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Gas: “Antes de aumentar, debemos saber de cuánto es el aumento real y definir quién lo paga”, advirtió la Defensoría

El defensor del Pueblo a cargo Gabriel Savino pidió “escuchar a la ciudadanía” para establecer los nuevos precios y consideró que «no puede definirse un incremento cuando no se sabe cuánto es la participación del Estado en el subsidio y cuál será el precio a boca de pozo».

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En el marco de las audiencias públicas para determinar el nuevo cuadro tarifario del servicio de gas natural por red, en las que se establecerán los valores tanto para distribución como para transporte, el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe a cargo Gabriel Savino insistió con la necesidad de “escuchar a la ciudadanía, que es la que tributa en silencio” y, dado la complejidad del tema y los diversos factores a considerar, sostuvo que “antes de aumentar, debemos saber de cuánto es el aumento y definir quién lo paga”. 

“Las Defensorías del Pueblo de todo el país venimos participando en todas las audiencias públicas convocadas para debatir sobre las tarifas del gas natural por red, desde el fallo Cepis, donde la Corte Suprema anuló el incremento por falta de audiencia pública previa.

El ombudsman es el instituto que, cuando el sistema falla, recibe y auxilia a los usuarios y consumidores con los reclamos no escuchados”, reseñó Savino durante la audiencia, alertando que “en muchas oportunidades no se obtienen respuestas por parte de las prestadoras, incumpliendo y negando el rol del Estado y, en definitiva, vulnerando los derechos de la ciudadanía”. 

El organismo de protección de derechos evaluó que hasta marzo de 2019 “el principal problema expuesto era relativo a los aumentos tarifarios solicitados, que en ningún caso reunían los requisitos de razonabilidad, proporcionalidad, gradualidad y certeza exigidos por la Corte Suprema”. Al respecto, ejemplificó con el caso de Litoral Gas, que presta el servicio en la provincia de Santa Fe y en el noreste de Buenos Aires, cuyo cuadro tarifario se incrementó entre mayo de 2015 y enero de 2019 un 1.200 por ciento para el cargo fijo y un 1.800 por ciento para el m³ para un usuario R1. 

El defensor recordó, en ese sentido, que en 2019 se produjo un congelamiento tarifario y 2020, con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva 27.541, se dispuso iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario. “La preocupación y el objetivo que debe imperar hoy, además de los aumentos aprobados, es cuál será el costo final que deberán afrontar los usuarios cuando termine este régimen provisorio o excepcional. Ya que Litoral Gas expone en su informe que el ‘ajuste correspondiente según fórmula de cálculo aprobada por Enargás en la RTI (Revisión Tarifaria Integral) sería para los usuarios Residenciales/SGP/GNC/EBP del 219,0351 por ciento en el cargo variable y del 193,3064 por ciento en el cargo fijo’”, indicó. 

La Defensoría explicó que la empresa, en el marco del decreto 1.020/2020, solicita “para esta oportunidad subsidiariamente un 79,1 por ciento de ajuste sobre la tarifa de distribución para mitigar, según ella, los efectos de la inflación”. “Empero, nadie contempla la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, que ronda el 50 por ciento, aunado a los impactos sobre el sector pasivo. Y es en esta realidad donde el Estado debe propiciar las condiciones para que todas y todos tengan accesibilidad al servicio, tanto en materia de poder contar con conexión a la red del servicio como la posibilidad de poder costear las tarifas”, reafirmó Savino. 

En este contexto, el defensor se preguntó: “¿Quién se va hacer cargo de la diferencia existente entre el aumento que correspondería según las licenciatarias, por aplicación de la fórmula oportunamente aprobada por Enargás, y el incremento efectivamente aprobado? ¿Cuánto es el aumento real directo en el bolsillo del ciudadano? ¿La tarifa propuesta es sostenible y aplicable en un período de retracción económica?”, y afirmó: “Desde la Defensoría del Pueblo adelantamos opinión diciendo que ese incremento en ningún caso deberá ser afrontado mayoritariamente por el usuario que tributa”. 

La Defensoría del Pueblo consideró que “el cuadro tarifario solicitado que implica una actualización en el orden 200 por ciento del valor de distribución no se ajusta a los principios de proporcionalidad, gradualidad y razonabilidad de las tarifas”.

Y respecto del cuadro tarifario solicitado en carácter subsidiario y que conlleva una actualización del valor de distribución en el orden del 80%, evaluó que “tampoco luce razonable, máxime considerando que aún desconocemos cuál va a ser la participación del Estado en el precio del gas”. “Con relación a esta propuesta también pedimos al ente regulador que sea evaluada en forma global considerando la distribución y el valor del gas, y cuál sería el impacto final para los usuarios, los comercios y las pymes, más aún considerando que nos encontramos ante los impactos sobre las actividades y salarios producto de la pandemia y los desajustes económicos”, insistió. 

Finalmente, el defensor requirió al Enargás “que sopese todos los elementos existentes al momento de aprobar un nuevo cuadro tarifario haciendo una evaluación exhaustiva del fiel cumplimiento de los mandatos de proporcionalidad, gradualidad, razonabilidad y certeza en las tarifas”.

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Lucero: “El gobierno llegó sin propuesta y sin argumentos a la reunión paritaria”

Así lo expresó el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, quién rechazó el desarrollo de la última reunión paritaria, a la que calificó como “muy mala”, denunciando que el gobierno provincial se presentó sin propuesta salarial y sin fundamentos para sostener una recomposición de ingresos.

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“Fue una paritaria muy mala. El gobierno se presentó sin ningún tipo de propuesta, sin análisis y sin argumentos. No tuvieron absolutamente nada para decir”, señaló Lucero remarcando que la actitud oficial fue de total silencio ante los planteos realizados en la mesa.

En ese marco, los representantes sindicales detallaron que, junto con los demás gremios presentes, solicitaron cuatro puntos concretos y urgentes:

-Aumento del 33% adeudado por el gobierno de Pullaro.

-Fin del presentismo.

-Implementación de cláusula gatillo, tal como había prometido el gobernador durante su campaña.

-Aumento inmediato para jubilados, de manera que cobren en el mismo mes en que se otorga el incremento a los trabajadores activos.

“Son cuatro cosas muy sencillas que el gobernador se había comprometido a cumplir y esperábamos una respuesta. Pero el gobierno hizo silencio, no dijo nada”, amplió el representante de los docentes privados.

Además, cuestionaron la desigualdad en el trato del Ejecutivo hacia distintos sectores del empleo público. “Nosotros venimos pidiendo el aumento del 33% hace dos años. La policía lo pidió en cuatro días y se lo dieron corriendo. Está muy bien que se lo hayan dado, nosotros no objetamos el aumento policial, pero no queremos un Estado pro policía: queremos un Estado pro empleo público”, argumentó más adelante el secretario adjunto de la CGT Rosario.

“No queremos que después de una derrota política terrible con la policía ahora vayan a hacerse los malos con los maestros. Son blandos con los policías y duros con los maestros”, remarcó el representante gremial docente.

Finalmente, Lucero advirtió que el gobierno provincial está ante una instancia clave: “Es el momento de demostrar que puede ser un gobierno equitativo y con propuestas semejantes para todo el mundo”.

Fuente: Sadop 

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Desbarataron casa de apuestas ilegales en Santa Fe: ocho aprehendidos, secuestro de drogas, fichas de póker, pesos y dólares

El allanamiento en la capital provincial estuvo a cargo de personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. En total identificaron a 30 personas entre propietario del inmueble, familiares, apostadores y aquellos que cumplían funciones de seguridad, crupier, cajero, cocinero y mozo.

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Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, desbarataron una casa de apuestas ilegales en un procedimiento realizado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en la ciudad de Santa Fe. Como resultado del procedimiento fueron aprehendidas ocho personas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además se secuestró material estupefaciente y alrededor de 20 millones de pesos entre monedas nacional, extranjera y valor de fichas que se encontraban exhibidas arriba de las mesas de póker, en el marco de una causa que investiga el fiscal Roberto Olcese.

La investigación se puso en marcha tras una presentación formulada por Lotería de Santa Fe, a través de su vicepresidente ejecutivo Daniel Di Lena, a partir de una denuncia anónima recibida el pasado 7 de enero, en la cual se informaba que en una vivienda ubicada en avenida Aristóbulo del Valle al 4500 funcionaba una casa de juego clandestino.

“A partir de una denuncia presentada por la Lotería de Santa Fe en la Fiscalía General, rápidamente ordenamos la realización de diversas diligencias que permitieron avanzar en la investigación”, ratificó el fiscal Olcese. “Anoche se realizó un allanamiento en el lugar en el que había alrededor de 25 apostadores; se secuestraron mesas de juego de póker, dinero en efectivo (pesos y dólares), fichas y teléfonos celulares de los asistentes y de personas que estaban trabajando”.

Detenidos y secuestros
Entre los elementos secuestrados en el allanamiento figuran 32 teléfonos celulares; 25,1 gramos de cocaína; 1,8 gramos de marihuana; dos notebooks; dos cuadernillos con anotaciones de apuestas; varios mazos de cartas de póker; una balanza de precisión y dos platos con vestigios de estupefaciente; tres pasaportes y una credencial policial.

Los efectivos policiales también incautaron dos mesas de póker; la suma de $ 8.362.970 y U$S 5.401; cartelería; 986 fichas de póker discriminadas en colores y valores: azules ($ 500), celestes ($ 1000), rojas ($ 5000), negras ($ 10.000), verdes ($ 20.000), y bordó y amarillo ($ 50.000), por un monto aproximado de $ 4.009.500; y demás elementos de interés para la causa.

Tras constatar movimientos compatibles con una actividad de apuestas clandestinas, como ingreso restringido, vigilancia en puerta, concurrencia nocturna y ausencia de habilitación oficial, el fiscal Olcese solicitó orden de allanamiento al juez Sergio Carraras, del Colegio de Jueces de Primera Instancia de Santa Fe. En el lugar se identificó a 30 personas y procedieron a la aprehensión de 8 involucrados, entre ellos el propietario del inmueble, su hija y personas que cumplían funciones de seguridad, crupier, cajero, cocinero y mozo.

El funcionario del MPA precisó que “ocho personas fueron identificadas en el marco de lo previsto en el artículo 301 bis del Código Penal que sanciona la explotación, administración, operación o comercialización de juegos de azar sin autorización legal”. Todo el material secuestrado quedó a disposición judicial y los estupefacientes fueron remitidos a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones.



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Clara García fue reelecta presidenta de la Cámara de diputadas y diputados de Santa Fe

“Este año tenemos el desafío de darle cuerpo a la nueva Constitución con el tratamiento de leyes que deben ser innovadoras y cercanas a la gente”, sostuvo la legisladora. Seguirá acompañada por Corral y Martorano en las vicepresidencias 1º y 2º, respectivamente.

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La Cámara de Diputadas y Diputados realizó la Sesión Preparatoria en el marco de la cual Clara García (Bloque Socialista – Frente Unidos) fue reelegida como presidenta del cuerpo de cara al inicio del 143º Período Ordinario que, tras la reforma constitucional de 2025, comenzará el próximo domingo 15 de febrero.

También fueron reelectas las demás autoridades del cuerpo. Así la vicepresidencia 1º del cuerpo seguirá siendo ejercida por José Corral (Bloque UCR – Frente Unidos) y la vicepresidencia 2º por Sonia Martorano (Bloque Hacemos Santa Fe – Juntos Avancemos).

A propuesta del diputado provincial Joaquín Blanco, la Sesión Preparatoria fue presidida por su par y exgobernador Antonio Bonfatti por ser el decano del cuerpo. Luego el presidente del Bloque Socialista fue el encargado de proponer los nombres para conducir la Cámara baja durante el nuevo período de sesiones.

Tras jurar y asumir nuevamente en el cargo, García hizo lo propio con Corral y Martorano, y convocó al conjunto de legisladores a trabajar en conjunto durante “otro año de intensa labor legislativa. En 2024 nos tocó tratar leyes de importancia estructural para la gestión de provincial y en 2025, nuestra provincia llevó adelante una reforma constitucional y varios integrantes de este cuerpo fueron parte de ese proceso histórico” repasó. “Este año tenemos el desafío de darle cuerpo a esa nueva Constitución con el tratamiento de leyes que deben ser innovadoras y cercanas a la gente”, sostuvo.

La legisladora puso especial énfasis en “el respeto, la tolerancia y la convivencia” que prevalecen en la Cámara baja santafesina. “Es un orgullo que este abanico tan amplio de orígenes y trayectorias políticos que tiene este cuerpo legislativo pueda mostrar la gran capacidad de trabajo y de consenso que viene teniendo en estos años”, remarcó.

Para terminar, García resaltó el hecho de que por primera vez el período ordinario de sesiones se inicie en febrero. “Si bien, como legisladores, desarrollamos nuestro trabajo tanto en el recinto como en el territorio, es un cambio de funcionamiento que nos augura un año altamente productivo para lograr el cometido de defender a nuestra querida provincia de Santa Fe y mejorar con cada proyecto que impulsamos la vida de los santafesinos y santafesinas”.

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