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El Campo

Alivio para el agro: flexibilizaron reglas para productores y exportadores

El 14 de octubre pasado, con la publicación de la resolución general 5771/2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha dado un paso significativo para el sector agropecuario. La misma modifica el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

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La norma, que entrará en vigor a partir del 1° de noviembre próximo, introduce cambios importantes que apuntan a flexibilizar algunos parámetros de calificación fiscal y a actualizar los plazos de presentación de información, lo que representa un respiro para miles de productores y operadores. Estos ajustes reflejan la experiencia acumulada desde la implementación del SISA y la necesidad de adaptarlo a las nuevas realidades del campo, marcadas por la incorporación de tecnología y los efectos del cambio climático.

Un scoring más justo y claro

Uno de los puntos centrales de la resolución es la redefinición del sistema de “scoring” del SISA, que clasifica a los contribuyentes en tres categorías de riesgo: Estado 1 (bajo), Estado 2 (mediano) y Estado 3 (alto). El objetivo es alinear este mecanismo con el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) de la ARCA, haciendo el proceso más coherente y predecible.

Un cambio particularmente beneficioso es la flexibilización de los criterios para acceder al Estado 1, la categoría de menor riesgo. Anteriormente, para alcanzar este status, el contribuyente debía haber estado activo en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos (RFOG) o en el Padrón de Productores Monotributistas (PPGM) durante 24 meses, registros que no están vigentes desde 2018.

La nueva normativa elimina este requisito histórico, lo que abre la puerta a un universo más amplio de operadores para beneficiarse de las ventajas del Estado 1, que incluyen una retención reducida de IVA, el reintegro total de las retenciones sufridas y la exención de retenciones de Ganancias en las ventas de granos.

Además, se ha ajustado la calificación de riesgo para los contribuyentes. A partir de ahora, un contribuyente será considerado de riesgo medio (Estado 2) si su calificación SIPER es diferente de ‘A’ o ‘B’. Y para ser calificado como de bajo riesgo (Estado 1), deberá mantener una calificación ‘A’ o ‘B’ en el SIPER, además de cumplir con el requisito de permanencia. Si bien se flexibiliza el acceso a la categoría más baja de riesgo, se mantiene el requisito de permanencia de 24 meses en el Estado 2 para poder calificar al Estado 1.

Reglas más claras para exportadores

La resolución también introduce precisiones en el tratamiento de inconsistencias con el Banco Central por incumplimiento en el ingreso y liquidación de divisas. Antes, cualquier diferencia podía penalizar al exportador, pero ahora se establecen parámetros más claros.

A partir de la nueva normativa, este tipo de incumplimiento solo será penalizado si el monto total supera el 10% del valor total de las exportaciones del año anterior o los US$10.000, lo que sea mayor. Esta medida otorga mayor certidumbre y reduce el riesgo de ser calificado en el Estado 3 (alto riesgo) por diferencias menores o errores formales.

Un ciclo productivo que se adapta a la realidad

La evolución tecnológica y los efectos del cambio climático han alterado los tradicionales períodos de siembra y cosecha en el campo argentino. Reconociendo esta realidad, la nueva resolución general extiende el período para la presentación de la Información Productiva 1 (IP1). Antes, el plazo era del 1 al 31 de octubre. Ahora, el período se amplía y será desde el 1° de septiembre hasta el 31 de octubre de cada año, lo que incluye la información de existencias y superficie agrícola.

De la misma manera, se han modificado las fechas para considerar los productos comercializados en existencias. Anteriormente, se incluían los productos vendidos desde el 1° de octubre, mientras que ahora se considerarán los vendidos a partir del 1° de septiembre. Esta actualización, en definitiva, se adapta mejor a la dinámica de la producción actual y reduce la presión sobre los productores para cumplir con plazos que ya no se ajustaban a sus ciclos reales.

Más seguridad jurídica

Otro punto destacado de la resolución es la modificación de la definición de “incorrecta conducta fiscal”, que es uno de los motivos para la asignación del Estado 3. La normativa anterior permitía calificar a un contribuyente en esta categoría de alto riesgo con una simple denuncia, procesamiento o auto de elevación a juicio, sin necesidad de una sentencia firme de condena.

A partir de la entrada en vigor de la nueva norma, el Estado 3 solo se aplicará a contribuyentes con sentencia firme por delitos tributarios, de seguridad social o aduaneros, o por delitos comunes con conexión a estas obligaciones.

Esto también incluye a las personas jurídicas cuyos directores o responsables hayan sido condenados por los mismos motivos. Este cambio es un avance significativo en términos de seguridad jurídica, ya que evita sanciones anticipadas y preserva la operatividad de las empresas hasta que haya una resolución judicial definitiva.

Punto de atención: la discrecionalidad

A pesar de los avances, la resolución general 5771 ha generado un debate en un punto específico. La norma elimina un párrafo clave de la reglamentación anterior que obligaba a la ARCA a publicar en un Anexo los “parámetros objetivos” utilizados para determinar los Estados del SISA. Con esta supresión, la ARCA queda habilitada para definir de manera interna y sin publicación previa los indicadores que influyen en la calificación de riesgo.

Expertos y referentes del sector han manifestado su preocupación, señalando que esta discrecionalidad podría distorsionar la evaluación real del riesgo fiscal del productor y abrir la puerta a situaciones donde la interpretación de cada funcionario pueda romper con el principio de objetividad. Un caso reportado es el de un operador agrícola que, a pesar de cumplir con sus obligaciones, fue degradado a Estado 3 por no tener personal en relación de dependencia, lo cual se interpretó como una “presunción de actividad” ajena al marco legal.

En resumen, la nueva resolución del SISA representa una actualización necesaria y largamente esperada por el sector agropecuario. La flexibilización de los criterios de “scoring” y la adaptación a los ciclos productivos actuales son medidas que benefician directamente a los productores y exportadores, mejorando su operatividad y la seguridad jurídica. No obstante, el sector se mantendrá atento a la forma en que la ARCA implementará los nuevos criterios de calificación, esperando que la discrecionalidad no ponga en riesgo los avances logrados.

Fuente: Diario La Nación

El Campo

RENATRE presentó en Expoagro la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles

Los delegados de Buenos Aires Norte, Rodrigo Esponda y Santa Fe Sur, Andrés Alasia, mantuvieron importantes reuniones durante dos jornadas en Expoagro presentando la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS).

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“Con una agenda enfocada en la presentación del PLS aprovechando la oportunidad de la mega exposición pudimos tomar contacto directo con autoridades del Ministerio de la Producción y Secretaría de Agricultura de Santa Fe, con el Gerente de la Asociación Argentina de productores en siembra directa AAPRESID y con diversos referentes del sector productivo e institucional”, explicó Alasia, quien además, participó en la reunión del Nodo Santa Fe de Buenas Prácticas Agropecuarias BPA donde se avanzó en la reglamentación de la Ley provincial de BPA.


La Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) y el nuevo Programa de Empleo Rural (PER). La certificación PLS ofrece un sello gratuito que reconoce a las empresas que cumplen con la normativa vigente y aplican gestiones responsables, promoviendo prácticas orientadas a identificar, prevenir y mitigar impactos negativos en las operaciones, la cadena de valor y los entornos rurales donde desarrollan su actividad.

Asimismo, se expuso el funcionamiento del PER como un puente que facilita la intermediación entre la oferta y la demanda laboral de las personas trabajadoras rurales y empleadores/as registrados en el RENATRE, con el objetivo de promover el empleo formal y contribuir a la sostenibilidad de las unidades productivas.

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El Campo

El Gobierno actualizó la normativa sobre organismos genéticamente modificados y busca acelerar la innovación en el agro

A través de una nueva resolución, la Secretaría de Agricultura simplificó el marco regulatorio para la aprobación de organismos genéticamente modificados. La medida apunta a reducir plazos, costos y trabas administrativas para impulsar la inversión y el desarrollo biotecnológico.

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El Gobierno modernizó la regulación de organismos genéticamente modificados

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía de la Argentina, actualizó el marco regulatorio para la autorización de organismos genéticamente modificados (OGM) destinados a usos agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales.

La medida se formalizó mediante la Resolución 255/2026, que reemplaza al régimen anterior establecido por la Resolución 763/2011 y busca adaptar la normativa a los avances científicos, tecnológicos y regulatorios de la biotecnología aplicada al agro.

Según explicó la cartera agropecuaria, el objetivo es consolidar un marco regulatorio más claro y previsible, que facilite la inversión, promueva la innovación tecnológica y fortalezca la competitividad del sector productivo.

Menos burocracia y procesos más ágiles

Entre los cambios centrales de la nueva normativa se destaca la simplificación de los procedimientos de evaluación y autorización, incorporando criterios técnicos más precisos y reduciendo plazos y costos para los desarrolladores.

Además, la resolución elimina cargas administrativas consideradas innecesarias y reorganiza los procesos según el tipo de organismo y el uso propuesto, ya sea para experimentación o para su liberación comercial.

Desde la Secretaría señalaron que, si bien el esquema anterior representó una herramienta relevante para ordenar el sistema regulatorio, el desarrollo acelerado de la biotecnología en los últimos años hacía necesaria su actualización.

Un sector que se expande hacia la agroindustria

El campo de los OGM en Argentina ya no se limita únicamente al ámbito agropecuario, sino que se ha expandido hacia los sectores agroalimentario y agroindustrial.

Este proceso dio lugar a nuevas aplicaciones productivas y al desarrollo de productos y subproductos derivados de la biotecnología, que contribuyen a incrementar la productividad y las exportaciones de alimentos y materias primas.

La normativa mantiene como eje central el control de la seguridad ambiental y alimentaria, garantizando que los organismos aprobados no generen riesgos para el agroecosistema ni para la salud humana y animal, además de preservar el acceso a los mercados internacionales.

Argentina, pionera en biotecnología agrícola

Argentina ocupa una posición de liderazgo regional en materia de regulación y desarrollo de biotecnología agrícola desde comienzos de la década de 1990.

De acuerdo con datos oficiales, desde 1996 se aprobaron 134 desarrollos genéticamente modificados para su uso comercial en el país.

De ese total, 38 autorizaciones se realizaron durante la actual gestión, lo que representa cerca del 28% de todas las aprobaciones registradas en los últimos 30 años.

Con esta actualización normativa, el Gobierno busca consolidar procedimientos regulatorios modernos que acompañen la transformación tecnológica del agro, promuevan nuevas inversiones y fortalezcan el posicionamiento del país en el desarrollo de biotecnología aplicada a la producción.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

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El Campo

Santa Fe presentó en Expoagro el sistema inteligente Stop 5.0 para ordenar el ingreso de camiones a los puertos

La herramienta tecnológica comenzará a aplicarse en modo de prueba este lunes 16 y se implementará desde mediados de abril. Mediante franjas horarias, busca regular el flujo de transporte de cargas durante la campaña agrícola, optimizar la logística exportadora y reducir los congestionamientos en el cordón portuario del Gran Rosario. Se espera la llegada de 2 millones de camiones.

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El Gobierno de Santa Fe presentó este jueves en Expoagro el sistema de acceso inteligente Stop 5.0, una nueva herramienta tecnológica destinada a ordenar el tránsito de camiones que transportan granos hacia los puertos del Gran Rosario durante la campaña agrícola.

La iniciativa forma parte del Operativo Cosecha 2026 y establece franjas horarias obligatorias para el ingreso de los camiones al área portuaria, con el objetivo de regular el flujo de transporte de cargas, mejorar la logística exportadora y disminuir los problemas de congestión en las rutas y localidades cercanas a las terminales.

El sistema comenzará a regir el 16 de marzo en una primera etapa sin sanciones. A partir del 15 de abril se iniciará la fiscalización plena, con la aplicación de infracciones para quienes incumplan los turnos asignados.

Durante la presentación, el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, explicó que la nueva plataforma representa una evolución del sistema anterior. “Stop 5.0 es una evolución del sistema Stop, ya existente. Hoy casi dos millones de camiones llegan cada año al cordón portuario, desde Rosario hacia el norte hasta Timbúes y hacia el sur hasta General Lagos. Todos sacan turno, pero terminan llegando en los mismos horarios”, señaló.

El funcionario detalló que, en plena cosecha gruesa, se concentran entre 10.000 y 15.000 camiones en apenas seis horas por día, una situación que genera problemas de seguridad, accidentes y trastornos para las comunidades cercanas a los puertos.

“Debíamos solucionarlo. Los transportistas esperan muchas horas en el cordón portuario y eso expone a situaciones de inseguridad, robos de cereal y siniestros viales, además del impacto que sufren las localidades donde se ubican las terminales”, añadió.

Cunha remarcó además que, con esta herramienta, la provincia comienza a intervenir de manera directa en la organización del flujo de transporte hacia el principal complejo exportador del país. “Es la primera vez que Santa Fe tiene injerencia en todo el flujo de camiones que llegan a los puertos ubicados en su territorio. Al sistema de cupos ahora le sumamos un horario de ingreso, lo que permitirá distribuir las esperas en los lugares de origen y no concentrarlas durante 14 o 15 horas en el cordón portuario”, explicó.

Dar previsibilidad

Por su parte, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, subrayó que el nuevo esquema busca dar previsibilidad a los transportistas y reducir los tiempos de permanencia en las rutas cercanas a las terminales.

“Queremos que el camionero llegue con un horario determinado, que sepa que hasta dos horas antes podrá ingresar a los últimos 30 kilómetros previos a los puertos, descargar y retirarse rápidamente. Durante el primer mes el sistema tendrá un carácter pedagógico: no habrá sanciones, sino un proceso de información y adaptación”, indicó.

En tanto, el director provincial de Protección Civil, Marcos Escajadillo, destacó que el Operativo Cosecha implica un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, municipios, comunas y entidades del sector.

“Desde Protección Civil coordinamos todas las acciones de emergencia en la provincia y, en este caso, el Operativo Cosecha 2026 se desarrolla con la participación de organismos provinciales, gobiernos locales, gremios del transporte, la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), la Cámara de Exportadores y distintos actores de la cadena logística”, señaló.

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