Cabe recordar que dicha ley fue impulsada por Enrico en el año 2017 y luego de terminada su vigencia el mismo Senador solicitó una prórroga que fue votada por unanimidad y convertida en la ley 13997 en tal fecha, pero la Provincia nunca la reglamentó, hasta hoy.

“Lo que ahora se tornó operativo gracias a la reglamentación, son los beneficios fiscales de esta ley que tienen que ver con la exención del impuesto inmobiliario rural y la patente única sobre vehículos. Todo aquel productor que cuente con su certificado de emergencia podrá gozar de este beneficio por el período de un año y aquellos que posean declaración de desastre lo harán por dos años. Es decir que los productores que se encuentren afectados por los excesos hídricos de la laguna y que cuenten con los certificados correspondientes tendrán la posibilidad de quedar exentos del pago del impuesto inmobiliario rural y patente vehicular por un vehículo afectado”, comentó Enrico.

En este sentido, es importante destacar que en el caso de aquellos productores que ya hayan realizado el pago de estos impuestos referidos tendrán la posibilidad de solicitar a la Administración Provincial de Impuestos la extensión de los correspondientes certificados de crédito fiscal en carácter de devolución. Además, aquellos productores que ya cuenten con su certificado de emergencia o declaración de desastre no deberán volver a tramitarlo ya que también se extiende su vigencia.

“Nos parece de suma importancia que se haya reglamentado esta ley, la cual impulsé con el objetivo de extender mi apoyo a los productores que se vieron severamente afectados por la situación de la laguna La Picasa. Es una forma de que puedan minimizar el impacto que tuvieron. Por otro lado, más allá de la importante cantidad de obras que se realizaron y otras que están en ejecución por parte del Comité de Cuenca de la Picasa, la laguna sigue teniendo su impronta y hay muchos productores que siguen afectados”, concluyó Enrico.

-Principales beneficios de la ley impulsada por Enrico:

Los productores agropecuarios en situación de emergencia o desastre agropecuario, que cuenten con el certificado correspondiente, quedan eximidos de gestionar actos administrativos.

Tras finalizarse el período declarado como “emergencia o desastre agropecuario”, se suspenderán hasta ciento ochenta días los juicios y acciones para el cobro de estos impuestos.

API emitirá certificados de “crédito fiscal”, en carácter de devolución, para los casos donde los productores afectados por la emergencia o desastre agropecuario hayan abonado con anterioridad los impuestos comprendidos en este período declarado.

Sólo podrán acceder a los beneficios aquellos productores que cuenten con el certificado de emergencia o declaración de desastre agropecuario.