A raíz del gran aumento de denuncias por estafas virtuales o ciberdelitos, el senador provincial Lisandro Enrico en su carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores convocó una audiencia con el Nuevo Banco de Santa Fe en la que también participaron la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Colegio de Abogados de Santa Fe.

Al respecto, Enrico comentó: «En esta reunión pedimos que se tomen medidas de protección a los usuarios y clientes de este banco, que es el agente financiero de nuestra provincia, ante el creciente número de denuncias que vienen sucediendo por estafas virtuales o ciberdelitos».

«Esta es una problemática a nivel mundial, nacional y provincial que afecta y abarca a todos los bancos, pero puntualmente el Nuevo Banco de Santa Fe es el agente financiero y caja obligada de la provincia santafesina”, agregó el senador.

El pedido del encuentro

Ante esta consulta, Enrico describió: “Puntualmente solicitamos que se analicen nuevas medidas como por ejemplo limitar los teléfonos celulares y las computadoras en las cuales se hacen movimientos, es decir que puedan realizarse sólo en dispositivos del cliente; la posibilidad de crear un botón de pánico en una cuenta para permitir que se congelen extracciones; una oficina de atención al consumidor con mayor agilidad; que se establezcan más medidas de control de identidad de las personas para evitar que se utilicen falsamente los datos de un cliente y más limitaciones para el alta de nuevos CBU que intentan extraer fondos y transferirlos”, detalló Enrico.

Finalizando, el senador aseguró que «es fundamental que se apliquen más medidas de prevención de estas estafas, se brinde más información y más atención a los usuarios damnificados por estos delitos. En este sentido, el Banco de Santa Fe está tomando medidas para tener más controles sobre las identidades de los que operan en las plataformas virtuales».

Además, comento que “el compromiso es realizar un segundo encuentro para pedir que estas medidas que propusimos sean analizadas por la entidad bancaria. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados y los fiscales también aportaron sus casos y propuestas”.