La propuesta contempla modificaciones al Código Procesal Penal de Santa Fe y a la Ley Provincial de Violencia Familiar. En esta instancia, los proyectos tomarán estado parlamentario y comenzarán su recorrido por las comisiones, sin ser sometidos todavía a votación.

Durante la presentación, Di Gregorio acompañó los fundamentos de las iniciativas con testimonios de padres que llevan largos períodos alejados de sus hijos por procesos judiciales que todavía no tuvieron una resolución.

“Los niños tienen derecho a mantener el vínculo con sus dos padres, siempre que no existan razones de seguridad que lo impidan. El impedimento injustificado de contacto también es una forma de maltrato infantil y necesitamos una Justicia que actúe con perspectiva de niñez”, sostuvo la legisladora.

Cámara Gesell con plazos definidos

Una de las reformas modifica la Ley 12.734 para ordenar cómo y cuándo deben declarar en Cámara Gesell los niños, adolescentes y demás víctimas en situación de vulnerabilidad dentro de una causa penal.

La legislación vigente establece que esa declaración debe realizarse “siempre que fuere posible”, pero no determina un plazo. Según explicó Di Gregorio, esta falta de precisión puede generar demoras de varios meses, afectar la calidad del testimonio y prolongar la detención de una persona imputada mientras la causa permanece sin definición.

La propuesta dispone que la Cámara Gesell se concrete dentro de los 30 días posteriores a la denuncia. El plazo podrá extenderse hasta un máximo de 60 días únicamente por motivos concretos, acreditados mediante informes y con una resolución fundada del juez.

“Ni chicos esperando meses para declarar en Cámara Gesell ni personas detenidas de manera indefinida mientras la causa no avanza. Fijar plazos protege el relato de la víctima y, al mismo tiempo, garantiza el debido proceso”, señaló Di Gregorio.

El proyecto también crea un Equipo Interdisciplinario Penal permanente, con profesionales especializados y cobertura en todo el territorio provincial. Este cuerpo funcionará bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para garantizar su independencia respecto de las partes involucradas en el proceso.

Cuando exista una intervención simultánea de la Justicia penal y del fuero de Familia, ambos deberán actuar de manera coordinada. Además, el niño contará con la asistencia de un abogado que lo represente en los dos procesos.

Medidas de protección con revisión judicial

La segunda reforma alcanza a la Ley 11.529 de Violencia Familiar y busca ordenar la respuesta judicial desde el momento en que se presenta una denuncia.

El texto establece una evaluación obligatoria de la situación de riesgo y dispone que el informe correspondiente se realice dentro de las tres horas. A partir de esa información, el juez podrá adoptar medidas urgentes como la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento, el reintegro de la víctima a su vivienda, la fijación provisoria de alimentos y las decisiones vinculadas con el cuidado personal y el régimen de comunicación.

Las medidas que impliquen la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento o restricciones sobre el contacto familiar tendrán una duración máxima de 60 días. Para renovarlas, será necesaria una nueva audiencia y un informe actualizado que confirme que la situación de riesgo continúa.

Como regla general, la primera audiencia deberá realizarse dentro de las 48 horas posteriores al dictado de la medida. La víctima y la persona denunciada serán escuchadas por separado, con patrocinio jurídico y sin instancias de mediación o conciliación.

“No se trata de debilitar la protección de la víctima. Se trata de darle un procedimiento más claro, con respuestas inmediatas, plazos definidos y revisiones obligatorias para que una medida provisoria no se transforme, por la demora del sistema, en una decisión permanente”, explicó la senadora.

El interés de los niños en el centro

La iniciativa establece que las decisiones sobre el cuidado personal y el contacto con los progenitores deberán tomarse a partir del interés superior del niño y de su derecho a ser oído. El vínculo con ambos padres se mantendrá como regla general, excepto cuando existan razones fundadas de seguridad que justifiquen una restricción.

Di Gregorio aclaró que la propuesta no establece contactos automáticos ni desconoce situaciones de violencia o abuso. Por el contrario, plantea que cada decisión sea evaluada mediante informes profesionales y revisada judicialmente según las condiciones actuales de cada caso.

“Los hijos no pueden quedar atrapados durante años en conflictos entre adultos ni en expedientes que no avanzan. Queremos protección para las víctimas, garantías para todas las partes y una Justicia que no pierda de vista a quienes más necesitan una respuesta: los niños y las niñas”, concluyó Di Gregorio.