Susana Rueda insistió en pensar el hábitat “en términos de derecho social y colectivo” y advirtió: “Esto no se resuelve con metros cuadrados, sino con obra pública y la generación de vivienda digna y segura. Hay una sensación de tragedia que se vive en los barrios a partir de un retroceso en todos sentidos, de políticas ausentes, que se retiraron, que fueron desactivadas en los últimos tres años y que tienen que ver con la calidad de vida cotidiana, con la dignidad.” Aseguró que los vecinos demandan la vuelta de programas como el Plan Abre, que generó acceso a derechos como el agua y la luz segura. “La profundidad de la crisis que tendrá que abordar el próximo gobierno es peor de lo que podemos imaginar”, concluyó.

Del encuentro participaron especialistas en la temática, el precandidato a senador provincial Miguel Cappiello, la precandidata a concejala Alicia Pino, y ex ministros santafesinos de los gobiernos del Frente, entre ellos Ángel Sciara y Antonio Ciancio, quienes señalaron que en Rosario se construyen casas o departamentos para no ser habitados, porque no se concibe la vivienda como un derecho social.

Al referir al acceso a la vivienda propia como una de las cuestiones prioritarias que el Estado debe resolver en favor de los sectores populares, Antonio Bonfatti recordó que, durante su Gobernación, la Provincia fue un actor clave en el diseño del programa Mi Tierra Mi Casa. “Demostramos que eso era posible; ahora desde la Legislatura impulsaremos la sanción de una ley para que ese programa pueda sostenerse en el tiempo, en todas las ciudades y pueblos de la provincia”, explicó.

Mi Tierra Mi Casa, un ejemplo

Mi Tierra Mi Casa fue, a nivel provincial, un programa estratégico para promover el acceso a suelo urbanizado y vivienda. Según su esquema, el primer paso lo daba la Secretaría de Estado del Hábitat, al identificar suelo vacante en las cinco regiones del territorio santafesino —suelo muchas veces de propiedad comunal o municipal— y realizar allí obras de infraestructura necesarias para su urbanización.

Esos lotes, ya con servicios básicos, se ponían después a disposición de los interesados a través de un sorteo entre los aspirantes inscriptos, para que fuesen adquiridos, siempre a valores muy por debajo de los indicadores de mercado. Con el lote en posesión, la construcción de las viviendas quedaba en manos de sus propietarios. Éstos podían optar por llevar adelante un proyecto independiente (sin financiamiento alguno) o bien seguir un esquema oficial, diseñado y sugerido por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Hacia 2015, el Estado santafesino ya contaba con dos mil parcelas para urbanizar y se proponía, en aquel entonces, duplicar esa cifra, convocando a propietarios privados dispuestos a vender tierras y asociarse en un esquema de articulación público-privada.

Mi Tierra Mi Casa fue desarrollado entre 2012 y 2019 y amplió el abanico estatal de soluciones habitacionales; así, en esquemas de gestión asociada, urbanizó terrenos con infraestructura y servicios básicos para su posterior venta a sectores sociales de ingresos medios y medio-bajos.

Estas operatorias urbanísticas ampliaron y facilitaron oportunidades de acceso a la vivienda, hoy ausentes en Santa Fe. “Este es otro plan que Perotti desmanteló, a pesar de los resultados positivos que estaba teniendo, como por ejemplo, entre tantos otros lugares, en el Parque Habitacional Ibarlucea”, apuntó el ex gobernador.

“El acceso al suelo urbanizado sigue siendo hoy la dificultad más grande para resolver el tema de la vivienda propia y el Estado santafesino debe poner en marcha nuevamente un programa estratégico para reducir esa brecha de desigualdad social”, subrayó ahora Bonfatti.