La legisladora explicó que el programa permite que los recursos lleguen directamente a municipios y comunas, que son quienes ejecutan los trabajos en cada efector sanitario. “Este fondo es una herramienta muy importante porque permite resolver problemas concretos de infraestructura en los centros de salud y mejorar las condiciones en las que se atiende a los vecinos”, señaló Di Gregorio.

Entre los aportes más recientes, la senadora informó que estos recursos llegaron a los efectores de Cafferata, Carmen, Hughes, Labordeboy, Lazzarino, María Teresa, Rufino y San Gregorio.

Los trabajos que se realizan en los efectores de salud del departamento son variados y responden a las necesidades de cada localidad. Las intervenciones van desde reparaciones y refacciones generales, mejoras en instalaciones eléctricas, sanitarias y de infraestructura, hasta la ampliación y readecuación de espacios para optimizar el funcionamiento de los centros de salud, como áreas de atención, consultorios y sectores específicos como farmacia.

“Son intervenciones necesarias que muchas veces no se ven, pero que hacen a la calidad del servicio y al funcionamiento diario de cada efector”, sostuvo la representante del departamento General López.

Di Gregorio también destacó el trabajo articulado con el Gobierno provincial y el Ministerio de Salud. “Quiero reconocer el trabajo del Ministerio de Salud que conduce Silvia Ciancio y la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de jerarquizar la salud pública en toda la provincia. Estas inversiones permiten mejorar la infraestructura y garantizar mejores condiciones de atención en cada localidad”, remarcó.

Por último, la senadora adelantó que el programa continuará durante este año con nuevos aportes para seguir fortaleciendo el sistema sanitario. “La salud pública necesita mantenimiento permanente y obras concretas. Por eso es importante sostener estas políticas que llegan a cada pueblo y permiten mejorar la atención para los vecinos del departamento General López”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

La medida fue dispuesta el martes 3 de marzo por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, quien emitió una nueva intimación para que la empresa contratista encargada de las tareas continúe con las reparaciones comprometidas. Según se informó, Vialidad Nacional cuenta con un plazo acotado de días para responder al requerimiento.

La representante del departamento General López explicó que la situación se arrastra desde fines del año pasado y advirtió que los trabajos nunca se retomaron. “Los últimos arreglos datan de diciembre y desde entonces no se volvió a intervenir en las rutas. Lo que estamos pidiendo es algo básico: que cumplan con el mantenimiento que corresponde”, señaló Di Gregorio.

En el marco de la medida cautelar dispuesta por la Justicia Federal, los trabajos previstos sobre la ruta nacional 33 contemplaban intervenciones desde Firmat hasta Sancti Spíritu. Sin embargo, según se indicó, la empresa Rovial sólo realizó tareas en el tramo que va desde Firmat hasta aproximadamente la zona ubicada entre el cruce de Chovet y Elortondo.

En cuanto a la ruta nacional 8, las intervenciones fueron aún más limitadas: se concentraron únicamente en la curva de Pastorino y parte del acceso, cuando el alcance previsto abarcaba desde Venado Tuerto hasta el cruce con la ruta provincial 94.

Promesas incumplidas

Durante los últimos meses se presentaron distintos escritos en los que se anunciaban fechas de inicio de los trabajos que finalmente no se concretaron. Frente a esa situación, el Juzgado Federal fue emitiendo sucesivas intimaciones para exigir que se cumpla con lo dispuesto.

En ese sentido, la senadora provincial sostuvo que la falta de respuestas obligó a reiterar el reclamo judicial. “Nos dijeron varias veces que iban a empezar en tal día o en tal semana, pero después de verificarlo, nunca comenzaron. Por eso se tuvieron que emitir nuevas intimaciones para que la empresa contratista inicie las tareas”, explicó la legisladora.

Di Gregorio también remarcó la importancia de avanzar con las obras para garantizar condiciones seguras de circulación en los corredores nacionales que atraviesan el sur santafesino. “Estas rutas son fundamentales para nuestros vecinos, para el transporte y para la producción del departamento General López. No podemos seguir esperando mientras se deterioran cada vez más”, afirmó.

Hasta el momento, Vialidad Nacional no emitió respuesta a la última notificación judicial. “La intimación, que deberán responder en los próximos días, salió la semana pasada. Lo que esperamos es que de una vez por todas empiecen a trabajar. Lo que está en juego es la vida y el esfuerzo de miles de santafesinos”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Acompañamiento a Villada

En paralelo, el equipo de la senadora provincial Leticia Di Gregorio también viene trabajando junto a la comuna de Villada (departamento Caseros), que impulsa la presentación de un recurso de amparo para exigir la reparación del tramo de la ruta nacional 33 que atraviesa esa localidad, en reclamo por el deterioro de la traza y la falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional.

La Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, y el Ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, recorrieron la obra del Centro de Justicia Penal que se construye en Venado Tuerto.

Vranicich señaló que los especialistas a cargo de la obra «nos brindaron detalles acerca de los avances de la misma».

En tal sentido, Enrico dijo que «esta es una obra compleja porque no es un edificio para una sola función, porque acá estarán los defensores públicos, los fiscales, los jueces penales, las oficinas de gestión judicial y las salas de audiencias».

Vranicich también valoró que «tendremos un edificio funcional que permitirá optimizar la atención a las víctimas y testigos y el propio trabajo de los integrantes del MPA además de la cercanía con las policías de investigación».

«Los centros de justicia penal, como su nombre lo indica, están destinados a alojar a todas las instituciones del sistema penal: fiscales, defensores y jueces», subrayó Vranicich. «Este modelo es replicado en toda la provincia, tal como se viene proyectando desde hace más de 10 años y por el cual el MPA continuará bregando en su cumplimiento a través de los carriles institucionales correspondientes y en el marco constitucional vigente«, concluyó la Fiscal General.