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Diputados bonaerenses buscan arrebatarle a Kicillof el manejo discrecional con un impuesto

Mientras crece la polémica entre los productores agropecuarios de Buenos Aires por el incremento de un 100% en la cuarta cuota del impuesto Inmobiliario Rural, el bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de reforma tributaria para 2025.

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La iniciativa, que busca evitar subas desmedidas, propone una revisión integral del régimen fiscal, con especial énfasis en el Inmobiliario Rural. Juan Pedro Merbilhaa, abogado y expresidente de Carbap involucrado en la elaboración del proyecto, sostuvo que este representa “un intento de restaurar la legalidad y devolver a los contribuyentes derechos que les fueron arrebatados con el tiempo”.

El proyecto, impulsado por los diputados Luciano Bugallo, Maricel Etchecoin y Romina Braga, propone volver a la ley fiscal original, eliminar facultades delegadas y suprimir lo que consideran “trampas” utilizadas por el gobierno provincial para aplicar aumentos superiores a los límites establecidos por la Legislatura el año pasado.

“Lo que nosotros planteamos es una reforma integral de la ley fiscal. Hay muchos artículos que son inconstitucionales, y buscamos que la ley vuelva a estar ordenada y sea un instrumento claro, como era la ley fiscal originaria. Planteamos eliminar artículos que tienen doble interpretación, algunos que son tramposos y, sobre todo, limitar las facultades delegadas”, afirmó Bugallo en diálogo con LA NACION.

El legislador explicó que, en los últimos años, se han otorgado varias facultades delegadas al Poder Ejecutivo, permitiendo a ARBA, el organismo recaudador, decidir el monto de los impuestos, algo que considera “totalmente ilógico” y que debería ser potestad de la Legislatura.

Este factor, según Bugallo, facilitó los aumentos desmedidos, llegando en el caso del impuesto Inmobiliario Rural a superar ampliamente los topes establecidos por la Legislatura, que había fijado un límite del 200% para los mayores contribuyentes. “Los aumentos aplicados llegaron hasta el 500% en comparación con el año pasado, y la última cuota, la número cuatro, vino con un 100% más que la tercera”, subrayó.

Por ello, Bugallo detalló que la reforma busca limitar la potestad de ARBA para modificar la base imponible mediante coeficientes que superen la valuación fiscal. “Ese valor es el que ARBA utiliza para determinar el monto a pagar en cada factura del inmobiliario. Queremos quitarle al Poder Ejecutivo la potestad de exceder lo aprobado por la Legislatura, eliminar la cuota extra, la actualización por inflación y restituir los beneficios para los buenos contribuyentes”, indicó.

Proyecto

Además, el proyecto propone eliminar el Impuesto Inmobiliario Complementario y el impuesto a la herencia, los cuales los diputados consideran inconstitucionales y contrarios al derecho de propiedad. “Aunque la ley fiscal se revisa cada año, buscamos establecer un punto de partida para la discusión de la próxima ley que se presentará en 2025″, explicó Bugallo.

Merbilhaa destacó los aspectos principales de un proyecto de reforma tributaria que busca establecer un marco fiscal más justo y transparente para los productores rurales en Buenos Aires. Según dijo, el objetivo central es la “modificación íntegra de la actual Ley Impositiva 2024″ para evitar que se prorrogue o se replique el contenido de esta en la legislación de 2025.

Uno de los puntos clave del proyecto es la derogación del decreto de 2012 que permitió ajustar las valuaciones fiscales aplicando coeficientes, lo cual, según Merbilhaa, ha resultado en “un sistema ilegal” que afecta directamente a los contribuyentes. “Se ha estado produciendo en los últimos años revaluaciones de los bienes (parcelas) con total prescindencia de la Ley de Catastro, violándola abiertamente, y estableciendo el fisco (ARBA, el Poder Ejecutivo) las bases que caprichosamente le convinieron, con absoluta ilegitimidad.

El proyecto también introduce modificaciones en el capítulo de la Ley de Catastro relacionado con las valuaciones fiscales, buscando restaurar el sistema original que incluía la participación de los contribuyentes en las revaluaciones tanto generales como individuales. “Este cambio significa un regreso a la participación de los contribuyentes en la determinación de los valores de sus propiedades, asegurando transparencia y legalidad en el proceso”, detalló.

Además, se propone la reforma del Código Fiscal para eliminar la unificación parcelaria implementada con fines fiscales y derogar el Impuesto Complementario, al que Merbilhaa calificó como “un engendro inconstitucional que modificó la naturaleza del impuesto básico”.

Otro punto de la reforma es la eliminación del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, señalado por el letrado como “el más injusto de los tributos provinciales” y que, además de violar el Código Civil, “lesiona los derechos individuales de los contribuyentes sin aportar ingresos significativos al fisco”. En cuanto a la nueva valuación fiscal propuesta, el proyecto establece que tanto los valores óptimos unitarios por cuartel como los valores individuales de cada parcela rural se actualicen “bajo las nuevas normas de la Ley de Catastro y Código Fiscal reformadas por el Proyecto”, tomando como referencia la última valuación vigente en 2011. “Esto implica un regreso al régimen vigente antes de las modificaciones que desvirtuaron el sistema”, enfatizó Merbilhaa.

Como se mencionó, Merbilhaa consideró que el proyecto representa “un retorno a la legalidad y a la legitimidad, un verdadero estado de derecho”, y subrayó que con esta reforma, el Poder Legislativo “recupera su función institucional y su dignidad, quedando para el Poder Ejecutivo solo la aplicación estricta de lo que el Legislativo sancione, sin delegaciones de potestades ni imposiciones políticas”.

Finalmente, Merbilhaa afirmó que esta reforma permitirá que “los contribuyentes recuperen los derechos que paso a paso, año a año, les han ido conculcando”. Según el abogado, la restauración de la legalidad contribuirá a reducir la conflictividad y la judicialización generada por “tanto atropello”, al devolver a los ciudadanos la seguridad de que sus derechos serán respetados.

Fuente: Diario La Nación

El Campo

El Inta presentó 2 nuevas variedades de soja

El Grupo de Mejoramiento Genético de la Estación Experimental Agropecuaria Paraná del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria desarrolló dos nuevos cultivares de soja convencionales que se destacan por su calidad nutricional y por su adaptación a las condiciones de las regiones sojeras centro y sur de Entre Ríos.

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Estos cultivares convencionales (no transgénicos) responden a la creciente demanda de semillas con alto valor nutricional, ideales para la producción de alimentos destinados al consumo humano y animal.

«INTA Paraná 5100 ha alcanzado un promedio de 3951 kilogramos por hectárea considerando los ciclos agrícolas 2019/20, 2020/21 y 2021/22, mientras que INTA Paraná 6301 ha registrado un rendimiento promedio superior de 4106 kilogramos por hectárea considerando 2020/21, 2021/22 y 2022/23». explicó Ignacio Vicentín, investigador del grupo de mejoramiento genético del Inta.

Uno de los objetivos al desarrollar estos cultivares fue mejorar la resistencia a enfermedades y aumentar el contenido proteico del grano.

INTA Paraná 5100 ofrece un 42,9 % de proteína y un 21,4 % de materia grasa en base seca, además de resistencia a enfermedades clave, como el cancro del tallo (Diaporthe aspalathi) y la podredumbre húmeda del tallo (Phytophthora sojae, razas 1, 3, 4 y 25). También es resistente a la mancha ojo de rana (Cercospora sojina, raza 11), lo que asegura una estabilidad en el rendimiento para los productores.

En cuanto a INTA Paraná 6301, el investigador indicó que este cultivar posee un 38,2 % de proteína y un 23,2 % de materia grasa en base seca. Su resistencia moderada a enfermedades como el cancro del tallo y su capacidad de producir harinas más claras (posee hilo amarillo) lo convierten en una excelente alternativa para la industria alimentaria.

Vicentín explicó que “estos cultivares se destacan por su condición de no ser transgénicos, respondiendo a un mercado que demanda este tipo de sojas para alimentación humana y animal». Además, agregó que «se puede obtener un sobreprecio de unos 20 dólares por tonelada en el mercado debido al interés en estos cultivares”.

Fuente: Noticias Agropecuarias

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El Campo

Se anunció la licitación para la concesión de la hidrovía

El gobierno argentino anunció la convocatoria al pliego de licitación para la concesión del servicio de dragado y balizamiento de la Hidrovía del Paraná por un período de treinta años.

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La noticia es importante para el sector agroindustrial porque implica que el Estado dejará de intervenir en el proceso para regresar al esquema vigente entre la década del ’90 y 2021, año este último en el cual la Administración General de Puertos comenzó a cobrar el peaje por medio del cual se abonan los servicios de dragado y balizamiento.

Esa intermediación generó una deuda que, al ser reconocida por la actual administración de Javier Milei, promovió este año el aumento del peaje abonado con una reducción del servicio prestado.

La licitación nacional e internacional para la concesión se llevará a cabo sin aval estatal, lo que implica que –tal como sucedía antes de la intervención del Estado– los usuarios de la Hidrovía (empresas exportadoras e importadoras) abonarán directamente el peaje al concesionario sin ninguna intermediación.

El pliego de especificaciones técnicas de la licitación no contempla un “paquete cerrado”, sino que habilita una etapa exploratoria inicial para evaluar el estado de situación, luego de lo cual el concesionario deberá proponer un plan de obras orientado a habilitar el ingreso de buques de mayor porte para reducir los costos

realizarán estudios técnicos para definir las obras a largo plazo con el propósito de pasar de los actuales 34 pies de calado a un máximo de 44 en algunos tramos. También se deberán proponer ensanches de canales y mejoras en los sistemas de señalización.

Los planes de obras, acompañados con los respectivos costos, serán los que determinen los peajes por cobrar en el nuevo esquema, los cuales deberán sopesarse con las mejoras de competitividad logradas al finalizar las obr

“Estamos muy contentos con la noticia porque es un momento histórico”, señaló este martes Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, en referencia al anuncio realizado por el gobierno nacional.

“El mundo cambió en los últimos años y los barcos tiene un mayor calado”, explicó Idígoras, para luego señalar que esperan poder lograr un calado de 44 pies para permitir el ingreso de grandes buques a las terminales de la zona de influencia de Rosario.

Fuente: Bichos de Campo

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El Campo

Trabajadores rurales podrán hacer denuncias anónimas por WhatsApp sobre irregularidades laborales

Con el objetivo de mejorar la protección de los trabajadores rurales y ofrecer un canal seguro para realizar denuncias, la delegación del RENATRE Santa Fe Sur informó que el organismo nacional implementó la posibilidad de realizar denuncias anónimas a través del BOT PAMPA en WhatsApp (+54 9 11 2279-0400), disponible las 24 horas del día.

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Esta herramienta permite realizar consultas y denuncias de manera rápida y confidencial desde cualquier teléfono celular, mejorando así el acceso y la privacidad en la gestión de irregularidades laborales.

Al iniciar el contacto, el asistente virtual del Registro, ofrece varias opciones de consulta, entre ellas la de realizar una “Denuncia anónima”. Para completar el trámite, se solicita información relevante sobre la denuncia, como el número de CUIT del empleador, y en caso de no conocerlo pedirá el nombre del mismo o de la empresa. Todas estas acciones están garantizadas para que la identidad del denunciante permanezca totalmente protegida.

Este servicio también está disponible telefónicamente en el número 0800 777 7366, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, para aquellos que prefieran otra opción.

Esta iniciativa es parte del compromiso del RENATRE de promover condiciones de trabajo dignas en el ámbito rural, ofreciendo herramientas que faciliten el registro y resolución de denuncias. Con el BOT PAMPA, el organismo sigue fortaleciendo los canales de comunicación y asistencia.

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