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El Campo

Diputados bonaerenses buscan arrebatarle a Kicillof el manejo discrecional con un impuesto

Mientras crece la polémica entre los productores agropecuarios de Buenos Aires por el incremento de un 100% en la cuarta cuota del impuesto Inmobiliario Rural, el bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de reforma tributaria para 2025.

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La iniciativa, que busca evitar subas desmedidas, propone una revisión integral del régimen fiscal, con especial énfasis en el Inmobiliario Rural. Juan Pedro Merbilhaa, abogado y expresidente de Carbap involucrado en la elaboración del proyecto, sostuvo que este representa “un intento de restaurar la legalidad y devolver a los contribuyentes derechos que les fueron arrebatados con el tiempo”.

El proyecto, impulsado por los diputados Luciano Bugallo, Maricel Etchecoin y Romina Braga, propone volver a la ley fiscal original, eliminar facultades delegadas y suprimir lo que consideran “trampas” utilizadas por el gobierno provincial para aplicar aumentos superiores a los límites establecidos por la Legislatura el año pasado.

“Lo que nosotros planteamos es una reforma integral de la ley fiscal. Hay muchos artículos que son inconstitucionales, y buscamos que la ley vuelva a estar ordenada y sea un instrumento claro, como era la ley fiscal originaria. Planteamos eliminar artículos que tienen doble interpretación, algunos que son tramposos y, sobre todo, limitar las facultades delegadas”, afirmó Bugallo en diálogo con LA NACION.

El legislador explicó que, en los últimos años, se han otorgado varias facultades delegadas al Poder Ejecutivo, permitiendo a ARBA, el organismo recaudador, decidir el monto de los impuestos, algo que considera “totalmente ilógico” y que debería ser potestad de la Legislatura.

Este factor, según Bugallo, facilitó los aumentos desmedidos, llegando en el caso del impuesto Inmobiliario Rural a superar ampliamente los topes establecidos por la Legislatura, que había fijado un límite del 200% para los mayores contribuyentes. “Los aumentos aplicados llegaron hasta el 500% en comparación con el año pasado, y la última cuota, la número cuatro, vino con un 100% más que la tercera”, subrayó.

Por ello, Bugallo detalló que la reforma busca limitar la potestad de ARBA para modificar la base imponible mediante coeficientes que superen la valuación fiscal. “Ese valor es el que ARBA utiliza para determinar el monto a pagar en cada factura del inmobiliario. Queremos quitarle al Poder Ejecutivo la potestad de exceder lo aprobado por la Legislatura, eliminar la cuota extra, la actualización por inflación y restituir los beneficios para los buenos contribuyentes”, indicó.

Proyecto

Además, el proyecto propone eliminar el Impuesto Inmobiliario Complementario y el impuesto a la herencia, los cuales los diputados consideran inconstitucionales y contrarios al derecho de propiedad. “Aunque la ley fiscal se revisa cada año, buscamos establecer un punto de partida para la discusión de la próxima ley que se presentará en 2025″, explicó Bugallo.

Merbilhaa destacó los aspectos principales de un proyecto de reforma tributaria que busca establecer un marco fiscal más justo y transparente para los productores rurales en Buenos Aires. Según dijo, el objetivo central es la “modificación íntegra de la actual Ley Impositiva 2024″ para evitar que se prorrogue o se replique el contenido de esta en la legislación de 2025.

Uno de los puntos clave del proyecto es la derogación del decreto de 2012 que permitió ajustar las valuaciones fiscales aplicando coeficientes, lo cual, según Merbilhaa, ha resultado en “un sistema ilegal” que afecta directamente a los contribuyentes. “Se ha estado produciendo en los últimos años revaluaciones de los bienes (parcelas) con total prescindencia de la Ley de Catastro, violándola abiertamente, y estableciendo el fisco (ARBA, el Poder Ejecutivo) las bases que caprichosamente le convinieron, con absoluta ilegitimidad.

El proyecto también introduce modificaciones en el capítulo de la Ley de Catastro relacionado con las valuaciones fiscales, buscando restaurar el sistema original que incluía la participación de los contribuyentes en las revaluaciones tanto generales como individuales. “Este cambio significa un regreso a la participación de los contribuyentes en la determinación de los valores de sus propiedades, asegurando transparencia y legalidad en el proceso”, detalló.

Además, se propone la reforma del Código Fiscal para eliminar la unificación parcelaria implementada con fines fiscales y derogar el Impuesto Complementario, al que Merbilhaa calificó como “un engendro inconstitucional que modificó la naturaleza del impuesto básico”.

Otro punto de la reforma es la eliminación del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, señalado por el letrado como “el más injusto de los tributos provinciales” y que, además de violar el Código Civil, “lesiona los derechos individuales de los contribuyentes sin aportar ingresos significativos al fisco”. En cuanto a la nueva valuación fiscal propuesta, el proyecto establece que tanto los valores óptimos unitarios por cuartel como los valores individuales de cada parcela rural se actualicen “bajo las nuevas normas de la Ley de Catastro y Código Fiscal reformadas por el Proyecto”, tomando como referencia la última valuación vigente en 2011. “Esto implica un regreso al régimen vigente antes de las modificaciones que desvirtuaron el sistema”, enfatizó Merbilhaa.

Como se mencionó, Merbilhaa consideró que el proyecto representa “un retorno a la legalidad y a la legitimidad, un verdadero estado de derecho”, y subrayó que con esta reforma, el Poder Legislativo “recupera su función institucional y su dignidad, quedando para el Poder Ejecutivo solo la aplicación estricta de lo que el Legislativo sancione, sin delegaciones de potestades ni imposiciones políticas”.

Finalmente, Merbilhaa afirmó que esta reforma permitirá que “los contribuyentes recuperen los derechos que paso a paso, año a año, les han ido conculcando”. Según el abogado, la restauración de la legalidad contribuirá a reducir la conflictividad y la judicialización generada por “tanto atropello”, al devolver a los ciudadanos la seguridad de que sus derechos serán respetados.

Fuente: Diario La Nación

El Campo

Buena noticia para los maíces tardíos.

Sigue cayendo el precio de la urea en el mercado argentino.

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Esta semana los precios de la urea en el mercado argentino cayeron en línea con una reducción impositiva y siguiendo la tendencia bajista presente en el mercado internacional.

El lunes el gobierno nacional decidió eliminar el adelanto del 95% del impuesto PAIS para acceder a la importación de bienes o servicios. Esta decisión se produce casi un mes antes de la eliminación definitiva de ese tributo –que ocurrirá el 23 de diciembre–, lo que facilita el ingreso al país de mercadería proveniente de exterior.

El impuesto PAIS se origina con el pago de la mercadería a los 30 días de nacionalizada. Sin embargo, la nacionalización exigía un anticipo del 95% del tributo, lo que requería un compromiso financiero por parte de los importadores.

“Este anuncio generó movimientos en los precios, principalmente en la urea, un producto que mantuvo sus niveles de oferta (producción + importación), pero cayó en cuanto a demanda a lo largo del año”, señala el informe semanal de la consultora IF Ingeniería en Fertilizantes.

Los precios mayoristas de la urea cayeron entre 10 y 15 u$s/tonelada desde el inicio de la semana. “Algunos importadores tomaron la iniciativa y luego el resto del mercado los siguió, básicamente debido a la falta de demanda que afecta este y otros productos de fertilizantes”, apunta el informe.

En el caso del resto de los fertilizantes no hubo modificaciones significativas en los valores ofrecidos ni la volatilidad observada en la urea. “Esto se debe, en parte, a una oferta equilibrada frente a la escasa demanda. En los nitrogenados, como soluciones nitrogenadas o nitrogenadas azufradas, hay faltantes debido a que el principal proveedor de este mercado se quedó sin mercadería disponible desde principios de noviembre y tiene entregas programadas recién a partir de enero”, señala.

“Otro importador importante también quedó sin oferta hace unas semanas. Sin embargo, a pesar de la escasez, los precios no han subido, lo cual se explica por la baja demanda”, añade.

En los fertilizantes fosfatados, la situación es similar a las soluciones líquidas nitrogenadas, dado que algunos importadores ya reportan faltantes de fosfato monoamónico (MAPP) y diamónico (DAP). “Por eso, estos productos no se ofrecen como opciones puras, sino a través de mezclas físicas con superfosfato simple. Esto ha mantenido los precios estables. Ante la falta de oferta, lejos de incrementarse, los precios se equilibran debido a la demanda limitada”, explica el informe.

Un dato importante es que, gracias al reordenamiento de los procedimientos relativos a las operaciones de comercio exterior, el valor mayorista de los fertilizantes en el mercado argentino ya no tiene “sobreprecios” asociados a cubrir riesgos cambiarios y regulatorios.

Fuente: Bichos de Campo

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El Campo

Si no hay sorpresas, el campo se encamina a la segunda mayor producción de la historia

Según las últimas estimaciones, entre todos los granos el volumen de la campaña 2024/2025 se ubicará en 140,9 millones de toneladas, un aumento del 7% respecto del último ciclo agrícola y apenas abajo de los 141,5 millones de toneladas del récord de 2018/19; se prevé un crecimiento de US$1500 millones en las exportaciones

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Si el clima acompaña en los próximos meses, la primera campaña agrícola entera con el gobierno de Javier Milei se encamina a ser la segunda en importancia de la historia en volumen, según una estimación de una bolsa de comercio y de una consultora, esto considerando todos los granos producidos en el país. En tanto, el ingreso por exportaciones, afectado por menores precios de los granos y lejos del récord de 2021/2022, estará en el top 3 del ranking. Dejará US$1500 millones más que el último ciclo. Por su parte, una bolsa de cereales que toma solo seis complejos productivos prevé que la cosecha sea la cuarta en relevancia de todos los tiempos y la tercera en aporte de dólares.

Esa es la foto general que adelanta hacia 2025 el campo cerca de cumplirse un año de Milei en el poder. Y que tuvo para el sector, hasta el momento, la quita de trabas para exportar, el fin de regulaciones burocráticas y una remoción de retenciones a la leche y la carne porcina y una rebaja leve en carne vacuna y aviar. Pero que todavía no da el anhelado premio mayor por los productores: la eliminación de los derechos de exportación para los cultivos de mayor importancia en volumen, como la soja, el maíz y el trigo. Son los productos también de mayores ingresos para los productores. Según los expertos, la producción en general viene estancada y los movimientos que se explican entre años se dan más por cuestiones climáticas que por un despegue sostenido. Para muchos las retenciones son limitantes en esa carrera. En especial donde, advierten, los números son negativos en planteos en campos alquilados.

 “Para 2024/25 se proyecta una producción total de granos que pueda alcanzar los 140,9 millones de toneladas, un aumento del 7% respecto de los 131,6 millones de toneladas de la actual campaña, 2023/24″, dijeron desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ante una consulta de LA NACION. “Es tomando un rinde normal; será clave lo que ocurra con el clima en el verano”, aclararon en la entidad. En rigor, enero y febrero se presentan como decisivos en el calendario de la campaña que se está sembrando ahora. Son meses que no deben faltar el agua. A esto se pueden sumar imponderables que al interior de una región pueden golpear, como los temporales con granizo registrados en los últimos días. En septiembre pasado, en una primera suerte de “boca de urna” la BCR calculaba 143,2 millones de toneladas, pero un ajuste sobre el maíz y el trigo ahora la hizo prever 140,9 millones de toneladas que quedarían levemente abajo del récord de 2018/19 con Mauricio Macri: 141,5 millones de toneladas.

 “En cuanto al impacto en las exportaciones, se proyecta que los granos y subproductos generen despachos por US$33.600 millones en el próximo ciclo, US$1500 millones más que en la campaña 2023/24″, señalaron desde la BCR. Es, según su información, una cifra menor a los 41.800 millones de dólares del récord de 2021/2022 con precios altos.

En este marco, Gustavo López, de la consultora Agritrend, tiene también sus proyecciones: espera una cosecha total de 138,5 millones de toneladas, la segunda en relevancia tras el récord de 2018/2019 e ingresos por ventas al exterior por US$32.698 millones, el tercero en el podio, según su ranking, luego de los registros de US$43.786 millones de 2021/2022 y 32.800 millones de dólares de 2010/11, años de buenos precios promedio. Para 2024/25 espera un valor promedio FOB de exportación de 332 dólares por tonelada para todos los granos, levemente inferior a los US$345 promedio del último ciclo, pero a buena distancia de los US$472 de 2021/2022.

López estimó también cuánto recaudará por retenciones el Estado en 2025: serán US$7481 millones, una suba del 7% versus 2024. Es inferior al récord de US$9992 millones de 2021/2022.

Más estimaciones

Para Ramiro Costa, economista en jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los productores se enfrentan en la campaña con retos productivos y económicos. Tienen que ver con las grandes cosechas en países competidores como los Estados Unidos y Brasil, pero también con el clima, los costos y los bajos precios.

“Los precios a cosecha de soja y de maíz registraron niveles particularmente bajos para la etapa de presiembra, con caídas del 15% y 7% respecto al año anterior, ubicándose además por debajo del promedio de las últimas cinco campañas”, comparó. Y agregó: “La caída en los precios, junto con una reducción de los costos de los insumos que no fue proporcional, afectó los márgenes brutos, con un deterioro del 26% a nivel nacional en comparación con el ciclo anterior. Al incorporar los costos de alquiler, la situación se torna aún más crítica, limitando la rentabilidad de los productores”.

Costa señaló que la Bolsa de Cereales porteña proyecta una producción total de 128,9 millones de toneladas, un 2% por encima del ciclo anterior, pero un 8% por debajo del récord del ciclo 2018/19. La entidad hizo la estimación con soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo.

El experto hizo esta observación: “Desde entonces [por el récord de 2018/2019], la producción se ha mantenido en un rango de entre 126 y 131 millones de toneladas, exceptuando la campaña 2022/23 marcada por la sequía, donde la producción se ubicó en 83,6 millones de toneladas. Más que si es la segunda, tercera o cuarta [cosecha], es el estancamiento. El agro dejó de crecer y esos pequeños movimientos son mas explicados por clima que por inversiones”.

Costa le puso el foco a la presión impositiva: “Aunque en el último año se implementaron algunas políticas y reformas con impactos positivos, la continuidad de impuestos como los derechos de exportación sigue siendo un desafío para la competitividad del sector, limitando su capacidad de crecimiento. Al analizar las cantidades exportadas ajustadas a precios constantes de 2015, se observa que el nivel de las exportaciones se encuentra estancado, mientras que los incrementos recientes responden principalmente a variaciones en los precios internacionales”. Respecto de las exportaciones, dijo que se estima que el sector agrícola genere US$30.568 millones en la campaña 2024/25, “apenas US$292 millones más que el ciclo previo”.

Números

Para quienes tienen que enfrentar la inversión, los productores, los números no son fáciles. “La interminable caída de precios determina que algunos cultivos den rentabilidad negativa cuando se desarrollan en campos alquilados, como es el caso de la soja en el sur de la provincia de Buenos Aires, que dejará una pérdida de 28 dólares por hectárea”, advirtió un reporte de la consultora AZ-Group. En cambio, en esa zona el cultivo estrella es el girasol, con un resultado positivo de 241 dólares por hectárea, dijeron.

 “En otras regiones de cultivo, por ejemplo, el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, los mejores resultados esperados son para el maíz de siembra temprana y la combinación del trigo con la soja, seguidos por el girasol y, en último lugar, la soja como único cultivo, muy castigada por el bajo precio ofrecido para el momento de cosecha”, señalaron.

Otros datos bastan para explicar que, en términos económicos, para los productores, los números son ajustados. Según Javier Roca, de esa consultora, el 27 de noviembre de 2023 el precio ofrecido para la cosecha de soja (mayo de 2024) era de US$330 por tonelada, un 20% mayor al de igual fecha de este año, con 275 dólares. Agregó que, en el caso del valor del maíz, el 27 de noviembre de 2023 para la época de recolección (abril de 2024) era de 190 dólares por tonelada, un 7% más alto que el que ofrecido en 2024, con 177 dólares.

Fuente: Diario La Nación

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El Campo

Denuncian una exponencial ola de delitos en una zona rural bonaerense

Ataques a silobolsas y hurto de cereal; cuatrerismo y abigeato, intrusión y robos de herramientas y maquinarias; vandalismo y daños a la propiedad. En los últimos tiempos, la ola de delitos y el crecimiento de casos de inseguridad rural en el partido bonaerense de Leandro N. Alem es exponencial.

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En el distrito de Leandro N. Alem advierten por robo de cereal, de maquinarias, abigeato e intrusión en los campos

Ataques a silobolsas y hurto de cereal; cuatrerismo y abigeato, intrusión y robos de herramientas y maquinarias; vandalismo y daños a la propiedad. En los últimos tiempos, la ola de delitos y el crecimiento de casos de inseguridad rural en el partido bonaerense de Leandro N. Alem es exponencial.

En este complejo escenario, la Sociedad Rural de Vedia, localidad cabecera del distrito, remarcó que este incremento de delitos en el ámbito rural es “alarmante y que los productores agropecuarios y la comunidad en conjunto debe encontrar las soluciones al respecto”.

 “En los últimos meses del año el partido ha experimentado un aumento muy significativo de los delitos en el área rural. Esto ha generado preocupación y alarma entre los productores rurales, quienes exigen medidas urgentes para garantizar su seguridad y proteger sus propiedades”, indicaron.

Afirmaron que “las estadísticas oficiales tal vez no reflejan la realidad” de la inseguridad rural pues “muy a menudo falta la denuncia policial de los afectados por este tipo de hechos; no obstante, han aumentado significativamente los delitos en comparación al ano anterior”.

 “No descansaremos hasta que se resuelva este problema y se restaure la paz en nuestras comunidades. Estamos comprometidos con la seguridad y bienestar de nuestros productores y residentes rurales. Es hora de trabajar juntos para proteger nuestras propiedades y nuestras familias”, enfatizó en un comunicado.

“Estamos dispuestos a colaborar con las autoridades locales, policiales y judiciales para encontrar soluciones efectivas”, agregó la entidad ruralista.

Entre las acciones que proponen está “insistir entre los productores agropecuarios acerca de la conveniencia de denunciar todo hecho delictivo ante autoridades policiales o judiciales”. Además, señalaron la importancia de “asistir a los productores del distrito en todo el proceso de denuncia de hechos”.

En esa línea, la Sociedad Rural ha decidido impulsar la conformación de la “Mesa Distrital de Seguridad Rural”, junto a las autoridades locales y provinciales, para poder abordar en conjunto este problema. Por otro lado y ante esta emergencia, solicitaron a las autoridades competentes la implementación de medidas inmediatas, como “incremento de las patrullas rurales intensivas, instalación de cámaras de seguridad en áreas estratégicas, creación de un centro de monitoreo y respuesta rápida, formación de una ‘Fiscalía temática’ y buscar recursos adicionales para fortalecer la seguridad rural”. Además “realizar reuniones periódicas con la comunidad rural para monitorear el progreso y ajustar las estrategias”.

En diálogo con LA NACION, el presidente de la Sociedad Rural de Vedia, Guillermo Ibargoyen, señaló que en el partido se registran entre dos y tres delitos por mes, aproximadamente.

“Los delitos rurales principales son la afectación del ganado bovino, con faena en el campo y, por supuesto, robo tanto de vacas como de terneros. Otro formato que no podemos dejar pasar es la intrusión a los lugares como galpones donde roban herramientas de mano, motosierras, entre otros elementos que encuentran. Si bien es lo que con menos frecuencia se da, también hay hurto a silobolsas, donde hemos tenido casos de robos de 7, 8, 10 mil kilos de cereal”, contó.

Describió que el tipo de delitos pareciera no tener principio ni final, porque a lo anterior se suma el robo del sector eléctrico, tanto de cables como de transformadores que ha ocurrido en varias oportunidades. “Por supuesto que también ha habido robos de dinero con entradera en predios rurales en dos oportunidades. Ya son más de 25 los productores afectados por algún delito en estos últimos ocho meses”, dijo.

Con este panorama, pidió que los productores denuncien los delitos para tener una verdadera estadística de los hechos. “Estamos en constante contacto con todos los productores, insistiendo de que se haga la denuncia pertinente cuando hay un hecho, porque muchas veces nos hemos encontrado que se reclamaba por ciertos delitos rurales y no habían sido debidamente denunciados a nivel policial y judicial”, contó.

“Estamos también trabajando en forma continua con la Policía Rural, siempre aportando información, aportando combustible y soporte. En este particular momento, estamos reclamando mayor presencia policial en el distrito, con más cantidad de agentes, con un incremento en el patrullaje y la implementación de cámaras satelitales estratégicas en distintos lugares para que pueda vigilarse mejor un poco la circulación de vehículos que puedan llegar a transportar carne en forma clandestina o hacienda”, finalizó.

Fuente: Diario La Nación 

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