Se trata de otro logro legislativo del senador provincial Lisandro Enrico, un proyecto de ley que presentó hace un par de años en la Cámara de Senadores de Santa Fe con el objetivo de que las multas por radares tengan valores razonables y no modifiquen su espíritu de prevención para convertirse en medios de recaudación.

La nueva norma provincial impulsada por Enrico recibió la aprobación tanto de senadores como de diputados. «Esta medida tiende a reducir los montos de las sanciones por radares, ya que los mismos estaban atados al precio del litro de nafta súper y se habrían vuelto irracionales para los infractores. Ahora tendrán un costo menor, el descenso de valores ronda el 50%. Además las tarifas serán graduales en función del exceso de velocidad en las infracciones cometidas. Actualmente, una multa mínima por radar rondaba en $16000. Con esta ley, la máxima no podrá superar el valor de $7.500», explicó el autor del proyecto legislativo.

Por otra parte, Enrico señaló: «Quiero manifestar que al momento de impulsar este reclamo en la Cámara de Senadores me hice eco del pedido de muchos vecinos, que si bien cometieron infracciones y tenían la voluntad de pagar sus excesos de velocidades, realmente no podían abonar los montos que se estaban cobrando. De hecho, existen casos de personas con 4 o 5 multas, que le valían cerca de $70000 su cancelación, valores difíciles de afrontar para los ciudadanos en este contexto de crisis que se atraviesa».

Según el legislador radical, está de acuerdo en que las infracciones sean penadas con multas, pero a valores razonables, porque el problema radica que al cuantificarse la sanción a partir del precio del litro de combustible, la multa como herramienta de prevención termina desnaturalizándose.

En pocos años la nafta acumuló incrementos que superaron el % 400 y en consecuencia, los montos dejaron de ser pagables para los vecinos. A su vez, este cambio por ley, indica que los municipios y comunas deberán cobrar valores mínimos, disminuyendo las posibilidades de que la sanción se ejecute como un elemento de recaudación.

Por otra parte, la nueva ley ratifica que los registros de propiedad automotor no podrán exigir el pago obligatorio de multas para transferir vehículos, de acuerdo a que las multas no se le emiten a los rodados, más bien se les labra a los conductores, por ende, si una persona no puede pagar la multa al momento de transferir su vehículo nadie podrá impedirle la venta.

Finalmente, Enrico afirmó que la nueva medida legislativa salió con cláusula de retroactividad, es decir, la ley se aplicará hacia adelante, y también contempla todas aquellas multas que fueron emitidas y hasta el momento no están pagas.