La Secretaría de Función Pública, en coordinación con la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores, detectó la presentación de certificados de salud apócrifos. La falsedad de los documentos fue constatada por los propios profesionales médicos que figuraban como emisores. Actualmente, se tramitan los sumarios correspondientes y, en algunos casos, los empleados implicados ya no forman parte de la administración pública.

Hasta el momento, la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores identificó 11 casos, en el marco de un trabajo conjunto con la Secretaría de Función Pública. Los agentes involucrados pertenecen al Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, y al Iapos. En este último organismo, la empleada denunciada presentó su renuncia tras conocerse la irregularidad.

El procedimiento de detección comienza con los controles habituales que realiza la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores. Allí, se cita a los médicos consignados en los certificados para verificar su autenticidad. Una vez confirmada la falsedad, la Secretaría de Función Pública instruye a las asesorías jurídicas de cada dependencia a iniciar los sumarios correspondientes.

“Estas medidas son producto de los controles que desde el Estado se están realizando para reducir el ausentismo”, resaltó la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario.

La funcionaria destacó además que se está trabajando en la transformación de los controles que, procurando el resguardo de la salud de los trabajadores, permita brindar un servicio eficiente a la comunidad sin sobrecargar aquellos sectores de la administración pública que se vean afectados por un elevado porcentaje de ausentismo.

Estatuto General del Personal de la Administración Pública

La Ley 8529 -Estatuto General del Personal de la Administración Pública- establece los derechos, deberes y prohibiciones de los empleados estatales. De acuerdo con el artículo 50, las sanciones pueden ser apercibimiento, suspensión, cesantía o exoneración, según la gravedad de la falta y su reiteración.

En el caso del Ministerio de Obras Públicas, el sumario ya determinó la suspensión del agente que presentó el certificado falso. Los demás expedientes continúan en trámite en cada organismo.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisó este jueves el derribo de un puesto de venta de estupefacientes en calle 96, entre calle 9 y 11, en la ciudad de Frontera. En el lugar no vivía ninguna familia sino que era utilizado exclusivamente para la venta y consumo de estupefacientes.

La medida fue dispuesta por la Justicia en el marco de una causa por microtráfico priorizada por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, que encabeza Franco Carbone; y solicitada por el fiscal Carlos Vottero, quienes estuvieron presentes en el lugar junto a la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; y al subsecretario de Análisis Criminal de la provincia, Sebastián Montenotte, entre otros funcionarios.

Política de Estado

Al respecto, Montenotte destacó que este operativo “es el cuarto derribo en la ciudad de Frontera, en el marco de una política de Estado que tiene que ver con el trabajo mancomunado, entre el MPA, el Ministerio de Seguridad, la PDI y las fuerzas de seguridad; y que contó con acompañamiento Legislativo” cuando se sancionó la ley de Microtráfico en la provincia, que prevé “la desafectación de los inmuebles que se usan como puntos de venta de estupefacientes”.

En cuanto al domicilio derribado, explicó que “en una audiencia que se llevó adelante el miércoles, a cargo de la fiscal Fabiana Bertero, se pidió destruir este inmueble donde se comercializaban drogas”. Este punto de venta fue allanado cuatro veces y ha generado no solo delitos de comercialización de estupefacientes, sino también varios homicidios. “Además, no tenía condiciones de habitabilidad y las veces que estuvimos presentes haciendo el reconocimiento previo, vimos que había sido usado como lugar para venta”, concluyó Montenotte.

Narcomenudeo

La inactivación de estos puntos de venta forma parte de las medidas contempladas en la Ley de Microtráfico, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial. Esta normativa establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos vinculados al “narcomenudeo”, que antes eran competencia exclusiva de la Justicia Federal.

Los procedimientos de bacheo preventivo incluyen el fresado de los desprendimientos y deformaciones de la calzada, el riego con emulsión asfáltica y la colocación de concreto asfáltico caliente para su compactación. Durante las intervenciones se produce la reducción de un carril, con paso alternado de a una mano por vez. Colabora en el ordenamiento de la circulación la comuna de Pujato.

El mantenimiento sobre RN 33 se integra a similares tareas en ejecución sobre RN 178, también concretadas con personal y equipos de Vialidad Nacional.