para las familias: “Un vehículo híbrido enchufable puede consumir hasta tres veces menos combustible que uno convencional, lo que se traduce en un ahorro cercano al 40% para los usuarios al optar por la carga eléctrica”. Además, remarcó el impacto ambiental positivo: “Reducir el consumo de combustibles implica también disminuir las emisiones y mejorar la calidad del aire, algo fundamental en ciudades como Rosario y Santa Fe”.

El diputado también señaló que esta política contribuye a una mayor autonomía provincial. “Fomentar la movilidad eléctrica es avanzar hacia una soberanía energética a escala cotidiana, reduciendo la dependencia de variables externas como el precio del petróleo o los conflictos internacionales”, explicó.

Respecto a los incentivos, Blanco afirmó que “la exención del impuesto a la patente por cinco años fue clave para que más santafesinos apuesten por estos vehículos. A eso se sumó la digitalización del trámite, que simplifica el acceso y mejora la eficacia de la política pública”. De cara al futuro, el legislador planteó nuevos desafíos: “El próximo paso es avanzar en una tarifa diferencial para la carga nocturna de vehículos eléctricos. Es una medida que puede incentivar aún más su uso y optimizar la red eléctrica sin grandes inversiones”.

Finalmente, Blanco remarcó la necesidad de continuar con una estrategia articulada: “El espíritu de la ley siempre fue el trabajo conjunto entre los tres niveles del Estado, el sector productivo, el ámbito académico y la sociedad civil. Seguir por este camino es honrar el compromiso de construir una provincia más saludable, productiva y moderna”.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe sostiene por estos días un abordaje interministerial en San Cristóbal, con eje en la contención, la asistencia y el acompañamiento a la comunidad educativa y a los vecinos, tras el ataque ocurrido el lunes pasado en una escuela de la localidad, que terminó con un chico fallecido.

La labor del Gobierno de Santa Fe se lleva adelante mediante dispositivos específicos de apoyo psicológico, instancias de diálogo y organización del regreso a las aulas.

La intervención involucra a los ministerios de Educación, de Salud, de Igualdad y Desarrollo Humano y de Justicia y Seguridad, que coordinan acciones destinadas a docentes, alumnos, asistentes escolares y familias. En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro visitó la ciudad el sábado, donde mantuvo encuentros con los padres de Ian Cabrera -el joven asesinado-, con familiares de uno de los menores heridos y con el equipo directivo de la Escuela Normal Nº 40. Estuvo acompañado por el ministro de Educación, José Goity, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, entre otras autoridades, que expresaron su reconocimiento a la comunidad educativa de la Escuela Normal de San Cristóbal, por el profesionalismo y la calidez humana con la que se viene trabajando en el abordaje del tema.

Regreso progresivo

Como parte de las medidas adoptadas, y en respuesta a pedidos de la comunidad local y de organizaciones civiles, este lunes 6 y martes 7 de abril no habrá clases en todas las escuelas oficiales y privadas de todos los niveles y modalidades de la ciudad. En paralelo, el edificio de la Escuela Nº 40 permanecerá cerrado por disposición judicial hasta que el Ministerio Público de la Acusación determine la finalización de las pericias en el lugar.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que el regreso a la actividad escolar será progresivo, flexible y situado, y que el esquema de retorno se comunicará institucionalmente conforme a lo que disponga la Justicia. Durante los próximos días, se sostendrán espacios de acompañamiento con docentes, directivos y asistentes escolares, además de instancias de diálogo con las familias.

En este sentido, se organizarán reuniones entre funcionarios de Educación y equipos directivos de todas las instituciones de la ciudad para definir dispositivos de escucha y contención, así como propuestas pedagógicas que permitan dar continuidad a los aprendizajes durante la suspensión de clases. Estas actividades serán canalizadas a través de las escuelas para su desarrollo en el ámbito familiar.

Trabajo coordinado

Asimismo, se intensificará la presencia de equipos territoriales en las instituciones y el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente, con el objetivo de asistir al personal educativo. También se prevén encuentros específicos con directivos de la Escuela Nº 40 y supervisores de todos los niveles para coordinar el proceso de acompañamiento institucional.

Por su parte, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias y jóvenes afectados mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa. El objetivo es brindar herramientas que permitan transitar la situación desde una perspectiva integral, fortaleciendo los vínculos familiares y comunitarios.

Desde el Ministerio de Salud se mantiene el abordaje territorial implementado desde el inicio de la emergencia, con la participación de equipos de salud mental de las regiones Rafaela y Ceres, junto con efectores locales como el Hospital Samco “Julio César Villanueva” y los centros de salud de la ciudad. En los próximos días, se desarrollarán encuentros grupales e instancias individuales de acompañamiento, además de espacios de cuidado dirigidos a trabajadores de la salud y la educación.

Finalmente, se avanzará en la conformación de una mesa intersectorial que integrará a clubes, asociaciones civiles y autoridades municipales, con el objetivo de sostener a largo plazo un entramado comunitario de apoyo frente a la situación.