El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, realizó un extenso comentario en X tras la aprobación del Senasa de una vacuna contra la aftosa de origen brasileño e importada por Tecnovax. El funcionario, que en la red social citó una nota de LA NACION, habló de “el fin de una batalla innecesaria” que duró dos años, destacó el proceso de autorización y se refirió al laboratorio Biogénesis-Bagó, el más importante en la provisión de esta dosis en el país. En el Gobierno habían puesto la lupa sobre esta empresa argumentando que vendía esa vacuna, producida localmente, a un valor más caro que en la región. El Senasa autorizó el producto brasileño luego de un proceso donde, en su momento, se rechazaron dosis del vecino país por no superar algunas pruebas.

“La batalla es moral. La aprobación de la vacuna antiaftosa de la brasileña Ourofino Saúde Animal, usando el procedimiento de equivalencia –que ya @SenasaAR utilizaba en el resto de las vacunas animal-, es el fin de una batalla innecesaria que duró dos años», comenzó el funcionario. Según el ministro, cuando ayer el jefe de Estado en su discurso criticó a algunos empresarios “no estaba criticando a los empresarios”. Dijo que “este gobierno quiere empresarios exitosos” y “mejor si muy exitosos”.

“Lo que critica es un modelo donde se usa el poder autoritario del Estado para redistribuir el ingreso de los argentinos a favor de ciertas empresas. En ese modelo los empresarios no triunfan por el valor que aportan a la sociedad, sino por su capacidad de lobby o por su tolerancia a la corrupción. Como decía el presidente este sistema perverso e inmoral siempre se da en los modelos donde hay “Estado presente” y que en la Argentina perfeccionó el kirchnerismo», amplió.

El funcionario indicó que el kirchnerismo “no quería mercados competitivos sino socios empresariales con lo que compartir los despojos de lo que le sacaban al pueblo”. Agregó: “La invocación de @JMilei a cambiar este sistema no es económica sino moral. Un mercado libre lleva justicia adonde antes había favoritismo. Solo en un mercado libre el éxito empresario es sinónimo de contribución social”.

Para Sturzenegger, el caso de la vacuna contra la aftosa “es un tristísimo ejemplo de ese sistema que queremos desterrar”. Dijo que a la aprobación “nos la pelearon en la reglamentación, nos la pelearon intentando torcer voluntades, nos la pelearon en la prensa y nos la pelearon en la Justicia…”

En este marco, indicó que se espera que el proceso permita reducir el costo de la vacuna. “Quizás ya lo hizo, porque el precio ya cayó significativamente desde que asumió @JMilei, aunque todavía está lejos, de hecho sigue a casi el doble, del valor al que tan solo unos años atrás se vendía en el país y del precio que el principal laboratorio la vende en Uruguay hoy mismo”, dijo.

Luego se refirió a Biogénesis-Bagó: “Quiero aclarar que este proceso no es contra el laboratorio que domina el mercado, Biogénesis-Bagó. No es en contra de nadie. Pero sí es en contra de un sistema. Biogénesis-Bagó es el 10mo productor de vacunas animales del mundo por Dios. Sería hermoso verlo como una usina de ventaja competitiva para nuestra producción ganadera y de orgullo para la Argentina en el exterior.

Añadió: “Queremos verla como una bandera de calidad que inunde la sanidad animal en el mundo y no que sea para nuestros ganaderos una empresa que usó los resortes del Estado para evitar la competencia y obtener rentas. Yo me pregunto ¿por qué una empresa tan exitosa a nivel mundial hace algo así a nivel local? ¿Es solo porque podían, como decía el CEO de Neumen? Porque, honestamente, no creo que lo necesiten. Les sobra paño y capacidad técnica».

Fuente: Diario La Nación 

Las pymes de todos los sectores, incluidas las del campo, están esperando la reglamentación de la ley de reforma laboral que incluye el Régimen de Medianas Inversiones (RIMI). Abarca diferentes beneficios para los dos primeros años con montos exigidos que varían; para una microempresa el umbral son US$150.000; para una pequeña empresa, US$600.000; para una mediana (tramo 1), US$3.500.000; el tramo 2, US$9.000.000 y las compañías más grandes, 30.000.000 dólares como mínimo. Para el agro incluye algunas particularidades en las que no hay mínimo de inversión requerido. Además, cambia puntos del régimen de trabajo agrario. Desde la Secretaría de Agricultura señalan que el “foco del incentivo” está en inversiones productivas tales como la adquisición, elaboración y fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras afectadas a la producción. “La legislación no dispone de mínimos para inversiones estratégicas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes”, advierte.

Para esos casos se instaura un régimen de amortización acelerada en una cuota, mientras que para bienes muebles será de dos. Los créditos fiscales de IVA de esas inversiones podrán computarse luego de tres períodos fiscales mensuales; también destaca que se reduce “significativamente” la alícuota de IVA para la energía eléctrica utilizada en equipos de riego con destino al sector agroindustrial.

David Miazzo, director de DataMiazo y experto en temas agropecuarios, precisó que esa alícuota será del 10,5%, “reduciendo uno de los costos operativos más altos de la producción intensiva”. La ley, además, modifica el sistema de valuación de hacienda para los establecimientos de invernada y/o engorde a corral: “Aplica para la determinación de Ganancias reduciendo el resultado por tenencia de cada ejercicio”. Sobre ese punto, Miazzo añadió que se estandarizan los criterios para valuar categorías como “vaquillonas” y “novillos” mediante el uso de índices específicos, aportando mayor seguridad jurídica en la liquidación de impuestos.

Desde el Ieral, de la Fundación Mediterránea, Marcos Cohen valorizó la inclusión del RIMI para que proyectos de menor envergadura que los alcanzados por el RIGI “pueden tener alguna consideración de promoción económica”, pero advirtió que los beneficios son “claramente inferiores tanto en duración, magnitud y áreas en las que genera impacto”. Entre los aspectos favorables, incluyó que el régimen amortigua el impacto impositivo de las inversiones, “por lo que los beneficios serán aprovechados por sectores que operan en la formalidad. Es posible que muchas iniciativas que iban a ocurrir de todos modos puedan ahora asumirlos”.

Cohen aportó: “Será el sector privado el que termine dando luz acerca de en qué medida y extensión será factible de aprovechar este esquema de beneficios. El contexto general de reformas es favorable a la inversión, aunque no necesariamente se movilizarán a muy corto plazo, dependerá de condiciones macro, de precios esperados para el sector que las realiza (exportadores) y disponibilidad de crédito, entre otros factores”.

Relaciones laborales

Miazzo sostuvo que la norma introdujo “importantes modificaciones directas” al Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727) ya que en el Título XI establece la limitación de la responsabilidad solidaria sobre obligaciones laborales y previsionales para los dueños de campos; incorpora período de prueba para el trabajador permanente (antes no existía y con la ley Bases se permitieron seis meses).

Repasó que la ley establece que las remuneraciones mínimas serán acordadas de manera bilateral entre las partes; limita las competencias de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y les da carácter taxativo; incorpora el artículo 106, que unifica el criterio de actualización de créditos laborales agrarios con el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), fijando intereses equivalentes a IPC más 3% anual, lo que “otorga mayor previsibilidad jurídica” al sector y deroga la modalidad del trabajador permanente discontinuo, que “resulta muy conflictiva, poco clara y litigiosa para el sector”.

Aclaró que se mantiene expresamente la autonomía del régimen agrario, por lo que la LCT “solo se aplica supletoriamente” en la medida en que no contradiga la ley especial. En consecuencia, las nuevas reglas transversales —digitalización documental, regulación de conflictos colectivos, notificaciones electrónicas, criterios de actualización o normas procesales— “sí impactan de lleno en el trabajo rural, mientras que permanecen intactas las modalidades propias del empleo estacional, temporario o de zafra”.

“La creación de ARCA constituye una simplificación significativa para el sector agropecuario -añade Miazzo- al establecer un sistema único de registración laboral con interoperabilidad obligatoria para todos los organismos estatales, lo que reducirá cargas administrativas, duplicidades y fiscalizaciones redundantes”.

El economista subraya que, si bien la ley no modifica el funcionamiento del Renatre ni las competencias de la CNTA, la digitalización y el nuevo régimen de registración “generarán ajustes operativos en ambos organismos”. Sintetiza que, en conjunto, el impacto sobre el trabajo agrario “combina continuidad normativa con mejoras en previsibilidad, digitalización y ordenamiento de los conflictos laborales”.

Miazzo también puso la lupa sobre los conflictos gremiales: “Se designa a la industria alimenticia y a la actividad agropecuaria en toda su cadena de valor (incluyendo frigoríficos, distribución y comercialización) como actividades de importancia trascendental. Ante situaciones de huelga o medidas de fuerza, se deberá garantizar obligatoriamente una cobertura de servicios mínimos del 50% de la prestación normal. El objetivo es asegurar la continuidad de la cadena de suministro y evitar el desabastecimiento o la pérdida de productos perecederos”.

Eduardo Rodríguez, responsable de Economías Regionales de CAME, entidad que este lunes en Santa Fe se reúne para analizar el tema, señaló a LA NACION que hasta que no cuenten con la reglamentación no pueden hacer una evaluación completa, aunque adelantó que “las modificaciones planteadas van en el sentido de ayudar” al sector.

Fuente: Diario La Nación

En términos interanuales, el crecimiento fue del orden del 78%, tras registrarse 181.272 toneladas en enero de 2025.

Cabe destacar que el sector acumula nueve meses consecutivos con niveles récord de molienda, consolidando un ciclo sostenido de expansión industrial y fortalecimiento de la capacidad de procesamiento.

En este sentido, el volumen procesado el primer mes de este año implicó también un incremento del 28,6% respecto de diciembre de 2025, cuando la molienda había alcanzado 250.874 toneladas, lo que representa una suba mensual de 71.871 toneladas y evidencia una marcada aceleración de la actividad industrial al inicio del año.

El resultado de enero de 2026 refleja el dinamismo del complejo y su contribución creciente a la generación de valor agregado, empleo y divisas para el entramado productivo nacional.

Fuente: Prensa Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación