En el momento del año en el que los productores empiezan a hacer los números para definir la campaña de trigo, este 2026 encuentra al sector con un escenario atravesado por el impacto de la guerra en Medio Oriente, que elevó con fuerza los costos —sobre todo de los fertilizantes— y dejó los márgenes en muchos casos muy ajustados o directamente negativos. Así lo reflejan los primeros cálculos que ya comenzaron a elaborarse en distintas regiones productivas, donde los rindes necesarios para cubrir costos superan los promedios históricos. Si bien el contexto climático aporta un punto a favor, con buenas reservas de humedad en los suelos, los especialistas coincidieron en que el negocio se volvió más fino y depende cada vez más del doble cultivo [trigo-soja] y de cómo evolucione el escenario internacional.

En Carlos Tejedor (Buenos Aires), el productor Dante Garciandía calculó que para la próxima campaña se necesitarán 47,7 quintales por hectárea [qq/ha] para cubrir costos, cuando el promedio histórico de la zona se ubica en 36 qq/ha. Es decir, el rinde de indiferencia quedará muy por encima de lo que habitualmente se obtiene. De hecho, según sus registros, solo en uno de los últimos años se logró superar ese nivel. Con esos parámetros, el resultado proyectado es negativo, con un margen cercano a -US$59,8 por hectárea. “Seguramente se va a sembrar a pesar de los magros márgenes, arriesgando capital”, advirtió el productor, aunque señaló que el área podría caer si no hay mejoras en los precios o cambios en las condiciones generales del negocio.

Un panorama similar surge de los cálculos realizados por el productor José Alonso en Videla, Santa Fe. Allí, al comparar distintos cultivos de invierno bajo un esquema de campo arrendado, el trigo aparece más ajustado que otras alternativas. Con un rinde esperado de 3,91 toneladas por hectárea y un precio de US$218 por tonelada, el ingreso bruto se ubicaría en US$853 por hectárea, frente a un costo total de US$797, lo que deja un resultado muy acotado de apenas US$56 por hectárea y una renta del 7,1%. Además, el trigo necesita un rinde de 3,65 toneladas por hectárea para cubrir costos, por encima del promedio histórico de la zona, que es de 3,18 toneladas.

Margen del trigo en Videla

Sin embargo, según Alejandro Vejrup, gerente de la Cooperativa Alfa de Tres Arroyos, pese al fuerte aumento de los insumos —especialmente los fertilizantes—, el rinde de indiferencia se mantuvo relativamente estable en las últimas semanas, en un nivel que resulta difícil de alcanzar. “Los insumos subieron un montón, pero como el precio del trigo pasó de 200 a 220 dólares, el rinde de indiferencia no cambió tanto y se mantiene en torno a los 5000 kilos”, explicó. Según sus cálculos, en el cereal se necesitan hoy entre 4990 y 5020 kilos por hectárea para cubrir costos, un nivel elevado si se lo compara con los antecedentes recientes de la zona, donde en los últimos años se registraron rindes de 3000, 2500 o 3500 kilos por hectárea, y un promedio cercano a 4500 kilos.

El análisis se basó en un planteo técnico promedio en campo arrendado, con un rinde esperado de 4500 kilos por hectárea, en línea con los promedios recientes. En este contexto, la suba del precio del trigo compensó en parte el aumento de los costos —que treparon cerca de 100 dólares—, por lo que el rinde de indiferencia prácticamente no varió. Sin embargo, Vejrup advirtió que el financiamiento empieza a pesar cada vez más: “Hoy no es lo mismo financiar un fertilizante de 600 dólares que uno de 1000; eso te eleva el costo en dólares”.

En la provincia de Buenos Aires, el diagnóstico se repite. Diego Pasi, analista de granos de AZ-Group, explicó que en zonas como Tandil el trigo por sí solo está muy ajustado y, con rindes promedio, apenas cubre costos. En ese contexto, el resultado del planteo depende en gran medida del esquema de doble cultivo. “La variable es la soja de segunda. Es lo que termina explicando el margen”, señaló. En el norte bonaerense, donde los rindes de soja de segunda pueden ubicarse entre 2500 y 3000 kilos por hectárea, la ecuación mejora, pero en el sur el riesgo es mayor y el negocio se vuelve más incierto. Pasi coincidió en que “probablemente el área de trigo caiga; no será una caída enorme, pero algo va a caer si no hay una mejora importante en los precios”. Es un momento en que pesa la necesidad de financiamiento para afrontar los costos iniciales.

En tanto, Gonzalo Agusto, economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba y presidente de Argentrigo, destacó que las recientes lluvias permitieron recargar los perfiles de humedad, algo clave para encarar la siembra, especialmente en zonas más ajustadas. “Las lluvias recargaron los perfiles de humedad y eso es un incentivo para sembrar trigo”, explicó. Además, los precios muestran cierto sostén: “Hoy estamos hablando de un trigo de US$218 o US$220 por tonelada, un precio relativamente bueno”.

Sin embargo, el principal condicionante está en los costos. “Hemos tenido aumentos muy importantes en fertilizantes, como urea y fosfatos, y también en el petróleo, que impacta en todas las labores”, señaló. En ese marco, remarcó que “el margen bruto puede resultar positivo, pero cuando se incorpora el arrendamiento se entra en terreno negativo”, especialmente bajo escenarios de rendimiento promedio.

En rigor, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el 39,3% de los fertilizantes nitrogenados que utiliza la Argentina proviene de Medio Oriente, una región clave hoy afectada por la guerra. Además, la situación hizo que, por ejemplo, la urea —insumo central para el trigo— subiera más de 40% en pocos días, lo que impacta de lleno en los costos de producción.

De todos modos, el impacto no es homogéneo y depende del nivel de tecnología. “No todas las zonas fertilizan de la misma manera”, explicó Agusto. En ese sentido, señaló que “en zonas más marginales los productores pueden ajustar el planteo y reducir la tecnología”, aunque eso implica resignar potencial de rinde.

Fuente: Diario La Nación

La Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) difundió un informe donde alerta en torno de la situación actual de expansión de la chicharrita, plaga que en el ciclo 2023/2024 implicó un recorte en la producción estimada del cereal superior a 10 millones de toneladas.

Según la entidad, “aunque prácticamente la totalidad de la producción de maíz de la campaña 2025/26 está a salvo de las infecciones de Spiroplasma (CSS) transmitidas por Dalbulus maidis, el incremento exponencial de poblaciones de esta chicharrita durante la segunda quincena de marzo y la aparición de síntomas foliares en algunas localidades plantea la necesidad de incrementar el monitoreo para desarrollar estrategias que impidan que en campañas futuras se repitan epifitias como la del ciclo 2023/24″.

En este marco, Maizar citó a expertos, como Alejandro Vera, coordinador de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis. Dijo: “Es importante seguir generando información sobre todo el patosistema, monitoreando trampas y cultivos, remitiendo insectos a la red entomológica para establecer su infectividad e inspeccionando síntomas foliares, para establecer cómo evolucionan las distintas situaciones”.

Reporte

Maizar indicó que el 39º informe de la red de monitoreo, con datos relevados entre el 17 de marzo y el 1° de abril de 2026, reflejó que “la región NOA, donde el 99% de las trampas estuvo instalada sobre maíz, fue la zona endémica de mayor crecimiento poblacional en este período”.

Detalló que allí “en el 67% de las localidades se capturaron más de 100 Dalbulus maidis por trampa, la categoría más alta».

Agregó que esta marcada fase de incremento se corresponde con un predominio de cultivos que se encuentran en estadios fenológicos reproductivos intermedios (R3–R4).

Según la organización, el informe presentó datos sobre el porcentaje de individuos portadores de CSS en tres localidades de esta región, que indican niveles moderados de portación del patógeno.

 “En la otra zona endémica, el NEA, donde el 97% de las trampas estuvo instalada en cultivos de maíz, la mayoría en estadios fenológicos reproductivos (R2–R3), las poblaciones de Dalbulus maidis también mostraron una marcada fase de incremento», apuntó. Añadió que hubo “una dinámica similar a la observada en la región del NOA, y un 67% de las localidades con capturas en el nivel más alto”.

Luego, según el trabajo, en el Litoral, donde el 68% de las trampas fueron instaladas sobre maíz, “un 70% registró capturas: el 27% de las localidades presentó niveles bajos (1 y 20 adultos por trampa) y el 24% registró la categoría más alta, principalmente en Entre Ríos”.

Agregó que “en la región centro-norte, con un 89% de las trampas ubicadas en lotes de maíz, volvieron a registrarse aumentos poblacionales del vector, que se detectó en el 87% de las localidades, con un 46% en la categoría máxima”.

El informe también dio cuenta de que en el centro-sur, donde el 88% de las trampas estuvieron en cultivos del cereal, “se observaron ligeros incrementos de la dinámica poblacional: la presencia de Dalbulus maidis pasó de un 20% a un 39% de las localidades, con un 4% en el nivel más alto».

La campaña 2023/2024

Para recordar, en la campaña de maíz 2023/24 la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) aguardaba una cosecha de 57 millones de toneladas de maíz. Sin embargo, en pleno verano, con el impacto de la plaga, redujo su estimación primero a 50,5 millones de toneladas y luego a 47 millones de toneladas. “La provincia de Córdoba, el corazón maicero del país, ha sufrido el mayor impacto con una reducción estimada de 2,76 millones de toneladas en su producción”, dijo en un reporte de mayo de 2024.

En otro informe luego la BCR recortó la estimación de maíz 2023/24 en 11,4 millones de toneladas. “En el mercado doméstico la pérdida asciende a US$2045 millones, en tanto la estimación de exportaciones cae US$1634 millones”, señaló en esa oportunidad.

Lo que pasó en esa oportunidad con la chicharrita llevó a que el Senasa, por ejemplo, agilizara los tiempos de autorización de insecticidas para el control de la plaga.

La red de monitoreo de la plaga, junto al trabajo que hicieron las empresas del sector y organismos como el INTA, fue de gran ayuda para que los productores conocieran más sobre la plaga y estuvieran atentos. Esta campaña, según la BCR, cerraría con una producción récord de 62 millones de toneladas, esto es 12 millones más que el ciclo 2024/2025.

Fuente: Diario La Nación 

El Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, en el oeste bonaerense, resolvió anular total y/o parcialmente el cobro de la tasa de mantenimiento de la red vial de la Municipalidad de Daireaux. Según el fallo dictado por el juez Pablo Cristian Germain en la causa iniciada por un grupo de productores rurales contra el municipio, el tributo solo es exigible cuando existe una prestación efectiva del servicio. El magistrado ordenó reliquidar lo cobrado tras comprobarse un desvío de fondos del 22,95% en 2022 y del 27,88% en 2023 hacia gastos ajenos al servicio por el que se paga la tasa. Dispuso la nulidad de actos administrativos del exintendente Esteban Alejandro Acerbo (PJ).

La noticia la celebraron los productores locales luego de que Germain declarara la nulidad total de la tasa para un grupo de demandantes por “inexistencia de mantenimiento en el camino” de acceso y dispuso la nulidad parcial para el resto. En esta primera instancia hubo cuatro demandantes que contempla el fallo, sin embargo, de acuerdo con el letrado patrocinante, hay otros tres juicios en trámite que esperan una resolución.

Según explicó Jorge Moroni, abogado patrocinante de los productores a LA NACION, la sentencia se inscribe en una demanda de pretensión anulatoria, presentada por un grupo de productores agropecuarios, quienes cuestionaron decretos municipales que habían rechazado sus reclamos administrativos por el cobro de la tasa vial en los períodos 2022-2024. El eje del planteo fue la naturaleza jurídica del tributo, donde el juez ratificó que “la tasa no es un impuesto”, sino que requiere una contraprestación concreta, individualizada y efectiva, y advirtió que “su cobro sin servicio configura una afectación” al derecho de propiedad.

Para resolver, el magistrado otorgó un peso central a la prueba pericial. En el plano técnico, el informe de ingeniería determinó que el 96% de la red vial analizada presenta deficiencias que no cumplen con los estándares, con problemas como acumulación de agua en calzada y ahuellamientos que afectan la transitabilidad, además de un parque de maquinaria municipal obsoleto e insuficiente.

En paralelo, la pericia contable acreditó una desproporción entre lo recaudado y lo invertido en el servicio, al constatar que parte de los recursos de la tasa fueron destinados a rentas generales del municipio, lo que vulnera el principio de afectación específica. Sobre esa base, se desprende que el juez cuantificó los porcentajes desviados y ordenó su descuento en la liquidación de las obligaciones fiscales.

Casos

El fallo aplica un criterio diferenciado según la situación de cada contribuyente. En el caso de uno de ellos, donde se comprobó que el camino de acceso se encontraba en estado “malo” y sin prestación alguna, se dispuso la nulidad total. En cambio, para otros tres productores, el juez consideró acreditada una prestación parcial del servicio, por lo que mantuvo la tasa, pero ordenó reducirla en función de los fondos desviados. Además, la sentencia reafirmó que la carga de probar la prestación del servicio recae sobre el municipio y no sobre el contribuyente. De esta manera, observaron que se consolida un criterio sobre la exigibilidad de este tipo de tributos. Este último proceso continuará en instancia de apelación ante la Cámara correspondiente, según anticipó a este medio Moroni.

El abogado calificó el fallo como un “hito histórico”, aunque señaló que el resultado es “desparejo” y agregó que el proceso de los tres productores mencionados va a ser apelado, en particular respecto de la valoración de la prueba técnica sobre el estado de los caminos.

 “Declarar que el Municipio de Daireaux no prestó los servicios correspondientes a la tasa de mantenimiento de red vial correspondiente (…) Así deviene ilegitima e inconstitucional la pretensión fiscal y/o pago del tributo por los períodos mencionados”, indicó el juez Germain en su resolución. Y siguió: “Declarar que para el período 2022 existe una desproporción irrazonable entre la integridad de los recursos y gastos devengados correspondientes a la tasa de mantenimiento de red vial, que implica la ilegitimidad del 22,95 % de la obligación fiscal devengada. Declarar que para el período 2023 existe una desproporción irrazonable entre la integridad de los recursos y gastos devengados correspondientes a la tasa de mantenimiento de red vial, que implica la ilegitimidad del 27,88 % de la obligación fiscal devengada”. Como se mencionó, dispuso la nulidad de los actos administrativos individuales dictados por el exintendente de la municipalidad, en este caso, Acerbo.

“Más allá de que el desvío de fondos determinado por el juez —del 22,95% en 2022 y del 27,88% en 2023— será cuestionado por considerarlo aún mayor, el fallo ya expone una metodología de utilización de la tasa vial para fines ajenos a su objeto específico. De hecho, el propio municipio la habría tratado como un recurso de libre disponibilidad, algo que la sentencia descarta de manera expresa. Si a esto se suma que el 96% de los caminos presenta estados regulares o malos —lo que, a los fines productivos, implica serias limitaciones—, se configura un cuadro de significativa irregularidad en la gestión vial municipal”, consideró Moroni. Recordó que el fallecido abogado Juan Pedro Merbilhaa fue pionero en plantear esta problemática.

Fuente: Diario La Nación