El asesinato de Juan Cruz, consumado para poder robarle, no puede quedar solo en un caso más de un delito cometido por un menor de edad, que por ser tal pueda recuperar su libertad en poco tiempo.

El daño ha sido aberrante, la pérdida es irreparable. Hay una familia devastada, aturdida. La sociedad reclama un acto de justicia por parte de los órganos del estado en un país donde se perdió otro joven ejemplar.

Sin embargo, la justicia no va a llegar si quienes la deben aplicar no lo hacen con la verdadera justicia. Lamentablemente, ahora empezará una lucha de todos para lograr que el homicida reciba una pena de acuerdo a la magnitud del daño causado.

Digo que va a ser una lucha, porque lejos de lo que esperamos todos los que queremos justicia, aún hay que derribar barreras de la propia legislación y del Poder Judicial argentino.

El delito que hicieron con Juan Cruz tiene una pena en el Código Penal que debe ser de prisión perpetua, aunque esa perpetuidad no puede ir más allá de los 35 años. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo del año 2005, orientado por su Juez Eugenio Zaffaroni, establece que en materia de delitos de menores de edad debe aplicarse el criterio del “mínimo encierro y mínima penalización”. Por ende, las penas deben ser reducidas a los menores de edad. Esta resolución del tribunal superior se irradia hacia abajo, al resto de los Juzgados de menores, y termina siendo de aplicación por todos: tenemos que luchar para que ese fallo de la Corte no se aplique a este caso.

Pero no deja de ser un criterio de los jueces, un criterio que la sociedad en su lucha puede hacer cambiar y esa lucha hoy hay que darla por Juan Cruz Ibañez, por su familia y a su vez, para que no haya más otros Juan Cruz en la Argentina. Los jueces deben aplicar la ley, pero el margen de interpretación depende del pensamiento o de la ideología de ellos, y hasta ahora ese pensamiento partió en favor del delincuente menor de edad, nunca partió del dolor o de la pérdida de las víctimas.

La lucha que tenemos que dar es para que en la justicia se aborden los casos con otro pensamiento, para que se terminen los beneficios de cometer delitos siendo menores de edad. Luchas como éstas se han dado y se seguirán dando, como la de los padres de Justina que lucharon por un cambio en la ley de donación de órganos, y pudieron lograrlo la semana pasada.

Nosotros, la sociedad, mayoritariamente estamos cansados de la impunidad, y cuando un menor de edad (que sabe perfectamente qué es robar y qué es matar) decide lanzarse al delito como forma de vida, el estado debe aplicar la prisión como sanción, pero no una prisión transitoria para volver enseguida a la calle y que continúe dañando, sino una prisión como sanción al daño causado, donde deba trabajar y no estar sentado en una cárcel con un celular conectado a redes sociales.

La prisión y el trabajo obligatorio es la mínima medida de reparación que puede cumplir el delincuente (aunque tenga 17 años). Por su parte, el estado con las leyes y la justicia, debe garantizarle a la sociedad que esa reparación existe, que es posible y que puede aplicarse. Esa es la justicia que falta en nuestro país…la otra; la del mínimo encierro ha fracasado.

Como legislador tengo una postura asumida, pero tal vez, sea mi condición de padre la que me moviliza a pensar en los hijos de todos. Es el principio de humanidad el que debe imperar derribando cualquier ideología, el respeto a la vida que perdió Juan Cruz, sobre todo.

Lisandro Enrico, Senador