La pandemia de Covid-19 está causando secuelas, no solo sanitarias sino sociales y económicas profundas y muy graves en todo el país, ocasionado el cierre o el deterioro de numerosas actividades productivas, comerciales y de servicios. En las últimas semanas vimos cómo los índices de indigencia, pobreza y desempleo de la Argentina, se acrecentaron significativamente. Lamentablemente, en la provincia de Santa Fe las cifras superaron la media nacional y sus consecuencias son notorias.

El último informe del Indec, en base a la Encuesta Permanente de Hogares – para el primer semestre de este año-, confirma que más del 40% de las y los habitantes de los principales aglomerados urbanos de la provincia, gran Rosario (551.802 personas) y gran Santa Fe (226.866 personas), viven en situación de pobreza, mientras que en ambas áreas metropolitanas el desempleo alcanza cifras alarmantes: 17,9% y 20,3%, respectivamente.

Frente a este contexto, desde el Partido Socialista observamos que el gobierno de Santa Fe permanece prácticamente indiferente ante la situación acuciante y extrema que atraviesan la mayoría de las santafesinas y santafesinos. En esta dramática realidad, el rol del Estado es absolutamente irreemplazable para amortiguar el impacto y comenzar a revertirlo.

El Gobierno de Santa Fe tiene la capacidad y recursos para dar una mayor y mejor respuesta a la brindada hasta aquí. Resulta llamativo el crecimiento sostenido de los fondos de la provincia en cuentas bancarias desde el inicio de esta gestión. Según datos del Banco Central de la República Argentina, Santa Fe acumuló al mes de agosto 36.662 millones de pesos en cuentas bancarias, un monto cuatro veces mayor al que se registraba en el mismo mes de 2019.

¿De qué sirve tener dinero acumulado sin darle un destino inmediato cuando hay santafesinas y santafesinos que la están pasando mal? ¿Cómo se explica que, aún contando con fondos récord en cuentas bancarias, con leyes votadas por la legislatura que permiten al gobernador Omar Perotti obtener financiamiento y la llegada de recursos a través de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), la respuesta para atender la situación sea prácticamente inexistente?

Es sumamente grave, en medio de una crisis social y económica casi sin precedentes, que el gobierno de Santa Fe haya desarticulado políticas sociales potentes y reconocidas a nivel internacional, como el Plan Abre de intervención interministerial y multiagencial en los barrios más vulnerados, y el Programa Nueva Oportunidad, que ofrecía capacitación en oficios y ayudaba a desarrollar un proyecto de vida a las y los jóvenes de la provincia. Basta recorrer los barrios para observar la desolación y ausencia total del Estado provincial, abandonando no sólo obras de saneamiento, iluminación, pavimentación y mejoras habitacionales, sino también a las vecinas y vecinos en momentos en los que más acompañamiento estatal necesitan.

Pero no solamente la ausencia de políticas sociales en este marco de profunda crisis llama poderosamente la atención. Es preocupante que en momentos donde la mayoría de las actividades productivas, comerciales y de servicios presentan una notable retracción, que se refleja en el cierre de comercios y emprendimientos, y pérdidas significativas de puestos de trabajo, el gobierno provincial se dedique a hacer caja, sin atender – como amerita la grave situación – a los distintos sectores de la economía afectados por esta crisis. Las ayudas provinciales llegan en cuentagotas y tarde cuando hay necesidades que no pueden esperar.

En este sentido, alarma la parálisis casi absoluta de la obra pública en la provincia de Santa Fe. Esta actividad, dinamizadora por excelencia, es una herramienta que los gobiernos deben utilizar en momentos de crisis como los que atravesamos, para que la rueda virtuosa de la economía siga girando y las consecuencias de la retracción del sector privado impacten lo menos posible en la ciudadanía. Sin embargo, analizando los datos publicados por el gobierno de Santa Fe en cumplimiento de las leyes de responsabilidad fiscal, observamos que, en los primeros siete meses de este año, la caída de la ejecución de la obra pública del gobierno de Santa Fe fue del 73 por ciento. Mientras en 2019, entre los meses de enero y julio se ejecutaron obras por 12.742 millones de pesos, en el mismo período de este año apenas se destinaron 3.338 millones de pesos, cuyo impacto en la economía es menor aún si se aplica el factor inflacionario que alcanza el 40% interanual.

Por otra parte, también preocupa el desentendimiento del gobierno de Santa Fe de la situación crítica que atraviesa el transporte público en toda la provincia. Frente a una situación compleja, con una caída más que considerable de la cantidad de pasajeros producto de las restricciones sanitarias, el gobernador Perotti continúa transfiriendo el mismo monto de recursos en concepto de subsidios al transporte que en 2019, sin siquiera tener en cuenta el factor inflacionario.

En este punto, advertimos que, aún contando con leyes aprobadas desde la Legislatura provincial, en el marco de la Necesidad Pública, para destinar una cantidad de recursos importante al transporte público no se utilicen en este momento. Cabe recordar que fue votada la ley de Emergencia por Covid-19, cuyos fondos podrían aplicarse al sistema.

En una crisis sin precedentes, y cuando las y los ciudadanos más lo necesitan, el Estado provincial no puede permanecer indiferente, mirando para el costado y obsesionado con hacer crecer la caja, porque cuando las necesidades de las santafesinas y santafesinos se multiplican, es cuando mayor respuesta debe dar un gobierno.

Como integrantes del Frente Progresista, Cívico y Social, y con la experiencia de haber gobernado 12 años la provincia, creemos que es momento de que el Gobierno de Santa Fe se sensibilice y, con audacia y creatividad, se haga cargo de los problemas que aquejan a las y los habitantes de nuestro extenso y rico territorio, que ya no pueden esperar más.

Fuente: Junta Provincial del Partido Socialista de Santa Fe