El fiscal Matías Merlo solicitó la apertura de un juicio oral y público, contra 18 personas. Fue clave el rol del Registro de la Propiedad a la hora de denunciar y acompañar prueba.

El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, expresó este lunes que “desde el gobierno de la provincia estamos muy contentos de que avance la investigación por la megaestafa inmobiliaria de Venado Tuerto. Estos pasos procesales reafirman la cantidad de pruebas que existían contra esta organización criminal, que operaba en el sur santafesino y a la que desde el Registro de la Propiedad denunciamos y luego aportamos numerosos elementos probatorios en el marco de la causa penal”, tras conocerse la acusación de la Fiscalía contra 18 personas por asociación ilícita y otros delitos.

El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, Matías Merlo, solicitó la semana pasada al juez de la Investigación Penal Preparatoria, Benjamín Révori, la apertura de un juicio oral y público contra los imputados, trece hombres y cinco mujeres, algunos de ellos profesionales (abogados, escribanos, gestores, etcétera). Se detectaron decenas de maniobras por parte de una estructura cuyos integrantes cumplían distintos roles y tareas.

“Se apropiaban de manera ilegal de casas y campos de gente ya fallecida o de personas de avanzada edad que por su indefensión o vulnerabilidad no podían reclamar. Lo hicieron sistemáticamente durante años”, recordó Figueroa Escauriza. “Desde la provincia colaboramos aportando pruebas para que el fiscal Merlo pudiera avanzar en forma rápida y transparente. Esto fue posible gracias a la digitalización y modernización del Registro de la Propiedad, que nos permite acceder a la información y buscar los datos necesarios de una manera ágil y descentralizada: lo podemos hacer desde una computadora sin tener que ir rastreando tomo por tomo como era tradicionalmente”, explicó el funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Lo que se verificaba es que los imputados buscaban a personas fallecidas, redactaban un poder de venta apócrifo y figuraba que el dueño vendía a pesar de que ya estaba muerto; así iban transfiriendo el inmueble. También hacían juicios de escrituración diciendo que la persona fallecida había vendido por boleto de compraventa, lo cual era falso”, detalló sobre el modus operandis.

“Esperamos una condena ejemplar, que la justicia no solo sancione a quien roba una bicicleta sino a quienes usan sus conocimientos y profesiones para cometer delitos de guante blanco por los que obtienen millones de pesos y causan mucho más daño que un delincuente común”, sostuvo Figueroa Escauriza con contundencia.

“La base de esta investigación es la prueba documental a partir de información que cursaron el Registro de la Propiedad y el Registro Civil, que también tenemos digitalizado. En algunos casos pudimos comprobar fehacientemente que había supuestos vendedores de inmuebles que llevaban 10 años fallecidos”, relató el funcionario.

“Desde las reparticiones del Estado hicimos un cruce de datos, tuvimos un rol proactivo. Buscamos la información necesaria por una decisión política del gobernador de que no seamos solo meros registros, que colaboremos con las investigaciones. Así se ha podido llegar a las acusaciones de 18 personas”, completó el secretario de Gestión Pública y recordó que incluso desde el Registro de la Propiedad se dispuso una oficina especial para colaborar con la investigación. “A medida de que el fiscal iba necesitando información la iba solicitando y desde esta unidad se buscaban los documentos de una manera rápida, no burocrática”, finalizó Figueroa Escauriza.