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Diputados bonaerenses buscan arrebatarle a Kicillof el manejo discrecional con un impuesto

Mientras crece la polémica entre los productores agropecuarios de Buenos Aires por el incremento de un 100% en la cuarta cuota del impuesto Inmobiliario Rural, el bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de reforma tributaria para 2025.

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La iniciativa, que busca evitar subas desmedidas, propone una revisión integral del régimen fiscal, con especial énfasis en el Inmobiliario Rural. Juan Pedro Merbilhaa, abogado y expresidente de Carbap involucrado en la elaboración del proyecto, sostuvo que este representa “un intento de restaurar la legalidad y devolver a los contribuyentes derechos que les fueron arrebatados con el tiempo”.

El proyecto, impulsado por los diputados Luciano Bugallo, Maricel Etchecoin y Romina Braga, propone volver a la ley fiscal original, eliminar facultades delegadas y suprimir lo que consideran “trampas” utilizadas por el gobierno provincial para aplicar aumentos superiores a los límites establecidos por la Legislatura el año pasado.

“Lo que nosotros planteamos es una reforma integral de la ley fiscal. Hay muchos artículos que son inconstitucionales, y buscamos que la ley vuelva a estar ordenada y sea un instrumento claro, como era la ley fiscal originaria. Planteamos eliminar artículos que tienen doble interpretación, algunos que son tramposos y, sobre todo, limitar las facultades delegadas”, afirmó Bugallo en diálogo con LA NACION.

El legislador explicó que, en los últimos años, se han otorgado varias facultades delegadas al Poder Ejecutivo, permitiendo a ARBA, el organismo recaudador, decidir el monto de los impuestos, algo que considera “totalmente ilógico” y que debería ser potestad de la Legislatura.

Este factor, según Bugallo, facilitó los aumentos desmedidos, llegando en el caso del impuesto Inmobiliario Rural a superar ampliamente los topes establecidos por la Legislatura, que había fijado un límite del 200% para los mayores contribuyentes. “Los aumentos aplicados llegaron hasta el 500% en comparación con el año pasado, y la última cuota, la número cuatro, vino con un 100% más que la tercera”, subrayó.

Por ello, Bugallo detalló que la reforma busca limitar la potestad de ARBA para modificar la base imponible mediante coeficientes que superen la valuación fiscal. “Ese valor es el que ARBA utiliza para determinar el monto a pagar en cada factura del inmobiliario. Queremos quitarle al Poder Ejecutivo la potestad de exceder lo aprobado por la Legislatura, eliminar la cuota extra, la actualización por inflación y restituir los beneficios para los buenos contribuyentes”, indicó.

Proyecto

Además, el proyecto propone eliminar el Impuesto Inmobiliario Complementario y el impuesto a la herencia, los cuales los diputados consideran inconstitucionales y contrarios al derecho de propiedad. “Aunque la ley fiscal se revisa cada año, buscamos establecer un punto de partida para la discusión de la próxima ley que se presentará en 2025″, explicó Bugallo.

Merbilhaa destacó los aspectos principales de un proyecto de reforma tributaria que busca establecer un marco fiscal más justo y transparente para los productores rurales en Buenos Aires. Según dijo, el objetivo central es la “modificación íntegra de la actual Ley Impositiva 2024″ para evitar que se prorrogue o se replique el contenido de esta en la legislación de 2025.

Uno de los puntos clave del proyecto es la derogación del decreto de 2012 que permitió ajustar las valuaciones fiscales aplicando coeficientes, lo cual, según Merbilhaa, ha resultado en “un sistema ilegal” que afecta directamente a los contribuyentes. “Se ha estado produciendo en los últimos años revaluaciones de los bienes (parcelas) con total prescindencia de la Ley de Catastro, violándola abiertamente, y estableciendo el fisco (ARBA, el Poder Ejecutivo) las bases que caprichosamente le convinieron, con absoluta ilegitimidad.

El proyecto también introduce modificaciones en el capítulo de la Ley de Catastro relacionado con las valuaciones fiscales, buscando restaurar el sistema original que incluía la participación de los contribuyentes en las revaluaciones tanto generales como individuales. “Este cambio significa un regreso a la participación de los contribuyentes en la determinación de los valores de sus propiedades, asegurando transparencia y legalidad en el proceso”, detalló.

Además, se propone la reforma del Código Fiscal para eliminar la unificación parcelaria implementada con fines fiscales y derogar el Impuesto Complementario, al que Merbilhaa calificó como “un engendro inconstitucional que modificó la naturaleza del impuesto básico”.

Otro punto de la reforma es la eliminación del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, señalado por el letrado como “el más injusto de los tributos provinciales” y que, además de violar el Código Civil, “lesiona los derechos individuales de los contribuyentes sin aportar ingresos significativos al fisco”. En cuanto a la nueva valuación fiscal propuesta, el proyecto establece que tanto los valores óptimos unitarios por cuartel como los valores individuales de cada parcela rural se actualicen “bajo las nuevas normas de la Ley de Catastro y Código Fiscal reformadas por el Proyecto”, tomando como referencia la última valuación vigente en 2011. “Esto implica un regreso al régimen vigente antes de las modificaciones que desvirtuaron el sistema”, enfatizó Merbilhaa.

Como se mencionó, Merbilhaa consideró que el proyecto representa “un retorno a la legalidad y a la legitimidad, un verdadero estado de derecho”, y subrayó que con esta reforma, el Poder Legislativo “recupera su función institucional y su dignidad, quedando para el Poder Ejecutivo solo la aplicación estricta de lo que el Legislativo sancione, sin delegaciones de potestades ni imposiciones políticas”.

Finalmente, Merbilhaa afirmó que esta reforma permitirá que “los contribuyentes recuperen los derechos que paso a paso, año a año, les han ido conculcando”. Según el abogado, la restauración de la legalidad contribuirá a reducir la conflictividad y la judicialización generada por “tanto atropello”, al devolver a los ciudadanos la seguridad de que sus derechos serán respetados.

Fuente: Diario La Nación

El Campo

De la mano de una gran cosecha, la molienda de girasol es la más alta de los últimos 13 años

Este año seguramente será recordado por la cadena girasolera. Luego de una gran campaña del cultivo, se está llevando adelante una excelente molienda de granos.

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La campaña agrícola del girasol quedará registrado como un excelente periodo, gracias a su expansión a zonas que hacía tiempo no veían girasol, como algunas de la zona núcleo, habituada a ver sojas o maíces.

Hace solo semanas, la campaña 2024/25 terminó con un récord histórico de 4,7 millones de toneladas, una cifra 30,6% superior a la del ciclo pasado, gracias al avance tecnológico que viene registrando el cultivo en muchas zonas no tradicionales.

El avance del girasol en las zonas no convencionales, como la zona núcleo pampeana, Cuenca del Salado, Córdoba y San Luis fue lo que permitió lograr el récord de producción.

A este buen pasar del cultivo, lo está acompañando un buen desempeño industrial. Según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, solo en mayo la molienda oleaginosa llegó a 466.378 toneladas, récord histórico que no se veía al menos desde 2012, según los datos del analista y ex secretario de mercados agropecuarios Javier Preciado Patiño, puesto que los datos oficiales llegan hasta 2015.

A su vez, si se toma el período enero-mayo, también el récord de molienda no se registra desde hace 13 años, llegando en el actual período a un total de 1.744.743 toneladas, con Buenos Aires y Santa Fe a la cabeza del ranking productivo.

Este buen pasar industrializador del girasol llega en un momento en que el mercado está demandante de aceite, con India como principal comprador. La buena producción, la demanda y el período de baja de retenciones, hicieron que los primeros cinco meses de año confirmen en la industria lo que se vio a campo durante la campaña.

En cuanto al potencial del girasol, esta buena campaña podría transformarse en un piso productivo y no un techo. Según un estudio interinstitucional realizado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), el INTA, ASAGIR y otras entidades, se determinó que la diferencia entre lo cosechado y lo que se podría obtener, es decir la brecha de rendimiento, oscila entre el 34% y el 40% a nivel país. Es decir que sus rendimientos están curiosamente lejos de su potencial.

En esta campaña, muchos productores, impulsados por las condiciones climáticas (el girasol es más tolerante a la sequía), y sanitarias post chicharrita del maíz, dieron paso a una mayor superficie en el núcleo agrícola principal, con especial sorpresa en Córdoba.

“En la última campaña los aumentos en la superficie sembrada rondaron el 10% del total de hectáreas abarcadas por la Regional”, asegura Franco Bardeggia, Asistente Técnico de la Regional Aapresid Los Surgentes-Inriville, y atribuye el incremento a que el cultivo se posicionó como alternativa en ambientes de menor productividad para maíz o soja, o en lotes puntuales de costa de ríos o que estuvieron mucho tiempo anegados.

Fuente: Bichos de Campo

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El Campo

La receta de Brasil para transformar su agricultura frente al cambio climático

Estamos viviendo una revolución silenciosa”. Con esa frase, Alessandro Cruvinel, director del Ministerio de Agricultura de Brasil, sintetizó el proceso de transformación que impulsa el país desde el sector agropecuario. La expresión resume una estrategia que busca enfrentar el cambio climático a partir de la articulación entre ciencia, políticas públicas y el sector privado.

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En un contexto global marcado por la creciente presión ambiental y nuevas exigencias comerciales, referentes del ámbito público, privado y científico debatieron sobre el rol de la agricultura como parte de la solución. Durante la sesión inaugural del panel “Construyendo resiliencia climática a través de la agricultura sostenible”, en el World Agri-Tech South América, se destacaron herramientas clave como los bioinsumos, la digitalización del agro y la investigación genética aplicada a cultivos más resilientes. LA NACION participó de este evento en un viaje organizado por BASF.

 “Ya existen tecnologías disponibles, pero necesitamos una estrategia”, advirtió. Como ejemplo citó el programa de biocombustibles y propuso replicar ese modelo en otras cadenas productivas. Entre las políticas que ya están en marcha mencionó “Agro Brasil + Sustentable”, una plataforma gratuita para que los productores puedan demostrar prácticas sostenibles ante mercados que exigen trazabilidad y certificación libre de deforestación. También destacó Mapa Conecta, una red digital y territorial que vincula inversores, universidades, empresas, gobiernos subnacionales y startups en torno a la innovación agrícola.

Desde Embrapa, la empresa pública de investigación agropecuaria, su directora ejecutiva, Ana Euler, explicó que la tecnología de fijación biológica de nitrógeno —un tipo de bioinsumo— ya se aplica en más de 46 millones de hectáreas de soja y maíz. Esta innovación permitió a los productores brasileños ahorrar 24.800 millones de reales (unos 4700 millones de dólares) y evitar la emisión de 78 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

 “Estamos guiando la investigación hacia nuevas especies, más allá de las leguminosas, como los pastos, que son fundamentales para la producción de leche y carne”, señaló Euler. Agregó que Embrapa tiene más de 10.000 tecnologías listas para ser transferidas y cuenta con 43 unidades de investigación en todo el país, algunas con alcance nacional y otras con foco territorial.

La ejecutiva destacó, además, el trabajo en genómica aplicada para desarrollar cultivos más adaptados al cambio climático, y anticipó el lanzamiento de seis nuevos bioinsumos este año, en alianza con el sector público. También remarcó el impulso a la digitalización del agro y el trabajo con pequeños y medianos productores, que representan dos tercios de los establecimientos rurales en Brasil.

“Hoy, una de las principales barreras para escalar nuestras tecnologías es la falta de asistencia técnica”, reconoció Euler. Por eso, uno de los focos actuales de la entidad es la transformación e inclusión digital, con herramientas de trazabilidad, comercio electrónico y agricultura de precisión.

Situación

Otro ejemplo que mencionó fue una experiencia en zonas semiáridas, donde se desarrolló un sistema de gestión eficiente del agua que luego se convirtió en política pública. Ya fue adoptado por más de 1000 familias rurales y les permitió mantener su actividad productiva en contextos de sequía.

Embrapa tiene más de 10.000 tecnologías listas para ser transferidas y cuenta con 43 unidades de investigación en todo el país, algunas con alcance nacional y otras con foco territorial

Desde el sector privado, Silvia Dávila, presidenta de Danone para América Latina, puso el foco en la urgencia de actuar en forma coordinada. “La agricultura lo cambia todo”, sostuvo y agregó: “Si se hace bien, puede ser parte fundamental de la solución a los desafíos climáticos y sociales que enfrentamos”.

Dávila advirtió que los sistemas alimentarios están bajo presión y que no hay más tiempo para discusiones aisladas. “La única forma de avanzar es construir un ecosistema fuerte que incluya a gobiernos, empresas, productores y consumidores, con reglas claras, incentivos correctos y compromiso ambiental”, expresó.

También remarcó que la sostenibilidad no es una opción, sino una necesidad, especialmente en el uso del agua y la energía. “Necesitamos innovar, pero también necesitamos claridad regulatoria y acceso al financiamiento”, dijo. En ese sentido valoró el rol de las políticas públicas como habilitadoras de la acción privada. “Cuando hay visión a largo plazo y estabilidad, las empresas pueden invertir e innovar”, añadió.

“La combinación de tecnología, legislación y compromiso es la base para un futuro mejor”, resumió Dávila. Mencionó que en toda la cadena alimentaria hay oportunidades para reducir emisiones, mejorar la eficiencia y generar empleo de calidad, siempre que se trabaje de forma articulada.

Fuente: Diario La Nación

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El Campo

Conflicto en Medio Oriente: la escalada bélica encarece los insumos y complica la campaña agrícola en la Argentina

Mientras el conflicto en Medio Oriente entre Israel e Irán suma tensión con la intervención de nuevas potencias, como Estados Unidos, los efectos ya comenzaron a sentirse en la producción agrícola de la Argentina.

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Especialistas advirtieron tres efectos clave: encarecimiento de insumos, en particular los fertilizantes; mayor valor del petróleo y complicaciones en la logística internacional. La urea, clave para los cultivos de trigo y maíz, trepó en días de US$500 a más de US$570 por tonelada. En este contexto anticiparon un impacto directo en los costos de la siembra de maíz, que comenzará en septiembre próximo.

En detalle, el panorama para los productores todavía es mixto. Para el trigo, cuya siembra avanza durante junio y julio, parte de los fertilizantes ya fue comprado anticipadamente, donde quien planificó de antemano puede estar algo cubierto, pero hay todavía un porcentaje alto por adquirir. Expertos alertaron que con el maíz no ocurre lo mismo. Con una campaña que recién comienza a proyectarse, si no hay una mejora en los precios muchos podrían optar por reducir área o bajar inversión por hectárea.

 “Previo al conflicto Israel-Irán la urea tenía una tendencia bajista. Pero, apenas se desató el conflicto, ante el primer ataque, automáticamente se congelaron las operaciones de ese fertilizante en particular. Ninguna empresa daba precio al distribuidor, eso fue en la inmediatez”, explicó Diego Napolitano, presidente de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense (Cedasaba) a LA NACION.

Según el ejecutivo, el conflicto impactó inmediatamente en este producto, llevándolo, en promedio, de unos 500 dólares a entre 550 y 570 dólares. Este aumento se explicó por dos factores: la fabricación de urea está vinculada al gas y el petróleo, y una parte significativa de esa producción sale al mundo a través del estratégico estrecho de Ormuz, en la región en conflicto.

Napolitano aportó otro dato relevante: “Profertil es el principal productor local, con un millón de toneladas de urea al año. Irán produce ocho millones, pero esa urea casi no llega a la Argentina. Sin embargo, cualquier interrupción global repercute, porque los precios se mueven internacionalmente”. Las importaciones rondan las 800.000 toneladas.

Advirtió que hay zonas productivas, como el norte de Buenos Aires, que demandan el fertilizante para el trigo. “El productor necesita ese insumo y ya está pagando más. Y todavía no sabemos si esto va a seguir escalando. Cabe recordar que, en el caso del trigo, los fertilizantes representan hasta el 30% del costo total del cultivo”, agregó.

En esa línea, Luis Mogni, analista de mercados de la consultora Somera SAS, afirmó: “Hay una reducción en la producción de urea de Egipto que se realiza con gas que le manda Israel, y ese suministro está cortado. Por eso habrá menor oferta y aumentos de precios”. Aunque este impacto llega tarde para el trigo, cuya siembra ya está avanzada, preocupa seriamente a quienes se preparan para el maíz.

La siembra de maíz comenzará en septiembre próximo y la compra de fertilizantes se hacen entre ahora y principios de agosto. En este cultivo, el uso de fertilizantes nitrogenados es esencial. Los expertos dijeron que, en un modelo de alta producción se requieren entre 150 y 160 kilos de nitrógeno por hectárea. Pero este año, al haber poco nitrógeno en el suelo, el aporte debería ser mayor, “justo cuando los precios se están disparando”.

Esta situación obliga a recalcular las dosis. “Tal vez en vez de aplicar lo recomendado se usen solo 100 o incluso 80 kilos. Eso baja el potencial de rinde y compromete los márgenes del productor”, explicaron las fuentes consultadas.

El segundo impacto tiene que ver con el petróleo, clave para la producción de agroquímicos y fertilizantes. “El aumento del precio del petróleo impacta directamente en los procesos energéticos involucrados en la fabricación de insumos, y puede que se incrementen sus valores y eso pone una tensión extra en los mercados”, sostuvo Mogni.

En tercer lugar, la logística internacional también está bajo presión. “Hace unos meses, los fletes estaban en US$2500 por contenedor entre Shanghái y Buenos Aires. Ahora están en US$5000, el doble”, indicó Napolitano. El alza en los costos logísticos, mas allá de los insumos agrícolas en sí, puede afectar especialmente a productos con bajo valor unitario: “Un producto que vale US$3 por litro va a sufrir mucho más la suba del flete que uno que vale US$30”.

Además, el directivo explicó que, cuando hay conflictos de este tipo, el mercado reacciona de forma casi inmediata. “No se espera a ver qué pasa, los precios se ajustan ‘por las dudas’. Esa reacción es automática y sensible”, advirtió.

Mogni coincidió: “Un conflicto largo siempre es complejo. No sabemos las ramificaciones. Si se suma la tensión en Medio Oriente al conflicto Rusia-Ucrania que aún no se resuelve, el panorama global es de una altísima incertidumbre y hay que mirar muy de cerca cómo va a venir el abastecimiento de insumos, es para prestarle mucha atención”.

Mogni dijo que un conflicto largo siempre es complejo: «No sabemos las ramificaciones. Si se suma la tensión en Medio Oriente al conflicto Rusia-Ucrania que aún no se resuelve, el panorama global es de una altísima incertidumbre y hay que mirar muy de cerca cómo va a venir el abastecimiento de insumos”

En cuanto a los fitosanitarios, Napolitano señaló que, por ahora, no se registran aumentos en los productos terminados. “Pero, si el conflicto se prolonga, lo que sí se verá afectado son los costos de flete. Ahí puede haber aumentos generalizados”, aseguró. Frente a este panorama volátil, indicaron, los productores deberán extremar el análisis de cada insumo y prepararse para un escenario que cambia día a día.

En este marco, Armando Allinghi, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), contó que en materia de fertilizantes nitrogenados Medio Oriente y Egipto exportan más del 40% de lo que se comercializa a nivel mundial.

“A futuro, el escenario se podrá modificar dependiendo de la duración o desenlace del conflicto. A través del estrecho de Ormuz pasa la urea y otros fertilizantes producidos en Qatar, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, y la costa este de Arabia Saudita. Esto afecta principalmente la producción, comercio y logística de urea, pero también tiene implicancias en otros productos fertilizantes fosfatados, ya que Arabia Saudita es un productor relevante a nivel global”, dijo Allinghi.

“Adicionalmente, los restantes productores del mundo de fertilizantes son cautos en sus exportaciones a la espera de la evolución del conflicto. En el segundo semestre habrá que entender el efecto precio y flujo de físico con disponibilidad para nuestro mercado y qué rol adoptará China como productor global que, en primera instancia, estaría en condiciones de complementar el volumen necesario”, agregó.

Fuente: Diario La Nación

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