La víctima, un repartidor de 29 años, denunció que había sido abordado en la vía publica, por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes a punta de arma de fuego lo amenazaron y le sustrajeron dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Personal de Comisaria 12, realizó un minucioso trabajo investigativo, que incluyó la recolección y análisis de imágenes de cámaras municipales y privadas, logrando establecer la identidad de los autores del hecho.

Durante los procedimientos, se concretaron las aprehensiones de dos hombres mayores de edad, en calle Di Martino al 1100, y calle Berti al 300.

En el primer domicilio se secuestró un revólver cromado cargado, municiones, una motocicleta Guerrero Trip color blanco utilizada en el robo, dinero en efectivo, prendas de vestir, un casco y un iPhone que había sido quemado, mientras que en la segunda vivienda se incautaron prendas de vestir que habrían usado al momento del hecho.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial, donde por orden fiscal permanecen detenidos e incomunicados, a la espera de la correspondiente audiencia imputativa.

La legisladora recordó que el 11 de marzo de este año se inició la demanda contra el organismo nacional, que fue notificado el 14 del mismo mes. A partir de allí, se sucedieron distintas presentaciones: el 25 de marzo Vialidad contestó la demanda; el 28 de marzo se otorgó de manera favorable la medida cautelar, que luego fue apelada por la demandada el 2 de abril. Posteriormente, el 9 de mayo compareció Corredores Viales S.A., mientras que en los meses siguientes se incorporaron informes presupuestarios sin mayor impacto en la causa.

Di Gregorio destacó como hecho clave la decisión del 25 de junio, cuando solicitó prorrogar la medida cautelar, que obtuvo resolución favorable el 2 de julio. “Ese fue el punto de inflexión, porque a partir de allí comenzaron los primeros trabajos en las rutas”, explicó. El 8 de julio, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la medida cautelar, consolidando la obligación de la Nación.

En paralelo, se sostuvo la presión política: el 2 de agosto se llevó adelante un multitudinario reclamo en la rotonda de las rutas 8 y 33, en Venado Tuerto, con la participación de vecinos de toda la región. Días más tarde fue llevado a Buenos Aires el petitorio allí rubricado con más de 500 firmas. Luego, el 12 de agosto se celebró la audiencia oral y pública prevista por el artículo 360.

Los resultados comenzaron a verse: el 19 de agosto arrancaron las obras en la ruta 33 y, a mediados de septiembre, se iniciaron los trabajos en la ruta 8. Más recientemente, el 29 de septiembre se solicitó una nueva prórroga de la cautelar, que aguarda resolución.

Hoy, además de los trabajos de bacheo en las rutas nacionales 8 y 33, en la ruta 7 se está llevando adelante una obra de mayor envergadura.

“Todo este proceso demuestra que la perseverancia, la vía judicial y el trabajo conjunto con las instituciones de la región dieron sus frutos. Hoy podemos decir con claridad que, gracias a la Justicia, Vialidad Nacional está haciendo los trabajos que nos debía a los santafesinos”, concluyó la senadora Leticia Di Gregorio.

Dos personas fueron condenados por la venta de droga al menudeo en Venado Tuerto. Se trata de Valentín Lucio Vivas y Sasha Ailín Maldonado, quienes tienen 22 y 21 años, respectivamente.

A Vivas se le impuso una pena de seis años de prisión y se lo inhabilitó por diez años para conducir vehículos, ya que además del hecho de microtráfico cometió un homicidio culposo en el marco de un siniestro vial. Por otro lado, Maldonado recibió una pena a cuatro años de prisión.

La sentencia fue dispuesta por el juez Leandro Martín, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales venadenses.

El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por la Fiscalía General en su Plan de Persecución Penal. En tanto, el fiscal Damián Cassullo llevó adelante la investigación.

En una moto

Cassullo señaló que “el sábado 1 de marzo de este año, alrededor de las 3:00 de la madrugada, los condenados circulaban a bordo de una motocicleta cuando agentes policiales que estaban haciendo un patrullaje preventivo les ordenaron que frenaran la marcha”. Al respecto, añadió que “intentaron evadir a la fuerza de seguridad pero momentos después fueron interceptados en la esquina de Francia y 25 de Mayo”.

“Al momento de ser requisados por los uniformados, Maldonado tenía en su poder envoltorios de nylon que contenían cocaína, dinero en efectivo y dos celulares”, precisó el fiscal. “Las dosis de material estupefaciente estaban destinadas a la venta al menudeo”, especificó.

Siniestro vial

En relación al homicidio culposo, el funcionario del MPA detalló que la persona que falleció era una mujer identificada como Martina Ailén León.

Casullo puntualizó que “el domingo 30 de julio de 2023 aproximadamente a las 7:00 de la mañana, Vivas transportaba a la víctima por Venado Tuerto en una moto que él conducía mientras tenía alcohol en sangre”, y agregó que “actuó de manera imprudente, negligente y antireglamentaria”. Según remarcó, “en la avenida Santa Fe, el condenado provocó un siniestro vial al intentar pasar por delante de un automóvil que cruzaba por calle Pueyrredón”.

El fiscal indicó que “como consecuencia de la colisión, León fue proyectada por encima del auto y cayó al suelo”. En tal sentido, manifestó que “ella sufrió un fuerte golpe en la cabeza que causó su muerte en el acto”.

Responsabilidad penal

Tanto Vivas como Maldonado reconocieron su responsabilidad penal como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y resistencia a la autoridad. Por su parte, el condenado además admitió la autoría de homicidio culposo.

En ambos casos, la Defensa aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, cada una de las penas impuestas y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Fuente: Oficina de Prensa y Difusión – Fiscalía General – Ministerio Público de la Acusación