La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó en la última sesión una serie de leyes que reforman y actualizan el Código Procesal Penal implementado el pasado 10 de febrero, con el fin de optimizar herramientas para combatir la inseguridad en el territorio provincial.
De esta manera, se aprobaron por unanimidad y cuentan con media sanción, el proyecto de ley del senador Lisandro Enrico sobre prisión preventiva y otras herramientas fiscales más, con el objetivo de hacer más estricto el sistema y no permitir casos de impunidad, como así también la ley del senador Hugo Marcucci para agilizar las órdenes de allanamientos.

Además, ya tienen fuerza de ley los proyectos del diputado Eduardo Toniolli, vinculado a los organismos de investigación, y del diputado Leandro Busatto, sobre la protección a testigos y querellantes víctimas del delito. Por último, se le dio preferencia, aunque no se aprobó aún, la ley de flagrancia, también del legislador Enrico.

Al respecto, el mandatario regional, integrante de la Comisión de Seguridad del Senado, señaló que “hay en nuestro Sistema Procesal Penal una serie de disposiciones que de ser modificadas permitirían evitar situaciones de impunidad o de elusión de la justicia, y esto es lo que nosotros desde la Cámara de Senadores queremos evitar. No podemos caer en la mirada limitada de pensar que las leyes duran 50 o 100 años. Las leyes penales tienen que entender la realidad de un país y las circunstancias, y sin dudas la sociedad argentina está reclamando lastimosamente medidas para prevenir la criminalidad y terminar con la impunidad”, remarcó.

Y agregó que “sin dudas, no es un problema de leyes solamente, coincido con el Ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, en que tiene que ver con la astucia de los fiscales, con la actitud de los jueces y con el trabajo de la policía, pero si en algo puede colaborar el marco jurídico y legislativo, no podemos hacernos los desentendidos. Muchas veces escuchamos a jueces y fiscales decir aplicamos las leyes que no tenemos y en ese sentido creo que las leyes tienen que ser modificadas”.

Sobre su proyecto de ley, Enrico destacó que “no es un endurecimiento de penas, porque las legislaturas provinciales no establecen penas, sí es hacer más estricto y más firmes y duros los procedimientos. Modificamos una ley que presenté sobre la prisión preventiva y las excarcelaciones, la mayoría de las modificaciones las propusieron desde el Ministerio Público de la Acusación, es decir, los fiscales, y por ello nos reunimos en cuatro oportunidades con el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal,”.

Y sobre los cambios en concreto, el legislador radical detalló que “ampliamos los supuestos de detención, establecimos la destrucción de las armas secuestradas al año si nadie las reclama, limitamos la posibilidad de que las apelaciones dejen sin efecto medidas judiciales y una serie de reformas que hacen al procedimiento. En realidad en total se modificaron 29 artículos del nuevo Código Procesal Penal, buscando justamente dar respuestas a lo que la sociedad reclama por un lado y a lo que los fiscales y el sistema judicial reclama por otro”.

Finalmente, Lisandro Enrico, aclaró que “lo que se busca, siempre en el resguardo de la constitucionalidad y en el resguardo de los derechos de las personas, es que la política criminal de un Estado sea dura con el delito, sea eficiente contra la criminalidad y contra la delictividad”.