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Carlos Selva y Gabriel Katopotis llegaron a la provincia y presentaron programas de seguridad

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Los intendentes bonaerenses massistas de Mercedes y San Martín estuvieron en Santa Fe y Rosario junto al diputado nacional Oscar “Cachi” Martínez. Desarrollaron propuestas para prevenir delitos y brindar seguridad. También hubo funcionarios del área Modernización del Estado pertenecientes al Frente Renovador de San Miguel.

Este viernes, intendentes massistas de provincia de Buenos Aires estuvieron en las ciudades de Rosario y Santa Fe junto al diputado nacional del Frente Renovador, Oscar Cachi Martínez y se reunieron con un nutrido grupo de empresarios, autoridades legislativas y de ejecutivos municipales, para presentar los avances del programa “Municipios en Alerta” que busca prevenir y disminuir el delito. Arribaron los alcaldes de Mercedes, Carlos Selva y de San Martín, Gabriel Katopodis. También el Secretario de Seguridad de San Miguel, Max Perkins en representación de Joaquín de la Torre que no pudo llegar por estar en el exterior.

En la ciudad del sur, la actividad se desarrolló en la Asociación Empresaria y contó con la presencia de su titular Ricardo Diab. En la capital, tuvo lugar en la sede de la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE) y compartió la apertura el presidente de dicha institución, Benito Correnti.

En su alocución, el legislador santafesino subrayó que “uno de los principales abordajes reside en la prevención y este grupo de intendentes, que desde hace tiempo viene acompañando a Sergio Massa, tiene experiencia, resultados y capacidad de gestión como para mostrar un modelo que tanto en las ciudades de Rosario y de Santa Fe, como en el resto de la provincia, pueden avanzar en su implementación o tomarlas como ejemplo, para cumplir el anhelo de la sociedad que quiere vivir segura y en paz. No hay fórmulas mágicas, sino que debemos estar atentos para aprehender de los que saben, por eso la convocatoria a estos funcionarios, integrantes de un equipo que trabaja fuerte con acciones específicas en el territorio”.

Y agregó “hay que ser claros y hacer saber que quien las hace las tiene que pagar. Hay que fijar responsabilidades en todos los niveles de gobierno. Necesitamos policía honesta y capacitada pero también una justicia ágil y transparente. Es imprescindible un Código de procedimiento acorde a los tiempos que vivimos, al igual que una ley de ejecución penal en la misma sintonía”.

“No venimos a encontrar culpables, sino a proponer soluciones. Cada vez hay más gobierno y menos Estado, cada vez hay más anuncios pero existe un notorio déficit a la hora de construir capilaridad para que esas noticias generen cambios en la realidad social de las personas”.

Cachi Martínez también expresó que “se requiere un profundo compromiso de carácter regional con delitos que exceden las fronteras de nuestro país como el contrabando de estupefacientes, la trata de personas y el tráfico de sustancias legales. Para eso también se debe atacar la ruta del dinero y ejercer mayores controles” destacando aquí “la invitación del Frente Renovador al reconocido especialista en la lucha contra las grandes organizaciones criminales Edgardo Buscaglia”.

“Garantizar seguridad es garantizar libertad”

A su turno, el intendente de Mercedes, Carlos Selva sostuvo que “cuando hablamos de inseguridad tenemos que tener en claro que el grueso de la ciudadanía esta privada de su libertad. Desde el momento en que tenemos que ingeniarnos para mandar un chico a la escuela o para ocupar un espacio público y que no seamos víctimas de un delito, tenemos restringida nuestra libertad y eso es una condicionante”.

Asimismo, el alcalde reconocido por la ejecución del programa “Municipio Inteligente” remarcó “trabajamos para articular regionalmente los sistemas de comunicación con programas integrados. Pero también diagramados desde la base municipal, es decir a partir de quienes somos responsables de estar todos los días frente al ciudadano. Habar de garantizar seguridad es hablar de garantizar libertad y por eso no podemos permitir que cada día salga más barato delinquir, sumando ahora la intención de bajar las penas a 146 delitos según lo estipulado por el nuevo Código Penal, con el que expresamente no estamos de acuerdo”.

“El Estado tiene que ser fiscalizador y trabajar denodadamente para garantizar la seguridad, sobre todo con la voluntad política de quienes tenemos mandatos por voto popular. Con decisión política y teniendo en cuenta la agenda de la gente, siempre es posible que nuestras sociedades puedan superar los conflictos” concluyó.

“Hay mucho en común”

Por su parte, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis reconoció “tenemos muchos problemas en común con esta provincia y hay una gran preocupación por la seguridad, ya que es un tema que atraviesa todas las capas sociales. No puede haber empresariado exitoso en una ciudad si no se puede garantizar un estándar de seguridad y de integración entre sus habitantes. Hay que realizar un abordaje integral y por eso en el Frente Renovador estamos convencidos de que deben considerarse dos brazos. El de la prevención, que pasa por la inversión en logística, en recursos humanos y en control pero también el social, que debe generar un horizonte más cierto, con mayor contención de los sectores vulnerables”.

“No hay que escatimar esfuerzos ni recursos, por eso invertimos fuerte en cámaras, en móviles y en tecnologías de la información. Hemos colocado botones de pánico y alarmas en todos los establecimientos públicos de educación, avanzamos en la colocación de teclas de alerta en los posnets de los centros comerciales, abrimos escuelas municipales de policía con recursos propios y propiciamos en provincia de Buenos Aires la ley de la Policía Municipal, para que los municipios tengamos una fuerza propia de seguridad con proximidad con los vecinos. Esto se resuelve con todos los actores sentados en la mesa y con la coordinación entre la Nación, la provincia y los municipios”.

Finalmente, el Secretario de Seguridad de San Miguel aseveró “cualquiera de mis colegas de los demás municipios podría estar aquí. Somos parte de administraciones que decidimos hacernos cargo de un problema y los desarrollos que venimos sosteniendo desde hace algunos años, fueron impulsados por el mismo Sergio Massa cuando fue Jefe de Gabinete para que empezáramos a desarrollar tareas preventivas”.

“Estos intendentes demostraron que no solo tuvieron la voluntad de hacerse cargo sino que supieron hacerlo y con resultados sumamente satisfactorios, fundamentalmente por la gran inversión en los centros de monitoreos y la coordinación de ese contenido para actuar en la prevención de los delitos. Como dijeron Gabriel (Katopodis) y Carlos (Selva), los municipios no van a solucionar completamente el problema, sino que es un actor fundamental que debe tener articulación permanente con las administraciones superiores” dijo al cierre.

Presentes

Cabe recordar que en los dos encuentros se destacaron las presencias de los diputados Germán Kahlow y Darío Vega, los ediles Jorge Murabito, Mariano Cabrol y Rául Larrosa de Villa Gobernador Gálvez, el rosarino Jorge Boasso, Fernando Fleitas y Cristian Huser de Santa Fe, Ángel Piaggio de Santo Tomé, Federico Larrañaga de Villa Constitución, Rubén Mezzo de San Genaro y Walter Raitieri de Totoras. También de los dirigentes Verónica Baro Graf de Rosario y Diego Degano en la ciudad Capital, el titular del Centro Comercial de Santa Fe, Tomás Vallejos, Juan Pablo Diab de la Federación de Empresarios Jóvenes, Secretarios de municipios provinciales y representantes de instituciones.

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Demoran a joven por desobedecer a la policía

En la tarde del sábado, personal de Comando Radioeléctrico aprehendió a una joven de 18 años tras una persecución por las calles de Venado
Tuerto.

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El hecho se inició cuando efectivos intentaron identificar a una motociclista que circulaba por calle Alem, quien, al notar la presencia policial, hizo caso omiso, dándose a la fuga por distintas arterias de la ciudad.

La persecución finalizó en la intersección de Di Martino y Eva Perón, donde la conductora, perdió el control del rodado e impactó contra un tapial. La joven no presentó lesiones visibles.

Al momento del procedimiento, la joven no poseía documentación del vehículo, por lo que se solicitó la intervención del personal de Tránsito Municipal, que procedió al secuestro de la moto Honda Wave, la cual fue remitida al corralón municipal.

La fiscal de turno, ordenó que se notifique a la involucrada por el delito de desobediencia.

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El sur santafesino se puso al frente del reclamo por las rutas nacionales

En un contexto de abandono y desinversión por parte del Gobierno Nacional, el sur de la provincia de Santa Fe elevó un contundente reclamo conjunto para exigir mejoras en las rutas nacionales que atraviesan el territorio.

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La iniciativa fue impulsada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y estuvo acompañada por el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, junto a intendentes, presidentes comunales, legisladores provinciales, nacionales y representantes de instituciones civiles y productivas.

La actividad se llevó a cabo el sábado 2 de agosto en la rotonda de las rutas 8 y 33, en Venado Tuerto. Allí, sin interrumpir el tránsito, una multitud firmó un petitorio con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas al Gobierno Nacional.

Durante el encuentro y mientras se firmaba el petitorio, se pudo escuchar las intervenciones de Francisco Acrapp, en representación de los Bomberos Voluntarios de la región y de las distintas instituciones civiles presentes. Lo propio hizo en nombre de los presidentes comunales e intendentes, Leonel Maximino, intendente de la ciudad de Firmat.

También se escuchó la palabra de Enzo Navarro de la agrupación de vecinos autoconvocados “Construir Hacer” de Casilda; de Guillermo Roncoli, coordinador regional del SIES 107; del director del Hospital Gutiérrez, Juan Ferrer; y el director regional de Salud, Joaquín Sánchez de Bustamante; para cerrar con el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico.

Basta de mentiras

Di Gregorio remarcó que “fue una manifestación de instituciones, vecinos, presidentes comunales y diputados de todo el departamento sin precedentes para que nos vean” y que “convocamos a todos, sin diferenciación política partidaria porque es un reclamo que tenemos que sostener en el tiempo”.

La senadora advirtió que esta acción no es aislada, sino parte de una estrategia más amplia que incluye medidas judiciales. “La idea es que nos vean, porque las decisiones se están tomando desde un escritorio en Buenos Aires sin conocer el estado de las rutas. Queremos que nos escuchen, que entiendan que la gente deja sus vidas en las rutas”, expresó.

Di Gregorio recordó que ya había recurrido a la Justicia Federal y obtuvo una cautelar favorable que ordena al Estado Nacional intervenir en tramos críticos de las rutas 7, 8 y 33 dentro del departamento General López. Sin embargo, advirtió: “Nos dicen que compraron material asfáltico, pero no hay obras. Incluso mandaron fotos de supuestas reparaciones, que resultaron ser de otros sectores y lo terminaron reconociendo. Queremos que dejen de mentirnos”.

Defender lo que corresponde

La legisladora santafesina fue enfática al afirmar que “las rutas son una obra pública viviente” porque “no es como una escuela o un hospital, requieren mantenimiento constante”. Y agregó: “El gobierno decide no hacer más escuelas, no terminar hospitales, no construir acueductos ni viviendas, pero las rutas no pueden sacárselas de encima. Es una obligación del Estado Nacional garantizar su mantenimiento, porque es una cuestión de seguridad vial”.

Además, la senadora denunció que “la Nación no repara rutas, pero se queda con el dinero del impuesto a los combustibles. Ese dinero, en lugar de volver a los territorios, lo guarda el ministro (Luis) Caputo como colchón fiscal”.

En caso de que la situación no se revierta, desde Santa Fe no descartan avanzar con nuevas medidas. “Estamos defendiendo lo que corresponde a la provincia. No es ideología: es seguridad vial, es vida, es producción. Y hay que decirlo con claridad”, concluyó Di Gregorio.

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Ordenaron la prisión preventiva de dos hombres que son investigados por un robo cometido en la vivienda

Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Andrea Cavallero, en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses. Los imputados tienen 20 años y la víctima, 87. Se les endilgó haberle sustraído bajo amenazas de muerte 500.000 pesos, dos teléfonos celulares, un reloj y un juego de llaves.

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Venado Tuerto. Dos hombres de 20 años, cuyas iniciales son NFF y AJI, quedaron en prisión preventiva en el marco de un legajo en el que se los investiga por un robo cometido en la vivienda de una adulta mayor en Venado Tuerto (departamento General López).

Las privaciones de la libertad fueron dispuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Adrián Godoy, en una audiencia realizada en los tribunales venadenses.

La fiscal Andrea Cavallero está a cargo de la investigación penal y es quien solicitó las preventivas. En tal sentido, valoró que “aunque la Defensa se opuso a nuestros requerimientos, el magistrado consideró que estaban acreditadas las circunstancias para hacer lugar a lo que pedimos”. Según remarcó, “más allá de que ninguno de los imputados tiene antecedentes penales, los riesgos procesales estaban latentes”.

De madrugada

Cavallero sostuvo que “alrededor de las 3:30 de la madrugada del lunes pasado, los hombres investigados treparon el tapial de una casa en la que vive una mujer de 87 años”, y agregó que “una vez en el patio trasero, utilizaron un fierro para forzar una puerta de ingreso al domicilio”.

“Luego fueron hasta una habitación en la que la víctima estaba durmiendo y la amenazaron de muerte para que se levantara y les entregara objetos de valor”, subrayó la fiscal. “Tras el amedrentamiento, los imputados se apoderaron ilegítimamente de 500.000 pesos, dos teléfonos celulares, un reloj de plata y un juego de llaves y se fueron del lugar, afirmó.

En cuanto a las detenciones, la funcionaria del MPA señaló que “momentos después del ilícito, el hombre de iniciales AJI fue aprehendido en la vía pública por agentes policiales”, y agregó que “el otro investigado fue privado de su libertad en el marco de un allanamiento que se realizó en el domicilio en el que residía”.

Calificación penal

A los imputados se les atribuyó la coautoría de robo agravado (por escalamiento).

Fuente: Oficina de Prensa y Difusión – Fiscalía General – Ministerio Público de la Acusación

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