Después de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refiriera al INTA, la generación de empleo en el campo y las retenciones en términos que causaron malestar, desde el sector agropecuario le respondieron.

Vale recordar que el funcionario afirmó la semana pasada en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) que el sector no generaba suficiente mano de obra. ”El campo no es muy mano de obra intensiva, por lo menos la agricultura extensiva de la pampa [por la región pampeana]“, disparó el ministro.

Ayer, en tanto, deslizó que el estancamiento en la producción de soja en la Argentina no se debe a los derechos de exportación (DEX), sino a la falta de reconocimiento de la producción intelectual que llevó a que se invirtiera menos en el país en mejoramiento genético. En el 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) indicó: “Me piden bajar las retenciones, pero Brasil pasó de 50 millones de toneladas de soja a 150 millones y nosotros nos quedamos estancados en 45 millones. Entonces, me parece que es mucho más interesante preguntarse por qué Brasil triplicó la producción. Y no son las retenciones necesariamente”, deslizó.

También apuntó sobre el INTA: “¿Ustedes sabían que el INTA gasta $400.000 millones, tiene 6000 personas, tiene 3000 vehículos y no se sabe muy bien qué es lo que hacen? Bueno, en todas esas cosas hay que poner una lupa y empezar a hacer el trabajo”.

En ese contexto, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que las retenciones son un mal impuesto, regresivo, distorsivo y de uso discrecional por parte del Estado. “Nada de lo que se ha aportado durante más de 22 años volvió, ni al productor, ni al sector para desarrollo, ni en infraestructura, ni en tecnología. Los países vecinos le han dado a sus productores previsibilidad en sus condiciones de producción y comercialización de soja, la promueven, no la castigan con retenciones”, comparó.

Uno de los temas en los que hizo énfasis sobre el estancamiento productivo el ministro fue la propiedad intelectual en semillas. Sarnari precisó que, en materia de semillas, Brasil también está adherido al convenio internacional Upov 78 y tiene el mismo régimen que la Argentina. “El problema de la industria semillera también hay que mirarlo con una mirada amplia, ¿qué condiciones tiene la industria en la Argentina? Cualquier industria tiene mejores condiciones afuera que en la Argentina, no es nuevo, es un problema estructural, de costos, de carga impositiva, no es un problema de propiedad intelectual que nosotros también tenemos legislación que la protege», afirmó.

Sobre el INTA señaló: “Preocupa mucho que los pasillos empiecen a hablar de una reestructuración que no estaba en la agenda y que es darle al Ministerio de Economía el manejo de los recursos del instituto. Casi 70 años han demostrado que la gobernanza autónoma del INTA dio excelentes resultados, y el manejo de los recursos también le da autonomía de la política y puesta al servicio del sector. Es necesario que siga siendo autónomo porque garantiza la visión estratégica más allá de las administraciones de turno. Todo este tiempo vinimos defendiendo la institucionalidad del INTA y fortalecer el trabajo del Consejo Directivo, si le quitan esa función vamos directo al debilitamiento y a la pérdida de autonomía, sería muy malo para los productores», afirmó.

En ese contexto, Martín Vivanco, de la Sociedad Rural de San Antonio de Areco, agregó que los dichos del ministro fueron una opinión desafortunada. “En el fondo trasunta que lo único que les importa son los saldos exportables. No les importa cómo les va a los ciudadanos de su propio país, ni cuál es la rentabilidad del productor agropecuario, ni cómo es la vida rural en el interior. Y, tal vez, también trasunte algunos intereses de la industria semillera. Porque decir que Brasil, gracias a la tecnología, superó cierta cantidad de hectáreas o toneladas, lo único que hace es confirmar esta lectura: lo único que les interesa es saber cuántas toneladas va a tener el país para vender. Y por medio de quién se logra eso no les importa nada. Si lo hacen productores genuinos, si lo hacen empresas enormes dedicadas al agro, con o sin arraigo en la sociedad o en el interior, o si lo hacen empresas fantasmas, da lo mismo», planteó.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también fustigó las declaraciones del funcionario. Afirmó que la falta de crecimiento en la producción agropecuaria argentina no se debe a la falta de capacidad o voluntad de los productores, sino al sistema impositivo.

“Lamentamos profundamente sus dichos, en los que afirmó que el sector agropecuario no genera suficiente mano de obra y que el estancamiento en la producción de soja no se debe a los derechos de exportación. Estas afirmaciones desconocen la realidad del campo argentino y del interior productivo. A lo largo de los años, mediante los DEX, distintos gobiernos han detraído y continúan -o, como ha calificado el propio presidente Milei, robado- más de 200.000 millones de dólares al sector agropecuario”, dimensionaron.

Compararon que esto representa aproximadamente el 30% del PBI nacional. “Los DEX han sido un freno sistemático al crecimiento, a la inversión y a la generación de empleo genuino en el interior del país. Por lo tanto, si la producción no crece, no es por falta de capacidad o voluntad del productor agropecuario, sino por el peso de un sistema impositivo distorsivo, confiscatorio y persistente. Desconocemos si estas declaraciones surgen de una mala información o de una desinformación deliberada”, afirmó.

Fuente: Diario La Nación

En las últimas jornadas no es la industria aceitera, sino la exportación, la que está liderando las registraciones de Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE) de productos del complejo sojero, cuando lo habitual es la situación inversa.

La razón detrás de ese fenómeno es la necesidad por parte del gobierno chino de aprovisionarse de grandes volúmenes de poroto de soja para poder negociar con EE.UU. desde una posición más sólida.

Para los productores argentinos se trata de una buena noticia porque la competencia entre exportadores e industria contribuye a sostener los precios en pleno período de cosecha, donde los compradores tienen más oferentes de mercadería de los que necesitan.

El pasado viernes la capacidad teórica de pago de la Soja Rosario en el mercado disponible fue de 273,4 u$s/tonelada en el caso de la exportación y de 277,1 u$s/tonelada en lo que respecta a la industria, según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ese día, el valor promedio negociado por la Soja Rosario Norte, según la plataforma Sio Granos, fue de 308.727 $/tonelada, equivalente a 273,9 u$s/tonelada.

Hasta el momento, para el presente mes de mayo los exportadores declararon DJVE de poroto por 1,55 millones de toneladas, mientras que la industria registró ventas de harina de soja por 1,64 millones.

Sin embargo, para el próximo mes de junio los exportadores de poroto llevan la delantera con DJVE de poroto por 900.370 toneladas, al tiempo que la industria inscribió embarques de harina por 215.120 toneladas.

Fuente: Bichos de Campo

El Consejo Honorario Asesor del Río Salado exhortó al Gobierno “a reactivar de manera inmediata” el dragado de ese río en su Tramo IV. 2, así como a comprometerse activamente para continuar con el conjunto de trabajos que incluyen las imprescindibles obras complementarias previstas en el Plan Maestro Integral, iniciado hace ya más de 20 años”. Los ruralistas vienen reclamando por freno en unos 30 kilómetros.

“Acertadamente, fue calificado como prioritario hace menos de un año por la Subsecretaría de Recursos Hídricos (de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación), así como al compromiso para con la prosecución integral del Plan Maestro junto a la provincia de Buenos Aires, incluyendo las imprescindibles obras complementarias en los cauces afluentes del Salado, sin las cuales el proyecto no cumplirá su preciado objetivo, relacionado a la prevención y/o mitigación de inundaciones en la amplia cuenca del río», dijo la entidad integrada por representantes de Coninagro, Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

En un comunicado recordó que “la paralización de la mencionada etapa, que de hecho ya era evidente hacia fines del año último, fue formalizada a mediados de marzo pasado, mediante la modalidad administrativa de neutralización, por un plazo de 60 días”.

“Su inminente vencimiento nos impone solicitar que no se reitere ese procedimiento y, en cumplimiento de los correspondientes contratos, se avance sin demoras hacia la urgente y necesaria reanudación de las obras”, remarcaron en la entidad presidida por Alberto Larrañaga.

“Una vez más señalamos que el impacto de la paralización de un solo tramo, como el IV. 2 (que se extiende desde la ruta nacional 205 hasta el puente de Ernestina-Elvira, entre los partidos de 25 de Mayo y Lobos), va más allá del mismo, pues retarda y afecta también el desarrollo de todo un conjunto de obras largamente esperadas por comunidades del interior que, de manera recurrente, sufren los azotes de las inundaciones que el Plan Maestro Integral apunta a prevenir o mitigar», añadieron.

Por estos motivos, sostuvieron que “el Estado nacional no puede postergar ni desentenderse del destino del Plan Maestro”. Entre otros fundamentos, recordaron que es sabido que “los avances del Plan Maestro impactarán favorablemente en las cuentas fiscales del Estado nacional como beneficiario de la tasa de retorno de la inversión en obra pública”.

“A partir de los distintos gravámenes que pesan no solo sobre la producción agraria, sino también sobre el conjunto de actividades económicas que resultan fuertemente afectadas por los efectos de las reiteradas inundaciones, con consecuencias que se extienden a la recaudación fiscal y distintos índices macroeconómicos”, detallaron.

“Respecto del perjuicio fiscal y pérdidas en general por causa de las inundaciones, es recomendable ver los trabajos e investigaciones publicadas al respecto por organizaciones prestigiosas como el Banco Mundial (BM) y la Organización Meteorológica Mundial (WMO), entre otras”, aconsejaron.

En esa línea, indicaron que es el Estado nacional el que cuenta con el Fideicomiso de Infraestructura Hidráulica, conocido como Fondo Hídrico, cuyos orígenes están vinculados al mismo Plan Maestro y sus recursos son afectados a obras hídricas, por imposición del marco legal correspondiente, sin exclusión de otras posibles vías de financiamiento.

“Se trata de una obra de carácter federal, que aunque abarca buena parte del territorio bonaerense, está ineludiblemente vinculada a los escurrimientos hídricos de otras provincias, como Santa Fe, donde tiene sus nacientes el río Salado; el sur de Córdoba; el noreste de La Pampa y hasta San Luis, por las aguas del río Quinto», describieron.

Por último, destacaron que “la Cuenca del Salado por sí misma explica del 25 al 30% de la producción agrícola y ganadera de la Argentina, sin olvidar al resto de las incontables actividades económicas y sociales que en la misma padecen de manera reiterada las graves inundaciones».

“Estos efectos se extienden también a la infraestructura vial así como al acceso a servicios esenciales, entre otras lamentables consecuencias, y conspiran contra el arraigo en las comunidades rurales y el desarrollo de esa gran región del interior”, finalizaron.

Fuente: Diario La Nación