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En esta oportunidad, tres instituciones deportivas de la región fueron beneficiadas: Club Atlético Maggiolo, Unión y Cultura de Murphy y Belgrano de Sancti Spíritu. Anteriormente habían hecho lo propio Sportsman de Villa Cañás y Firmat Football Club. En total, se entregaron más de 16 millones de pesos que serán destinados a obras de infraestructura.

La actividad contó con la presencia de la directora provincial de Clubes, María Luz Budassi; el presidente comunal de Maggiolo, Juan Fetter; de Sancti Spíritu, Cristian Vincenti; de Murphy, Ezequiel Rodríguez, y representantes de las entidades deportivas.

Durante el acto, la senadora Di Gregorio remarcó la importancia de este tipo de políticas públicas que vinculan al Estado con el sector privado y las instituciones: “Es muy importante reconocer el rol que cumple este programa provincial, que no solo aporta fondos claves para que los clubes puedan mejorar su infraestructura, sino que también incentiva la colaboración entre el sector privado y las instituciones deportivas”.

Asimismo, subrayó el impacto que genera la actividad física en la vida de las infancias y juventudes, para luego valorar la continuidad de programas provinciales en el territorio: “Celebramos la presencia constante del gobierno provincial con diferentes programas que marcan una diferencia en todas las localidades del departamento General López”.

Por su parte, María Luz Budassi explicó que este programa facilita que las empresas privadas aporten hasta un 20% de lo que abonan en impuestos sobre Ingresos Brutos, destinándolo a infraestructura deportiva en clubes de toda la provincia: “Este programa nos permite llevar soluciones concretas a instituciones de toda Santa Fe, con el objetivo de acompañar su crecimiento y promover la práctica del deporte. Es una muestra concreta del compromiso por seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo regional, con la mirada puesta en la inclusión, la salud y el arraigo comunitario”, resumió.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA), funcionarios y autoridades del gobierno local, supervisó el miércoles el derribo de dos búnkers dedicados a la venta de estupefacientes en la ciudad de Venado Tuerto. La intervención se enmarca en la aplicación de la Ley de Microtráfico, promulgada a comienzos de la actual gestión, que ya permitió inactivar más de 60 puntos de narcomenudeo en todo el territorio santafesino.

La medida, llevada adelante en Pavón al 1800, en el barrio Villa Moisés, fue ordenada por la Justicia en el marco de la Ley de Microtráfico, a partir de una denuncia realizada por el intendente Leonel Chiarella y el coordinador regional del Ministerio de Justicia y Seguridad en General López, Nahuel Pasquinelli.

Durante el operativo, Pasquinelli remarcó: “Esta inactivación no es simbólica, ya que marca un antes y un después en la lucha contra la venta de droga en Venado Tuerto y la región. Con la firmeza de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y nuestro ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, estamos demostrando que se puede actuar con decisión y respaldo legal para proteger a los vecinos”.

Pasquinelli destacó también el rol de la comunidad local: “Es importante que todos estemos comprometidos, y el aporte de los vecinos fue fundamental para que la Justicia pudiera intervenir y, a través de todos los instrumentos que permite la legislación vigente, lograr este derribo”.

Por su parte, Chiarella expresó: “Estamos dando cumplimiento a una medida ordenada por la Justicia, en el marco de una investigación por narcotráfico. Es muy importante desactivar estos lugares, no solo por la actividad ilícita que se desarrolla, sino también por las situaciones de violencia que se generan en torno a estos puntos de venta”.

El intendente, quien estuvo acompañado por la senadora Leticia Di Gregorio, agradeció el acompañamiento institucional en cada instancia del proceso. “Quiero destacar y agradecer al Gobierno provincial, al fiscal Iván Raposo, a las fuerzas de seguridad provinciales y al juez Mauricio Clavero, que intervinieron con esta firme decisión de ir a fondo contra la venta de droga. Estas acciones demuestran que, cuando se trabaja de manera articulada, con decisión política y respaldo legal, los resultados llegan”, manifestó.

Denuncia, investigación y allanamientos

La denuncia inicial fue presentada el 20 de enero de este año, luego de que numerosos vecinos manifestaran su preocupación por el nivel de actividad ilícita que se registraba en algunos domicilios del barrio. La causa quedó a cargo del fiscal Iván Raposo, quien dispuso la intervención de la Unidad de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), iniciándose una investigación que incluyó tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas, seguimiento de movimientos en la zona e identificación de los involucrados.

Como resultado de estas tareas, el 22 de mayo se realizaron tres allanamientos simultáneos en dos domicilios ubicados en Pavón al 1800 y en Marenghini al 300. En los procedimientos se detuvo a seis personas que se encontraban en el lugar, y se incautaron diversas evidencias vinculadas a la comercialización de estupefacientes. Entre los elementos secuestrados se encontraron más de 250 gramos de marihuana, cocaína fraccionada para la venta, una réplica de arma de fuego, balanzas de precisión, teléfonos celulares, recortes de nylon utilizados, una planta de cannabis, picadores, una máquina contadora de billetes y una suma cercana a los 380 mil pesos en efectivo.

Tras las audiencias respectivas, cinco personas quedaron detenidas por orden del juez Mauricio Clavero: Joaquín M., Micaela V., Juan Manuel S., Brian Miguel J. y Victoria Nahir C. Un sexto detenido, que se encontraba comprando estupefacientes, fue identificado como ajeno a la banda y no fue imputado en la causa principal.

Uno de los domicilios allanados, ubicado en Pavón al 1800, ya había sido objeto de múltiples investigaciones anteriores vinculadas a hechos de abuso de arma de fuego y tenencia de armas. Cabe destacar que dicho terreno estaba usurpado y pertenece al municipio de Venado Tuerto.

Ley de Microtráfico

La Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura santafesina a fines de 2023 y establece que el MPA puede investigar delitos de narcomenudeo, una competencia que anteriormente correspondía a la Justicia Federal. Desde principios de 2024, las intervenciones se realizan de forma articulada entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia local, la Policía de Santa Fe y los gobiernos municipales.