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El Campo

Alerta en el campo bonaerense por un impuesto que Kicillof podría aumentar hasta un 130%

La discusión por la Ley Fiscal Impositiva 2026 en la provincia de Buenos Aires abrió un frente de tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y el sector agropecuario.

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Aunque en el articulado figura que no habrá revalúo territorial el próximo año, dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) aseguraron que el Ejecutivo provincial se reservó facultades para hacerlo de todos modos. También advirtieron que el aumento del Inmobiliario Rural podría escalar hasta 130% y que la baja actualización en Ingresos Brutos dejará a productores dentro del régimen exento, obligándolos a tributar desde 2026. El sector sostiene que la provincia “no está dando certezas”.

Días atrás fue la SRA una de las entidades que alertó sobre la posibilidad de que el gobernador intervenga en las revaluaciones de los establecimientos rurales de la provincia “sin criterios consensuados”, además de habilitar subas del tributo rural. En la entidad aseguraron que el proyecto de ley “traslada facultades centrales al Ejecutivo” que afectan directamente la previsibilidad de quienes producen en la provincia.

El primer punto crítico es el artículo 133 del texto oficial, que según la SRA habilita a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados “ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva”.

El segundo es el artículo 167, que “permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, afectando nuestra capacidad de planificación”, según señalaron.

En diálogo con LA NACION, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, contó que mantuvo una conversación con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, para plantear los puntos que inquietan al campo. “El funcionario me dijo que no estaba de acuerdo con el comunicado de la SRA e insistió que en el proyecto de ley no hay revalúo”, relató.

Aunque valoró el nivel de intercambio y el buen diálogo que existe con el ministro Rodríguez, Pino remarcó que el problema está en la contradicción entre artículos. “Si bien existe un artículo que habla de que el revalúo se va a postergar un año, después en un artículo dice que el gobierno bonaerense se guarda la potestad de poder realizar ciertos revalúos. Le dije al ministro que no estamos de acuerdo en las confusiones. Si se posterga, se posterga, pero no me guardo potestad de nada. O postergás o no postergás”, enfatizó.

Según el dirigente, el revalúo venía demorado de tiempo atrás: “Se debería haber realizado tres años atrás”. Indicó que lo que genera inquietud es que la provincia diga que no lo hará en 2026 y “después saca este artículo donde el Ejecutivo provincial tiene la potestad de hacerlo”. Por eso insistió en que la clave no es la suba en sí, sino la falta de seguridad normativa: “Dentro de tres meses, el gobernador decide hacer el revalúo y lo hace. Esto da confusión, hay que generar certezas más que dudas”.

El otro foco es el posible incremento del Inmobiliario Rural. Para Pino, el margen habilitado es excesivo. “El Ejecutivo tiene la posibilidad de aumentar hasta un 130%, cosa que nos parece un aumento disparatado. Sobre todo con una inflación que va en descenso”, dijo.

Agregó: “Con una inflación del 17% para el año que viene, más lo que viene atrasado, las cuentas nuestras nos dan hasta un 35% de aumento en el mayor de los casos, pero no un 130%. Eso es lo que nos parece que está mal”.

La SRA también viene cuestionando el esquema de bonificaciones por cumplimiento, al señalar que “mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley”. Para la entidad, “la ausencia de parámetros claros genera un escenario de inseguridad normativa”. Reclamó que la Legislatura “defina límites y alcances del tributo evitando delegar facultades esenciales al Ejecutivo”.

Por su parte, Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, recordó que cuando la provincia prorrogó la ley fiscal de 2024 para este año volvió a aplicar el 25% adicional en la cuarta cuota, lo que en la práctica “viene duplicada”. Según advirtió: “Nos hubiese gustado que haya algún reconocimiento de la provincia y hacer descuentos extraordinarios por la situación que atraviesan varios partidos con las inundaciones y no cobrar esa quinta cuota o esta cuarta cuota duplicada; lamentablemente no fue así”.

El dirigente señaló que la decisión impacta especialmente en zonas bajo el agua: “Las boletas de la cuota adicional ya están llegando a 9 de Julio y a un montón de distritos que tienen problemas de inundación. La verdad que no lo terminamos de entender”.

Respecto de la nueva Ley Fiscal, alertó sobre la magnitud de la suba: “Los aumentos son increíbles, son del 120% para el inmobiliario rural y, por ejemplo, los topes de Ingresos Brutos aumentan solo un 40%”. Según explicó, eso implica que “un montón de productores el año que viene pasarán a pagar Ingresos Brutos”.

Kovarsky cuestionó, además, el destino recaudatorio: “La provincia no ha entendido el norte que queremos para la Argentina y sigue teniendo esa visión de recaudar y de manejar la chequera”. Y ejemplificó: “El gobierno bonaerense va a recaudar como US$80 millones más por todo esto, pero para la obra del río Salado pone solo US$4 millones. Ahí está la desproporción: al campo le cobrás un montón, pero en obras no vuelve”.

Carbap ya acercó a los legisladores un documento con su postura donde “observan el aumento del inmobiliario, los topes no actualizados de Ingresos Brutos, el impuesto a la herencia y el impuesto complementario”.

En este escenario, el sector productivo también advirtió un contexto político complejo para la discusión legislativa, con intendentes presionando por recursos y urgencia del Ejecutivo por aprobar la ley antes del recambio de legisladores de diciembre. “Los legisladores están tironeados entre los intendentes y sus intereses y el resto de la economía como el campo, que queremos que nos bajen los impuestos”, explicó Kovarsky.

En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial respondieron que el esquema mantiene equidad tributaria: “El Inmobiliario Rural es un impuesto segmentado, pensado para que cada productor aporte según su capacidad y, además, viene con una actualización por debajo de la inflación”.

También destacaron modificaciones a favor del contribuyente: “Proponemos eliminar la quinta cuota, mantener los beneficios para quienes pagan de manera anticipada y conservar la misma base impositiva. Esto muestra que seguimos trabajando con responsabilidad, previsibilidad y diálogo con el sector”.

Fuente: Diario La Nación

El Campo

A foja cero. El Senasa volvió a bloquear, por cuarta vez, la vacuna antiaftosa de Tecnovax

El Senasa rechazó nuevamente el ingreso de la vacuna contra la fiebre aftosa que intenta importar desde Brasil el laboratorio Tecnovax. Es la cuarta vez consecutiva que el organismo sanitario no acepta la documentación de la compañía.

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El Gobierno flexibilizó los trámites para que se pudiera traer desde el exterior este tipo de vacunas e incluso Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue uno de los defensores del cambio para que, dijo en varias oportunidades, se abarate el costo.

Hace poco más de un año, Tecnovax anunció una inversión millonaria para ampliar su planta de Mercedes y posicionarse como jugador global. Esta apuesta iba acompañada por la intención de lograr la autorización de importación de su vacuna bivalente, usada en países de la región, y ofrecida a US$0,60, un precio relativamente menor en el mercado local, según dijeron.

Según mencionó una alta fuente del Gobierno a LA NACION, el laboratorio no puede avanzar con el proceso porque no cumple con los requisitos de la reglamentación vigente. Sin aclarar cuáles son las fallas encontradas esta vez, la misma fuente señaló que tienen que volver a foja cero con el trámite y se informó a la firma. El expediente llegó con observaciones técnicas calcadas a las de presentaciones previas.

Las fuentes oficiales mencionaron que el informe interno detectó que gran parte del material era símil al de la última solicitud rechazada, algo que llamó la atención dentro del propio Gobierno, donde algunos interpretan que la empresa descontó que, con menos regulaciones, no era necesario pulir tanto la documentación.

En febrero pasado, el Senasa rechazó la continuidad de pruebas sobre la vacuna antiaftosa Ourovac (serie 0001/23), importada por Tecnovax desde Brasil, tras detectar que el producto no cumplía con los requisitos de estabilidad térmica exigidos por la normativa argentina. Durante los controles técnicos realizados entre diciembre de 2024 y enero de 2025 el laboratorio constató la ruptura total de la emulsión a 37°C, lo que inhabilitó el lote para avanzar en su proceso de registro y continuar la etapa de prueba. Se trata de una prueba de potencia que no fue aprobada. La empresa volvió a presentarse para la aprobación, pero fue rechazada.

LA NACION se contactó con Diego La Torre, presidente y CEO de Tecnovax, quien confirmó que “por cuarta vez” hicieron la presentación de la documentación para iniciar el registro de importación y que la compañía ajustó los papeles conforme a las resoluciones vigentes. Aseguró que los requerimientos que motivaron el nuevo rechazo “son discrecionales”, que no están explicitados en la normativa, y por eso no fueron incorporados en la nueva versión elevada al organismo.

“Estamos trabajando para responder todos los requerimientos técnicos. Tenemos el respaldo para hacerlo y estamos en proceso de solución”, dijo. Después de la desregulación que se hizo en las resoluciones anteriores, la firma asegura que hizo las modificaciones en la documentación para permitir el acceso de la vacuna, muy por debajo del precio que le llega a los productores.

La Torre dijo estar convencido de que la aprobación debería llegar pronto. “Somos optimistas que vamos a poder ingresar con los productos. Lo normal es que la vacuna se apruebe en breve”, mencionó.

En octubre pasado, el Senasa “autorizó por equivalencia” el ingreso de vacunas del exterior contra la fiebre aftosa. Lo hizo vía dos resoluciones [749/2025 y 750/2025] del organismo publicadas en el Boletín Oficial que exceptuaron a las dosis del cumplimiento de requisitos históricos locales de habilitación y posibilitará que el control de series comerciales se realice en los países de origen bajo estándares internacionales. Esta flexibilización del esquema regulatorio se da después de que se acelerara meses atrás la aprobación de las importaciones de biológicos desde países de la región..

Incluso, el ministro de Desregulación, quien está detrás de la eliminación de requisitos para importar, festejó la decisión y aclaró que estuvo él mismo “involucrado” en el proceso.

Vale recordar que, en mayo pasado, el Gobierno había sacado una rectificación exprés a las resoluciones para agregar a Brasil dentro de un listado de países autorizados para la importación de productos veterinarios. En ese momento trascendió que la medida habría sido impulsada desde el Ministerio de Desregulación y no cayó bien en otros sectores de la misma administración pública.

Fuente: Diario La Nación 

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El Campo

Red sólida la propuesta del máximo ejecutivo de Bayer para el crecimiento del campo

El agro argentino, pese a aportar más del 20% del PBI y el 60% de las exportaciones, no tiene asegurado su propio futuro si no logra coordinarse como una red y no como piezas sueltas.

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Así se mencionó en el evento Connectagro 2025, de Bayer, donde se habló de un escenario atravesado por brechas logísticas, trabas normativas en algunos casos y una competencia que muchas veces impide colaborar.

Durante la jornada se puso en primer plano la urgencia de articular al Estado, a las empresas, a la industria y a los productores para sostener la innovación, ordenar la infraestructura y construir una narrativa común hacia la sociedad. Un panel que reunió a referentes de Barbechando, Cargill, Copal y CREA reforzó la idea de que la tecnología ya está; lo que falta es el andamiaje político, logístico e institucional para que el potencial del campo finalmente escale.

Juan Farinati, presidente y CEO Cono Sur de Bayer, destacó que, si bien el agro es vital para la economía argentina —representando más del 20% del PBI y el 60% de las exportaciones—, estos números son solo una “foto” del presente que no garantiza el futuro. Para transformar realmente el sector, propone salir de la coyuntura de corto plazo y construir una visión estratégica que funcione como un puente hacia un país más potente, aprovechando la capacidad única que tiene el agro para federalizar la riqueza y el desarrollo.

El eje central de su propuesta es cambiar la mentalidad de “cadena agroindustrial” por la de una “red sólida”, argumentando que la cadena se cae si se corta un eslabón, mientras que la red integra y sostiene. Esta red debe unir al sector público, al privado, a los emprendedores y a las startups bajo una lógica de empatía, donde la pregunta clave deja de ser qué puede hacer cada uno por su cuenta para pasar a ser: “¿Qué puedo aportar yo con otros?”, entendiendo las problemáticas ajenas para construir un sector más vigoroso.

En este contexto, habló del concepto de “colaboración radical”, instando a los actores del mercado a colaborar incluso cuando son competidores. Farinati señaló que, actualmente, el sector compite más de lo que colabora, por lo que pierde así grandes oportunidades de generar valor conjunto. El desafío que plantea es tener la madurez necesaria para trabajar coordinadamente y permitir que el otro también construya valor, lo cual fortalece a toda la economía en su conjunto.

Subrayó que el futuro es “ahora” y llega de la mano de la acelerada adopción de la inteligencia artificial, la digitalización y el talento de las nuevas generaciones. Sin embargo, advirtió que esta evolución tecnológica debe ir acompañada de un cambio en la comunicación. Deslizó que es fundamental que el agro aprenda a “contar su propia historia” e identidad hacia el resto de la sociedad, dejando de hablar solo entre pares para evitar que sean otros quienes definan la narrativa del sector.

En el panel «Colaboración que impulsa el presente”, participaron Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando; Fernando García Cozzi, presidente de Cargill Argentina; Carla Martín Bonito, presidenta de la Copal, y Germán Weiss, médico veterinario, productor y miembro CREA, quienes aportaron una mirada desde los diferentes sectores que buscan constantemente una innovación y gestión eficiente.

Naveyra subrayó la necesidad de ver al agro como una cadena integral y no solo como productores aislados y destacó que la verdadera tecnología y el desarrollo dependen de marcos legales claros, específicamente la propiedad intelectual. Se refirió a la falta de acuerdos básicos sobre este tema frena el avance científico y la ganancia de productividad en el lote. Por ello, instó a llevar la discusión al Congreso para generar políticas públicas que destraben estos temas junto con otras reformas necesarias como la tributaria y laboral, para beneficiar a la investigación y el INTA, por ejemplo.

García Cozzi vinculó la tecnología directamente con la capacidad exportadora, por lo que afirmó que la agricultura de precisión permite producir más, pero advirtió que esta innovación es inútil si la logística no acompaña. Su postura es que el sector funciona solo si al productor le va bien, y para eso es vital resolver el “sistema nervioso” de la red: la Hidrovía (profundizar el calado), los trenes y la renovación del parque automotor de maquinaria. Sin esta infraestructura, las oportunidades de sostenibilidad y certificación exigidas por mercados como Europa se pierden por ineficiencia interna.

Martín Bonito analizó cómo la innovación tecnológica, aunque masiva, hoy está dispersa y debe integrarse mediante una “economía circular”, citando ejemplos como el uso de descartes de frutas para generar energía o nuevos ingredientes. Sin embargo, alertó fuertemente sobre la carga tributaria: explicó que en alimentos y bebidas la incidencia de impuestos ronda el 40% y 50% (frente al 30% internacional), lo cual desalienta la inversión y el agregado de valor. Su visión es que se deben armonizar reformas tributarias y logísticas para dejar de perder oportunidades y absorber mejor la innovación del campo en la industria.

Weiss contrastó la inversión en tecnologías de punta, como robots de ordeñe, con la realidad de una infraestructura obsoleta de hace 50 años, y apuntó que los malos caminos rurales y costos logísticos terminan bajando el precio que recibe el productor. Respecto a las retenciones, celebró la eliminación de derechos de exportación en lácteos y carne de vaca como una señal de esperanza, pero lamentó la capacidad ociosa del 50% que tiene el país para poder crecer más. Según señaló, si la Argentina tuviera las mismas reglas que sus vecinos (Brasil o Uruguay), se sembraría hasta un 20% más, y aprovecharía el enorme potencial de provincias hoy relegadas como Formosa.

Fuente: Diario La Nación

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El Campo

Tensión. Polémica por un cambio en la forma de pago del trigo aplicada por los exportadores

Productores alertan que las empresas se reservan el pago de un 10% de la mercadería para aplicar ante eventuales descuentos debido a que la calidad del cereal que ingresa a los puertos, por ahora, no cumple sus expectativas

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Hay tensión entre productores y exportadores por un cambio unilateral en la modalidad de pago del trigo, que está en plena cosecha. Ante la entrada de mercadería con una calidad calificada de “mala” en los puertos, especialmente desde el norte del país, los exportadores, explicaron fuentes del sector, se reservan el pago de alrededor del 10% del monto de la liquidación para cubrir posibles descuentos por esa calidad.

El problema, dijeron, radica en el nivel de proteína recibida, donde el mínimo exigido es del 11%, pero la calidad presenta valores en el orden del 6%, 7% u 8%. Esta baja calidad, atribuida a la combinación de altos rindes y lluvias que “lavaron” el fertilizante aplicada, generará fuertes castigos al precio que podrían ubicarse entre el 5% y el 7%. En el sector de la producción afirmaron que la retención del 10% rompe la operatoria habitual del mercado, no está prevista en las reglas de comercio de granos y se aplica sobre un precio sensible.

Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y director de la Comisión de Granos de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), señaló que la situación responde a un cambio en la modalidad de pago de parte de los exportadores: “Generalmente, se liquida el 97% y el saldo final llega a los 30 días. Pero este año, por las lluvias y otros factores, se prevé que la calidad del trigo no sea la habitual, por lo que habrá fuertes descuentos. Esos recortes podrían ubicarse en torno al 5% o 7%”.

Según Ginestet, los exportadores estarían reteniendo alrededor del 10% para ajustar luego según la calidad efectivamente entregada y evitar desfasajes. “La calidad va a estar muy marcada por el nivel de proteína. El mínimo es 11% de proteína y cuando cae por debajo de ese valor empiezan los descuentos, que son progresivos. Esto fue una decisión de varios exportadores que se pusieron de acuerdo en operar de la misma forma”, señaló. En los mensajes que recibieron los productores, hubo algunos que comenzaron con esta dinámica el pasado lunes, mientras que otros lo harán a partir del próximo martes.

Ginestet agregó que esta práctica no es frecuente, aunque no es la primera vez que ocurre. “No fue una medida y tampoco se consultó a los productores”, precisó. Sobre si tienen o no la potestad, dentro de las reglas del comercio de granos esto no está previsto. “No existe un acuerdo vinculante entre las partes”, sostuvo.

Javier Buján, presidente de Kimei Cereales SA, describió un panorama crítico de lo que está entrando desde el norte del país: “Lo que está pasando es que la calidad de lo recibido hasta ahora de Chaco, parte del norte de Santa Fe, Entre Ríos y algo de Tucumán es malísima”.

Aclaró que la baja proteína no saca al trigo de estándar, pero sí genera un problema serio para la exportación. “Los contratos afuera se firman con una base de proteína y los trigos que hay hasta ahora son muy malos. Esa es la razón. Por ahora, lo que están haciendo es cubrirse pagando el 90% para tener un 10% para descontar por calidad. Pero también nos podemos encontrar con que empiecen a fijar mínimos de proteína. Cuando vendés afuera con una proteína mínima asegurada, por más que acá le rebajes a quien entregue menos, afuera no lo quieren. Complicadísimo”, sostuvo.

Buján señaló que habrá que esperar a que avance la cosecha en la zona núcleo para evaluar el resultado final sobre la calidad del trigo que este año promete rindes históricos. “Esto lo conocemos: a grandes volúmenes de producción, tenés bajas calidades. En trigo es prácticamente así. Al trigo se le sumó que, de entrada, no se aplicó urea como correspondía. Y cuando la aplicaron, aún a tiempo, las lluvias lavaron gran parte de esa urea. Hoy hay trigos de excelentes rindes, pero de pésima calidad”, analizó.

Sobre los parámetros comerciales, recordó que “no es que haya valores permitidos; hay una base de 11% de proteína para liquidar calidad y, a partir de ahí, para abajo se castiga”. Y explicó un punto técnico clave: “Los negocios de exportación normalmente requieren proteína entre 10,5 y 11,5. La exportación en la Argentina mide proteína en base húmeda, con 13,5% de humedad, mientras que los contratos internacionales se hacen en base seca. Esa diferencia da un punto y medio más o menos. Para eso deberías tener un trigo de al menos 10% promedio. Y hoy están dando 6, 7 u 8”.

Según alertó, aun con descuentos, el conflicto de fondo sigue intacto: “Si afuera no aceptan trigos que tengan 10,5% de proteína, el problema está ahí. La exportación se encuentra con un obstáculo grande con sus compradores, que exigen una calidad que hoy es muy difícil de cumplir”.

Lorena D’Angelo, analista de mercados de AZ Group, recordó que hubo años en los que directamente se llegó a operar trigo “baja proteína”, una categoría que castiga de manera dura el valor comercial: implica entre US$10 y US$15 menos por tonelada respecto del trigo que cumple con los parámetros estándar de calidad.

En ese contexto, subrayó que hoy la tonelada de trigo en Rosario cotiza a US$182, un precio que vuelve aún más sensible cualquier castigo por calidad y deja al productor expuesto a una pérdida inmediata cuando el grano no alcanza los niveles de proteína exigidos por el mercado. En rigor, esto recorta el precio que finalmente recibe el productor.

Una fuente del mercado afirmó que ante trigos con proteína y pH muy bajos, los compradores no pueden rechazar la descarga, por tanto, se ven obligados a consensuar condiciones para recibir esa mercadería. En ese contexto, el 10% retenido funciona como un margen para ajustar una calidad que, temen, también podría deteriorarse en las zonas centro y sur del núcleo productivo.

En rigor, el 10% se liquida una vez finalizados los análisis de proteína y pH, que pueden demorar hasta 15 días, mientras que los pagos terminan concretándose entre 45 y 60 días después. Recordó que ya hubo antecedentes en los que la exportación cambió condiciones de comercialización, como dejar de bonificar el grado 1 y mantener solo la rebaja por grado 3, y esas decisiones quedaron instaladas de manera permanente. Esto puede generar un desfasaje financiero significativo en el productor.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), indicó que “cada empresa establece sus propios criterios de calidad”, y que en general, “el mercado internacional de trigo es muy exigente en calidad y en proteína en particular”.

Fuente: Diario La Nación

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