El Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mapa) de Brasil confirmó la detección del virus de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) en una granja avícola del municipio de Campinápolis, en el estado de Mato Grosso. Según la comunicación oficial, se trata de un caso en una “granja de subsistencia”.

El Servicio Veterinario Oficial del vecino país ordenó clausurar la propiedad y recolectó muestras para análisis de laboratorio, las cuales dieron positivo para influenza aviar.

Con este, ya suman cuatro los casos confirmados de brotes de la enfermedad en aves de corral de subsistencia detectados en Brasil.

Las medidas de erradicación y vigilancia en un radio de 10 km alrededor del brote comenzaron este domingo. El Mapa aclara que, dentro del radio detectado, no hay establecimientos avícolas comerciales.

Según dijeron de forma oficial las autoridades sanitarias de Brasil, “la aparición de un brote confirmado de IAAP en aves de corral de subsistencia no impone restricciones al comercio internacional de productos avícolas brasileños. El consumo y la exportación de productos avícolas se mantienen seguros”, para mantener alejadas las versiones de contagio humano o problemas en la comercialización.

El brote confirmado en aves de subsistencia tampoco modifica el período de vacío sanitario de 28 días tras la desinfección de la zona de Montenegro (RS), donde se confirmó un brote de gripe aviar en una granja de cría de aves de corral comercial.

Por estas horas, no está claro si el principal exportador de carne de pollo del mundo tiene bajo control esta crisis provocada por la aparición de la Influenza Aviar, y ya se ven los efectos sobre sus mercados.

La circulación del virus de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) ya ha tenido efecto sobre su mercado, pues 9 destinos ya suspendieron las importaciones y varias de las empresas agropecuarias, como JBS, Boa Safra y BrasilAgro, registraron caídas en su cotización.

Fuente: Bichos de Campo

Para tratar de contener esta situación, presidentes de Consejos Regionales del ente se reunieron con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El funcionario confirmó que el decreto está próximo a salir y hará modificaciones sobre el INTA. Se esperan modificaciones sobre la gobernanza del Consejo Directivo, la autarquía y los Centros Regionales, según trascendió en su momento.

A la reunión asistió un representante por región. Estuvieron Silvana Putelli, presidenta del Centro Regional Mendoza y San Juan; Cristian Bagnardi, presidente del Consejo Regional Buenos Aires Sur; Silvana Somadossi, del Centro Regional Patagonia Norte -Sur; Daniel Lupi, representante de la Comunidad Científico – Técnica; Emiliano Durán, del Centro Regional Santa Fe; Ricardo Piskulich, presidente del Centro Regional Catamarca y La Rioja; Roque Budeguer, presidente del Centro Regional Tucumán y Santiago del Estero; y Oscar Barbera, del Centro Regional Corrientes y coordinador de los presidentes de los distintos Consejos. Iraeta confirmó que se realizará un cambio profundo en la gobernanza y una transformación significativa del INTA.

En ese contexto, los representantes llevaron una carta a la que adhirieron 21 presidentes de Consejos Regionales y Centros de Investigación del INTA, quienes reafirmaron su compromiso con la mejora del sistema de investigación y transferencia tecnológica agropecuaria. En la misiva solicitaron a Iraeta y a los ministros Luis Caputo, ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, una entrevista para expresar su respaldo a un modelo de INTA descentralizado, representativo y eficiente.

Destacaron la legitimidad de su representación, construida con casi 1000 dirigentes de sectores diversos, que participan ad honorem en la toma de decisiones estratégicas y operativas de la institución. Detallaron la estructura federal del INTA, con representación plural de entidades rurales, universidades, gobiernos provinciales, científicos y empleados. Subrayaron que esta red institucional garantiza que la planificación, evaluación y dirección del organismo respondan a realidades locales. Dijeron que la experiencia acumulada y la participación activa en la formulación de políticas y planes regionales son presentadas como elementos claves que sustentan la eficacia de la gobernanza del INTA.

En la carta manifestaron una firme defensa de la autarquía del organismo. Advirtieron que la reducción de personal en la última década no ha debilitado su operatividad, y que incluso han propuesto reestructuraciones que aún no han sido tratadas. Rechazaron cualquier intento de centralizar el control del INTA y exigieron que “las decisiones respondan a criterios técnicos y federales, no políticos ni arbitrarios”.

Alertaron sobre versiones que indican que se busca alterar la composición del Consejo Directivo del INTA, quitando mayoría al sector privado. Consideraron esa medida como una contradicción con la política del Gobierno de fomentar al sector privado y la innovación descentralizada. Plantearon que, sin extensión territorial e interacción directa con los productores, las soluciones serán teóricas e ineficaces. Por eso propusieron conformar una Mesa de Reestructuración Permanente que audite, modernice y potencie al INTA sin traicionar su espíritu federal.

Un consejero que participó del encuentro con Iraeta indicó: “No compartimos el enfoque del cambio de gobernanza que se propone. Reivindicamos la autarquía y la autonomía de los Consejos Regionales. Debemos estar preparados para los cambios que vienen, porque van a venir, pero eso no implica aceptar una centralización que debilite el federalismo del INTA. Fuimos a la reunión para ofrecer soluciones, para dejar en claro que somos una herramienta útil para un cambio positivo, y para defender el rol del INTA».

Agregó: “Nos informaron que la silla de Aacrea [Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola] dejará de existir en el Consejo Directivo y se nos ofreció un lugar a nivel nacional. Dejamos en claro que no somos actores políticos y que no vamos a involucrarnos con el Gobierno en esos términos. Nuestra función es técnica y representativa del territorio, no partidaria».

La fuente consultada precisó: “El discurso oficial habla de ‘modernizar un INTA de 70 años y proyectarlo hacia 2050′, pero eso implica, hoy, confiar ciegamente en el gobierno de turno. Y la verdad es que no sabemos qué puede pasar ni cómo será la nueva estructura. Hay temor por el rumbo que puede tomar la gobernanza. Todos coincidimos en que el INTA necesita modernizarse, pero también coincidimos en algo más importante: queremos participar en ese proceso».

Fuente: Diario La Nación 

En ese contexto, en el gremio advirtieron que la posible degradación del organismo a dirección nacional pone en jaque su funcionamiento estructural. Según un expresidente, con estos cambios se está politizando el ente y se podrían perjudicar las inversiones futuras en el agro.

Vale recordar que, días atrás, LA NACION adelantó que el gobierno de Javier Milei degradará a través de un DNU al Inase, autoridad de aplicación de la ley de semillas y que realiza tareas de fiscalización, registro y control en la materia.

La decisión ya fue anunciada a los trabajadores: Gloria Gómez y Darío Littieri, delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Inase, dijeron a LA NACION que a partir de los cambios en el Inase este instituto enfrentará una severa pérdida de masa crítica, con una dotación mínima del personal con contratos transitorios. Esta modalidad de contratación, sin estabilidad ni carrera administrativa, genera incertidumbre y precariedad, especialmente con contratos renovables solo hasta diciembre.

Señalaron que menos del 25% del personal no es profesional y un 75% es profesional, un dato importante tratándose de un ente técnico cuya misión principal abarca la fiscalización, control y tareas ligadas a la biotecnología. “Hay algunos que se están yendo solos. Los contratos se los renuevan con esta modalidad y quienes tenían contratos hasta diciembre corren peligro, porque están con la idea de la centralización del Inase, con las áreas que son una duplicación”, agregó Gómez.

El 74% de los 245 trabajadores corresponde a 182 personas contratadas, mientras que solo 46 son de planta permanente (19%). Con el plan del Gobierno empleados contratados de las áreas como administración, recursos humanos, legales, comunicaciones, informática y auditoría, bajo el argumento de que son “funciones duplicadas” dentro de la Secretaría de Agricultura, quedarían al margen del organismo.

Solo subsistirían áreas directamente técnicas como Fiscalización, Calidad (laboratorios) y Registro de Variedades. A esto se suma la incertidumbre sobre el futuro de las delegaciones regionales, lo que podría dejar fuera al 50% del personal en promedio.

Según describieron los delegados, el Inase funciona como un “organismo escuela”, donde el personal administrativo debe adquirir conocimientos técnicos para llevar adelante tareas complejas, desde la organización de ensayos hasta el control del etiquetado y fiscalización en campo. “Muchos trabajadores accedieron por recomendación técnica o convocatorias abiertas, y se formaron dentro del organismo con años de experiencia específica”, completó Gómez.

El recorte no solo impacta en el capital humano: el Inase ya funcionaba con una dotación menor a la considerada óptima en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se hizo el estudio de la dotación y se calculó la estructura mínima necesaria del ente. Hasta la fecha no se recompuso la cantidad de personal óptimo para realizar las tareas: a comienzos del gobierno de Milei fueron despedidas 22 personas, pero en enero pasado fueron reemplazadas por otras 15, de acuerdo con los datos del gremio.

El ánimo entre los trabajadores es de angustia e “incertidumbre”, según señalaron en el gremio. “La gente está muy mal, porque todos los días están esperando el decreto. Empieza a correrse la bolilla sobre el listado de los despidos”, agregó Gómez. Littieri, además, señaló que en estos casos muchos de los trabajadores se va a ir sin una indemnización al tener contratos hasta diciembre: “Eso también juega en la cabeza de los compañeros, que una vez que salga el decreto te vas sin indemnización y sin nada como sostenerte en el tiempo”.

Uno de los que conoce la función del Inase es Carlos Ripoll, expresidente de este organismo entre 2006 y 2013. Según advirtió degradarlo a una dirección dentro de la estructura estatal es “una muy mala señal para el sector agropecuario y para los inversores”.

Recordó que el Inase nació como organismo autárquico y técnico en 1991, tras reemplazar al anterior Servicio Nacional de Semillas, y que su autonomía fue clave para que funcionara con eficiencia, reconocimiento internacional y superávit presupuestario.

“El Inase fue modelo en América Latina; vinieron de varios países a copiar cómo funcionaba”, recordó Ripoll. Subrayó que el instituto no solo controla el comercio de semillas, sino que también administra la propiedad intelectual, un eje central para el desarrollo del sector. “Pocos organismos combinan ambos aspectos, y eso lo vuelve estratégico”.

Durante su gestión, explicó, el organismo operaba con personal altamente calificado, técnicos especializados y convenios con provincias que permitían aplicar la Ley de Semillas vigente en todo el país. Tiene un presupuesto propio de entre 15 y 20 millones de dólares anuales sin aportes del Estado, y hasta genera superávit, pese a que tiene siete delegaciones en el interior del país.

“Reducir gastos no puede ser excusa para desarmar una estructura que es eficiente y que, además, transfiere fondos al Estado. Si la justificación es reducir gastos, mucha gente en líneas generales no justifican su rol, es a esos a los que hay que echar manos. Este es un organismo técnico. Se tiene que analizar muy bien cuando se toma una decisión sobre un organismo”, afirmó.

Ripoll recordó que, durante el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), ya se había intentado cerrar el Inase y que la experiencia demostró que su rol era imprescindible. “Se rectificó esa decisión porque quedó claro que sin Inase no se podía garantizar la calidad ni la identidad de la semilla que llega al productor”, puntualizó.

“Esto es una señal de que el Gobierno no le da relevancia al tema semillas. Eso retrae a los inversores, que miran con mucha atención lo que pasa con este tipo de organismos técnicos. Si degradan a un organismo como este, no es una buena señal”, dijo. Advirtió que el Inase tenía presencia y liderazgo en foros internacionales, como la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), lo que también está en riesgo.

Para Ripoll, el avance sobre el Inase desconoce que “la semilla es el insumo más importante de toda la producción agropecuaria”. Aseguró que el éxito de una siembra depende en un 50% —o incluso más— de la semilla utilizada. “Ningún país serio descuida esto”, dijo. Y concluyó: “Si hay cosas que corregir, se corrigen. Pero no se destruye un instituto clave. La gente que se va es gente capacitada; doy fe”.

Fuente: Diario La Nación